A pesar de la crisis, el desempleo y las tasas de endeudamiento, en la ciudad de Valencia prosigue -sin propósito de enmienda- la política de «grandes eventos». El último de los magnos proyectos, la cesión aparentemente gratuita de la dársena a la ciudad por parte de la Autoridad Portuaria (dependiente del Ministerio de Fomento) durante […]
A pesar de la crisis, el desempleo y las tasas de endeudamiento, en la ciudad de Valencia prosigue -sin propósito de enmienda- la política de «grandes eventos». El último de los magnos proyectos, la cesión aparentemente gratuita de la dársena a la ciudad por parte de la Autoridad Portuaria (dependiente del Ministerio de Fomento) durante un periodo de 30 años. Pero la transferencia esconde un obsequio envenenado. El objetivo no es habilitar una zona de uso público sino su privatización, con el fin de hacer caja y devolver al ICO los 320 millones de euros que se le adeudan por las inversiones en infraestructuras de la America’S Cup, celebrada en Valencia en 2007.
La firma del convenio el pasado 26 de abril fue acompañada por las declaraciones habituales de los años de pompa y festín. «Gran proyecto de futuro», saludó la ministra de Fomento, Ana Pastor; «un nuevo barrio para disfrutar de una ciudad que es referencia nacional e internacional», se admiraba el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra; eufórica y grandilocuente, la alcaldesa Rita Barberá se refería a la «marina del futuro» y al «mejor puerto deportivo de España».
El convenio suscrito cede al consistorio valenciano los siguientes inmuebles: los tinglados número 2, 4 y 5 del Puerto de Valencia; los edificios «Veles e Vents», la «Casa de la Copa» y las cinco bases de los equipos participantes en la 32 edición de la Copa del América, construidos en los muelles de la Aduana y del Grao. Pero la clave se halla en el apartado que afirma que estos bienes «podrán ser utilizados por terceros» a quienes se cedan los derechos de posesión y uso de los mismos. Lo que supone en la práctica poner estos espacios en manos de la iniciativa privada.
El Plan de Usos detalla las infraestructuras previstas para el sector, que poca relación tienen con el aprovechamiento ciudadano del mismo. Así, pretende habilitarse una zona náutico-industrial; una zona náutico-deportiva como subsede olímpica de vela de la candidatura Madrid 2020; una zona comercial; el tinglado 2 como zona de ocio y restauración; la zona norte de las bases de la Copa del América como «cluster» tecnológico; el edificio «Veles e Vents» para restauración, exposiciones y congresos; también podrán realizarse nuevas licitaciones para restaurantes y club de playa en la zona sur del canal.
En resumen, afirma el concejal de EUPV-IU en el Ayuntamiento de Valencia, Amadeu Sanchis, «se pretende convertir la dársena en un nuevo barrio, aislado, elitista y glamuroso, que además no conectaría con los núcleos de población del marítimo»; «van apareciendo continuas informaciones sobre propuestas de rebaja de canon y alquileres para atraer a empresas lo que, de hecho, nos sitúa ante una operación en la que nuevamente el suelo público casi se regala a las empresas privadas para que desarrollen sus negocios, incluso a costa de la recuperación de un espacio ciudadano», ha añadido el regidor.
Frente a la privatización de la dársena, Amadeu Sanchis ha pedido abrir un periodo de consulta popular que recoja las prioridades de los vecinos, así como un plan urbanístico global para la conexión del puerto con el resto de la ciudad; también ha pedido al gobierno central la condonación de los 320 millones de euros que se le adeudan al ICO.
En el convenio de cesión se incluyen, por lo demás, los espacios para que continúe la escenificación de grandes ceremonias. Por ejemplo, el circuito urbano para las carreras de Fórmula 1, también celebradas en la fachada marítima y que tuvieron un coste en 2012, según ha reconocido el PP en las Cortes Valencianas, de 40 millones de euros. Se planean asimismo otras iniciativas mayúsculas, como el Acceso Norte a la ciudad, que supondría un largo túnel subterráneo de casi 20 kilómetros para el tránsito de camiones y mercancías.
Las asociaciones vecinales de los poblados marítimos de Valencia llevan años protestando por el olvido y la discriminación en las inversiones municipales. Se les rebajan los equipamientos y las infraestructuras básicas mientras se les convierte en receptáculo de fastos y obras faraónicas. Por esa razón, el 6 de julio han convocado un acto público en el tinglado 2 del puerto de Valencia con la consigna «Litoral per al poble». En el manifiesto preparado para la ocasión, critican los eventos «efímeros» y «ruinosos» como la Copa del América y la Fórmula 1. Y agregan que el litoral «es demasiado importante como para dejarlo en manos de los gobernantes, del puerto y de las grandes empresas constructoras; los eventos ruinosos han servido para ganar elecciones, pero han dejado deudas e hipotecas impagables».
Vicent Lamas, portavoz de la Asociación de Vecinos Grau-Port, ha criticado que la dársena vaya a convertirse en un «centro comercial» y que las administraciones no hayan considerado un principio esencial: la participación ciudadana. «En ningún momento han dialogado con los colectivos vecinales; tenían muy claro desde el principio que la dársena se destinaría a negocios». De opinión similar es Julio Moltó, presidente de la Asociación de Vecinos de Natzaret, otra de las barriadas afectadas. «Es falso que se trate de una cesión gratuita de la dársena como nos venden», afirma, Y añade que haría falta la condonación de la deuda «y no un plan de abusos, como se ha hecho, sino de usos».
En opinión de Julio Moltó, «casi todo se ha pactado ya con los empresarios; luego nos dejarán a los ciudadanos un periodo de alegaciones de sólo un mes». Pero el problema no es únicamente la dársena. El miembro de la asociación vecinal recuerda que Natzaret es un barrio aislado y rodeado por el puerto de Valencia. «A este aislamiento ha contribuido la política de grandes eventos». Señala Moltó que los autobuses comunican esta barriada marinera con la ciudad por el camino más largo; que hay vías de tranvía pero sin máquinas en funcionamiento por falta de presupuesto («como en el aeropuerto sin aviones de Castellón», ironiza); tampoco culmina ahí el memorial de agravios: «El puerto en 1986 nos «robó» la playa para desarrollar la ampliación sur y en 2003 nos «hurtó» la huerta de la Punta para realizar la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto, que continúa vacía».
Vicent Roncalés, del colectivo Amics de la Malva, se refiere a la transferencia de la dársena a la ciudad como «regalo-trampa». Y señala el contexto en que se produce: «Hay una discriminación histórica del Ayuntamiento de Valencia hacia los barrios de la mar». Esto es algo palpable en la Malvarrosa. Roncalés subraya que este barrio carece de bibliotecas públicas; asimismo, el consistorio no ha proporcionado ningún local a la asociación vecinal para que pueda reunirse; critica la situación precaria del polideportivo; que en las vías centrales de la barriada no exista carril para bicicletas; o que, como consecuencia del caos urbanístico de los últimos años, los solares de los descampados funcionen como plazas; Hay, además, necesidades de mantenimiento en colegios públicos que el Ayuntamiento no satisface.
El antiguo barrio de pescadores del Cabanyal-Canyamelar es un conjunto histórico protegido, declarado Bien de Interés Cultural, que pasados 25 años de su protección «no cuenta todavía con un planeamiento urbanístico adecuado», afirma el vicepresidente de la asociación vecinal, Vicent Gallart. En los últimos 15 años el Ayuntamiento de Valencia ha tratado de prolongar la Avenida de Blasco Ibañez hasta el mar, lo que parte en dos la estructura de la barriada e implica la desaparición de una parte significativa de su patrimonio arquitectónico (1.600 viviendas). ¿Qué ha logrado la resistencia ciudadana? Según Gallart, «que los tribunales recojan nuestras reivindicaciones y una Orden del Ministerio de Cultura (diciembre de 2009) haya impedido al consistorio desarrollar éste proyecto expoliador». Pero el Ayuntamiento ha respondido suspendiendo «de manera injustificada y arbitraria» las licencias de obra de nueva planta y rehabilitación, añade. Con la crisis no ha llegado la racionalidad económica y urbanística.
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