El gobierno nacional de Juan Manuel Santos de manera trampera y engañosa viene impulsando desde el pasado 12 de septiembre de 2013 la propuesta denominada Pacto Agrario. Vendiéndola como la «gran revolución del campo colombiano»1 para superar la deuda histórica del Estado para con los campesinos, andan de pueblo en pueblo con culebreros muy bien […]
El gobierno nacional de Juan Manuel Santos de manera trampera y engañosa viene impulsando desde el pasado 12 de septiembre de 2013 la propuesta denominada Pacto Agrario. Vendiéndola como la «gran revolución del campo colombiano»1 para superar la deuda histórica del Estado para con los campesinos, andan de pueblo en pueblo con culebreros muy bien adiestrados citando a las comunidades en los Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR) para «meterlos» al pacto. Lo cierto es que «el tal pacto agrario» ni es participativo ni busca resolver los problemas estructurales del campo colombiano, como lo expresa el gobierno en sus pronunciamientos públicos y documentos.
El Pacto Agrario resulta ser un artilugio de reencauche de la fallida locomotora neoliberal agropecuaria; un salvavidas lanzado por el gobierno para evitar el hundimiento del Estado caduco que defiende ante la imponente fuerza demostrada por el campesinado y los sectores populares movilizados en el pasado paro nacional agrario, plagado de mentiras y falsas promesas que en el fondo ocultan la pretensión histórica de acabar con las formas sociales de producción campesinas, indígenas y afros, para finalmente imponer el modo de producción capitalista en los territorios de dichas comunidades.
Esto último se hace evidente en el discurso utilizado por el ministro Lizarralde y replicado por el Sr. James Ávila de la Secretaría de Agricultura y Pesca del Valle del Cauca, SAP, ante el CMDR del municipio de Tuluá, cuando pregonaron a los cuatro vientos que el campesinado para superar su situación de pobreza y atraso debe «ver la tierra como negocio», que para salir adelante el campesinado debe «ser competitivo y volverse un empresario del campo».
Esta clásica formula de la burguesía y las clases dominantes de mostrar sus intereses particulares como los intereses de todo el pueblo, diciéndole a las comunidades rurales que para seguir existiendo deben dejar de ser campesinos, indígenas o afros, debe ser desenmascarada y denunciada por las organizaciones agrarias para evitar que las comunidades terminen legitimando una política que los desconoce como sujetos políticos, que desconoce su territorialidad.
En efecto, el gobierno Santos, sabiendo y utilizando las necesidades presupuestales de las comunidades para poder consolidarse en sus territorios luego de múltiples arremetidas militares y paramilitares, pone por delante supuestos billones de pesos como carnada para que éstas se traguen el anzuelo, avalando la política de mercantilización de la tierra y eliminación de sus economías y valores culturales como principales barreras para el avance del modelo capitalista en el campo colombiano. O acaso qué más implica para los campesinos, indígenas y afros, ver la tierra como un negocio, si no renunciar a su ancestral relación de vida con ella, cortar las raíces que los hacen uno solo con sus vecinos en las veredas, los resguardos o consejos comunitarios, volver cosa lo que los ha determinado en esta vida como tales, volviéndose ellos mismos cosas que se quitan y se ponen en la tierra de acuerdo a las fluctuaciones del mercado o a los usos que el mercado defina para ella. Qué nos quieren decir cuando nos invitan a volvernos empresarios del campo: acaso pretenden que salgamos de saco y corbata al tajo, o es que nos quieren de «colaboradores» en sus alianzas productivas al estilo del cerdo y la gallina.
Ante esta iniciativa, que por supuesto está ligada a los planes de consolidación de las fuerzas militares y la política de re-primarización de la economía nacional, el deber de las comunidades, sus organizaciones y líderes, es mantener la resistencia en defensa de sus territorios, recuperando las tradiciones y valores de solidaridad y cooperación que han caracterizado históricamente tanto a campesinos como indígenas y afros en Colombia, así como creando nuevos valores que superen el moralismo hipócrita infundido por los burgueses y terratenientes, con los que vayamos moldeando esa nueva sociedad que estamos ayudando a gestar. Pero a su vez, es necesario construir y consolidar un poder popular desde abajo que no reproduzca los vicios del actual régimen político: caudillista, corrupto y clientelar, que convirtió a los habitantes del campo y la ciudad en mendigos del Estado; sino que sea cogestor en la emancipación de los sujetos para su participación consciente y creadora de esa Colombia Nueva que todos soñamos.
En ese sentido, es imperativo continuarle apostando a la constitución de la Zona de Reserva Campesina del municipio de Tuluá, que pretende abarcar la zona media de la montaña tulueña, incluyendo 11 corregimientos y más de 5000 habitantes, es una clara propuesta que ubica el factor territorial como elemento estratégico en la lucha por la paz con justicia social.
NOTAS:
1 Palabras del Sr. James Avila en su presentación del pacto agrario ante el CMDR de Tuluá el 7 de abril del 2014.
(*) Harold Ordoñez Botero es miembro del Equipo Técnico de la Coordinación Campesina del Valle del Cauca (CCVC). Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano – PUPSOC. Valle del Cauca.
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