La construcción de acuerdos sobre el cuarto punto de la Agenda, tercero en la discusión, demanda esfuerzos por superar caracterizaciones simplistas del problema, que pretendan reducirlo a un asunto de campesinos productores de «cultivos ilícitos» frente a los cuales debe imponerse la política criminal del Estado. Con miras a ello, la delegación de las FARC-EP […]
La construcción de acuerdos sobre el cuarto punto de la Agenda, tercero en la discusión, demanda esfuerzos por superar caracterizaciones simplistas del problema, que pretendan reducirlo a un asunto de campesinos productores de «cultivos ilícitos» frente a los cuales debe imponerse la política criminal del Estado. Con miras a ello, la delegación de las FARC-EP propone algunos contornos necesarios para una discusión que vaya a la raíz del problema y contribuya de esa manera a la formulación de propuestas comprensivas y ajustadas a la realidad de la problemática social que hay en la tras escena, en la búsqueda de un necesario acuerdo político en esta materia.
1.- El problema de las llamadas drogas ilícitas debe abordarse como algo consustancial al modo de producción capitalista y, en especial, a sus formas criminales. Se trata de un negocio corporativo transnacional, cuya mayor expansión se origina en las demandas crecientes por nuevas fuentes de acumulación y rentabilidad, en el contexto de la crisis capitalista mundial de 1974-1975. El negocio cubre todas las fases del proceso de producción (producción, circulación, distribución y consumo); se encuentra estimulado por un creciente consumo proveniente de los países del capitalismo central, en especial, de Estados Unidos y Europa, y sobre todo por su carácter ilegal, el cual le confiere altísimas tasas de rentabilidad; se sustenta en una división internacional capitalista del trabajo, en la que los eslabones más fuertes y de mayores dividendos se encuentran en el lavado de dinero, sea a través de «alianzas estratégicas» con empresas capitalistas legales productivas y de prestación de servicios o de su incorporación en los circuitos financieros. Las políticas neoliberales se han convertido en un importante estímulo al negocio transnacional al haber reducido de manera significativa e incluso eliminado los controles estatales a los flujos de capital. En atención a lo anterior, el narcotráfico debe considerarse esencialmente como una empresa capitalista transnacional de carácter criminal.
2.- La llamada guerra contra las drogas es en lo fundamental el producto de un diseño geopolítico imperialista, que adquiere mayor sentido y contenido luego del derrumbe del «socialismo realmente existente» en la Unión Soviética y Europa Oriental. Como lo demuestran múltiples documentos de inteligencia estadounidense, tras la desaparición del «enemigo comunista» se hizo necesaria la invención de un nuevo enemigo que justificara la persistencia de los elevados gastos en seguridad y defensa, y posibilitara nuevas formas de la injerencia y la intervención militar, así como de la dominación y control social. La invención del nuevo enemigo se acompañó en nuestro país de operaciones ideológicas de producción lingüística dirigidas contra la guerrilla revolucionaria, orquestadas por los grandes conglomerados de las comunicaciones: Primero se habló de narco-guerrilla, y luego -cuando se instaló el discurso terrorista- apareció el término de narcoterrorismo. La «guerra contra las drogas» no ha combatido los componentes más lucrativos del negocio, sino que se ha erigido contra los más débiles.
En el caso de la cocaína, se ha encauzado contra los cultivadores de la hoja de coca, los procesadores primarios de la pasta de coca, y los consumidores de cocaína, al tiempo que sus principales beneficiarios -grandes narcotraficantes, altos funcionarios del Estado, incluidas sus fuerzas militares y de policía, empresarios capitalistas y banqueros transnacionales- amasan gigantescas fortunas que son reinvertidas en el proceso de acumulación o destinadas al consumo extravagante.
3.- Como lo demuestran numerosas investigaciones científicas, dentro de las que se destacan los trabajos del profesor Andrew Weil de la Universidad de Arizona, que reafirman y amplían los conocimientos ancestrales de nuestras comunidades originarias, la coca no es la mata que mata. Por el contrario, la hoja fresca o seca alimenta como verdura, harina, infusión o mascándola; sirve como medicina para la diabetes, la obesidad, la gingivitis, inhibe células cancerígenas, atenúa la hipertensión; y se considera como fertilizante natural. Los cultivos de coca no son más que otra de las modalidades de la producción agrícola, con raíces ancestrales y culturales indiscutibles. Lo que los ha hecho ilícitos son los usos capitalistas que los terminaron convirtiendo, en la mayoría de los casos, en componentes esenciales de un proceso capitalista de producción de altísima rentabilidad: el de cocaína. En efecto, de la hoja de coca, luego de un procesamiento primario, resulta la pasta de coca; ésta, sometida a tratamientos químicos, arroja la cocaína, producto de alta demanda en los mercados internacionales.
4.- Sectores del campesinado colombiano y de algunas comunidades indígenas fueron empujados por la dinámica de la acumulación capitalista al cultivo de la hoja de coca. La imposibilidad de acceder a la tierra por la alta concentración de la propiedad latifundista y por el ejercicio secular de la violencia contra el campo, además de ser una de las causas del surgimiento de las guerrillas revolucionarias, propició procesos de colonización a lo largo y ancho del territorio nacional. Decenas de miles de familias de labriegos desposeídos, expropiados y desplazados fueron obligados a ocupar tierras inhóspitas y a adecuarlas para producir el sustento diario, en condiciones no sólo de total abandono estatal, sino sometidos incluso a su continua persecución. Las tierras fértiles fueron reservadas para la agricultura capitalista de plantación o para la ganadería extensiva del latifundio improductivo. La producción campesina emergida de los procesos de colonización, aunque logró garantizar la subsistencia, lo hizo en condiciones de precariedad, pobreza y miseria. Cuando se tuvo la capacidad de producir excedente, éste no pudo ser realizado en el mercado por las inexistentes condiciones de comercialización, incluida la falta de vías y de medios de transporte. En ese contexto, frente al creciente consumo de cocaína en Estados Unidos y Europa y el consecuente mayor estímulo a la producción de esa droga, la demanda por hoja de coca se incrementó igualmente de manera significativa. Entre tanto, la «guerra contra las drogas» en Bolivia y Perú, había generado a lo largo de la década de 1980, un desplazamiento de los cultivos hacia el territorio colombiano. Los campesinos encontrarían en la hoja de coca un cultivo alternativo que, además de no perecedero, gracias a un tratamiento básico, les brindaría la posibilidad de mejorar relativamente sus precarias condiciones de vida y de ingreso.
5.- En muchos de los territorios campesinos en los que se han desarrollado los cultivos de hoja de coca, ha habido una presencia histórica de la guerrilla. En ellos avanzamos hacia la construcción de un nuevo poder y sentamos las bases de un Estado guerrillero en formación, en medio de la más intensa confrontación con las fuerzas militares del Estado. Nuestro Comandante Timoleón Jiménez ha dicho con razón que «no teníamos ni el derecho ni la vocación de volvernos contra la población con miras a prohibirle la única alternativa de que se derivaba su pírrica subsistencia». Nos vimos obligados a establecer un régimen de tributación y de regulación a las transacciones realizadas por los campesinos, siempre pensando en sus derechos, protegiéndolos frente a abusos de intermediarios y narcotraficantes, sin desatender nuestro propósito político mayor: La toma del poder y la construcción de la Nueva Colombia.
6.- Las clases dominantes y sus gobiernos de las últimas décadas, en lugar de enfrentar las causas estructurales que dieron origen a los cultivos campesinos de hoja de coca usados con fines ilícitos, esto es, de poner en marcha la realización de una reforma agraria integral, se allanaron por completo a la estrategia imperialista estadounidense de la «guerra contra las drogas». Al tiempo que sectores de ellas se lucraban con sus altísimos rendimientos económicos, encontraron en esa guerra nuevos argumentos para dar continuidad a la estrategia contrainsurgente iniciada desde la heroica resistencia de Marquetalia, promovieron alianzas con el narcotráfico, contribuyeron directa e indirectamente a la creación de estructuras mafiosas, desarrollaron nuevas formas del terrorismo de Estado al participar activamente en la conformación de organizaciones narco-paramilitares, y activaron toda una maquinaria de destrucción, persecución, estigmatización y criminalización contra el campesinado, así como de depredación socioambiental a través de fumigaciones aéreas indiscriminadas con glifosato, que han producido daños de difícil -pero necesaria reparación- sobre la vida humana, vegetal y animal. Todo ello, con el continuo apoyo y financiación del gobierno de los Estados Unidos. Expresión de ello ha sido el fracasado Plan Colombia con todos sus relanzamientos y nuevas denominaciones.
7.- Es indiscutible que se está frente a un incremento del consumo de drogas sico-activas a nivel mundial y de manera especial en los países del capitalismo central. Son múltiples las causas que lo explican; pero en lo esencial, más allá de situaciones particulares, éstas se encuentran en la naturaleza misma de la sociedad capitalista que no ofrece una perspectiva humana y humanista frente a la vida y el trabajo, especialmente para las nuevas generaciones. Las rentabilidades espectaculares que produce el consumo han desatado múltiples fuerzas para estimularlo y ampliarlo a través de los más variados mecanismos, constituyendo organizaciones empresariales criminales orientadas a ese propósito. El prohibicionismo es una fiel representación de la doble moral promovida por la formación capitalista. Al tiempo que se estimula el consumo por los rendimientos que éste produce, se persigue, estigmatiza y criminaliza a los consumidores, convirtiéndolos en foco de las políticas de «seguridad ciudadana»; en sentido estricto, en objetos de políticas de dominación y control social. En lugar de tratos en términos de salud pública, la «guerra contra las drogas» resulta útil en este aspecto para promover el proceso de militarización de la vida social.
8.- Tras décadas de «guerra contra las drogas», sus beneficiarios saltan a la vista y no han sido precisamente los campesinos, ni los consumidores, ni las guerrillas revolucionarias. La presencia e intervención militar estadounidense se han intensificado hasta poner a disposición gran parte del territorio nacional al servicio de sus intereses geopolíticos; la desocupación forzada de territorios ha generado desplazamientos internos y producido alistamientos para la explotación de la riqueza natural minero-energética por parte de empresas transnacionales, el desarrollo de megaproyectos infraestructurales y la promoción de cultivos de larga duración para la producción de agrocombustibles; el negocio financiero se ha visto incentivado por la incorporación de los capitales ilícitos en sus circuitos. La vinculación obligada de sectores del campesinado en la empresa capitalista transnacional de las drogas ilícitas no ha sido para su provecho. De ahí el interés por desarticularse de ella, como se ha visto a lo largo de la historia reciente en recurrentes movilizaciones campesinas en las que se ha demandado la atención estatal frente a este problema social y se han formulado numerosas propuestas para un tratamiento alternativo.
9.- De nuestra parte, desde la Octava Conferencia Nacional realizada en 1993, hemos insistido en que este problema, de naturaleza social, no puede ser resuelto por la vía militar. Esta posición la reafirmamos en los diálogos de San Vicente del Caguán, en los que nuestro Comandante Manuel Marulanda Vélez presentó los fundamentos de una propuesta de desarrollo alternativo, que continúa vigente en aspectos esenciales y sirve de referente para ser complementado y rediseñado en La Mesa de conversaciones. La inclusión de este tema en la Agenda pactada por la partes es un reconocimiento del fracaso de la política antidrogas y de la necesidad de encontrar, también en este campo, una salida que contribuya a poner fin a la profunda injusticia a la que han sido sometidas las comunidades campesinas. Las propuestas que presentaremos recogen no sólo las aspiraciones inmediatas del campesinado en esta materia, sino aquellas con las que nos hemos comprometido a lo largo de nuestra lucha. También expresan nuestra preocupación por considerar el consumo de drogas sicoactivas desde la perspectiva de la salud pública. Aspiramos a un país sin coca, a la que se le den usos ilícitos; aspiramos a un país con coca para usos alimenticios, medicinales e industriales, y de reconocimiento pleno y respeto a los usos culturales que nos enseñan nuestras comunidades indígenas ancestrales. Deseamos un país sin cocaína, aunque somos conscientes que ello depende más bien de regulaciones y definiciones de alcance global por parte de todos los Estados que de manera directa o indirecta se encuentran involucrados en la organización de esta empresa capitalista transnacional de carácter criminal. Dado el reconocimiento en múltiples sectores de la opinión pública mundial, del fracaso de la «guerra contra las drogas» y de las políticas prohibicionistas, en la actualidad existen condiciones para abordajes de la solución al problema de las drogas ilícitas más ceñidos a la realidad, incluidos los enfoques de salud pública y las políticas contra el lavado de dinero.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP