Traducción al castellano fue realizada por Carla Modernell y Alejandro Cardozo de El mundo al revés de Uruguay, en base a la traducción al portugués de Rui Polly.
El día 27 de octubre de 1972 los camioneros pararon sus vehículos, en un acto consciente de hostilidad. No eran asalariados sino propietarios de camiones, algunos de ellos de grandes flotas que transportaban mercaderías por las carreteras de este país extenso y delgado. Era una huelga patronal.
El tamaño limitado de las redes ferroviarias nacionales, les daba a estas flotas de camiones un papel económico crucial y una fuerza real,1 en caso de optar por utilizarla. En aquel mes de octubre la decisión del gobierno de nacionalizar una pequeña firma transportadora del extremo sur del país, en Aisen, proporcionó el pretexto para la agitación. La decisión de la huelga fue anunciada por León Vilarín, el líder de la organización de camioneros. El propio Vilarín, abogado, era un conocido político de extrema derecha.2 La huelga no era simplemente el producto de una pequeña conspiración. Era un movimiento clave dentro de una estrategia en la cual los camioneros cumplirían el papel de fuerza de choque, para una clase decidida a reasumir el control sobre el Estado chileno, el cual ella sentía haber perdido.
La huelga de octubre inició una fase en aquella estrategia política y económica. Los meses anteriores habían presenciado un nivel creciente de movilización de la clase media y algunas victorias políticas contra el gobierno. Durante octubre los líderes de la oposición de derecha habían juzgado que el tiempo era propicio para pasar a la ofensiva y derrumbar el gobierno.
Cuando eso ocurrió, los eventos tomaron una dirección inesperada, tanto para la burguesía chilena como para el gobierno de Salvador Allende. La victoria de Allende en las elecciones presidenciales de 1970, colocó toda la cadena de eventos en movimiento. Allende había sido llevado al poder por las luchas de la clase trabajadora, a las cuales la burguesía había sido incapaz de dar cualquier respuesta. Asumida oficialmente la Presidencia en diciembre de 1970, Allende comenzó una serie de medidas de reforma social y económica bastante limitadas. En sí mismas, las reformas sólo eran ofensivas a los sectores más estrechamente ligados a la clase dominante.3
Pero la burguesía chilena veía esas reformas como una amenaza política, no tanto por su contenido sino por causa del contexto en el cual estaban siendo implementadas. La elección de Allende había sido el resultado de un crecimiento en la confianza política de la clase trabajadora, y la victoria aumentó esa confianza y su fuerza. Durante los primeros nueve meses del nuevo gobierno, la dirección política de la burguesía estaba en desorden: su respuesta política se limitaba a bloquear acciones en los tribunales y el parlamento, y a realizar actos de protesta y manifestaciones de descontento con el objetivo de reorganizar a su propia clase.
Pero hacia el final de 1972, los líderes activos de la derecha -como Vilarín- juzgaron que el apoyo obrero de Allende estaba decayendo. Los sucesos económicos del primer año, habían dado camino a una creciente crisis económica que se manifestaba en la inflación, en la disminución de la inversión y en la disminución intencional de la producción.4 El gobierno de Allende se encontraba en creciente conflictividad con los trabajadores y campesinos que lo habían apoyado, a medida que con cada vez mayor desespero, procuraba asegurarle a la burguesía que estaba preparado a hacer concesiones sobre cualquier reforma a emprender. La situación económica se tornaba cada vez más difícil y las estrategias de defensa de la clase dominante -básicamente una disminución sistemática tanto en la producción como en la distribución, junto con un rechazo a invertir-, estaban ahora dando lugar a una tentativa más sólida de crear el caos económico.
La huelga de los camioneros era parte de este esfuerzo. Esto podía no haber sucedido, si la clase trabajadora hubiese dado un salto político hacia delante, tomando el control de las calles y de las fábricas. Por dos veces en menos de doce meses, las organizaciones de la clase trabajadora tomaron la iniciativa política y derrotaron a la burguesía movilizada en confrontaciones directas. Y por dos veces los dirigentes políticos tradicionales de los trabajadores, que compartían el control del Estado con Salvador Allende, mostraron que ellos mismos tenían más miedo de la fuerza y la organización de los trabajadores chilenos, que de sus enemigos de clase.
Los eventos ocurridos en Chile configuran una paradoja dramática. La clase trabajadora ejercía su poder directamente en defensa de sus conquistas. En la medida en que esa defensa comenzó a crecer, se transformó en un desafío para el propio Estado burgués. La respuesta de la dirección política tradicional del movimiento obrero, fue llamar a los militares para restaurar el poder de aquel Estado. Éste era el contexto en el cual una clase dominante aterrorizada, se movería para la decisión más bárbara y brutal de la lucha de clases: el golpe militar del 11 de septiembre de 1973.
En los años posteriores al golpe, el ejemplo chileno fue usado en todo el mundo tanto por los partidos comunistas como por la socialdemocracia, como una evidencia de que en las condiciones de aquel período, cualquier proceso de cambio debía estar condicionado a la aceptación de la burguesía: el «compromiso histórico». De hecho, en ese tiempo, Chile fue usado para justificar la renuncia de esos partidos a la lucha para llevar a la clase trabajadora al poder.5
Entre tanto, la conclusión propuesta por esos partidos, implicó falsificar y reescribir la experiencia real de aquel dramático período de lucha de clases.
Las limitadas promesas de la Unidad Popular
Salvador Allende había llegado al poder como representante de una coalición de seis partidos, llamada Unidad Popular (UP). Era su sexta aparición como candidato de un amplio frente de este tipo. Los principales componentes de la UP eran el Partido Socialista, del cual Allende era miembro, y el Partido Comunista Chileno. Ambas organizaciones podían con justicia reclamar la condición de dirección política de la clase trabajadora chilena. La hegemonía de esos partidos era el producto de una historia de luchas proletarias, iniciada con las heroicas huelgas de los trabajadores de las minas de sal en la primera década del siglo.
El Partido Comunista Chileno fue fundado en 1920 por Luis Emilio Recabarren, uno de los dos más importantes organizadores revolucionarios de América Latina. El Partido Socialista,6 creado en los inicios de los años 1940, también reclamaba credenciales revolucionarias: de hecho, todavía en 1970, su carta de principios proclamaba su compromiso con el derrumbe armado del Estado capitalista. Pero ambos partidos habían demostrado una firme opción en favor de alianzas electorales, formando amplias organizaciones frentistas en cada elección presidencial, de seis en seis años. Pero sus raíces en la clase trabajadora eran profundas, y fue eso lo que proporcionó el 36% de los votos, conquistados por Allende en la elección de 1970.
Una vez que Allende obviamente no consiguió la mayoría electoral, la victoria de la Unidad Popular fue frecuentemente atribuida a las divisiones al interior de la burguesía.7 Ciertamente las organizaciones burguesas habían caído en disputas internas y el fraccionalismo después del insuceso de la «Revolución en Libertad»: el programa de desarrollo y reforma controlada prometido por el gobierno demócrata-cristiano de Eduardo Frei (1964-1970). Pero una explicación basada en los problemas de la burguesía, ignora el papel activo de la clase trabajadora.
La incapacidad del gobierno de Frei para realizar las reformas prometidas, había puesto en marcha un movimiento obrero crecientemente combativo. En 1967, por ejemplo, la revocación por el gobierno de la prohibición de sindicatos rurales, coincidió con el pasaje de la legislación de reforma agraria por el parlamento. Esa medida se había enfrentado con la resistencia inflexible de la oligarquía de propietarios rurales, una clase que Frei no estaba preparado para confrontar, ni deseaba hacerlo.
La reforma agraria, cuya intención era crear una clase estable de pequeños agricultores, buscaba aliviar las tensiones rurales. El resultado fue totalmente el opuesto. Aquellos que tuvieron esperanza de beneficiarse con la reforma de tierras, y que por ese motivo habían votado a la democracia cristiana, se sentían engañados. Los campesinos sin tierra, a quienes nada había sido prometido, ya habían comenzado una oleada de ocupación de tierras.
Frei había prometido crecimiento industrial, y esa promesa atraía a los desempleados rurales a la ciudad. Multitudes de inmigrantes rurales se habían establecido anteriormente en las áreas obreras, ocupando y habitando lotes vacíos, comenzando a organizarse y a luchar por su derecho a viviendas y servicios básicos.8 Esas organizaciones ocuparían un lugar importante en los eventos de 1972-1973.
Tanto los campesinos sin tierra como los inmigrantes sin techo, se situaban por fuera de las organizaciones tradicionales de la clase trabajadora y su dirección política. Estaban por lo tanto abiertos a la influencia política de un tercer sector radicalizado de aquel momento, el movimiento estudiantil. En 1968-1969 se había desarrollado en Chile un gran movimiento por la reforma educativa, que culminó en una gran manifestación en Santiago, capital del país. Pero otras corrientes fluirían hacia ese movimiento. Una generación de jóvenes revolucionarios había sido influida por la Revolución Cubana de 1959, y el romanticismo revolucionario simbolizado por el Che Guevara. En Chile esa corriente encontró expresión en la formación durante 1965, del MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria.
Los experimentos reformistas de Frei habían intentado crear una alternativa no revolucionaria, pero su fracaso terminó produciendo un segundo grupo de jóvenes reformadores radicalizados: organizados en el MAPU -el Movimiento de Acción Popular Unificada- parte de la izquierda cristiana.9 Su principal esfuerzo había sido dirigido a la organización del programa de reforma de tierras. Cuando el gobierno de Frei pareció abandonar su compromiso con ese programa, el MAPU adhirió a la UP.
La crisis del gobierno de Frei no afectó en nada a los sectores que no estaban organizados anteriormente. Dentro del Partido Socialista, una división política de larga data se proyectó en un debate sobre qué debería ocupar el lugar central en las actividades del partido: si la organización sindical o la elección parlamentaria.10 Ese debate no resurgió por accidente, sino por la presión que determinaba el desarrollo del movimiento obrero.
En 1968 la federación sindical chilena, la CUT, había llamado a una huelga nacional de protesta contra los planes antihuelguísticos del gobierno de Frei. Los hechos ocurridos durante la huelga aumentaron la combatividad de la clase trabajadora. En 1968-1969, los trabajadores habían sufrido un aumento de precios de cerca del 50%, desempleo creciente y respuestas cada vez más represivas por parte del gobierno. Las huelgas habían aumentado en número, pasando de 1.939 huelgas que movilizaron a unos 230.725 trabajadores en 1969, a 5.995 huelgas que movilizaron a unos 316.280 trabajadores en 1970.
Ese era en tanto el clima en 1970, cuando Allende ganó la elección presidencial. El programa político de la UP intentaba conciliar los intereses conflictivos de las fuerzas sociales que sustentaban la coalición. En cualquier caso, Allende propuso realizar solamente aquellas reformas que pudiesen ser realizadas en base a la legislación existente, y que pudiesen efectivizarse con la aprobación del Congreso, dominado por la derecha. Eso colocó severos límites sobre lo que era posible hacer en realidad, y efectivamente permitió que la derecha determinase los ritmos del cambio. Dadas esas perspectivas claramente electoralistas, Allende no haría nada que le llevara a perder a los electores de clase media -los tan alardeados «sectores medios»-, que podrían brindar una mayoría parlamentaria. Paradójicamente él podía ganar esos votos, solamente en la medida en que el gobierno mostrase claramente su capacidad para frenar la actividad de la clase trabajadora.
En el plano económico, la UP pretendió completar el programa incompleto de Frei, de crecimiento y modernización por el aumento del consumo, a través de un aumento salarial general, reactivando de ese modo buena parte de la capacidad industrial ociosa de Chile. En la agricultura, Allende se encargó de llevar adelante la Ley de Reforma Agraria de 1967, sin alterar nada, incluidas las reservas para generosas indemnizaciones a los propietarios, y dando garantías para que éstos pudieran mantener para uso propio las 202 hectáreas más ricas, y lo mejor de su maquinaria agrícola.
El elemento central del paquete de la UP, entre tanto, era la nacionalización sin indemnización de las minas de cobre, de propiedad norteamericana.11 Las compañías norteamericanas no habían invertido nada en varios años, y la nacionalización por parte del gobierno de Allende le permitía controlar la principal industria de exportación de Chile. Por otro lado, y al mismo tiempo que el programa de la UP abrazaba la nacionalización de los intereses industriales y financieros claves del país, dejaba a la mayoría de las empresas en manos privadas.12 La UP esperaba pasar al sector estatal apenas 150 de las 3.500 firmas industriales, representando estas últimas el 40% de la producción total, y así mismo esa cifra fue reducida más tarde.
No había nada de revolucionario en el programa de la UP, a pesar de que medio mundo creía que Chile había elegido su primer presidente «marxista». Su contenido difería poco con el programa de reformas de Frei, siguiendo un plan keynesiano ortodoxo para reactivar la economía. No contenía ningún desafío a los dominios del capital privado. Por el contrario, dio a la burguesía industrial un conjunto de garantías y proveyó a los propietarios de tierras con generosas indemnizaciones.
La real diferencia entre la UP y Frei estaba en la relación entre la UP y la clase trabajadora. Su principal contribución para la recuperación capitalista chilena, era que podía controlar a la clase trabajadora y exigir apoyo de los trabajadores para el programa de crecimiento económico.
Pero esto no era suficiente para calmar las sospechas de la burguesía. Y como prueba final de su respeto por el Estado burgués y de su compromiso con su supervivencia, para obtener el permiso de los partidos de derecha para asumir la Presidencia, Allende aceptó un «Estatuto de Garantías».13 Ese documento prometía que el gobierno de Allende respetaría al Estado y sus estructuras, y dejaría intactos todos aquellos instrumentos que la burguesía había desarrollado para defender sus intereses de clase: el sistema educativo, la Iglesia, los medios de comunicación y las fuerzas armadas. El Estatuto fue mantenido prácticamente en secreto, y nunca fue presentado a los seguidores de la UP. Su existencia torna cínicas y oportunistas las afirmaciones hechas por algunos teóricos del Partido Comunista, de que la UP había «tomado parte del poder», a partir de donde se podría lanzar un asalto sobre las restantes instituciones del Estado. En realidad, el Estatuto era una promesa de no realizar ninguna transformación fundamental de la sociedad chilena.
Así mismo, la estrategia de la UP presumía una colaboración entre el capital privado y el Estado para alcanzar el crecimiento económico. Algunos bancos y compañías de seguros, al igual que las minas de cobre, serían nacionalizadas, pero el gobierno ofrecería un conjunto de subsidios estatales al capital privado. La meta a largo plazo, era una economía mixta de tres sectores: estatal, privado y mixto.
La estrategia de la UP implicaba claramente, una colaboración paralela en el plano político. Cuando Allende hablaba de «poder popular» en su discurso de asunción,14 él ciertamente no estaba refiriéndose a cualquier iniciativa de la base o a una lucha por el poder de los trabajadores. El «Estatuto de Garantías» y el permanente diálogo de Allende con la burguesía, sumado a sus continuos llamamientos a la calma y autodisciplina de la clase trabajadora, dejaron la iniciativa política a la burguesía.
Organizaciones como aquellas que fueron formadas con el apoyo del gobierno en los primeros meses de 1971, eran esencialmente instrumentos para realizar o ganar apoyo para las medidas gubernamentales: como es el caso de las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios (JAP) o los «núcleos» de la UP, sus comités. Obviamente existieron muchas referencias de Allende al «poder popular» en sus primeros meses de gobierno, que significaban una aceptación incuestionable de las decisiones de la dirección de la UP.
Rumores de descontento
Durante su primer año de gobierno, Allende permaneció con la credibilidad prácticamente intacta. No obstante, tensiones no resueltas existían por debajo de la superficie. Puesto que su victoria electoral había sido la respuesta a un nivel creciente de luchas, ella también cobijaba la idea de que era posible obtener conquistas a través de la lucha. Muchos sectores de trabajadores y campesinos no veían la razón por la que la llegada de Allende al palacio presidencial, llevase a una desmovilización. Las organizaciones de campesinos sin tierra, por ejemplo, confiadas en el compromiso de la UP con la reforma agraria, intensificaron sus ocupaciones de tierras. En mayo de 1971, Allende llamó a parar las ocupaciones de tierras, y a esperar el proceso legal. El también convocó a la dirección del MIR, que gozaba de influencia sobre las organizaciones de campesinos y moradores de la periferia, y los reprendió por actuar fuera del marco legal.
En ese momento Allende estaba deseando discutir esta cuestión, pero sus ataques y los de sus compañeros a estas y otras iniciativas independientes, se intensificaron a medida que fue pasando el primer año. Las organizaciones obreras, por otro lado, generalmente exhibían mayor obediencia. Hubo pocos enfrentamientos entre los trabajadores organizados y el gobierno, en la primera mitad de 1971. Eso fue porque por un lado, los partidos de la UP controlaban firmemente a los sindicatos, y por otro, los miembros de los sindicatos habían sido los principales beneficiados de los aumentos salariales y de los nuevos empleos resultantes de la reactivación económica. En el primer año, los salarios de los trabajadores manuales subieron cerca de un 38%, y los de los trabajadores no manuales, cerca de un 120%. El desempleo cayó por debajo del 10% y el PIB creció cerca de un 8%.15
La relativa tranquilidad de los primeros meses, era la calma que antecedería a la tormenta. La burguesía estaba solamente cicatrizando sus heridas, esperando el momento adecuado para un contraataque. Los industriales chilenos no habían dejado pasar en vano 1971, puesto que ellos exportaban todo lo que les permitía su capital, y no reinvertían nada. Incluso, en muchos casos, los subsidios gubernamentales eran los únicos fondos que entraban en las fábricas.16 El creciente nivel de vida de los trabajadores acarreó un aumento dramático en las demandas de consumo, y la resultante escasez de productos se vio exacerbada por el sistemático almacenamiento de bienes por parte de la clase media. La atmósfera de escasez e inseguridad proporcionó a la burguesía las circunstancias para lanzar su primer desafío a Allende.
El momento fue escogido cuidadosamente. En noviembre de 1971, Fidel Castro visitó Chile. En el segundo día de su visita él fue saludado por una manifestación, la «marcha de las ollas vacías». Organizada por los partidos de derecha, centenares de mujeres de clase media salieron a las calles mostrando ollas vacías, para simbolizar la escasez. La ironía es que muchas de ellas llevaban consigo a sus empleadas, probablemente para que las ayudaran a cargar las ollas, que pocas de estas señoras habían usado alguna vez.
Pero por detrás de estas protestas por la escasez de bienes, había otros propósitos de mayor alcance: movilizar a la clase media, alertar a la burguesía a escala internacional sobre las batallas que vendrían, y expresar el escepticismo burgués en cuanto a la capacidad de la UP para contener a la clase trabajadora.
Esto último tenía fundamento, puesto que a pesar de los llamados de la UP y de sus ataques poco velados contra huelguistas y ocupantes, Allende no había sido capaz de controlar internamente al movimiento obrero. Entre enero y diciembre de 1971, el número de huelgas llegó a 1.758 y hubo 1.278 invasiones de tierra.17
Los partidos burgueses respondieron con ataques al gobierno, buscando la caída del Ministro del Interior, José Toha, y bloqueando las medidas de nacionalización en el Parlamento. Fuera del Parlamento, ellos se quejaban de las «ocupaciones ilegales [que no lo eran] resultado del trabajo de la ultraizquierda; las cuales eran también las acciones espontáneas de grupos de campesinos, trabajadores y mineros».18
Curiosamente Allende y sus enemigos, concordaban en el punto de que la mayor amenaza al diálogo -sobre el cual se basaba su estrategia- era la acción independiente de la propia clase trabajadora. El plan económico de la UP para 1972, fue ampliamente discutido con los grupos de oposición y con organizaciones de profesionales y tecnócratas. Con todo, en ningún momento dicho plan fue discutido públicamente o sometido a la aprobación de los sindicatos. Era poco sorprendente, por tanto, que los trabajadores respondiesen al crecimiento del mercado negro, la escasez y el incremento de la inflación, con la reactivación de sus tradicionales organizaciones de lucha –en particular los sindicatos– para proteger los triunfos que habían conquistado.
Divisiones en la coalición
Al comenzar el segundo año de gobierno de la UP, la ofensiva de la derecha y la respuesta de los trabajadores a ella, provocó un nuevo debate. Puesto que la reacción de Allende a estos acontecimientos fue la de atenuar los temores burgueses, eso creó tensiones en las relaciones entre la UP y quienes la apoyaban, y provocó cuestionamientos profundos sobre el llamado «camino chileno al socialismo». Dos estrategias muy diferentes coexistían dentro de la UP, y estas demandaban una resolución. ¿Debería la UP apostar por los trabajadores en su lucha para defender su nivel de vida e impedir que la burguesía minase sus triunfos del año anterior, o no? Y si se respondía afirmativamente: ¿qué estrategia política implicaría tal apoyo?
Esta fue la cuestión central que discutieron los representantes políticos de las organizaciones de la UP cuando se reunieron en conferencia en El Arrayán en febrero de 1972, y nuevamente en la conferencia de El Curro en junio del mismo año. El debate sobre la estrategia futura de la UP estuvo centrado en la cuestión titulada como «Consolidar o Avanzar».
El ala derecha argumentaba sobre la necesidad de detener el proceso de reformas, consolidar lo que se había ganado, y buscar un apoyo electoral más amplio antes de ir hacia delante. Efectivamente esto hipotecaría el «camino chileno al socialismo» para los sectores de clase media, a quien la derecha dedicaba tanta atención. El ala izquierda abogaba por acelerar el ritmo de las reformas, profundizando el proceso de nacionalización y por ponerse al frente de las luchas. La clase trabajadora, argumentaban ellos, había mostrado estar pronta para llevar la lucha adelante: ¿sus dirigentes políticos osarían ponerse al frente de la clase?
Durante todo el debate ningún argumento de cualquiera de las organizaciones, proponía actuar por fuera de la UP.19 La discusión siempre se daba entorno a qué debería hacer la UP, a partir de su posición dentro del Estado.
El Partido Comunista y la derecha del Partido Socialista en la dirección de Allende, argumentaban que el gobierno no debería ir adelante en la expansión del sector estatal. Debería reafirmar su disposición a negociar con la burguesía, demostrando en la práctica que podía controlar a la clase trabajadora. Y debería buscar un amplio consenso para su política. Tal compromiso, se esperaba que llevaría a la burguesía a respetar los triunfos ya adquiridos, ahora que los hechos ya habían demostrado que lo opuesto era verdadero.
Los argumentos en contra vinieron del MAPU, de la izquierda cristiana y de la izquierda del Partido Socialista, con el apoyo del MIR, aunque esa organización no estuviera presente en las discusiones. A la izquierda le urgía la necesidad de extender el sector público, reafirmar el compromiso original de la UP de nacionalizar las 90 mayores firmas -por decisión gubernamental, ese número había sido reducido a 43-, y se enfrascó activamente en una lucha ideológica para ganar nuevos apoyos.
Los desacuerdos entre las alas izquierda y derecha eran más cuantitativos, que cualitativos. Su «radicalismo numérico» nunca llevó a cuestionar la relación entre el Estado y el capital privado, ni el control y la dirección de la economía como un todo. Toda la izquierda parecía concordar en que «parte del poder» había sido conquistado, y nadie expresó preocupación por las otras «partes del poder» que Allende había garantizado a la burguesía. Con frecuencia, este tema estaba prendido con retóricas confusas.
El MAPU convocaba al gobierno a «usar el aparato estatal con estilo de masas». Difícilmente esto podía constituir una política alternativa. La indecisión del MAPU ya había sido revelada en su propia conferencia nacional en enero de 1972. Ella había dado un apoyo vigoroso a un nuevo plan conjunto de la CUT-UP para la participación en la industria, lo que en realidad era un camino de nacionalización, y se había juntado con el resto de la UP condenando el «ultraizquierdismo» del MIR. Su lealtad, al final: ¿era con el ala izquierda o con el ala derecha?20
Leyendo las discusiones y debates que ocurrían en las conferencias de la UP, se constata un creciente estado de irrealidad. Los buenos y conmovedores discursos ignoraban el hecho de que la futura dirección del proceso político chileno, estaba siendo determinada fuera del Congreso y bien lejos del Palacio de la Moneda. En enero, antes de la conferencia en El Arrayán, Allende ya se había rendido a las exigencias de que José Toha fuese destituido, por haber insultado a las Fuerzas Armadas, y había aceptado su renuncia.
En marzo, Kennecott -una compañía norteamericana de cobre, cuya filial chilena había sido nacionalizada- llamó a un boicot mundial al cobre chileno, y el senador demócrata-cristiano Carlos Hamilton presentó al Congreso la primera de una serie de mociones destinadas a paralizar cualquier nacionalización futura. La respuesta de Allende a este hecho fue tan débil, que en abril se sintió obligado a realizar un movimiento conciliador con la izquierda de la UP, abriendo conversaciones formales con el MIR como un gesto para la izquierda en general, aunque no demostraba ninguna intención de solucionar sus diferencias estratégicas con esta organización.
El día 12 de mayo lo que estaba por venir, fue claramente revelado en un incidente ocurrido en la gran ciudad industrial de Concepción. Una organización estudiantil de derecha anunció su intención de marchar sobre la ciudad. Una contramanifestación fue convocada por un importante número de organizaciones de izquierda, incluido el MIR. El Alcalde comunista decretó la prohibición general de cualquier manifestación, y llamó a la policía antidisturbios para reprimir las mismas. La violencia ocurrida dejó un militante del MIR muerto. La respuesta del gobierno a través de su portavoz comunista, Daniel Vergara, fue la de condenar toda violencia, fuera de derecha o de izquierda.21
También en mayo, un congreso nacional de los trabajadores textiles, rechazó la simple participación de los trabajadores, y en vez de eso, exigió el control de la industria por parte de los propios trabajadores. La respuesta a eso se dio en junio, con el anuncio de un nuevo gabinete de la UP que notablemente no incluía a Pedro Vuskovic, un independiente de izquierda cuya identificación pública con una política de avanzar las nacionalizaciones lo habían vuelto blanco favorito de la derecha.
En el mismo mes, la conferencia de la UP sobre estrategia fue de nuevo realizada en El Curro, donde el ala derecha consiguió asegurarse una victoria. Una de las razones para esto fue que la izquierda no tenía una alternativa clara para ofrecer, incluso con los socialistas del ala izquierda intentando comenzar a discutir en El Curro, algunas de las demandas por una «Asamblea Popular» o una «Asamblea del Poder Popular» que habían surgido del congreso de los trabajadores textiles.22 Al mismo tiempo, la conferencia de la UP retomó sus conversaciones con los demócrata-cristianos (ellas habían sido temporalmente suspendidas un mes antes) y reafirmó su compromiso en perseguir la paz social y el cumplimiento de la ley. Lo que esto significaba en la práctica, fue entretanto dramáticamente revelado en Melipilla, una ciudad próxima a Santiago durante el mes de junio de 1972.
Allí, varias de las haciendas tenían grandes superficies para ser expropiadas en base a la Ley de Reforma Agraria, pero un juez local, Olate, había colocado reiteradamente obstáculos legales en el camino de la redistribución de la tierra, colaborando consistentemente con los propietarios locales. El día 22 de junio, una manifestación en el centro de la ciudad, terminó con 22 dirigentes de la organización de los trabajadores rurales en prisión. Una serie de manifestaciones de protesta ocurrieron enseguida. El día 30 todas las carreteras de acceso a la ciudad fueron bloqueadas. El día 12 de julio una manifestación de masas marchó hacia el centro el Santiago, exigiendo la liberación de los 22 dirigentes, y demandó la dimisión inmediata del juez Olate. El gobierno se negó a intervenir.23
Los incidentes en Melipilla tenían un significado mucho más profundo de lo que a primera vista podía verse. En el curso de la protesta, los trabajadores del área industrial vecina de Cerrillos se sumaron a sus compañeros rurales en lucha. Cerrillos era centro de una serie de disputas industriales no resueltas: al final de junio, las fábricas textiles Perlak y Polycrom, la fábrica de aluminio Las Américas y la avícola de Cerrillos, estaban todas en huelga.
Los huelguistas ahora se juntaban con sus hermanos y hermanas de Melipilla. Un trabajador agrícola decía: «No tenemos un peso para alimentar y mantener a nuestras familias. Y ya nos estamos hartando de esta situación», y el periodista notó que los trabajadores rurales y urbanos con los cuales conversaba, concordaban en que «el Parlamento no representaba sus intereses». Los manifestantes al mismo tiempo que expresaban su apoyo a Allende, afirmaban que el Congreso y otras instituciones estatales, eran el principal obstáculo para realizar el programa de la UP.
La acción conjunta de los trabajadores agrícolas e industriales, abrió nuevas y diferentes posibilidades. De la lucha conjunta emergió una nueva forma de organización, forjada en el curso de las huelgas de Cerrillos, y que se autodenominaba «Cordón Industrial». Otro Cordón se desarrolló en el área de Vicuña Mackenna. El Cordón de Cerrillos publicó una declaración a comienzos de julio. Sus demandas de control de la producción por los trabajadores y de substitución del Parlamento por una Asamblea de Trabajadores, fueron mucho más alentadoras que cualquier de las cosas discutidas abiertamente por los partidos de izquierda. Sin embargo, a pesar de todo lo dicho, el Cordón era descrito por la revista Chile Hoy como un comité para mantener la producción e implementar decisiones gubernamentales en la economía. Su potencial como una base alternativa de organización social y política, no había pasado por la cabeza de nadie.24
El Partido Comunista y el ala derecha del Partido Socialista, ordenaron a sus miembros que se apartasen de los cordones. Toda la acción, argumentaban, se debería coordinar a través de la dirección sindical oficial, la CUT. Eso refleja la línea «consolidacionista» que había triunfado en la conferencia de El Curro. Para el ala derecha no habrían futuras incursiones contra el capital privado, ni tampoco más desafíos al Estado. Las concesiones a la burguesía, argumentaba Allende, asegurarían su respeto por los procedimientos constitucionales.
Parecía que solamente los trabajadores se daban cuenta de que la lucha de clases no tiene final, y que el único modo de defender lo que había sido conquistado era intensificar la lucha. La alternativa era permitir que la burguesía luchase para reconquistar lo que había perdido. Paradójicamente, el creciente apoyo popular a la UP, que se reflejó tanto en los resultados de la elección suplementaria en Coquimbo durante julio, y en las elecciones para el ejecutivo de la CUT, expresaba la visión de los trabajadores. El ala derecha de la UP entre tanto, la interpretaba de modo diferente, como si representase una aprobación a la estrategia de colaboración de clases.25
Las contradicciones de la situación se estaban tornando crecientemente visibles, en la medida en que sucesivos incidentes llevaban al gobierno a la confrontación con sectores de trabajadores, campesinos, estudiantes, o habitantes de los barrios pobres. En julio, miembros de un grupo de ultraizquierda que habían realizado un asalto, fueron apaleados y torturados por la policía de seguridad, a cuya cabeza estaba Manuel Contreras, señalado como parte del personal de Allende. En las áreas mineras, el gobierno lidiaba con huelgas sobre aspectos puntuales, invocando el Estado de Emergencia, con el efecto de que las áreas mineras fueron puestas bajo el control militar directo.
El día 18 de agosto, policías y militares atacaron el barrio pobre de Lo Hermida, en Santiago.26 Ellos buscaban intensivamente a un grupo guerrillero de ultraizquierda. De hecho, Lo Hermida era políticamente, una tierra de nadie para la UP. Allí como en otras áreas de casitas pobres y rancheríos, el MIR disfrutaba de una posición políticamente dominante a través de organizaciones de masas como el «Movimiento Revolucionario de los Cantegriles» [Nota de los Traductores: este último término se traduce en forma diferente según el país, como villas miseria, chabolas o favelas, en cualquier caso, barrios muy pobres de la ciudad. Lamentablemente, no contamos con el término original chileno].27
La operación policial se encontró con una resistencia de masas, que provocó el repliegue de las fuerzas policiales, que al día siguiente regresaron con 400 hombres armados. El ataque que realizaron dejó una persona muerta, otra fatalmente herida, 11 heridos y 160 detenidos. Allende se dirigió más tarde a pedir disculpas por el ataque a los habitantes de Lo Hermida, pero lo cierto era que el gobierno había usado el incidente para atacar a la izquierda revolucionaria, alertar a todos aquellos que estuviesen comenzando a actuar por fuera del orden constitucional, y reafirmar ante la burguesía la decisión del gobierno de garantizar la ley y el orden. Para la burguesía, los ataques como el de Lo Hermida eran escaramuzas iniciales, con las que se podría comprobar la fuerza y la capacidad de los militares para actuar directamente.
Para Allende la cuestión central era la autoridad política de la UP. La UP, sin duda, poseía la hegemonía política del movimiento obrero, pero la lucha en sí presentaba cuestiones políticas que no podían ser respondidas en el marco del reformismo de la UP. Si las organizaciones obreras y campesinas fuesen desmovilizadas y desmanteladas por situarse fuera del control de la UP, ¿qué garantías podría dar el gobierno de que los derechos a las protestas y las manifestaciones no serían suprimidos por la policía o amenazados por grupos armados de derecha? ¿Allende iría a desafiar a los dueños de las fábricas y a parar los sabotajes que realizaban, si los propios trabajadores no lo pidiesen? ¿Iría Allende al frente de los trabajadores en la lucha de clases, en caso de que se intensificase, o seguiría cumpliendo el papel de árbitro?
Fueron justamente esas cuestiones las que dominaron la Asamblea Popular realizada en Concepción a finales del mes de julio, cuando cerca de 3.000 delegados se reunieron para discutir la coyuntura política.28 Estos delegados representaban un amplio conjunto de organizaciones sindicales, populares y estudiantiles, así como también a organizaciones de izquierda. El único ausente fue el Partido Comunista, que describió a la Asamblea de Concepción de un modo que quedaría marcado en el tiempo, como «una maniobra reaccionaria e imperialista, que usaba a elementos de ultraizquierda como escudos». El propio Allende en un comunicado del 31 de julio, desarrolló la misma idea: «Por segunda vez en tres meses, Concepción fue lugar para una acción divisionista cuyo efecto es minar la hegemonía de la Unidad Popular sobre el movimiento. No hay mínima duda de que es un proceso que sirve a los enemigos de la causa revolucionaria».
En el mismo discurso él definió con absoluta claridad que su compromiso con la democracia burguesa y su oposición al desarrollo de un poder dual «que en otras situaciones históricas surgió en oposición a una estructura de poder reaccionaria, no tenía ninguna base ni ningún apoyo social». Argumentaba que crear un poder dual en Chile era un acto de «marcada irresponsabilidad», porque el gobierno de Chile representaba los intereses de la clase trabajadora como un todo. Ningún revolucionario sensato, concluía, puede «ignorar el sistema institucional que gobierna nuestra sociedad, y que está bajo el gobierno de la Unidad Popular. Cualquiera que sugiera otra cosa, deberá ser considerado un contrarrevolucionario».29
En el interior de la propia Asamblea hubo desacuerdos, especialmente en lo tocante a la relación con Allende. En cuanto al MAPU y la izquierda del PS, promovían que la Asamblea ejerciera presión organizada sobre el gobierno para llevar adelante su programa. El MIR llamaba a la elaboración de un programa revolucionario, construido a partir de las organizaciones de lucha representadas en la Asamblea. No existía el reconocimiento de que el ritmo acelerado de la lucha y su generalización, exigían algo más que un simple apoyo. La lógica de los eventos apuntaba a la cuestión del propio Estado: ¿que intereses representaba y defendía? Esta cuestión sólo podía ser propuesta por una dirección revolucionaria, preparada para colocar el tema del poder en el orden del día.
Los incidentes en Lo Hermida tomaron un nuevo y siniestro significado pocas semanas después, cuando una vez más fue declarado el Estado de Emergencia, esta vez en la provincia de Bio Bio, donde manifestantes se movilizaban para defender una emisora de radio en favor del gobierno, que estaba bajo el ataque de la derecha. Se hacía claro que Allende estaba preparado para usar el Estado contra aquellos que lo apoyaban, y llamar al ejército y la policía para restaurar la ley existente y el orden burgués.30
A pesar de los intentos para detener el proceso, la lucha de clases estaba rápidamente escapándose del control de Allende y de la UP. La burguesía veía sus vacilaciones como un punto a su favor, y organizó abiertamente una campaña de oposición política y de sabotaje económico. A finales de julio el padre Sasbun, de extrema derecha, comenzó a lanzar a través del Canal 9, un llamado a la acción militar contra Allende.
Los líderes de la UP, condenando la violencia y la guerra civil, reclamaron a la clase trabajadora que dejase al gobierno responder los ataques de la derecha. Pero el gobierno ya había demostrado que, lejos de responder a esas amenazas, simplemente cedía ante ellas y depositaba su fe en policías y militares. Así, al final de septiembre, Allende anunció una Ley de Control de Armas, claramente dirigida contra las organizaciones de trabajadores, y dejó al ejército con la tarea de desarmarlas. Ninguna de estas concesiones tuvo el efecto que Allende esperaba que tendrían. Por el contrario, cada vez que la dirección de los trabajadores declaraba su falta de voluntad de luchar, la burguesía adquiría mayor confianza y certeza de que la clase trabajadora no ofrecería respuesta a sus ataques.
Había cierta confianza en los círculos de poder de la clase dominante, cuando en septiembre los comerciantes de Chile lanzaron una huelga de protesta contra el control de precios y la falta de productos. Esa confianza fue mayor cuando el 11 de octubre, los propietarios de camiones anunciaron el comienzo de una huelga por tiempo indefinido.
Iban a tener un duro choque: no con Allende y sus aliados, que continuaban negando que ahora existiera una lucha fundamental por el poder, sino con la clase trabajadora que tomó el control directo sobre la lucha y generó un conjunto de nuevas formas de organización, que ofrecían una imagen de cómo la lucha por el poder de los trabajadores debía ser conducida y podía ser ganada.
La insurrección de la burguesía
La huelga de los propietarios de camiones había sido bien planeada. Si bien ella contaba con la aprobación del conjunto de la burguesía, la organización neofascista Patria y Libertad era la que estaba más directamente involucrada en su organización concreta.
La huelga no era ni inesperada ni particularmente secreta. La huelga de los comerciantes en septiembre y la bien organizada resistencia de la derecha en el Congreso a cualquier iniciativa de la UP, ya habían dado claras señales de que estaban por dar un salto. De cualquier modo, los diarios de izquierda habían ofrecido información detallada sobre la huelga, (su nombre en código era «Plan Septiembre») quince días antes de ser lanzada.31 Si todavía quedase alguna duda, un mitin de la derecha el día 10 de octubre, en Santiago, fue notable por su atmósfera frenética y por las repetidas llamadas de todos los oradores a favor de una movilización de masas contra el gobierno. Uno de esos oradores era Vogel, un demócrata-cristiano, Vicepresidente de la CUT.
Pero ni Allende ni la UP ofrecieron una respuesta. En los meses anteriores Allende había resuelto cada crisis potencial llamando al ejército para restaurar el orden. En este momento, con la amenaza de los camioneros parecía que Allende estaba deliberadamente ignorando los preparativos de la derecha, haciendo de cuenta que nada estaba sucediendo. Parecía que su miedo a la actividad independiente de las masas, era mayor que su preocupación por la oposición de la derecha a su gobierno.
Se esperaba que el impacto de la huelga fuese inmediato. La ausencia de transporte carretero podía interrumpir todos los abastecimientos de alimentos, artículos importantes, materias primas y especialmente la distribución de alimentos para la clase trabajadora. Es más, la huelga no ocurría aislada. Los comerciantes expresaron su apoyo a la huelga cerrando sus negocios, los industriales intentaron parar sus máquinas, incluso mediante el sabotaje. Las organizaciones de profesionales médicos, abogados, dentistas y otras, votaron por la adhesión a la huelga y suspendieron toda actividad, aumentando la atmósfera de pánico. Esa era la estrategia de la derecha, usar su poder económico, un poder que aún estaba completamente intacto, para crear escasez y caos económico. La suposición era que el pánico forzaría a Allende a renunciar o, mejor aún, posibilitaría dejarlo en el poder para imponer las necesarias medidas de austeridad, separándolo así de las bases de la UP para finalmente provocarle una estruendosa derrota en las elecciones al Congreso de marzo de 1973.
Si esa estrategia se frustró, fue enteramente gracias a la clase trabajadora. Para los trabajadores la situación era muy clara. El problema inmediato era mantener el sistema de transporte, mantener las fábricas abiertas y asegurarse el abastecimiento de alimentos y lo imprescindible. Grupos de trabajadores salieron a las calles a primera hora de la mañana. Cada forma de transporte disponible era requisada y conducida por voluntarios. En las fábricas los comités de vigilancia fueron adiestrados para protegerse de los sabotajes y la producción fue mantenida. En los barrios obreros, largas y pacientes filas se formaban delante de los almacenes y supermercados, los propietarios eran persuadidos para abrirlos o, en caso contrario, los establecimientos eran abiertos y mantenidos por las propias personas del local, que montaban guardia permanente.
En Santiago, más de 8.000 personas se presentaron como voluntarios para chóferes. En cuanto a los cordones, varios enviaron grupos de personas para conducir los transportes.32
La primera respuesta del gobierno fue típicamente confusa, agregando confusión entre los trabajadores. Allende abogó por mantener la producción, pero giró a negociar con los camioneros. Su elección del intermediario -la organización de los propietarios de ómnibus municipales- mostró ser menos que confiable. Ellos mismos se adhirieron a la huelga de los camioneros una semana después. La línea general de la UP era la de pedir disciplina, calma y obediencia al sindicato oficial y a las organizaciones políticas. Pero ni la CUT, ni la UP impartieron instrucciones específicas, y la acción inicial de llamado a la movilización de masas en respuesta a la huelga, fue retirada dos días después.
Los problemas provocados por la huelga, entretanto, exigían una solución inmediata. Era poco sorprendente que las respuestas más severas y decisivas, viniesen de sectores de trabajadores que ya habían desarrollado acciones en conjunto. Las fábricas que se habían organizado en los primeros cordones fueron capaces de organizarse más rápidamente y tomar la iniciativa de organizar a otras. Elecmetal del Cordón de Vicuña Mackenna y las fábricas Perlak, Pastas Luchetti y Cristalerías Chile, parte del Cordón de Cerrillos-Maipú, tuvieron un fuerte papel de liderazgo. Sus demandas eran radicales y claramente definidas, evocando el programa avanzado en junio: acción inmediata contra los patrones, incluyendo nacionalización inmediata. Al mismo tiempo, otras estrategias desarrolladas por los capitalistas exigieron y encontraron una rápida y creativa respuesta.
En la fábrica de vidrio Cristalerías Chile, por ejemplo, la gerencia congeló la cuenta bancaria de la compañía. Los trabajadores respondieron desarrollando un sistema de distribución directa. Como un trabajador explicó: «ahora nosotros vendemos directamente para las cooperativas y pequeños negocios, y ellos nos pagan con dinero, así nosotros podemos pagar los salarios sin tener que usar los bancos.33
En la fábrica de cemento El Melón, una huelga que recién había comenzado fue inmediatamente suspendida y los trabajadores retornaron a su trabajo. En la fábrica textil Perlak, para compensar la falta de leche del campo, los trabajadores organizaron una sopa altamente nutritiva para sus hijos. Los trabajadores de Polycron llevaron los tejidos para las áreas obreras y los vendían directamente. Materias primas y productos acabados comenzaron a ser trocados entre las fábricas, pero también entre obreros y campesinos.
Cuando la asociación de médicos anunció su apoyo a la huelga el día 17 de octubre, un comité conjunto de los trabajadores de un hospital, fue formado para mantener al mismo funcionando. Un dirigente sindical explicaba: «A pesar de la huelga ordenada directamente por la derecha, las 600 mil personas por las cuales este hospital es responsable, verán que nosotros podemos ofrecer servicios mejores y más eficientes, trabajando junto a los comités de salud locales, que incluyen a personas de los distritos obreros».34
La reunión del sindicato de periodistas, en aquél mismo día, fue dedicada a una denuncia sobre el papel de la prensa burguesa y a convocar nuevas acciones contra los medios de comunicación en manos de la derecha. El periodista Jaime Muñoz criticó el Estatuto de Garantías aprobado por Allende en 1970, que prometía respetar la propiedad existente sobre los medios de comunicación masivos.35 El antagonismo entre el papel de los medios de comunicación en manos de la derecha, y la respuesta de los trabajadores de dos periódicos, La Mañana de Talca y Sur de Concepción, que habían ocupado y tomado las respectivas oficinas porque sus periódicos estaban constantemente atacando el movimiento obrero, era claro. «El único Estatuto de Garantías que nosotros reconocemos», argumentó, «es el que nos demos los trabajadores».36
Había existido un acuerdo tácito entre las organizaciones de izquierda para no mencionar el Estatuto. Esa fue una de las primeras referencias públicas de aquel crucial y embarazoso documento. Los acontecimientos de octubre y la entrega de los dos periódicos expropiados se tornó una cuestión clave en el debate de la izquierda.
Había una razón adicional para el rápido crecimiento de las organizaciones autónomas, denominadas de «autodefensa». Si bien la mayoría de la burguesía se contentaba con usar su poder económico, la extrema derecha, dirigida por Patria y Libertad, organizaba sus propios grupos terroristas para trabar batalla en las calles.37 Esas bandas, formadas por jóvenes de las familias más ricas, lanzaron una serie de ataques físicos directos. El día 12 de octubre dirigentes de los partidos socialista y comunista de Punta Arenas, en el extremo sur de Chile, fueron atacados. El día 13 la línea ferroviaria para Arica, 3.200 Kms. al norte, fue bloqueada. El mismo día, individuos en sus vehículos fueron atacados en las grandes ciudades de Valparaíso, Concepción y Viña del Mar. El padrón de asaltos directos continuó en los días venideros.
En las fábricas los trabajadores resistían las tentativas de sabotaje de los patrones y tomaban el control directo de la producción. En la fábrica textil Sumar de Santiago, por ejemplo, los propietarios intentaron sacar parte de la maquinaria, pero fueron parados por los trabajadores y expulsados de la fábrica. Para los comités obreros no podía haber cualquier negociación: al final de cuentas, el propio gobierno había hecho de la manutención de la producción una prioridad absoluta. Una joven mujer obrera de 22 años, en Fabrillana, colocó la cuestión en términos muy claros:
«Yo pienso que el compañero Allende ha sido muy suave. El dice que es porque quiere evitar la violencia, pero yo pienso que debemos responder con más fuerza, atemorizarlos a muerte. Están intentando voltear lo que conquistamos».38
Los trabajadores de Alusa, una fábrica de embalajes, repetían a coro:
«La administración hizo un llamado a los trabajadores administrativos y ellos pararon de trabajar. Pero nosotros no podíamos permitirnos ser parte de esas maniobras. Los patrones no pueden venir a decirnos lo que debemos hacer… Así que abrimos los depósitos, sacamos las materias primas y simplemente continuamos produciendo: la producción aquí no paró en ningún momento. Y no vamos a parar ahora ni nunca. Nosotros vemos a la gente trabajando con verdadera alegría. Yo pienso que en pocos días nos hemos dado cuenta que lo que estamos defendiendo, es algo mucho mayor que un plato de comida».39
Nadie estaba inmune a la posibilidad de un ataque. Los trabajadores de la cadena de zapaterías Bata, por ejemplo, formaron comités de autodefensa en cada una de las 113 sucursales:
«Nosotros formamos comités de autodefensa en cada local para repeler los ataques. Ya tuvimos que afrontar algunos ataques, particularmente en locales de barrios de clase media y alta. Pero nosotros no cerramos ni por un día siquiera. Estamos contra esta huelga, y cuando llegue el momento decisivo no vamos a ceder ante nadie. ¡Basta!».40
Un trabajador de la fábrica de concreto Ready-Mix, resumió la experiencia:
«Tenemos que agradecer a los fascistas, por mostrarnos que no se puede hacer una revolución jugando. Cuando aparece un problema, nosotros los trabajadores tenemos que estar en la primera línea. Hemos aprendido más en éstos pocos días que en los dos años anteriores».41
Semejantes conclusiones fueron sacadas en otros lugares, particularmente en los distritos obreros donde luchas anteriores por el transporte y la vivienda, entre otras cosas, habían gestado organizaciones que cumplían un papel pleno y vital en las luchas obreras de octubre.
Las JAP, comités de distribución formados originalmente por el gobierno, se transformaron en núcleos de un conjunto de organizaciones locales y comunitarias -comités barriales, grupos de madres, organizaciones de sin techo- asumiendo la tarea de resistencia en las comunidades.42 Lo más importante de todo, fue que octubre dio a esas organizaciones comunitarias un contacto directo con los trabajadores, dándole realidad a su accionar en conjunto. El Cordón se transformó, como había prometido transformarse, en un centro organizador para una serie de luchas, coordinándolas y proporcionándoles una dirección obrera.
Es cierto, que si los trabajadores no hubiesen combatido inmediatamente a la burguesía, esta hubiera tenido éxito en su campaña, la economía hubiera sido paralizada, y Allende hubiera sido obligado a ceder a las demandas de los patrones presentadas en el «Pliego de Chile«, el cual contenía una lista de sus reivindicaciones. Por el contrario, los trabajadores confiscaron el transporte y mantuvieron la economía en funcionamiento. Los ataques físicos de Patria y Libertad se enfrentaban con la resistencia organizada de los trabajadores, se dieron dos comités de autodefensa barriales y dos comités de vigilancia organizada en las fábricas.
Estas fueron una excelente ilustración de los cambios que habían ocurrido en el curso de la lucha, pues si bien surgieron como comités para supervisar la producción, su función cambió durante la huelga de los patrones, transformándose en órganos de control obrero sobre las fábricas. También las JAP se transformaron, pasando de comités establecidos para controlar la producción a organizaciones combativas de base, comprando y distribuyendo abastecimientos, manteniendo abiertos los comercios y supermercados, defendiéndolos de los asaltos de la derecha y colectivizando algunas funciones domésticas en los barrios pobres, particularmente la alimentación de los niños en comedores colectivos, con una «olla común».
No hay duda de que en los acontecimientos de octubre, los trabajadores no llegaron a extraer las conclusiones políticas adecuadas a su experiencia concreta. La generalización de ideas a partir de circunstancias específicas no ocurre espontáneamente. Exige la intervención consciente de socialistas revolucionarios que puedan proporcionar un esbozo, una comprensión de las luchas desarrolladas por la clase trabajadora. Y hay que decirlo, en Chile las numerosas organizaciones políticas impidieron el aprendizaje político. Pero igual, la experiencia de octubre había dado a la clase trabajadora todo un nuevo panorama de su potencial colectivo, y eso colocaba en serios problemas a Allende y a la UP.
El llamado inicial de la UP para que la clase trabajadora actuase en defensa del gobierno, partía de la suposición de que las organizaciones obreras permanecerían leales a las direcciones oficiales, a la CUT y a la propia UP.43 Pero la clase trabajadora terminó por tomar una acción independiente para defender al gobierno, sin esperar instrucciones. En esas circunstancias los trabajadores pudieron fácilmente llegar a la conclusión de que era necesaria una acción revolucionaria para resolver la crisis en Chile: nadie era más consciente de eso que el propio Allende.
Después del 11 de octubre Allende estaba indeciso y vaciló. Pero hubo pocas dudas sobre cuál camino tomaría. Él había dicho frecuentemente: «La UP se juega su futuro político en la capacidad de manejar la capacidad de la clase trabajadora, y desarrollar su programa en colaboración con la mayoría de la burguesía».44
Pero Allende y sus colegas de dirección política de la UP, parecían no haberse dado cuenta de que en octubre una frontera histórica había sido cruzada y que la burguesía hacía mucho tiempo había perdido el interés en colaborar. En cierto sentido, el gobierno de Allende se transformó en espectador, dentro de la arena de la lucha de clases, intentado en vano reimponerse sobre los acontecimientos a partir del punto privilegiado del Estado.
Octubre de 1972 ofreció la evidencia más excitante y dramática de las posibilidades del poder de los trabajadores. La clase trabajadora no sólo superó las vacilaciones de su dirección al actuar independientemente; sino que en la realidad cotidiana de la lucha contra los camioneros y sus colaboradores, viejas divisiones fueron superadas por un liderazgo que no estaba paralizado por compromisos políticos, o por alguna lealtad en relación a los dirigentes sindicales.
Eso reflejaba, en parte, la llegada a un nuevo estadio político de actores hasta entonces excluidos de los sindicatos y otras organizaciones, trabajadores menos afectados por la disciplina partidaria y sindical. Muchas de las pequeñas fábricas permanecían fuera del ámbito de influencia de la CUT, porque por ejemplo tenían menos de 25 trabajadores. Lo que los cordones representaban era una alianza ente los trabajadores organizados y no organizados, la población de los barrios pobres, los trabajadores agrícolas y algunas organizaciones estudiantiles.
Su carácter político era menos definido. La CUT afirmaba que los cordones eran simplemente sus organizaciones de base con otro nombre.45 Pero la dificultad de la CUT para imponer cualquier tipo de disciplina sobre los cordones, sumado a los frecuentes ataques a los líderes de estos cordones, mostraba que la relación CUT-cordones no era la que la CUT afirmaba. El MAPU, con su característica ambigüedad, describía a los cordones como «comités patrióticos».46 El Partido Socialista, como siempre, intentó reconciliar dos tradiciones políticas conflictivas, describiendo a los cordones como «escuelas activas de masas para discutir problemas, ejercer la crítica constructiva, planear soluciones y coordinar iniciativas».47
En cuanto al MIR, éste ciertamente disfrutaba de considerable influencia sobre los sectores más pobres de la población, a través de varias organizaciones con carácter frentista. Pero al mismo tiempo que el MIR era el mayor crítico de los intentos de la UP de contener y manipular a los cordones y otras organizaciones de base, y que usaba una oratoria revolucionaria, no tenía ninguna estrategia que ofrecer. Al final, el MIR compartía con todas las demás organizaciones de izquierda, un análisis fundamentalmente débil: todas reconocían la incapacidad de la UP para dirigir el contraataque de las masas contra los patrones, pero de ahí sacaban la conclusión de que debía reformularse la UP a la luz de sus críticas, y así ella podría estar mejor preparada para dirigir la lucha en el próximo round.
Ningún grupo de izquierda vio las posturas contradictorias de la UP, durante los eventos de octubre, como lo que realmente eran: la fiel expresión de su perspectiva política. Como resultado, la izquierda seguiría desorientada durante el nuevo y chocante desarrollo de los acontecimientos.
Con una huelga del transporte aéreo iniciada el día 31 de octubre y con la negativa de los transportistas a poner fin a su acción, al día siguiente Allende decidió convocar a varios generales a su gabinete. Al mismo tiempo decretó un Estado de Emergencia Nacional, depositando efectivamente el gobierno de Chile en manos de los militares, durante el período que durara la emergencia.
La lucha por derrotar la huelga de los patrones trajo a la clase trabajadora a la arena política como un actor independiente, y por muchas semanas la práctica cotidiana de autogobierno de los trabajadores se desarrolló de un modo más y más firme. Lo que estaba detrás de la decisión de Allende de recurrir a los militares, no hay sombra de duda, era que la UP estaba intentando sustituir por la fuerza la iniciativa histórica de la clase trabajadora, bajo la excusa de frenar a la burguesía.
Posteriormente se intentó justificar la decisión de Allende, describiendo la situación de Chile a principios de noviembre como un estado de «casi caos», de «quiebre de la ley y el orden».48 La verdad no era que se estuviera quebrando el orden, lo que estaba ocurriendo era la profunda crisis de una clase. A medida que nuevas formas de organización y actividad se desarrollaban entre los trabajadores, cada vez más las organizaciones tradicionales se volvían incapaces de contenerlas dentro de los límites de la negociación preestablecida entre el capital y el trabajo.
Desgraciadamente, esto no significaba que la clase trabajadora se estuviera preparando para tomar el poder con una perspectiva revolucionaria. Pues aquellos que se consideraban socialistas revolucionarios, se encontraban en una completa confusión teórica y política. No tenían una posición coherente acerca de ninguno de los problemas urgentes. El problema de la organización partidaria, el papel y la naturaleza de las fuerzas armadas, o si sería correcto romper con la UP (en realidad esa última opción no era siquiera considerada en este período). Ellos no estaban, por lo tanto, en condiciones de ofrecer una dirección consistente. Cuando la CUT, respaldando a Allende, convocó a apoyar a las fuerzas armadas en la restauración del orden, ninguna voz organizada se levantó en oposición.49 En ese momento crítico, la izquierda chilena se mostró confusa e incapaz.
La exigencia de la intervención militar vino de un congresista demócrata-cristiano, Rafael Moreno, pero ya había aparecido antes una lista de exigencias alentada por la derecha, en el inicio de la huelga patronal. El anuncio de Allende de un nuevo gabinete conjunto (UP-militares), el día 3 de noviembre, fue seguido de un mensaje a los trabajadores agradeciéndoles el actuar en apoyo al gobierno, y pidiéndoles que volviesen a sus trabajos y devolvieran las fábricas a sus propietarios.
Una vez que los camioneros volvieron a su trabajo y las fuerzas armadas entraron al gobierno, era obvio que la principal tarea del ejército iba a ser controlar el retorno de los trabajadores a las fábricas. Prats, el Comandante del Ejército determinó su posición con un estudiado tono neutro:
«En cuanto existe un Estado propiamente constituido, las fuerzas armadas están obligadas a respetarlo… Obviamente las fuerzas armadas son un instrumento legítimo que está a disposición del Presidente, para ser usado contra cualquiera que amenace el orden público».50
La naturaleza de la amenaza se volvería más clara todavía, cuando comenzara el Estado de Emergencia. El rígido toque de queda fue empleado para controlar el movimiento de los trabajadores y los amplios poderes concedidos a los militares fueron invocados para devolver los dos periódicos ocupados en Talca y Concepción, a sus propietarios originales. Los líderes de los comités de autodefensa de Bata, fueron encarcelados por más de un mes. El día 13 de noviembre el Ministro de Economía anunció que las 28 fábricas ocupadas por los trabajadores, serían devueltas a sus propietarios. Tal vez el sistema de distribución haya sido el sector que más se distanció del control estatal, y es por esa razón que fue el área sometida a control militar más directo. El General de la Fuerza Aérea, Bachelet, fue encargado del DRINCO, agencia estatal de distribución.
El nuevo gabinete incluía, de un lado dos generales, tres ministros de la UP: dos del Partido Comunista (Millas en el Ministerio de Obras, y Figueroa, dirigente de la CUT, como Ministro de Trabajo) y uno del MAPU (Flores, en el Ministerio de Economía).
Desde que el Estado de Emergencia había dado el control real a los militares, el papel de esos ministros no era el de defender supuestas posiciones en el gabinete, al contrario de eso defendieron a los militares frente a los trabajadores. Figueroa, por ejemplo, discutió vigorosamente con los obreros de Arica, para que fuese permitido a los funcionarios administrativos que habían apoyado la huelga patronal, el retorno al trabajo y el recibo del salario íntegro, referente al período de la huelga, presumiblemente como gesto de conciliación.
Un trabajador de Ex-Sumar, una de las fábricas más militantes de Santiago, resumió la nueva situación:
«Pienso que las concesiones significan que este nuevo gobierno se movió hacia la derecha. Tenían otra alternativa posible: buscar el apoyo de las masas e implantar el programa defendido inicialmente. Pero nunca quiso realmente implementarlo. Así las masas fueron dejadas al margen de las cosas y cuando ellas quisieron confrontar los problemas, fueron brutalmente reprimidas. La derecha debe estar celebrando ahora, puedes percibir que están llenos de gozo, solamente escuchando sus audiciones de radio».51
Un gobierno con generales
El gabinete de los ministros de la UP y de los generales, con todo, no controlaba absolutamente la situación. La misma después de noviembre permanecía confusa, y la confianza que ganaron los trabajadores no era tan fácil de ser minada.
Figueroa, por ejemplo, llegó a la conclusión de que su doble autoridad -como dirigente de la CUT y como Ministro de Trabajo- no era tan compatible como había sido antes. Los trabajadores de Arica no fueron convencidos por sus argumentos, y al día 24 de noviembre aún se negaban a trabajar con los funcionarios que habían apoyado la huelga patronal. Cuando Figueroa intentó persuadir a los trabajadores de que aceptaran la orden, ellos reocuparon la fábrica y se negaron a salir. Al final la policía fue movilizada para despejarlos.
La misma experiencia se repitió en otros lugares, con los trabajadores negándose a entregar lo que habían conquistado en octubre, afirmando que tales concesiones simplemente destruirían todo lo que se había obtenido, entregando en bandeja la victoria a la burguesía.
Las acciones espontáneas y desorganizadas de resistencia de los trabajadores, entretanto, nunca fueron objeto de alguna iniciativa de coordinación o desarrollo. El liderazgo político de la izquierda, por ejemplo, no brindó ninguna directriz. Lo extraordinario es que ninguna voz siquiera se levantó contra la presencia de los militares en el gabinete. El MAPU, por ejemplo, describió al nuevo gabinete como el «gobierno y el pueblo actuando como uno solo»52, al mismo tiempo que se hacía un llamado a profundizar el «poder popular».
El Partido Comunista y el gobierno alzaron una sola voz en alabanza de la labor patriótica de las fuerzas armadas, describiendo al nuevo gabinete como un indicio de que consiguiendo el apoyo del ejército, se apartaría a la burguesía: «…la presencia de las fuerzas armadas junto a los dirigentes de la CUT, fortalece al gobierno y finalmente le permitirá sentenciar a muerte la huelga que los trabajadores ya rechazaron tan vigorosamente».53
Más sorprendente fue el artículo de Manuel Cabieses en Punto Final, del MIR, en el cual argumentaba que: «…las fuerzas armadas tienen un papel patriótico y democrático a cumplir en conjunto con el pueblo, apoyando a los trabajadores en su lucha contra la explotación… Eso es lo que debe ocurrir y eso es lo que la clase trabajadora espera cuando ve las fuerzas armadas como parte del gobierno».54
Jamás ejército profesional alguno ayudó a ningún trabajador en su lucha contra la explotación, o en otras palabras, a derribar el Estado burgués del cual es pilar central. El autor de las líneas citadas mostraba, en el mejor de los casos, una sorprendente ingenuidad. Pero al mismo tiempo el MIR defendía la continuidad de los cordones.
Lo más claro en las declaraciones y los análisis de la izquierda, era la confusión y la vacilación. Había una asombrosa falta de claridad sobre cómo responder a la determinación de la UP de desmantelar las organizaciones de masas surgidas en octubre. Al mismo tiempo, las declaraciones más combativas, como los discursos de Altamirano, Secretario del Partido Socialista, se dirigían al gobierno, exigiéndole que cambiase su carácter político, esto es, que se volviese revolucionario y abandonara el reformismo. En vez de mostrar los límites del reformismo y abrir los ojos de aquellos miles de trabajadores que aún tenían ilusiones en Allende, la retórica de Altamirano sugería que la UP todavía podía volverse revolucionaria.
Theotonio dos Santos, un colaborador regular de Chile Hoy afirmó: «Si quieren conservar las conquistas adquiridas, el gobierno y los trabajadores deberán profundizarlas y extenderlas, usando los mecanismos existentes y profundizando en las raíces del poder popular».55 Incluso entre las voces más radicales, ninguna estaba dispuesta a decir que el desarrollo político del movimiento obrero después de octubre, exigía el rompimiento con la dirección tradicional de la UP, que la UP se había tornado en un obstáculo para el desarrollo cualitativo de la lucha de clases, y que el único camino para asegurar lo que se había conquistado era seguir avanzando. Solamente una organización, la menor de todas -la Izquierda Cristiana- llegó a dar algunos pasos en esa dirección, negándose a entrar en el gabinete y afirmando que: «…los avances en conciencia de los trabajadores no parecen haber llegado a sus líderes políticos. La base es mucho más rica de lo que lo es su dirección. La CUT y los cordones son mucho más efectivos en sus respectivos niveles, que la UP a nivel político… si el poder social (de apoyo a la UP) fuese organizado de un modo coordinado en las fábricas y en lo regional en órganos de autodefensa, la situación avanzaría y no podría ser contenida».56
Con todo, la propia clase trabajadora estaba exigiendo otro análisis de la situación. El día 13 de noviembre, 100 delegados de los cordones de Santiago se reunieron en la fábrica Cristalerías Chile, para coordinar la resistencia a la devolución de las fábricas a sus antiguos propietarios. Esa iniciativa no encontró eco dentro de la izquierda. Como el Presidente del Cordón de O’Higgins, uno de los dos más avanzados cordones, afirmó: «La maquinaria de izquierda simplemente nos ignora… por eso los cordones tienen que cumplir la función de ayudar a conocerse mejor unos a otros, a entender las luchas particulares y a alcanzar conciencia de nuestro poder».57
Los eventos de octubre de 1972 trajeron muchos nuevos grupos de trabajadores a la lucha, muchos de ellos sin experiencias anteriores de organización. También ellos pusieron sobre el tapete nuevas formas de organización independientes. La experiencia de los cordones se tornó el tema central de los debates políticos, cuando el año 1972 llegaba a su fin. Pero ninguno extrajo las conclusiones apropiadas.
Obviamente, la toma del poder por la clase trabajadora en noviembre era imposible. Muchos de los trabajadores estaban desmovilizados y otros estaban desmoralizados y confundidos. El Estado de Emergencia dificultaba hasta las reuniones, y los generales estaban en el poder. Pero igualmente obvio era que, si bien la situación no había sido resuelta a favor de los trabajadores, tampoco lo había sido en favor de los capitalistas. Había un clima de expectativa en todos los lugares, y en ambos lados se estaban discutiendo abiertamente las estrategias futuras.58
En tal ambiente la tarea inmediata de los socialistas revolucionarios no era la de organizar la toma del poder, pero sí un debate paciente de política y de principios, dentro el movimiento obrero, con aquellos que habían dirigido las luchas en la práctica,59 junto al trabajo de organización política y un involucramiento en las luchas cotidianas, en donde la clase trabajadora las estaba dando. Pero nada de eso ocurrió. Hubo debates interminables, muchos de los cuales fueron muy interesantes, pero nunca tocaron la cuestión clave: el carácter político de la UP.
La primera oportunidad para todas las organizaciones de izquierda de discutir la experiencia de octubre de 1972, vino con un debate público organizado en Santiago por una organización católica denominada «Cristianos por el Socialismo».60 La representante comunista Mireya Barta se retiró luego que el debate había comenzado, acusando a la ultraizquierda de ser el principal enemigo. En respuesta, Miguel Enríquez, Secretario General del MIR, describió el período como «prerrevolucionario» y llamó a la creación de «gérmenes de poder popular». La cuestión principal, argumentaba (correctamente) era la de conquistar el «control obrero». Pero en los debates y las discusiones que siguieron, ningún representante del MIR dejó claro cómo esto sería realizado u organizado.
Preparativos para la batalla
La UP continuaba teniendo un peso político considerable, pero estaba lejos de ser la autoridad incuestionable de antes. Sus mejores esfuerzos no fueron suficientes para extirpar las nuevas organizaciones obreras. La verdad es que fueron las acciones del gobierno de la UP las que precipitaron el resurgimiento de estas al comienzo de 1973.
El debate después de la huelga de los patrones provocó una escisión en el MAPU, entre el ala izquierda que mantuvo el nombre del partido, y el ala pro-Allende que adoptó el nombre MAPUOC (MAPU obrero y campesino) dirigido por Jaime Gazmuri. En enero de 1973, el Ministro de Economía Fernando Flores, del MAPU, desafió la política gubernamental y defendió un congelamiento de precios, el control riguroso de la especulación y el garantizar una canasta básica a un precio mínimo. Sus propuestas tuvieron resonancia inmediata entre la población.
El día 15 de enero, del barrio pobre de Lo Hermida, 300 familias se dirigieron al supermercado local que había cerrado sus puertas (alegando falta de mercaderías) y exigieron su reapertura. Inmediatamente aparecieron mediadores del gobierno que intentaron dispersar la manifestación, sin ningún resultado. A las dos de la mañana el supermercado estaba abierto, y las organizaciones locales se encargaron de distribuir alimentos de acuerdo a las necesidades. Lo mismo ocurrió en Nueva La Habana, otro barrio pobre del Cordón de Barrancas.
Fue en ese clima que Orlando Millas, Ministro de Obras y miembro del Partido Comunista, anunció el nuevo plan económico. Este proponía el retorno de 123 fábricas a sus antiguos propietarios, incluyendo las que pertenecían a una de las familias más activas en la oposición al gobierno, la poderosa familia Yarun. Millas defendía que apenas el 49% de las instalaciones industriales deberían permanecer en las manos públicas, creando efectivamente un sector capitalista estatal, para actuar en coordinación con el capital privado.61 Lógicamente, fue anunciado junto con la reapertura de las discusiones con los demócrata-cristianos. De plano, representaba una clara y plena concesión a las reivindicaciones de la burguesía.
La clase trabajadora reaccionó con furia. Los cordones redespertaron y respondieron inmediatamente. Trabajadores del Cordón de Cerrillos-Maipú bloquearon las calles en protesta y dirigieron una manifestación conjunta de todos los cordones de la capital hacia el centro de la ciudad. El Presidente del Cordón, Hernán Ortega, declaró: «No habrá compromiso alguno que ceda ante las presiones».62 En la textil Bromacktrece, miembros del Partido Comunista rompieron sus carnés del partido en señal de protesta. Lo más significativo de todo, fue que en el Cordón Vicuña Mackenna se inició la publicación de un periódico para los cordones, llamado Tarea Urgente. Su primer número traía una declaración enormemente significativa:
«A los Trabajadores: Los trabajadores de Cordón Vicuña Mackenna llaman a la clase obrera a movilizarse combativamente en defensa del Área Social [la parte nacionalizada de la economía] y de las empresas requisadas o intervenidas durante el paro patronal de octubre amagadas por un proyecto de ley que no representa la opinión ni el sentir de la mayoría de los trabajadores, los cuales están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias en defensa de sus legítimos derechos.
Por lo tanto los trabajadores de Cordón Vicuña Mackenna, en Asamblea celebrada el lunes 29 de enero, hemos resuelto lo siguiente:
1. No devolver ninguna empresa requisada o intervenida con motivo del paro nacional de octubre.
2. Rechazo unánime al proyecto denominado «Proyecto Millas», por no expresar el verdadero pensamiento de los trabajadores y contribuir a detener el proceso revolucionario que nos conduzca al socialismo…
5. Planteamos que la respuesta de los trabajadores será no sólo no devolver ninguna empresa sino incorporar muchas más al Área Social».63
En un tono similar los miembros del Cordón Panamericana-Norte exigían saber: «¿Hasta dónde las personas de allá arriba van a continuar empeorando aún más las cosas? Esto está empezando a ponernos nerviosos, y avisamos que ninguna empresa será devuelta… de ahora en adelante permaneceremos en estado de alerta permanente para defender nuestro derecho de tomar las decisiones que determinen nuestras vidas».64
El día 5 de febrero, obreros, sin techo, organizaciones de barrios pobres y grupos comunitarios, realizaron una manifestación y una asamblea en el Estadio Nacional para demostrar su oposición al Plan Millas. El periódico Punto Final redactó un artículo sobre ella en que alertaba con claro juicio histórico: «Un pueblo desarmado es un pueblo conquistado». La lucha de clases estaba entrando en una nueva fase, y ganando una nueva intensidad.
Pero había poca conexión entre el ritmo de la lucha de clases y las preocupaciones de los principales partidos. Las elecciones para el congreso en marzo se estaban aproximando, y eran consideradas tanto por la derecha como por los partidos de la UP como un test de capacidad, crucial para la supervivencia del gobierno. Todas las organizaciones de izquierda concordaban en que las elecciones eran una prioridad absoluta, inclusive el MIR, que por primera vez apoyó a candidatos del Partido Socialista en las elecciones parlamentarias. La UP incrementó su electorado nacional al 44%. En el clima existente entonces, esto era un testimonio significativo de la resistencia de la clase trabajadora, y una prueba de que secciones de la pequeña burguesía también habían sido ganadas.
En lo que toca a la derecha, los resultados representaban un serio contratiempo, un fracaso en minar el apoyo electoral de la UP. Pasaron a discutir estrategias alternativas para derribar al gobierno de Allende. Las dos opiniones presentadas, la del golpe militar abogada por algunos sectores, fue dejada de lado a favor de una estrategia de «mariscal ruso», defendida entre otros por Aylwin, Presidente del Partido Demócrata Cristiano.65 Esta era una estrategia económica de «tierra arrasada». Objetivamente, desbastar la economía, desnudándola, reteniendo la acumulación de dinero, movilizando concientemente el apoyo internacional, creando un estado de sitio desde dentro y desde fuera.
Si había existido un impase en la actividad de las masas, ahora se estaba levantando. Al final de marzo de 1973 los generales dejaron el gabinete y el Plan Millas fue abandonado. Allende anunció la nacionalización de más de 45 fábricas, pero ese anuncio fue seguido casi inmediatamente, el día 6 de abril, por un ataque virulento contra la izquierda revolucionaria y las organizaciones obreras que no devolvieron las fábricas después de las ocupaciones de octubre.66 A la luz de este ataque, era difícil ver la incorporación de 45 fábricas al sector estatal, como otra cosa que no fuese un gesto simbólico.
Por más que Allende condenase a aquellos que habían «provocado» a la burguesía, era él quien estaba ciego frente a la intensidad de la lucha de clases. Por lo tanto insistía en mantenerse apegado al programa original de cambios graduales, condenando a las organizaciones obreras y campesinas por arriesgarlo con sus acciones precipitadas. Los sucesos ya lo habían dejado atrás. La burguesía estaba discutiendo abiertamente estrategias extraparlamentarias para derribarlo. Si Allende y la CUT todavía insistían en que el ritmo de los cambios sería determinado en el parlamento, ni la burguesía ni la clase trabajadora tenían ilusiones al respecto. Los trabajadores estaban organizándose para una lucha ya en curso en las calles, en las fábricas y en el campo. No era una cuestión de si se debería o no permitir el desarrollo de la lucha, era solamente su resultado el que estaba en cuestión.
El mayor número de votos para la UP en las elecciones de marzo, era claramente una exigencia para la acción. Pero si la UP no podía dirigirla, entonces ocurriría de cualquier modo, incluso fuera de todo control. La dirección de la UP no podía comprender eso.
La dirección de la izquierda estaba discutiendo la crisis, ciertamente, pero su perspectiva estaba limitada a exigir que la UP actuase de una manera diferente.67 Una solución mucho más radical era la exigida, la del tipo que ya había sido colocada en la agenda histórica por la propia clase trabajadora.
La decisión de formar un comité coordinador de los cordones, fue un salto cualitativo en las formas de dirección de la lucha de los trabajadores. Con todo no hubo ninguna división en la UP. ¿Por qué? La corriente política dominante en el liderazgo de los cordones, era sin duda la izquierda del Partido Socialista, la cual a pesar de haber pasado a utilizar la retórica característica de la ultraizquierda, no estaba preparada para romper con la UP o desafiar abiertamente al ala derecha dirigida por Allende.
Altamirano, dirigente de los socialistas, generalmente considerado como del ala izquierda, veía el desarrollo de organizaciones independientes en medio de la lucha de clases, como una forma de presión que podía ser utilizada para impulsar su victoria dentro de la dirección del propio partido. Y fue esa perspectiva limitada la que conquistó a los socialistas de izquierda que dirigían los cordones. Así el comité coordinador, que podía haberse fácilmente tornado en una forma embrionaria de poder obrero, se transformó al contrario de eso, en una fracción política dentro del Partido Socialista.
La otra fuerza política en el movimiento de masas era el MIR. Tenía una existencia de ocho años solamente, y apenas desde 1969-1970 se había dedicado a organizar a los trabajadores. Aunque hubiese ganado alguna base entre los trabajadores no sindicalizados, su principal influencia era entre las organizaciones de los sin techo y en el movimiento estudiantil. Aunque el MIR presentase candidatos en elecciones sindicales y de hecho tuviese representantes en el ejecutivo de la CUT, no poseía presencia organizada en los sindicatos. Había permanecido fuera de la UP y a veces se opuso a ella de un modo abiertamente crítico, pero no podía ofrecer una política alternativa.
El MIR respondía pragmáticamente a la realidad de cambios en la lucha de clases, colocando cierta prioridad en su lucha propia por la dirección política. Eso se vio más claro en el debate en torno a los cordones.
En algunas ocasiones cuando varias organizaciones se encontraban implicadas en los cordones, formaban comités de organización conjuntos (comandos comunales). El MIR daba gran énfasis a esos comandos como órganos dirigentes de la lucha, pero al mismo tiempo denunciaba a los cordones y repetía las afirmaciones de la CUT, de que eran «organizaciones paralelas» a ella. Eso era un absurdo, está claro.
Los cordones tenían un reconocido papel dirigente. Paradójicamente, a pesar de su compromiso con la «hegemonía de la clase obrera», el MIR parecía preocupado por el papel dirigente cumplido por esas organizaciones obreras, en las cuales ellos no ocupaban posiciones de liderazgo. Sus llamadas para convertir a los cordones en amplias organizaciones que representasen por igual a los sin techo, las organizaciones de distribución, los estudiantes y otros sectores, mostraba su incorrecta reivindicación del marxismo. En la práctica, sus cuestionamientos a los cordones, negaban específicamente el papel central de la clase trabajadora en la lucha por el poder estatal.
De cualquier modo, las rimbombantes llamadas del MIR eran poco más que consignas, una vez que ellas no llevaban a ninguna conclusión organizativa más concreta. Mientras tanto, la lucha de clases no esperaba. Ella continuó con creciente intensidad después de las elecciones parlamentarias, en la medida en que la derecha lanzaba sus asaltos y el gobierno no ofrecía respuestas. El movimiento obrero, entre tanto, tenía su propia respuesta a ofrecer.
El desafío de los mineros
Los trabajadores de las minas de cobre jugaron un papel central en la historia del movimiento obrero chileno. Fue, por lo tanto, una cuestión de considerable significado la huelga iniciada el día 19 de abril por los mineros de la mina más grande de cobre del mundo, cuyo nombre era El Teniente.
La huelga comenzó silenciosamente. El aislamiento físico de los mineros en una región montañosa del país, significaba que el impacto de la huelga sobre el resto del movimiento no sería inmediato. Y la izquierda no estaba particularmente ansiosa por elevar el nivel del debate público acerca de la huelga, porque la cuestión que desencadenó la huelga era vergonzosa.
Al comienzo de 1973, la UP garantizó un aumento salarial general para compensar la inflación. Los mineros, con todo, tuvieron un acuerdo separado, por el cual les fue garantizado anualmente un aumento salarial acompañado de otros incrementos. El Gobierno se negó a pagar estos aumentos. Y los mineros entraron en huelga, acusando al gobierno de no cumplir el acuerdo firmado conjuntamente, lo que era cierto sin duda alguna.
La huelga continuó durante los meses de mayo y junio, aunque algunos mineros retornaron al trabajo por la intensa presión ejercida por el conjunto de las organizaciones de izquierda, inclusive el MIR, que argumentaban que todo había sido provocado por la burguesía y por el imperialismo.68
Los cuestionamientos y las acusaciones eran bastantes familiares. Los mineros eran denunciados por su «economicismo», por la defensa de sus estrechos intereses sectoriales, por encima de los intereses de la clase como un todo. De hecho, la izquierda les estaba pidiendo que sacrificaran sus conquistas, en nombre del «bien general». La realidad, naturalmente, era que los únicos beneficiados de tales concesiones serían los miembros de la clase dominante, y el gobierno era perfectamente consciente de eso. Los mineros continuaban produciendo, pero el precio del cobre en el mercado mundial estaba cayendo. ¿Deberían los mineros aceptar las consecuencias de esa caída, o deberían conducirse como cualquier otro grupo de trabajadores organizados, defendiendo sus condiciones de vida?
De cualquier modo el argumento de que los mineros estaban siendo llamados al sacrificio en nombre del «bien común» y que su resultado significaba socialismo, no tenía ningún sentido. Los aumentos del primer año del gobierno de la UP, ya habían sido devorados por la inflación y por los aumentos de precios. Así, el poder de compra de los salarios en 1973 era menor que en 1971. La burguesía, de hecho, estaba beneficiándose con la situación; por lo menos, estaba protegida de los peores efectos, precisamente a causa de la política de la UP de pedir a los trabajadores que se hicieran cargo del precio de la crisis.
El gobierno chileno no era un gobierno defensor de los trabajadores. Buscaba negociar el precio del trabajo con el capital, usar el Estado como instrumento de mediación, a partir de garantías preestablecidas con la clase capitalista. En tal situación el papel de una organización obrera debería ser muy claro: la defensa de los intereses y las condiciones de vida de los trabajadores. Entre tanto, ninguna organización asumía las cosas desde esa perspectiva.
La firme orientación de toda la izquierda hacia la lucha interna de la UP, determinó que todos se dedicaran a atacar a los mineros por representar una amenaza para el gobierno.69 Si esas organizaciones hubieran tenido una perspectiva coherente con el desarrollo de la lucha de clases, la respuesta hubiera sido diferente. Pero al contrario de eso, preferían acusar al líder de los mineros, Medina, de «nazi», y calificar a los propios mineros como parte de la «aristocracia obrera». Cuando, en junio, los mineros marcharon a Santiago, exigiendo la apertura de negociaciones con el gobierno, fueron bloqueados y reprimidos por el Grupo Móvil de la Policía Antimotines, que Allende se había comprometido a desmantelar luego de haber tomado posesión de la Presidencia en 1970.
La huelga de los mineros reveló las debilidades, no sólo de la izquierda chilena, sino también -y aún más serias- de los propios cordones. Los sectores tradicionalmente bien organizados de la clase trabajadora, estaban ausentes de la red nacional de cordones. Sus sindicatos eran el núcleo de la UP, y su disciplina el fruto de años de lucha. Una vez que sus líderes políticos habían condenado los cordones, muchos de esos sectores fueron persuadidos de no participar en ellos. Y la CUT trabajó duro para impedir cualquier contacto directo entre estos trabajadores -mayoritariamente del sector público de la economía- y los sectores organizados en los cordones.
El aislamiento geográfico y político de los mineros llevó a que muchos trabajadores tomasen conocimiento de la huelga a partir de los medios de comunicación de derecha. Las organizaciones de la derecha fueron rápidas en explorar las contradicciones en la posición de la UP y comenzaron a organizar colectas en apoyo a los mineros (un evento tan extraño como bizarro).
Esto tornó la situación
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