Cualquier balance serio de los acontecimientos del país durante el 2013 debe considerar la nutrida cantidad de movilizaciones impulsadas por trabajadores. Tanto en la minería como en el retail, pasando por Correos de Chile y los trabajadores portuarios, el movimiento sindical parece estar retomando poco a poco una tradición de combatividad y lucha, con mayor […]
Cualquier balance serio de los acontecimientos del país durante el 2013 debe considerar la nutrida cantidad de movilizaciones impulsadas por trabajadores. Tanto en la minería como en el retail, pasando por Correos de Chile y los trabajadores portuarios, el movimiento sindical parece estar retomando poco a poco una tradición de combatividad y lucha, con mayor o menor visibilidad y resultados para sus demandas.
Nada parece asegurar que esta tendencia vaya a detenerse durante el presente año. Como se ha explicado en una columna anterior (ver: www.cipstra.cl/analisis-de-propuestas-presidenciales-v), con la reciente asunción de la nueva presidenta Michelle Bachelet cabe percatarse que los cambios que buscará promover el gobierno en el ámbito laboral distan mucho de los anhelos de los trabajadores, no resolviendo temas elementales como el hecho de que Chile sea uno de los pocos países en el mundo que permite el reemplazo de trabajadores durante una huelga legal, o que las materias que se tratan en las negociaciones colectivas sean en la práctica definidas sólo por el empleador, etc. Tampoco hay un esfuerzo sustantivo en su programa por resolver el problema de la subcontratación, ni las limitadas condiciones de sindicalización, ni mucho menos de fortalecer el rol de los trabajadores como un interlocutor relevante en la definición de las políticas públicas.
Afortunadamente, varios de estos temas ya son parte habitual de las discusiones y demandas de un pequeño pero creciente sector de los trabajadores. También hace rato son motivo de preocupación para la izquierda en general el bajo índice de sindicalización, que hacia el 2012 rodeaba apenas el 12% del total de la fuerza de trabajo ocupada[1], y la insuficiente cobertura de la negociación colectiva, que solo alcanza el 54% de los trabajadores ocupados[2]. La presente columna, sin embargo, no pretende profundizar estos aspectos, sino más bien ampliar el debate hacia desafíos que siguen abiertos y con un lamentable bajo perfil en lo que concierne a un sindicalismo con un proyecto de fortalecimiento estratégico de la clase trabajadora.
Existen tres sectores de trabajadores cuyos problemas deben necesariamente incluirse en el programa de las significativas transformaciones en el ámbito laboral en el corto y mediano plazo: el primero es el de los trabajadores vinculados al mundo rural y a las actividades silvoagropecuarias; el segundo se refiere al sector del servicio público y los trabajadores del Estado; el tercer sector es el de los trabajadores y trabajadores de pequeñas y medianas empresas (PYMES).
El sector de trabajadores rurales
Para muchos, el mundo rural pertenece al «pasado» o se le asocia con un «atraso» que debe modernizarse. Sin duda es bastante escasa la atención que han suscitado los trabajadores y trabajadoras rurales, no figurando prácticamente en ningún programa de gobierno, ni habiendo proyectos de ley que pretendan mejorar radicalmente sus condiciones de vida. A contrapelo, hace pocos años el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) consignó que, lejos de reducirse, la población chilena vinculada directa o indirectamente a los territorios que giran en torno a las actividades de agricultura, agroindustriales y forestales típicas del modelo agroexportador, ascienden a los seis millones, es decir, más de un tercio del país.
Como es de esperar, un sector tan numeroso y poco abordado por el mundo político, será más fácil que se encuentre bajo diversas y profundas formas de explotación. No es la intención de estas líneas hacer una radiografía exhaustiva de sus condiciones laborales, pero sí amerita señalar que se trata de una realidad complicada, ante la cual las y los trabajadores se encuentran en una situación de desprotección y falta de herramientas para dar vuelta su situación, como muestra el siguiente cuadro donde destaca la ínfima fracción de trabajadores involucrados en huelgas:
Un análisis detallado de la «cuestión social» de estas/os trabajadores (del que ya existen algunas aproximaciones en el mundo académico) nos podría dar luces acerca de los problemas específicos que requieren tratamiento legislativo. Sin embargo existe un requisito previo sin el cual las mejores intenciones irán a parar probablemente a un saco roto: es imprescindible que los trabajadores, trabajadoras y sindicatos más fuertes y adelantados en términos políticos levanten desde ya, como un primer paso, las banderas de una nueva ley de sindicalización obrero-rural (concepto que refiere a la misma relación de producción que los urbanos), que proporcione un piso razonable desde el cual los/as mismos/as trabajadores/as de los sectores rurales puedan organizarse y presionar por sí mismos/as por sus demandas, que son quienes mejor las conocen. Solo de este modo se estará abriendo un camino con reales posibilidades de éxito para mejorar su situación objetiva.
Lo planteado parece tan obvio que surge inmediatamente la pregunta de por qué no se ha hecho. De entre las razones, hay que considerar la presión de los sectores empresariales de la exportación, que requieren de la situación paupérrima de sus trabajadores y trabajadoras para mantener sus ganancias, tanto más cuando la política económica no les favorece, además del eterno recurso a la supuesta «especificidad» del trabajo rural, que implicaría la imposibilidad de darle estabilidad y protección a sus puestos de trabajo. Todos estos argumentos no mostrarían una realidad radicalmente diferente a la de comienzos de la segunda mitad del siglo XX, cuando durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva se aprobó una ley que incorporó de golpe al mundo sindical a más de 250.000 campesinos entre 1967 y 1973, venciendo las resistencias del gremio empresarial rural. Sin embargo, es necesario matizar que a fines de los 60 los que se manifestaban en contra de la sindicalización y la reforma agraria eran los terratenientes, una clase que ya se encontraba venida a menos a esa altura, mientras que la burguesía nacional y los trabajadores estaban de acuerdo con la modernización en el campo pues el modelo hacendal no satisfacía las necesidades de alimentos de los obreros urbanos, lo que encarecía los salarios. Hoy en día no existen alianzas que apoyen a los movimientos campesinos y rurales, debido principalmente a que la sindicalización de los obreros agrícolas afectaría ya directamente a la burguesía agroindustrial.
Por lo tanto, se hace necesario, por un lado, que se logre una organización entre los/as obreros/as rurales (que comprenden tanto a aquellos/as que viven en el campo, como a los/as que aunque vivan en sectores urbanos se desempeñan en trabajos relacionados a la agroindustria, la agricultura o la industria forestal) que pueda devenir en acciones capaces de hacer presión a la burguesía agroindustrial, considerando que actualmente dichas organizaciones no existen bajo la forma de sindicatos ni de agrupaciones de trabajadores/as.
Los trabajadores de la administración del Estado
Aun siendo el Estado neoliberal chileno relativamente pequeño, la cantidad de trabajadores/as que se desempeñan en él (gobierno central más municipios) es cercana a los 380 mil, de los cuales al menos 70 mil trabajan a honorarios, es decir, sin un contrato definido que les proporcione garantías mínimas de protección laboral ni posibilidades de organización; además existen cerca de 136 mil trabajadores a contrata, es decir, con posibilidades inciertas de renovación a fin de año y peor situación que los de planta. Esta situación se agrava más cuando se cae en la cuenta de que los trabajadores y trabajadoras de este sector no tienen derecho a formar sindicatos, ni a participar en huelgas ni a paralizar, siendo consideradas todas estas manifestaciones (que ocurren de hecho) como ilegales.
Como se puede apreciar en el Cuadro 2, la tendencia es un aumento sostenido de los trabajadores a Contrata y Honorarios, y un estancamiento de los trabajadores de planta (no hay un retroceso tan marcado por las dificultades a la hora de despedirlos) por una razón bien simple: permite abaratar costos por un lado, y debilitar su organización gremial por el otro, ya que al ser el Estado un prestador monopólico de diversos servicios de alta demanda, el poder de negociación de los funcionarios estatales tiende a ser muy alto en sectores específicos cuando se les permite constituirse como sujeto. Fue justamente este poder de negociación el que permitió a los/as trabajadores/as municipales, demostrar (en el conflicto municipal de fines del 2013) que a pesar de todas las trabas que enfrentan, es posible formar organizaciones propias que permitan instalar sus demandas sobre la mesa, aun siendo el eslabón más castigado de la administración pública.
Ante la situación planteada, ¿Qué alternativas se abren en el mediano y largo plazo? Tomando en cuenta que muchos de los problemas se arrastran desde la Dictadura, cuando entre los objetivos del modelo pinochetista estaba el debilitamiento, disgregación y atomización de los actores sociales por medio de la municipalización en todo orden de servicios, justamente conviene mirar el ejemplo de cómo los trabajadores y trabajadoras de la salud municipal, organizados en la CONFUSAM lograron para su sector un «Estatuto de Atención Primaria», que les otorga acceso a la gran mayoría de los derechos de sus pares de planta del nivel central. De este modo se puede tomar nota de un camino posible por medio de un Estatuto Administrativo Especial para los/as trabajadores/as tercerizados/as, partiendo de la constatación de que su situación deriva de una injusticia que es necesario reparar. Para ello, será necesario que se logren organizar a nivel nacional y en sentido amplio con otros/as trabajadores/as estatales en situación similar, y que planteen una lucha política en colaboración con sindicatos de otros sectores de la economía más adelantados, con un programa claro y que privilegie su derecho a organizarse, ejerciendo así una presión que haga inviable que el gobierno los ignore. También puede ser de suma utilidad mirar el ejemplo de otros países latinoamericanos como Uruguay, donde la sindicalización y negociación colectiva del sector es obligatoria.
Los trabajadores de las PYMES
La última Encuesta Anual de las Pequeñas y Medianas Empresas (2006) afirma que 4 de cada 10 trabajadores/as chilenos/as tiene su empleo en una PYME, aunque sin duda el dato está subestimado por excluir a las PYMES informales, con las cuales se llegaría a por lo menos 7 de cada 10 trabajadores[3]. Al mismo tiempo, las grandes empresas aportan el 80% del PIB comparado con el 20% de las PYMES, lo que indica claramente que en las últimas se concentra la mayor cantidad de trabajadores del país, y que al mismo tiempo son las unidades productivas menos eficientes.
Hay muchas razones para explicar esta situación, pero probablemente la más importante sea el hecho de que al contar con capitales pequeños, las PYMES no están en situación de invertir en maquinaria o innovaciones productivas de última generación que las hagan competitivas a nivel de mercado. Pero esto no es un simple designio del destino: también corresponde a un modelo económico en el que, al mismo tiempo que se incita al emprendimiento con promesas de prosperidad y un futuro mejor, en última instancia se favorece a las grandes empresas de modo que las pequeñas y medianas sean meros surtidores de determinados productos intermedios, o bien externalizaciones de antiguos procesos integrados en las grandes empresas que han sido desplazados a empresas pequeñas para reducir costos, quitándose de encima la pesada carga de los derechos de los/as trabajadores/as ganados con sus luchas.
Con todo, en buena medida las PYMES son una caja negra: no existen estadísticas fiables y actualizadas que indiquen su real situación, y apenas es posible aproximarse a las condiciones laborales de manera indirecta con encuestas nacionales como la CASEN. Datos de huelgas prácticamente no existen, así como de cantidad de sindicatos, y ni hablar de modalidades de acción y grandes triunfos.
A pesar de esto, se puede aseverar que la cantidad de trabajadores y trabajadoras por unidad productiva en el mundo de las PYMES hace inviable o inútil un sindicalismo «por empresa» en la mayor parte de los casos, y esto lo saben bien los empleadores que se apoyan en esta realidad objetiva para desdeñar el derecho a la organización de los/as trabajadores/as. Pero de lo que no se percatan (o no quieren percatarse), es que los/as obreros/as del sector pueden perfectamente articularse y formar organizaciones de productores de forma horizontal, es decir, entre PYMES con trabajadores y trabajadoras de características, sectores y situaciones similares, o bien vertical, entre trabajadores/as miembros/as de PYMES con distintos rubros pero orientados a satisfacer la demanda de alguna gran empresa en común.
Para lograr cualquiera de estas dos alternativas, hace falta una capacidad organizativa muy alta, que logre imponer por medio de la masividad y la acción directa el respeto de los puestos de trabajo; en la misma línea, será imprescindible contar con el apoyo de los/as trabajadores/as organizados/as de las grandes empresas, en acciones solidarias que le entreguen a federaciones de PYMES un piso político mínimo para plantear cualquier programa de lucha. La misión en este sentido es tejer desde ya las grandes redes que requerirán estos/as trabajadores/as, y la articulación con sindicatos más sólidos y constituidos en las grandes empresas que puedan acompañar sus luchas.
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Como se puede apreciar, en los tres casos hablamos de posiciones laborales complejas en la economía, de las cuales se han aprovechado los empresarios y la negligencia estatal para mantener a importantes franjas de trabajadores y trabajadoras en una situación insostenible que debe revertirse cuanto antes. Los sindicatos con perspectiva clasista deben hacer suyas estas banderas desde ya y fomentar los procesos de politización de estos/as trabajadores/as. Asumiendo y resolviendo positivamente sus luchas, estos sectores irán engendrando nuevos desafíos y contradicciones que, en última instancia, apuntarán a los problemas estructurales de un modelo económico concebido para favorecer a minorías y no a las masas. En este sentido, se trata de luchas que, para obtener una real victoria, requieren dar el salto desde lo meramente corporativo hacia la gran política. He ahí también su potencial.
[1] www.dt.gob.cl/documentacion/1612/w3-article-62614.html
[2] Según la Nueva Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadísticas.
[3] Las PYMES, de acuerdo a la SOFOFA, son aquellas empresas cuyo tramo de ventas anuales oscila entre los 2.400 y 25.000 UF (pequeñas empresas) y 25.000 y 100.000 UF (medianas empresas): www.ine.cl/filenews/files/2008/abril/pdf/pymepagapag.pdf