La oligarquía de este país sigue siendo la misma que conocemos desde hace muchisimos años. Ladina, mentirosa, incumplida y traicionera. Desde la insurrección de los Comuneros del Socorro al iniciarse el siglo XIX, las élites plutocráticas no han variado la composición de su personalidad y su naturaleza de clase. En aquella época, con un […]
La oligarquía de este país sigue siendo la misma que conocemos desde hace muchisimos años. Ladina, mentirosa, incumplida y traicionera.
Desde la insurrección de los Comuneros del Socorro al iniciarse el siglo XIX, las élites plutocráticas no han variado la composición de su personalidad y su naturaleza de clase. En aquella época, con un obispo a bordo, con señuelos y falsas promesas envolataron a los artesanos para después asesinarlos y descuartizarlos, colocando partes de sus cuerpos en distintos lugares del país para notificar al resto lo que les podía suceder si repetían la aventura insurreccional.
Así ha sido el resto del tiempo transcurrido hasta el día de hoy. Todos los paros y las protestas de los últimos años. Los de los indigenas, los de los comunales, los de los obreros, los de los cocaleros, los de los cañeros, los de los campesinos, han sido sometidas al desgaste, la criminalización, la violencia paramilitar, el engaño y el desconocimiento olímpico de los acuerdos firmados.
En el Catatumbo se está repitiendo esta triste historia. Al principio todo muy chevere y los representantes del gobierno, desde MacMaster hasta los de Planeación Nacional en un grado de queridura y encanto que ni mandados a pedir, esplendidos diría una señora del Chico pero ya han pasado semanas y la realidad se desnuda en su miseria. Los tipos ya están «mostrando el cobre» y nos han aterrizado a todos. Son unos tramadores y embusteros, quieren despachar con dulces y espejitos de baratija los campesinos y sus representantes.
Pero están bien equivocados. Al día de hoy lo que está claro es que Santos no tiene intención de cumplir los acuerdos. No hay garantías para los lideres contra quienes siguen los procesos de judicialización para encarcelarlos, y los batallones militares que encabeza un general Marcoelino Tamayo (verdadero satrapa de vereda), andan levantando, casa por casa y verdad por vereda, listados de personas y haciendo amenazas, en compañía de las bandas paramilitares, dotadas en las infraestructuras de las brigadas. La verdad incuestionable es que las Zonas de Consolidación Territorial son el caldo de cultivo del neoparamilitarismo y la violación recurrente de los derechos humanos.
Las comisiones de tecnócratas neoliberales en la Mesa del Catatumbo se oponen a la financiación de los proyectos de confianza y de urgencia para construir el hospital de tercer nivel en Tibú, para apalancar varios proyectos productivos, para recuperar la vía entre Astilleros y Tibu y para construir los acueductos y alcantarillados en las veredas de Hacari.
Han refundido, con gritos e insultos a los delegados agrarios, los proyectos para la Iniciativa Regional para el desarrollo social y la construcción de la paz, en lo relacionado con la inclusión social, el ordenamiento territorial, la zona de reserva campesina, el desarrollo económico sostenible y la democracia participativa.
Se inventaron un testaferro, con la correspondiente estratagema jurídica, para invalidar la figura de las Zonas de Reserva Campesina establecidas en la Ley. Con sofismas pretenden que la Corte Constitucional anule este importante recurso institucional que da soporte a la conformación de este modelo de reforma agraria.
Para rematar, el único y limitado acuerdo proyectado hasta el momento para atender los cultivos de coca, lo capturaron los militares de Marcoelino y los politiqueros de Corzo, quienes entregan los listados de las 400 familias establecidas, mismas que son sacadas de los listados de las redes de informantes de los batallones y de las bases de datos de los directorios clientelares de los afectos al gobierno que se quiere reelegir con la compra de conciencias y votos.
El objetivo central de todo este montaje infames es desconocer a ASCAMACAT y sus líderes que quieren deslegitimar y demonizar ante las masas agrarias de la región.
La paciencia a los campesinos se le agotó y la única alternativa es la de la lucha y movilización popular. Su plataforma incluye acciones de orden político, con plantones, manifestaciones, bloqueos y paros que convoquen la solidaridad ciudadana en el espacio publico democrático; la denuncia en los medios de comunicación, con boletines, ruedas de prensa y columnas de opinión; y los procedimientos judiciales con recursos de tutela, acciones populares, derechos de petición, acciones de cumplimiento y denuncias penales concretas, para obligar el cumplimiento responsable, individual y colectivo, de los funcionarios negligentes y faltos de ética en su representación estatal.
Nota. Mientras se niega la financiación de los proyectos planteados por ASCAMACAT, ya los politiqueros de la región, con el apoyo de los técnicos de planeación nacional, anuncian inversiones por 15 mil millones en las vias terciarias de algunos municipios, con el único fin de amarrar clientelas electorales que apuntalen la reelección presidencial.
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