1 Tres fechas memorables Tres fechas memorables iluminan, como luces de bengala, los escenarios de las luchas populares en la actualidad. El 4 de julio de 1776, las trece colonias de Norteamérica declaran su independencia de Gran Bretaña. En términos simples e inequívocos, un extraño personaje, «Nosotros el Pueblo de los Estados Unidos», establece y […]
1 Tres fechas memorables
Tres fechas memorables iluminan, como luces de bengala, los escenarios de las luchas populares en la actualidad.
El 4 de julio de 1776, las trece colonias de Norteamérica declaran su independencia de Gran Bretaña. En términos simples e inequívocos, un extraño personaje, «Nosotros el Pueblo de los Estados Unidos», establece y sanciona una Constitución para establecer justicia, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la Libertad a las generaciones actuales y venideras. No lo hace un «Yo», un «Tu» o un «Él» sino un «Nosotros» Convertido en pueblo sublevado dotado de una inédita voluntad comunitaria sin excluir la Libertad. Los sublevados formaron milicias populares organizadas para librar una lucha guerrillera. En 1777 las tropas británicas se vieron obligadas a rendirse tras la Batalla de Saratoga. La realidad de este triunfo popular quedó refrendada en la Constitución de Norteamérica cuyo personaje central y único es «Nosotros el Pueblo».
La República recién fundada recoge ideales republicanos antiguos sobre la primacía de la Ley en la estructuración del Estado. Pero es un republicanismo moderno ligado a las tradiciones de la Carta Magna de los campesinos ingleses de 1215 en la cual se exigían pruebas fidedignas para condenar y se establecía el Habeas Corpus como garantía contra la prisión indebida. El republicanismo incorporó un nuevo matiz semántico la ley como expresión de la voluntad soberana del pueblo y a la que no puede sustraerse nunca un gobierno legítimo.
El 14 de julio de 1789 señala el fin del absolutismo con la irrupción del pueblo parisino en la calles y la destrucción de La Bastilla, el símbolo de la opresión y la dominación monárquica. Es el inicio de la Revolución Francesa y del largo proceso de desintegración del Antiguo Régimen, Ánciente regime. Es la fecha simbólica del inicio de la Edad Contemporánea, el Nuevo régimen de la igualdad, la liberta y la fraternidad.
En la sociedad anterior los grupos sociales se distinguían unos de otros con arreglo a su riqueza y a los privilegios y leyes propias que cada uno poseía. En la cúspide de la pirámide social se encontraba el Rey. El soberano absoluto designado por la benevolencia divina para regir el Estado, según lo relatos mitológicos de ciertos intelectuales de la época. Como en el Sinaí, sin la participación del pueblo, los monarcas recibían de Dios las Tablas de la Ley y el Poder. Nada de soberanía popular, solamente la voluntad del Soberano.
El estallido del 14 de julio de 1789 es la culminación de una crisis de la sociedad feudal, minada por el desarrollo comercial y el auge de los establecimientos industriales medianos y domésticos. Por el lado de las ideas, las reformas políticas en Inglaterra (la monarquía parlamentaria) y la fuerza ideológica del liberalismo y el Movimiento Ilustrado con su enorme capacidad expansiva, crearon las bases filosóficas justificadoras de un nuevo orden político. En el trasfondo de estas transformaciones, una nueva clase social con gran poder económico tomaba conciencia de las realidades de un nuevo mundo que aparecía en el horizonte geográfico europeo.
La burguesía fue la clase social que impulsó los cambios políticos en medio de dos revoluciones. Una revolución económica, La Revolución Industrial, que se inició en Inglaterra y que fue tal vez el proceso transformador más importante desde los lejanos tiempos neolíticos. Una revolución política, La Revolución Francesa, que señaló la derrota de la nobleza y del absolutismo monárquico en un proceso largo iniciado en 1789. Ambas revoluciones permitieron la consolidación de una nueva sociedad capitalista. Su forma de organización económico-social se basada en la explotación del trabajo de obreros y asalariados y se sustentaba ideológicamente en los postulados individualistas del liberalismo. Este sistema, durante tres siglos, ha mostrado gran vitalidad y capacidad expansiva y abarca ya todos los continentes. En todas partes se han implantado los modelos de democracia republicana representativa bajo la dirección de un centro invisible y difuso llamado Imperio de la Democracia Representativa y de la Explotación del Trabajo.
Es 1848 el año de las revoluciones en Europa. Se le llama la primavera de los pueblos. Es una oleada revolucionaria que acabó en Europa con los sueños de una restauración monárquica. Además de su condición de revoluciones liberales, las revoluciones de 1848 se caracterizaron por la importancia de las manifestaciones de carácter nacionalista y por el inicio de las primeras muestras organizadas del movimiento obrero. Iniciadas en Francia se difundieron en rápida expansión por prácticamente toda Europa en los primero meses del año 1848. Fue determinante para ello el nivel de desarrollo que habían adquirido las comunicaciones (telégrafo, ferrocarril) en el contexto de la Revolución industrial y un pensamiento comunitario insurgente que se instaló en la conciencia de importantes sectores de la intelectualidad europea. El Manifiesto Comunista de Marx y Engels (1848) expresa muy bien ese malestar ante las nuevas formas de opresión y explotación de la sociedad capitalista cuando dicen que un espectro llamado comunismo se cierne sobre Europa y provoca la ira y el temor del papado, la burguesía y la nobleza.
Aunque su éxito inicial de las revoluciones de 1848 fue poco duradero dada su espontaneidad y mala organización, su trascendencia histórica fue decisiva. Quedó clara la imposibilidad de mantener sin cambios el Antiguo Régimen, como hasta entonces habían intentado las fuerzas contrarrevolucionarias de la Restauración Monárquica. La Revolución francesa de 1848 es una insurrección popular que tuvo lugar en París del 23 al 25 de febrero de 1848. Obligó al rey Luis Felipe I de Francia a abdicar y dio paso a la Segunda República Francesa. Luis Felipe abdicó y huyó con su familia a Inglaterra. El gobierno provisional proclamó la II República, decretó el sufragio universal masculino, fijó la jornada laboral en 10-11 horas y reconoció el derecho al trabajo para todos los ciudadanos. El poder adquirido por los «Radicales» (republicanos sociales), republicanos-burgueses e incipientes socialistas fue decisivo. Ellos representaban las tradiciones democráticas de la república jacobina. El trabajo aparece con nitidez en el proceso revolucionario, cuando, Louis Blanc establece los Talleres Nacionales, una forma de fábricas públicas para dar trabajo a la gran masa de parados de la crisis capitalista de 1847.
La Segunda República Francesa fue el régimen político republicano instaurado en Francia durante el periodo comprendido entre el 25 de febrero de 1848 y el 2 de diciembre de 1852. Se le llamó comuna para significar un poder emanado desde abajo, desde las organizaciones comunales mismas. Como en la Primera República Jacobina, la acción del Estado estaba mediada por un poder popular venido de las organizaciones populares en la forma de comunas.
2 La miseria de la democracia en Colombia
Si, tras un gobierno militar de corta vida que terminó en 1958, el pueblo colombiano, en un plebiscito, ratificó el pacto bipartidista del Frente Nacional de alternancia en el poder. A partir de entonces se han celebrado elecciones regularmente. Un presidente conservador y a los cuatro años un presidente liberal y así sucesivamente hasta 1974. Olivos y aceitunos, todos son uno en el mejor estilo oligárquico. Este formalismo democrático vela una historia real de violencia y exclusión, de violación de las libertades civiles, ejecuciones extrajudiciales y guerra civil. Guerrillas de diferentes perfiles ideológicos luchando por transforma el país desde variadas perspectivas ideológicas que privilegian la solidaridad humana, la comunidad y la libertad sobre los individualismos, pragmatistas unos y liberales otros. Paramilitares, terratenientes a menudo o matones a sueldo, unidos todos en la lucha sacrosanta de defensa de sus propiedades y sus intereses egoístas. Ellos, con el beneplácito del Estado, han matizado sus actos de alevosa maldad con la aureola de los santos luchadores contra la guerrilla terrorista y demoníaca. Ellos, los paramilitares, narcotraficantes confesos, autores de masacres horrendas, se han apoderado del Estado a nivel local en alianza con políticos corruptos y sin parare mientes en el desplazamiento forzado de millones de campesinos. Hoy andan desmovilizados gracias a una ley profundamente indulgente dedicados a lo que saben hacer los matones sin escrúpulos, después de cortas temporadas en cárceles de Norteamerica confesando a medias y a cuentagotas y derramando lágrimas de cocodrilo por las víctimas.
Se trata de una situación mantenida durante décadas y algunos dicen siglos. Algo en apariencia insostenible, si no fuera porque tiene una lógica propia de círculo vicioso. Colombia no ha tenido un estado centralizado, unas instituciones centralizadas fuertes y estables que ejerzan el control basado en la Ley de todo el territorio nacional. Ha dejado abierto un espacio muy grande para gamonales y políticos locales que luego, en alianzas con paramilitares, asumieron el control de las economías ilegales e informales. Los ingentes recursos económicos obtenidos permitieron el control local del Estado primero y luego, en medio de la euforia antidemocrática, del Congreso mismo y del Poder Judicial. El demos, el pueblo, subyugado por los poderes mafiosos. El absolutismo de los reyezuelos mafiosos por mandato del diablo, del capital mafioso, de los terratenientes ávidos de tierra y del dinero fácil que algunos llaman estiércol del diablo.
Vivimos una realidad virtual fabricada en los medios de comunicación. Ellos fabrican la realidad colombiana. Es una mercancía con sus resabios metafísicos. Algo de veracidad para mantener un vínculo tenue con la conciencia popular y mucho de ocultamiento para proteger el libre manejo del poder en función de los beneficiarios del sistema oligárquico, corrupto y mafioso. En suma, es la información que presenta e interpreta el Tiempo en su primera página. Ahí están los políticos que opinan, los protagonismos que arman y las frivolidades que fomentan. Son los medios la cortina de humo que separa la conciencia popular de la representación de sus verdaderos intereses. Y mientras tanto el pueblo va construyendo sus propias estructuras comunicativas en función de la sentida necesidad de su liberación. Algunos medios alternativos en medio de grandes dificultades económicas se hacen eco de esa conciencia popular oprimida y le dan coherencia política a sus inquietudes políticas liberadoras. En las Universidades Colombianas inverna una intelectualidad formada en exigentes tradiciones democráticas que contribuyen en la formación de contingentes renovados de profesionales imbuidos de una nueva espiritualidad crítica que los acerca a los anhelos de justicia y libertad del pueblo. Estos nuevos comunicadores, desde los mismos medios de comunicación de la oligarquía, son una fuerza ideológica que de varias maneras se opone a la hegemonía cultural oligárquica. La lucha por una cultura que exprese lo ideales comunitarios de la solidaridad humana se libra en todos los niveles, en la escuela, la familia, el barrio y las organizaciones políticas populares. Entre todas las expresiones de la lucha política, es la comunicación la más intensa, perdurable y decisiva.
El sistema democrático colombiano es pródigo en leyes y postulados constitucionales, las garantías y derechos ciudadanos. Pero más allá del papel la realidad se encarga de desvirtuar lo que con tanto orgullo consignamos en nuestras estériles legislaciones. Y el caso de los medios de comunicación no es la excepción a esta trágica regla. El artículo 20 de la constitución del 91 garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones y la de informar y recibir información veraz e imparcial. El mismo artículo nos habla de la libertad de los medios, de la prohibición de la censura y también de su responsabilidad social. El artículo 75 la Carta política nos dice que el espectro electromagnético es un bien público, garantiza la igualdad de oportunidad en el acceso a su uso y se estipula la intervención del Estado para evitar su monopolio. El artículo 111 garantiza el «derecho de antena» a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica.
Este es el escenario de representación formal y de las garantías para el ejercicio de la política de un ciudadano activo y culto. Es la realidad simbólica del discurso sobre la información veraz y objetiva exigida por una sociedad democrática medianamente pluralista.
¿Y cuál es la realidad fáctica? <
Es claro que la lucha por la democracia en Colombia tiene como componente esencial la lucha por la hegemonía de un pensamiento crítico en los medios de comunicación. Bajo este contexto tenemos un espectro electromagnético público que es manejado por una absoluta lógica privada. Una pluralidad informativa reducida a un monopolio empresarial monocorde. En Colombia la libertad de prensa es libertad de empresa, donde los periodistas están sometidos al poder económico de los propietarios de los medios. Hay que recordar que los medios de comunicación, como su nombre lo indica, son únicamente medios que pueden ser utilizados tanto para la construcción democrática de lo público como para la alienación, el control y la manipulación de la sociedad.
3 La Habana y el manifiesto de las FARC
En el proceso de negociación de los temas del Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se destaca el segundo sobre la participación política. Tiene que ver con los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. El acceso a medios de comunicación. Los mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles y diversos temas. Las medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable. La igualdad de condiciones y con garantías de seguridad.
Empezó la discusión de este tema el martes 18 de junio. El mismo día las FARC publicaron Las diez propuestas mínimas para la Participación política en la que sintetizan de una manera simple su percepción de la democracia en Colombia. Estas propuestas son algo así como un resumen de lo que todos los colombianos con una mediana cultura política expresan a diario en la prensa, en la televisión y en la comunicación en la vida cotidiana. Salvo la décima propuesta que invoca la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente si tiene muchos elementos polémicos que no analizáremos por ahora.
Pero la introducción sí espiga opiniones de la mayor importancia por cuanto alude a una noción de democracia anclada en las tradiciones comunitarias y de solidaridad humana. Se declara en la introducción que es inaplazable y necesario un proceso de democratización real del Estado y del régimen político colombiano. En ello se incluye una reestructuración del Estado que garantice la participación real de los ciudadanos en el ejercicio del poder y una efectiva orientación de sus políticas para propiciar las condiciones de la paz, garantizar los derechos y el buen vivir de la población y superar las profundas desigualdades sociales. Existe ya una matriz de opinión nacional en la que se reconocen las opiniones anteriores como sensatas y necesarias como producto de un desencanto de la población con la efectividad del Estado para acercarse al pueblo como garante de los derechos individuales y sociales y como modelo de pulcritud en el manejo de lo público. Pero una propuesta de reestructuración del Estado tendría que negar más a fondo las supuestas bondades del modelo neoliberal pregonadas por los medios de comunicación. En forma muy sucinta el economista Jorge Garay complementa lo expresado en la propuesta de los diez puntos. Lo dice claramente: sin desarrollo productivo y creación de riqueza colectiva no es posible avanzar efectiva y sostenidamente hacia la inclusión social; la educación y la cultura son insustituibles para refundar la sociedad sobre las premisas de la inclusión social, civilidad y formación de la ciudadanía responsable; la recuperación de lo político y de la crisis de representación política de lo social son condiciones necesarias para la construcción y enriquecimiento democrático de lo público.
4 Epílogo
Estamos en medio de un proceso de transición democrática en Colombia, abierto por el Presidente Santos. El establecimiento ha escuchado los rumores de foscas tempestades lejanas provocadas por la injusticia social y la inercia antidemocrática del Estado. El acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera lleva el sello de la presión popular. Pero, también, la voluntad política y humanista de las FARC y el Presidente Santos de terminar el conflicto están presentes en el documento. Se firmó con el convencimiento que hay un clamor de la población por la paz y reconociendo que construirla es un asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos; el respeto de los derechos humanos en todos los confines del territorio nacional es un fin del Estado que debe promoverse; el desarrollo económico con justicia social y en armonía con el medio ambiente, es garantía de paz. Como si fuera poco, se agrega que el desarrollo social con equidad y bienestar, incluyendo las grandes mayorías, permite crecer como país; Una Colombia en paz jugará un papel activo y soberano en la paz y el desarrollo regional y mundial; es importante ampliar la democracia como condición para lograr bases sólidas de la paz.
Una lectura atenta del Acuerdo General muestra que Las diez propuestas mínimas para la Participación política coindicen formalmente, en lo fundamental, con los anhelos democráticos del establecimiento y las Farc. Lo que pasa es que el documento de la guerrilla dice los mismo desde la orilla de la de la Democracia basada en los principios comunitarios de la solidaridad humana y la libertad a los cuales se contraponen los principios individualistas de lucro como guía ética infalible de la actividad humana y del el mercado como regulador y promotor supremo de la actividad económica.
Por último, para no caer en el gatopardismo oligárquico (todo cambia para que todo siga igual), para que Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera y los resultados del Diálogo de la Habana no se queden en un nuevo formalismo, se requiere, en primer lugar, de una refrendación popular por medio de una Asamblea Nacional Constituyente u otros posibles mecanismos de consulta popular.
Las Asambleas Nacionales Constituyentes tienen una larga tradición democrática y han sido refundadoras en contextos políticos muy coyunturales. La primera en la historia fue la Asamblea Nacional Constituyente de Francia en los inicios de la Revolución Francesa. Fue una Asamblea Refundacional en el escenario de una efervescencia popular sin precedente. Esta Asamblea tomó innumerables medidas que cambiaron profundamente la situación política y social del país. Entre ellas, destacan la aprobación de la declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la supresión del feudalismo, la apropiación de los bienes de la Iglesia y la Constitución Civil del Clero y, por supuesto, la redacción de la Constitución francesa de 1791. En la historia de Colombia, a lo largo de los últimos dos siglos, se han llevado a cabo varias Asambleas Constituyentes, entre las que destacamos la de 1886 y la de 1991. En la constituyente de 1886 avasalló el poder ideológico de la Iglesia y de los Conservadores. Engendró la constitución de 1886, clerical y retrógrada, por medio de la cual se recuperó la unidad nacional desde la perspectiva de un pensamiento conservador regiomontano.
En 1991, en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, con la intervención a tres voces de sus copresidentes, Álvaro Gómez, Horacio Serpa y Antonio Navarro, se proclamó la Constitución que hoy rige a Colombia. Fue engendrada por una Asamblea Nacional que le dio forma al ordenamiento jurídico que dejó la Carta Política de 1886 y abrió camino a un sistema garantista que fue concebido como un tratado de paz. Es el resultado de una profunda crisis nacional causada por los estragos que causaba el paramilitarismo, desbordado y ávido de víctimas, creado por el establecimiento colombiano para luchar contra la guerrilla. Es parte también de las exigencias políticas de un acuerdo de paz apresurado entre el estado colombiano y el movimiento guerrillero M-19. No fue la Constituyente de 1991 el resultado de una presión popular democratizadora sino la salida desesperada de una clase dirigente atónita y sin rumbo.
Lo cierto es que la Constitución de 1991 y la Constituyente que la engendró, contrario a lo que muchos creen, no ha generado una paz estable y duradera ni estimulado la disminución de la pobreza y la justa distribución de los ingresos. Dirán algunos que todos modos es una constitución muy avanzada y democrática, una herramienta para orientar el país. Cierto. Pero la utilidad de las buenas herramientas depende de las manos que las empuñen y del corazón que las impulse. El gatopardismo sigue en pie, todo cambia para que todo siga igual.
¡Es la hora de la fuerza popular organizada! ¡Muchas miniconstituyentes para crear organización popular! ¡La Gran Constituyente para la refundación democrática de Colombia!
(*) Guillermo Restrepo Sierra es profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad del Valle y Premio Nacional de Matemáticas en 1992. Autor de numerosos libros y artículos sobre temas matemáticos, sociales y culturales.
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