1. Se termina el ciclo número 14 sin que se nos haya permitido informar al Congreso de la República y a los partidos y movimientos políticos sobre nuestra posición frente a la iniciativa de referendo para la paz puesta en días pasados a consideración del Senado por el gobierno nacional de manera unilateral. 2. Del […]
1. Se termina el ciclo número 14 sin que se nos haya permitido informar al Congreso de la República y a los partidos y movimientos políticos sobre nuestra posición frente a la iniciativa de referendo para la paz puesta en días pasados a consideración del Senado por el gobierno nacional de manera unilateral.
2. Del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera firmado el 26 de agosto de 2012 en La Habana, Cuba, se desprenden derechos y obligaciones tanto para el gobierno nacional como para las FARC-EP. En el caso del referendo propuesto el gobierno desconoció el Acuerdo. La inciativa gubernamental del referendo no fue convenida por las partes en la mesa de conversación. Se trata de una propuesta unilateral que el gobierno nacional puso a consideración del Congreso por fuera del espíritu y la letra del Acuerdo de La Habana. En esas condiciones no hacemos parte de dicha iniciativa; no corresponde a acuerdo alguno con las FARC-EP, ni las compromete.
3. No renunciamos a los derechos y compromisos adquiridos en el Acuerdo de La Habana firmado en agosto de 2012. El desarrollo bilateral, armonioso y de consuno de su contenido es garantía de paz estable y duradera. A esto aspiramos. Es lo que buscamos y pretendemos. La Agenda no supone ni mucho menos reconoce vencedor alguno. En la mesa debe prevalecer la relación parte-parte, entre iguales.
4. La paz no puede atarse a fechas ni responder a intereses partidistas. La paz debe ser una política de Estado.
5. En su momento, cuando arribemos a la discusión del punto sexto de la Agenda, como es nuestro derecho, insistiremos en la convocatoria de una Asamblea Constituyente como mecanismo de refrendación. Su pertinencia ha sido reconocida por expertos. Habrá que hacerse el debate sobre esta iniciativa, no a espaldas del pueblo, sino convocando a la nación entera para convenir con todos los grupos sociales y el Congreso de la República la implementación de los acuerdos que se logren en desarrollo de la agenda ya establecida y se estudien los disensos que se presenten, todo para llevar a conocimiento de la Constituyente. La posibilidad de convocar una Constituyente está contemplada en la Constitución nacional. Su invocación no es sorpresa para nadie. Es una necesidad en la hora actual. Sobre el tema tenemos estudiados diversos puntos a fin de permitir que una vez aceptada su convocatoria por el constituyente primario sea el vehículo apropiado para afirmar y consagrar la participación política para la democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional.
6. Lo pone de presente el acuerdo: «La construcción de la paz es un asunto de la sociedad en su conjunto, que requiere la participación de todos, sin distinción,…» Esta no es una afirmación simplista, porque traslada la capacidad de construcción de la paz a toda la sociedad, al soberano, al pueblo. Tanto como para que ninguna de las partes pueda tomarse para sí atribuciones que no se derivan del cuerpo del convenio. Digamos a manera de ejemplo, la de considerar que tras años de combates solo hay un victimario; o que la historia o la verdad de lo acontecido durante cuatro generaciones de derramamiento de sangre solo debe ser relatada y establecida por uno solo de los actores del conflicto; o que alguno de los interlocutores pueda atribuirse el papel de combatiente «bueno» para así endilgarle desde su lado el papel de «malo» a su adversario». Como que tampoco un brazo de un Estado que comienza a reconocer su responsabilidad como actor imputable de hechos antijurídicos que motivaron o consintieron por acción u omisión, escenarios de guerra brutal y despiadada, sea el que diseñe y aplique marcos jurídicos de justicia transicional.
7. Estamos en La Habana para llegar a las fórmulas que le garanticen al país, al pueblo, a la nación entera, que el conflicto tiene fin. Que es necesario conocer la verdad de lo ocurrido, y que la Constitución revisada, reparada y fortalecida, es un pacto o tratado de paz.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP