Más de nueve millones de trabajadores afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFPs, no tienen ninguna injerencia en el manejo de sus fondos. Las decisiones de dónde y cómo se invierten son adoptadas por consorcios financieros radicados en el extranjero, sin que los dueños de esos fondos ni siquiera sean informados del destino […]
Más de nueve millones de trabajadores afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFPs, no tienen ninguna injerencia en el manejo de sus fondos. Las decisiones de dónde y cómo se invierten son adoptadas por consorcios financieros radicados en el extranjero, sin que los dueños de esos fondos ni siquiera sean informados del destino y el porqué de tales decisiones.
Esos consorcios multiempresas colocan los fondos donde más convenga a sus propios intereses y no al de los trabajadores chilenos obligados a aportar mes a mes al sistema de ahorro previsional.
De allí que el debate sobre la formación de una AFP estatal se hace más relevante que nunca en un año electoral. Al tenor de recientes declaraciones, la derecha oficialista está decidida a defender este sistema que proporciona a los consorcios suculentas ganancias. Es decir, desea perpetuar el despojo a los trabajadores de la posibilidad de recibir pensiones dignas al jubilar.
En declaración a El Mercurio, el subsecretario de Previsión Social, Augusto Iglesias, rechazó tajantemente la posibilidad de una AFP estatal calificándola de «extemporánea e irrelevante para los desafíos del sistema». Enfáticamente dijo: «Ellas no sirven para mejorar los niveles de las pensiones ni para deducir las comisiones a los usuarios. Una AFP estatal podría implicar un riesgo potencial para el ahorro de sus afiliados. Sería riesgoso que el Estado administre dichos fondos por el peligro de eventuales malos usos ante necesidades fiscales».
Dichas objeciones son demasiado burdas. Las posibilidades de una AFP estatal de mejorar las pensiones son claras porque no tiene como finalidad central obtener ganancias para la empresa ni tendría empresas coligadas al mismo consorcio que la abastecen de insumos y servicios, como los publicitarios. Todo esto permitiría reducir las comisiones. Lo más importante: las decisiones de dónde invertir y porqué, serían conocidas y aceptadas por los imponentes y sólo buscarían elevar la capitalización de los fondos sin interferencias de intereses ajenos.
Las objeciones del subsecretario -que más se aproximan a las de un abogado de consorcios y monopolios- se revierten con una adecuada legislación, incluyendo como elemento fundamental la participación de representantes de los imponentes dueños de los fondos en todas las decisiones sobre cómo y dónde invertir, así como en el control de la administración de las operaciones.
Queda claro lo que piensa la derecha y que su objetivo es proteger los negocios de las AFPs y resguardar el mercado monopólico vigente para toda la economía.
En Chile sólo existen seis AFPs y sólo tres controlan el 75,9% de los depósitos obligatorios de los trabajadores. Y lo que es más grave, el 70,6% de los fondos captados en Chile están en poder de AFPs controladas por consorcios extranjeros.
Esta alta concentración y dependencia significa que las decisiones de las AFPs son adoptadas en escenarios lejanos donde las crisis del capitalismo son cada vez más frecuentes. Por otra parte, los depósitos obligatorios recibidos por las AFPs no se invierten donde convenga más a los imponentes, sino de acuerdo a los intereses de los consorcios, desatendiendo así la misión de incrementar al máximo la capitalización de esos depósitos.
En rigor, este sistema impuesto por la dictadura ha fracasado. No logró lo prometido: mejorar las pensiones y eliminar el gasto público. Estudios difundidos a principios de año advertían que el promedio de pensiones jubilatorias alcanza sólo al 33% del sueldo del último año trabajado por el imponente, con un evidente retroceso respecto al antiguo sistema. En lo que respecta al gasto público, éste aumenta anualmente porque el Estado ha debido entrar a financiar pensiones básicas para quienes han agotado sus fondos. Es decir, se incrementa el gasto público unido al evidente retroceso en el nivel de vida de los jubilados.
Si se regresara al antiguo sistema de financiar las pensiones mes a mes con los fondos impuestos por los trabajadores más el gasto público, el sistema podría financiarse porque el número de imponentes y el monto total imponible tienden a crecer.
Una AFP estatal sería una medida oportuna y relevante. Es una alternativa mejor que la aberrante realidad actual y significaría una instancia ajena al control de los nefastos monopolios y consorcios concentradores que deforman la economía nacional. Esta AFP debería ser una empresa de administración autónoma, sin fines de lucro, al servicio de los imponentes, sin aportes estatales fuera de la inversión inicial y la bonificación al agotarse el fondo acumulado por el imponente, con exigencias rigurosas de probidad, con libre acceso y retiro de sus imponentes sin limitaciones, con la obligación de invertir los fondos en proyectos nacionales que aporten a la generación de mejores empleos. Asimismo, sería, indirectamente, un freno para las manipulaciones monopólicas en el mercado de las actuales AFPs privadas.
Para alcanzar estos objetivos no basta con la buena voluntad de algunos parlamentarios. Es indispensable la movilización de los millones de afectados que equivalen a cerca del 70% del total de inscritos en el padrón electoral. Con una presión fuerte sobre el Congreso, que según las encuestas representa a menos del 20% de la ciudadanía, la AFP estatal podría ser una realidad.
Publicado en «Punto Final», edición Nº 777, 22 de marzo, 2013