Propuestas de las Víctimas a la mesa por la Paz

De nuestras propuestas, destacamos:

1. Las partes del conflicto armado en Colombia deben asumir su responsabilidad por estos crímenes. En particular, el gobierno colombiano debe reconocer la existencia de una política de Estado que ha propiciado las violaciones a los derechos humanos, los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra. El presidente de la República debe pedir perdón públicamente por estos hechos y se debe adoptar una ley que prohíba y sancione las actividades que nieguen la existencia de los crímenes de Estado en Colombia.

2. Las víctimas tenemos derecho a participar y a decidir sobre nuestros derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Rechazamos que dos actores del conflicto, a puerta cerrada, tomen decisiones por nosotros y definan el futuro de nuestra lucha sin contar con nosotros y nosotras. Por tal motivo, se debe garantizar la participación deliberante y decisoria de nuestros propios representantes.

3. Debe crearse una Comisión de la Verdad que investigue los hechos, recoja toda la información posible para su esclarecimiento y recomiende las acciones judiciales y las reformas institucionales necesarias para asegurar nuestros derechos. Ante esta comisión, el Estado y los grupos armados de oposición, partes en un acuerdo de paz, deben hacer un reconocimiento público de los hechos de su responsabilidad y pedir perdón a las víctimas, sus familiares y a la sociedad colombiana.

4. Regreso de todos los desaparecidos a sus hogares, identificación de todos los ‘NN’, entrega de los restos de quienes hayan sido asesinados y revelación de todas las sepulturas clandestinas que existan en el país.

5. El Estado deberá asegurar medidas de reparación colectiva con relación al genocidio político o las persecuciones políticas contra los miembros de la oposición, entre ellas la restitución de las personerías jurídicas a los partidos o movimientos políticos de oposición víctimas de este genocidio, como la Unión Patriótica, así como de las curules y cargos de elección popular perdidos por estos crímenes.

6. Es necesario reducir el tamaño de las Fuerzas Militares y de su presupuesto para el estricto cumplimiento de sus funciones constitucionales de «defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional», desmilitarizando la vida social y eliminando políticas que vinculen a los civiles a actividades castrenses, como el servicio militar obligatorio, los soldados campesinos o las redes de informantes. Además, se debe separar la Policía Nacional del Ministerio de Defensa y convertirla en un cuerpo civil.

7. Las tres ramas del Poder Público deben ser depuradas. Los funcionarios involucrados, por acción u omisión, en graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra o con grupos y actividades paramilitares, o que hayan promovido la impunidad de estos delitos deben ser retirados de las instituciones públicas.

8. Desclasificar, organizar y preservar la totalidad de los documentos reservados del Estado, especialmente los archivos de inteligencia relacionados con las violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, para que contribuyan a la construcción de la memoria del conflicto en Colombia y sirvan de insumo a los procesos judiciales. De la misma manera, deben derogarse todos los manuales, instrucciones, directivas y documentos de otra índole de las Fuerzas Militares y otros cuerpos de seguridad que califican a los movimientos sociales y los partidos políticos de oposición como ‘enemigo interno’ o con otras categorías similares, que promuevan actividades ilegales de inteligencia o fomenten la creación de grupos paramilitares, así como toda política de recompensas que fomente las ejecuciones extrajudiciales.

9. Las víctimas tenemos derecho a que se realice una revisión de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras por parte de nuestras organizaciones para formular una política justa en materia de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, que contemple la reparación de todas las víctimas y elimine las restricciones para que los despojados ejerzan su derecho a disponer de su tierra a voluntad, como los contratos de uso y de transacción, o el derecho de superficie. Se deben prohibir las concesiones a agentes externos a las comunidades restituidas para la explotación de recursos minero energéticos.

10. Para asegurar la justicia, debe garantizarse la sanción a todos los responsables de los crímenes de Estado, reapertura de todas las investigaciones penales archivadas o declaradas prescritas por los mismos, anulación de todas las sentencias surgidas de una administración fraudulenta de justicia y eliminación de cualquier tipo de fuero que no permita que la justicia ordinaria se encargue de estos delitos.

11. Desmonte inmediato de la estrategia paramilitar, independientemente de la calificación que las autoridades le den a los grupos que la desarrollan en todo el territorio nacional, y proscripción constitucional de estas prácticas.