El cartel de Medellín estaba en pleno furor. Eran los tiempos de la ofensiva de Pablo Escobar, su jefe, por impedir a toda costa la extradición. Incluso era tan perentorio el reclamo, que hicieron popular la consigna de «preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos». Con el secuestro de la periodista […]
El cartel de Medellín estaba en pleno furor. Eran los tiempos de la ofensiva de Pablo Escobar, su jefe, por impedir a toda costa la extradición. Incluso era tan perentorio el reclamo, que hicieron popular la consigna de «preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos».
Con el secuestro de la periodista Diana Turbay Quintero, hija del ex presidente Turbay y de la promotora social Nydia Quintero, el capo le apuntaba fuerte a poner de rodillas al establecimiento metiéndose con lo intocable.
Bajo el engaño de una entrevista con la comandancia del ELN, el cartel de Medellín orquestó el plagio, llevándose a Diana, a tres periodistas más del noticiero de TV Criptón, entre ellos Azucena Liévano, hoy presentadora del noticiero del Senado, y dos camarógrafos.
Todos ellos habían viajado a una zona de Antioquia donde supuestamente iban a ser recogidos por un comando del ELN.
El 30 de agosto de 1990 la conocida comunicadora y su grupo fueron llevados a una de las fincas de Escobar. Por semanas no se tuvo noticia de los secuestrados, incluso la familia Turbay tomó contacto a través de intermediarios con Alfonso Cano, comandante de las FARC, para interceder ante el ELN pues se seguía creyendo que estaba en manos de esa agrupación.
No pasó un mes para saberse la noticia: Diana y su equipo estaba en manos de Escobar, quien se negaría siempre a entablar conversaciones con la familia Turbay a pesar de todos los intentos que hizo la madre, Nydia Quintero.
El secuestro, que tenía conmocionado al país, se había dado en medio de la intensa campaña por la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, prevista para el 9 de diciembre de 1990. César Gaviria había sido elegido ese mismo año después del asesinato de quien se perfilaba como el presidente, Luis Carlos Galán, asesinado precisamente por el cartel de Medellín, que ahora se metía con una de las más encumbradas familias del país.
Gaviria intensificó las operaciones de rescate, a pesar de las reiteradas súplicas de la familia de Diana para que no lo hiciera.
«Al presidente le imploraba que no fuera a realizar un rescate que pusiera en peligro la vida de Diana. Los generales con los que hablamos nos aseguraron siempre que un rescate no estaba contemplado. Pero hubo un rescate y ella murió. En ese momento, en ese estado de desesperación y de ira profunda, porque hicieron el operativo que había rogado que no se hiciera, fui muy dura con el Gobierno. Dije que le atribuía igual responsabilidad a Escobar como a quienes ordenaron ese operativo», recordó doña Nydia en unas declaraciones a El Tiempo hace dos años cuando se cumplieron los veinte años de la muerte de su hija.
El 25 de enero de 1991, cuando apenas faltaban once días para la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, tuvo lugar un operativo de rescate del Ejército en cercanías de Copacabana, en Antioquia. Cuando los secuestradores ordenaron que los plagiados subieran por una colina ante la presencia de los soldados, varios disparos dieron blanco en la humanidad de Diana Turbay. Un helicóptero recogió su cuerpo pero llegó a un centro médico sin signos vitales.
El crimen de Diana Turbay ocupó la atención de todo el país. Como la ocuparía los meses siguientes los debates en la Constituyente donde se impuso fácilmente, por cierto, la no extradición de nacionales como lo exigía Escobar, pero que en todo caso era una divisa que apuntaba a la defensa de la soberanía nacional, que incluso tenía el apoyo de personalidades tan importantes como García Márquez, de toda la izquierda y los movimientos sociales y desde siempre.
Más tarde vendría todo la farsa de entrega de Pablo Escobar, «preso» en la Catedral, bajo unos leoninos acuerdos con el presidente Gaviria, el mismo que se negó a suspender los operátivos militares de rescate de Diana Turbay.
Y el secuestrador de Diana Turbay, que la retuvo casi cinco meses, responsable último de su muerte, en el fallido rescate a sangre y fuego, finalmente obtuvo su preciado trofeo político, la no extradición, tras centenares de asesinatos que continúan en la impunidad.
Sin embargo el Congreso, a través de una reforma constitucional promulgada el 17 de diciembre de 1997, tumbó al artículo 35 que prohibía en envío de nacionales para ser juzgados en Estados Unidos, a pesar de que sus principales delitos como crímenes de lesa humanidad, fueron cometidos en territorio colombiano.
Horacio Serpa, en ese entonces ministro del Interior del presidente Samper, y copresidente de la Asamblea Constitucional que votó la no extradición, diría que su prohibición, tras esos seis años, no había impedido el fin del narcotráfico y la violencia justificando así la reforma.
Han pasado 16 años del cambio constitucional que introdujo de nuevo la extradición y 22 del crimen de Diana Turbay, sacrificada en esta danza macabra, y ya han sido enviados más de 500 colombianos a las cárceles norteamericanas, entre algunos guerrilleros como Simón Trinidad.
Sin embargo, el negocio del narcotráfico está más activo y rentable que nunca mientras los principales capos extraditados, responsables de la muerte y persecución de miles de colombianos, escurren el bulto de sus acciones amparados en que su principal delito fue el narcotráfico.
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