Este no es el primer paro minero que se realiza en el departamento del Chocó. El 1ro de agosto del 2012 se realizó una primera jornada de paro, contra la adjudicación de más del 80% de títulos mineros en el departamento a empresas mineras trasnacionales como la Anglo Gold Asahnti y Muriel Mining Corporation, y […]
Este no es el primer paro minero que se realiza en el departamento del Chocó. El 1ro de agosto del 2012 se realizó una primera jornada de paro, contra la adjudicación de más del 80% de títulos mineros en el departamento a empresas mineras trasnacionales como la Anglo Gold Asahnti y Muriel Mining Corporation, y que dejó sin espacio de trabajo a las comunidades afrodecendientes y a los pequeños mineros que han desarrollan esta actividad en el departamento por centenares de años. La Anglo Gold Asahnti, por ejemplo, tiene en este momento 36 títulos mineros en el departamento, correspondientes a más de 30 mil hectáreas del territorio chocoano. Más de 12 mil personas salieron el pasado 1ro de agosto a exigirle al gobierno que se derogaran los títulos que habían sido otorgados violando los derechos de las comunidades indígenas y afro sobre el territorio, a los cuales no se les realizó la consulta previa que exige la ley, violando también su derecho de prelación sobre estos títulos. Para que las multinacionales puedan entrar al territorio a explotar el subsuelo otorgado por el «festival de títulos» del gobierno nacional, deben desplazar a las comunidades indígenas y afro que han vivido en estos territorios por cientos de años.
Para levantar el pasado paro del 1ro de agosto del 2012, el gobierno nacional se comprometió a establecer e institucionalizar una Mesa Minera Permanente para evaluar y re-adjudicar los títulos mineros del departamento del Chocó; disponer un capítulo de la Agencia Nacional Minera en la ciudad de Quibdó, para la regulación del mercado de metales en el departamento; establecer un capítulo especial en el Código minero para el departamento, teniendo en cuenta las condiciones especiales de protección sobre territorios colectivos y ancestrales; y resguardar a las comunidades contra el abuso de la fuerza pública. A la fecha ninguna de estas exigencias se ha cumplido. Por el contrario, el gobierno ha expedido, de manera escandalosa, una serie de legislaciones que persiguen al pequeño y mediano minero sin títulos (como hemos visto anteriormente, esto resulta imposible en el Chocó), permitiendo a la policía dinamitar o bombardear las retro-excavadoras que se estén utilizando sin autorización del gobierno. En el último mes se destruyeron 4 maquinas de propiedad colectiva.
El argumento del desastre ambiental es sólo una cortina de humo
Las comunidades indígenas, afrodecendientes mineras y campesinas, y los pequeños y medianos mineros del Chocó tienen una serie de acuerdos, propios de la convivencia en el territorio, según los cuales no se explotará ningún territorio sin el consentimiento de sus habitantes. Por este motivo, existen Consejos Comunitarios afro y comunidades indígenas (Asoreua, por ejemplo) que no desarrollan actividades mineras en sus territorio. En otros espacios geográficos, las comunidades indígenas y los Consejos Comunitarios afro han llegado a acuerdos para desarrollar trabajos mineros. Aunque estas comunidades reconocen la depredación ambiental que genera la minería, aseguran que es completamente distante al daño que generan las multinacionales, como puede verse en el caso de Cerro Matoso y el Cerrejón. Es falso, por otra parte, que los pequeños mineros utilicen químicos tóxicos en el proceso minero (como el azogue, o mercurio), ya que se ha hecho un proceso de concientización en las comunidades, mediante charlas pedagógicas, explicando los riesgos que estos químicos implican para la salud colectiva de los habitantes y del territorio. Si la preocupación real del gobierno fuera ambiental, patrocinaría y respaldaría estas actividades pedagógicas, en lugar de perseguirlas y estigmatizar a los habitantes de la región. Esto no ha ocurrido.
Informalidad no es lo mismo que ilegalidad
Para el gobierno nacional «ilegal» es todo aquello que está fuera del marco de la ley, incluyendo el trabajo de aquellos mineros que carecen de títulos. Para los habitantes del Chocó, sin embargo, las actividades que se realizan en este sentido, en el departamento, son completamente legitimas: Los pequeños mineros trabajan en los territorios con el consentimiento de las comunidades (muchas de las cuales también trabajan la minería). No se violenta a la comunidad, y se garantiza respeto por su soberanía sobre el territorio. Por otra parte, los pequeños y medianos mineros no están realizando una actividad criminal ni testaferra: Están inscritos en las cámaras de comercio y pagan regalías por la extracción minera. Lo único que hace falta, es que el gobierno reconozca su inserción a la economía y los respete como tal. Es decir, los pequeños mineros son informales y legítimos; son ilegales solo porque el Estado no les brinda garantías.
Cabe recordar que hace apenas 3 días (el 9 de julio) el DANE reportó que el Chocó es el departamento con la población más pobre de Colombia (68% de los habitantes de Chocó viven en situación de pobreza extrema). Sus habitantes resaltan que el Chocó es un departamento empobrecido, pero no pobre: A pesar de que el gobierno nacional haya decidido ponerse el lente minero-energético, y ver en el chocó sólo una riqueza mineral, este territorio tiene riquezas hídricas y medio ambientales extraordinarias. También se realizan actividades agrícolas y pecuarias que no se han visibilizado. El problema en el Chocó es el problema del modelo de desarrollo implantado en Colombia, la locomotora santista, que concibe el desarrollo a partir de la mono-producción por parte de multinacionales, que pasa por encima de los derechos sociales de los colombianos y las colombianas, y su derecho sobre el territorio.
Nadie ha ayudado a los chocoanos más que ellos mismos. Los indígenas ya estaban aquí cuando llegó la «invasión española», y las comunidades afro llegaron hace 400 años, cuando caucanos trajeron los primeros grupos de esclavos africanos a trabajar en la explotación minera: Durante siglos han vivido y trabajado en comunidad, para sacar adelante este territorio olvidado por sucesivos gobiernos colombianos, que ahora los tienen en cuenta para regalar sus tierras a intereses multinacionales, y para reprimirlos con la fuerza pública que debería protegerlos. Es por este motivo, que el próximo martes 16 de julio, indígenas, afrodescendientes campesinos y mineros, y pequeños y medianos mineros, realizarán una gran Constituyente Minera, para debatir sobre minería, territorio y recursos naturales, y encontrar, a través del diálogo, en acuerdo y unidad, una solución a los problemas que aquejan a la región; mandatando popularmente, con miras a transformar la constitución política de Colombia para que se reconozca de manera efectiva, y no solo en el papel, que este es un país multiétnico y pluri-cultural.