Durante estos días hemos escuchado en la Mesa de conversaciones a expertos en el tema «solución al problema de las drogas ilícitas». La ronda se inició con altos funcionarios de la oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito, conocedores, ante todo, del problemático asunto del lavado de activos y de la captación […]
Durante estos días hemos escuchado en la Mesa de conversaciones a expertos en el tema «solución al problema de las drogas ilícitas». La ronda se inició con altos funcionarios de la oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito, conocedores, ante todo, del problemático asunto del lavado de activos y de la captación de ganancias criminales por parte del sector financiero, protagonista principal, casi nunca mencionado, del flagelo del narcotráfico.
A través del Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional, expusieron sus visiones en torno al asunto, los profesores, Darío Fajardo, Ricardo Vargas, Francisco Thoumi, Rodrigo Uprimny y Alfredo Molano.
Las FARC-EP agradecen públicamente los inmensos aportes teóricos de estos académicos y las experiencias transmitidas por campesinos del Meta, Guaviare y Cauca, que con optimismo vinieron a La Habana a contribuir en la construcción de un acuerdo de paz.
Aprovechamos este cierre de ciclo para agradecer también las propuestas que el pueblo colombiano nos aproximó a través de los foros que sobre el tema en discusión se hicieron en Bogotá y San José del Guaviare, los cuales confirman que la estrategia antidrogas del gobierno, que pone énfasis en prácticas de erradicación forzada y fumigaciones aéreas, es un fracaso.
Todos los estudiosos coinciden en que esta política solamente ha servido para hacerles más rentable el negocio a los narcotraficantes y banqueros corruptos, porque si bien se han reducido los cultivos, al mismo tiempo se ha aumentado su productividad, mientras crece la miseria de los campesinos cultivadores.
Con la perversa excusa de la lucha contra el narcotráfico, no se debe seguir haciendo la guerra a las comunidades rurales solo para despojarlas de la tierra y seguirle abriendo paso a las multinacionales que saquean las riquezas de muestro país.
Si en verdad se quiere dar solución al fenómeno de los cultivos de uso ilícito se debe comenzar por entender que este es un problema social; es la miseria impuesta por la política neoliberal del régimen la que ha empujado a una inmensa masa de pobres a tener que sobrevivir vinculándose a ésta y otras economías ilegales. Y no debemos olvidar nunca que en el fondo de esta triste historia está presente el problema no resuelto de la reforma agraria.
Así las cosas, el tratamiento punitivo y militar que reciben los pobres del campo es otra perversidad de quienes desde el régimen siguen acaparando la tierra, extranjerizándola, en detrimento de la soberanía nacional y el bienestar de las mayorías. El país entero debe exigir la reforma agraria inmediata que acabe con el latifundio, redistribuya, restituya y formalice la propiedad de la tierra en beneficio de las inmensas masas rurales, respecto a las que cada día es más urgente destinar verdaderos programas, no de consolidación militar, sino de inversión social, que les lleve por fin la vivienda digna, la salud, la educación, y el buen vivir en general.
Estamos absolutamente seguros que concertar con las comunidades y entregar la tierra y posibilidades dignas de existencia a las gentes del campo, es la mejor manera de sacarlos de cualquier práctica ilegal de producción. Por eso conminamos al gobierno a que, como parte de una efectiva reforma agraria, se comience por entregar el millón de hectáreas de tierra que acaparó violentamente el paramilitar esmeraldero, Víctor Carranza. En la misma dinámica, que prosiga sin temor, destinando al menos 20 millones de hectáreas de los 40 (tercera parte del territorio nacional) que han acumulado los latifundistas ganaderos mediante prácticas de despojo y muerte.
No queremos cambios cosméticos, sino reformas estructurales que el pueblo deberá refrendar asumiendo de manera plena su poder creador y su condición de soberano, para lo cual no hay manera diferente que la realización de una Constituyente.
En tal sentido las FARC-EP no quieren terminar este ciclo sin presentar a consideración del país sus Doce propuestas mínimas para una Asamblea Nacional Constituyente para la paz, la democratización real y la reconciliación nacional.
1. Proceso de paz y poder constituyente.
En consideración a la oportunidad histórica sin igual de un Acuerdo final que permita avanzar hacia la construcción del noble propósito de la paz con justicia social, la democratización real y la reconciliación nacional; de dejar a un lado las fuerzas militaristas y de ultraderecha empecinadas en una prolongación indefinida de la confrontación armada; de dotar dicho Acuerdo con la mayor participación social y popular y legitimidad posible, se apelará a la voluntad del pueblo soberano, al poder intrínseco del constituyente primario y soberano. Todo ello, en consonancia con lo señalado en el preámbulo del «Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, firmado por las FARC-EP y el Gobierno nacional», el 26 de agosto de 2012, cuando estipula que «la construcción de la paz es un asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos (…)».
2. Convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para la paz.
Se convocará la Asamblea Nacional Constituyente como máxima expresión del constituyente primario y soberano.
3. Gran acuerdo político nacional para una Asamblea Nacional Constituyente.
La convocatoria se fundará en un «Gran Acuerdo político nacional para una Asamblea Nacional Constituyente», concebido como expresión de la voluntad política colectiva y del compromiso de las fuerzas políticas, económicas, sociales y culturales de la Nación para contribuir a la construcción de un Acuerdo final. El propósito del mencionado gran acuerdo consiste en darle viabilidad jurídica y política a la iniciativa; establecer los criterios para el logro de la más amplia movilización y participación social y popular; concertar propósito y principios, naturaleza, composición, materia y alcances legislativos de la Asamblea, sin perjuicio de las definiciones propias del constituyente soberano. El «Gran Acuerdo político nacional» se comprende como una expresión elevada de la participación social en la construcción del Acuerdo final…
4. Movilización social por una Asamblea Nacional Constituyente.
Para tal efecto, se activarán los dispositivos comunicacionales a que hubiere lugar, incluida su financiación. De manera especial, se estimulará la participación de los sectores sociales excluidos, discriminados y segregados, comprendidas las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes. La generación de condiciones para transitar hacia la paz con justicia social exige la mayor legitimidad.
5. Poderes públicos y Asamblea Nacional Constituyente.
En el entendido de que el alzamiento armado no ha sido contra algún gobierno en particular, sino contra el Estado en su conjunto, el «Gran acuerdo político nacional» debe comprometer a todos los poderes públicos, sin perjuicio de las facultades y funciones que les han sido conferidos. La convocatoria y realización de una Asamblea Nacional Constituyente han de ser expresivas de una voluntad de Estado en la búsqueda de un bien común mayor: la paz con justicia social, estable y duradera.
6. Diseños normativos.
En reconocimiento del origen político del derecho, harán parte del «Gran acuerdo político nacional» los diseños normativos, incluidos las reformas, el procedimiento y los tiempos a que hubiere lugar, para darle una viabilidad jurídica y política a la convocatoria y realización de una Asamblea Nacional Constituyente.
7. Propósito y principios.
1. Definir los fundamentos normativos para la reconciliación nacional y una paz con justicia social, estable y duradera.
2. Preservar y reafirmar el compromiso con el catálogo de derechos de la Constitución de 1991, incluido el reconocimiento de los derechos de las minorías y de las comunidades indígenas y afro descendientes.
3. Sentar las bases normativas para una profundización real de la democracia política, económica, social y cultural.
4. Reafirmar los principios universales de soberanía y autodeterminación en lo concerniente a la búsqueda de alternativas entre el bien común de la paz y la denominada justicia transicional.
… La Constitución que surja del proceso constituyente será el verdadero Tratado de paz, justo y vinculante, que funde nuestra reconciliación y rija el destino de la nación colombiana.
8. Naturaleza de la Asamblea Nacional Constituyente.
La Asamblea Nacional Constituyente posee un doble carácter. Es una Asamblea de refrendación de acuerdos, en la medida en que éstos comprometan el orden constitucional vigente o de acuerdos no logrados en la Mesa de diálogos, frente a lo cual se atenderá la voluntad del constituyente primario y soberano. La Asamblea es también de proyección y expansión democrática real de asuntos propuestos por el constituyente primario y soberano. En todo caso, al momento de refrendación de la ley de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente también se someterán a consideración los temas que hayan sido acordados entre el Gobierno y las FARC-EP. Dichos temas no serán objeto de estudio por parte de la Asamblea.
9. Composición.
Las Asamblea Nacional Constituyente será conformada con 141 integrantes; combina un carácter estamental, asignando cuotas de participación, con uno de elección general. Con miras a garantizar la más amplia participación social y popular y la mayor representatividad y legitimidad posibles, la Asamblea estará compuesta por representantes de las fuerzas guerrilleras que se han encontrado en la condición de alzamiento armado contra el Estado, en número que será definido como parte de un eventual Acuerdo final; por representantes de las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes, por representantes de los trabajadores organizados; de las víctimas del conflicto; de las mujeres organizadas; de los estudiantes organizados; de las comunidades LGTBI; de los militares retirados; de los nacionales residentes, refugiados, o exiliados en el exterior; y el resto, por representantes de las fuerzas políticas, económicas y sociales de la Nación.
10. Designación y elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente.
Los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente serán escogidos por designación directa o mediante elección popular, según el caso. Los miembros designados de manera directa corresponden a las fuerzas guerrilleras que se han encontrado en la condición de alzamiento armado contra el Estado. La designación directa se ejerce en representación de la totalidad de los combatientes, como reconocimiento y parte del tránsito al ejercicio pleno de la política, y en atención a las previsibles condiciones de asimetría en la competencia política. Los miembros escogidos mediante elección popular serán de dos tipos. Los electos en circunscripciones especiales, las cuales serán creadas en reconocimiento de una historia de exclusión, segregación y abandono estatal, y de la asimetría en la competencia ele