El 26 de agosto de 2012, en La Habana, Cuba, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno de Colombia suscribieron un histórico y esperanzador «Acuerdo general para la terminación del conflicto». El 18 de octubre de ese año dieron inicio «conversaciones directas e ininterrumpidas sobre los puntos de […]
El 26 de agosto de 2012, en La Habana, Cuba, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno de Colombia suscribieron un histórico y esperanzador «Acuerdo general para la terminación del conflicto».
El 18 de octubre de ese año dieron inicio «conversaciones directas e ininterrumpidas sobre los puntos de la agenda», que se han conocido como los diálogos de La Habana, «con el fin de alcanzar un Acuerdo Final para la terminación del conflicto que contribuya a la construcción de la paz estable y duradera».
Los puntos de la agenda son: 1. Política de desarrollo agrario integral; 2. Participación política; 3. Fin del conflicto; 4. Solución al problema de las drogas ilícitas; 5. Víctimas; e, 6. Implementación, verificación y refrendación.
Distintos retos se han tenido que superar en el objetivo de garantizar «la efectividad del proceso y concluir el trabajo sobre los puntos de la agenda de manera expedita y en el menor tiempo posible», y, a pesar de las visiones distintas de lo que significa «en el menor tiempo posible», se han alcanzado una serie de acuerdos en los primeros dos puntos de agenda.
Las más diversas organizaciones políticas y sociales, dentro y fuera de Colombia, siguen y apoyan solidaria y activamente estos diálogos, haciendo parte de las amplias, masivas y populares movilizaciones para presionar al gobierno de Juan Manuel Santos para que asuma seriamente la generación de condiciones y garantías para lograr un acuerdo de paz sobre bases sólidas de democracia verdadera, justicia social y soberanía.
Las FARC-EP resaltan que sus banderas históricas «están en el primer orden de la lucha política», por lo que el gobierno sabe que «nunca hemos estado ni estaremos en plan de rendición», y que «la única salida que queda es resolver los problemas que generaron el conflicto».
Patentizando el compromiso con los diálogos de paz, una comisión del Partido Comunista de Venezuela (PCV), encabezada por su secretario general, Oscar Figuera, sostuvo reuniones en la capital cubana con la Delegación de Paz de las FARC-EP, organización guerrillera que el próximo 27 de mayo arribará a sus 50 años.
En el marco de estas reuniones, Tribuna Popular realizó una entrevista exclusiva a Iván Márquez, miembro del Secretariado de las FARC-EP, y Jesús Santrich, del Estado Mayor Central, que seguidamente reproducimos de manera íntegra:
TP: El acuerdo general suscrito con el Gobierno colombiano se plantea la «terminación del conflicto», ¿la toma del poder político y la construcción del socialismo son aún los objetivos de las FARC-EP?
-Lo que en la mesa estamos debatiendo son puntos de aproximación para resolver lo esencial en cuanto a las causas de la miseria, la desigualdad y la falta de democracia, recogiendo sobre todo las iniciativas populares en este campo.
Tenemos claro que no vamos a hacer la revolución en la mesa, pero tampoco se trata de que el gobierno vaya a obtener una paz barata, sin cambios en las injustas estructuras. Estos dependen de la acción organizada de las masas; por ello lo que colocamos como material de discusión, son propuestas mínimas, y no nuestro programa revolucionario hacia el socialismo, al cual no vamos a renunciar nunca.
TP: ¿Qué entienden ustedes por «terminación del conflicto»?
-El fin del conflicto tiene dos niveles precisos: uno es la terminación de la confrontación militar propiamente dicha, y otro, el fin de la confrontación social que se deriva de los profundos problemas de orden político, económico y social que padecen las mayorías.
Combinando ambos factores, la terminación del conflicto significaría iniciar un largo periodo de tregua bilateral que permita materializar los compromisos concretos de cambio que se logren en la mesa, pero contando con la participación activa, protagónica del movimiento popular.
Esto seguramente tendrá que estar acompañado de un proceso constituyente que reconfigure el ordenamiento político-social del país. En Colombia se deben crear condiciones y garantías para la existencia de una democracia real que posibilite la solución civilizada de las expectativas de las comunidades.
TP: Ha pasado un año y medio desde la firma del acuerdo general, ¿ustedes se mantienen optimistas con las posibilidades de lograr una «paz estable y duradera»?
-Hemos alcanzado dos acuerdos parciales, muy importantes, sobre transformación agraria y participación política, y estamos a punto de lograr algo similar respecto al tema de la sustitución de los cultivos de uso ilícito que hace parte de un problema social mayor, que es el narcotráfico, el cual ha tocado a todo el tejido social y cruza el conjunto de la institucionalidad en Colombia.
Esto, y el respaldo inmenso que tanto a nivel nacional como internacional tiene el proceso, nos dan el optimismo para mantenernos en la mesa de diálogo.
TP: ¿En qué temas del diálogo hay mayores diferencias con el Gobierno? ¿Cuáles son los nudos que parecen más difíciles de superar?
-Entre el primero y el segundo punto hemos acumulado 24 salvedades que recogen temas respecto a los cuales hay el compromiso de rediscutirlos y encontrarles salidas, porque en ellos están elementos nodales, insalvables, sin los cuales no se podría cerrar un acuerdo definitivo.
Estas salvedades están publicadas en detalle en nuestros sitios de difusión, pero podemos decirle que las primeras giran en torno a la propiedad, tenencia y uso de la tierra, concretamente en la necesidad de acabar con el latifundio, ponerle freno a la extranjerización de la tierra, para alcanzar una verdadera redistribución que ponga fin a ese escandaloso acaparamiento de tierra que existe en el campo.
En este mismo plano se ubica el problema de los conflictos de uso de la tierra que tienen que ver con la nefasta presencia del latifundio ganadero que acumula casi 40 millones de hectáreas (un tercio del territorio nacional) y con la peligrosa expansión minero-energética que amenaza de manera seria el equilibrio ambiental y la sostenibilidad de la economía.
Anexo está la presencia rechazada de los tratados de libre comercio, la pretensión de establecer el llamado derecho real de superficie, entre otros elementos que apuntan a un campo sin campesinos para abrirle espacio a los intereses de las transnacionales. En este punto, el reordenamiento territorial es de interés fundamental.
Las segundas salvedades se refieren al ejercicio de la democracia, a la reestructuración institucional o del Estado, que de manera urgente reclama Colombia en materia electoral, de justicia, de política económica, de organismos de control, salud, educación, etc., pero especialmente el aspecto de la Doctrina de la Seguridad Nacional, incluyendo los cambios que requieren las normas de seguridad ciudadana, que hoy han criminalizado de manera extrema la protesta social.
No vemos mayor dificultad en que lo mencionado se pueda resolver, porque después de un avance como el que ya tenemos, se debe dar una mayor participación de la ciudadanía, del soberano, y lo lógico es que sea una Asamblea Nacional Constituyente la que, luego de dirimir las diferencias, nos dé un tratado de paz.
TP: ¿Por qué se realizan estos diálogos de paz fuera de Colombia? ¿Hay participación real y efectiva del pueblo colombiano?
-No siempre las FARC han dialogado en territorio colombiano; recuerde que hubo diálogos en Caracas y luego en Tlaxcala, México. La insistencia en que los diálogos se hicieran en Colombia obedecía a que se lograra la mayor participación de las comunidades en la definición de problemas que son de interés nacional. Pero la intransigencia del gobierno a admitir que los diálogos se desarrollaran en el país podía frustrar una posibilidad de reconciliación.
Por esto decidimos no hacer de este tema un asunto de principios, sobre todo cuando se logró convenir que se harían en el territorio nacional foros de discusión y se generarían mecanismos para que la gente pudiera hacer presencia en La Habana. Hasta se nos llegó a prometer vuelos chárter con compatriotas que quisieran participar, lo cual, hasta el momento, no se ha concretado, y más bien se amenazó con judicializar a quienes se trasladaran a Cuba a hablar con la Delegación de Paz de la guerrilla.
Por otro lado, la idea de que la sede fuera Cuba, país garante, con el acompañamiento decidido de Venezuela, brindaba un carácter de seguridad y absoluta confianza respecto al escenario de las conversaciones. De verdad estamos totalmente satisfechos de que estos diálogos de paz se escenifiquen en la isla de la libertad. Las FARC están altamente agradecidas con Cuba, su gobierno y su pueblo, que han acogido con absoluto respeto e imparcialidad a las partes.
Finalmente, creemos que lo que concierne a la participación de la gente en la construcción de acuerdos, ya no tendría como obstáculo la geografía, sino la disposición que exista en el gobierno para incluir las propuestas que las organizaciones sociales y políticas del país han hecho llegar a la mesa. Es necesario que la ciudadanía conozca de los avances y salvedades para que pueda decidir frente a las soluciones, de tal manera que lo que se acuerde responda a los anhelos de las mayorías que claman por cambios estructurales en nuestro país.
TP: ¿Por qué fracasaron los diálogos anteriores? ¿Qué diferencias hay con el proceso actual?
-La Uribe [1984] fracasó porque, luego de firmado el acuerdo y del surgimiento de la Unión Patriótica para hacer política en condiciones de democracia, se produjeron incumplimientos, violaciones a la tregua bilateral y una ola de asesinatos contra dirigentes y militantes del nuevo movimiento, que se convirtió en el genocidio político más grande de la historia reciente de América Latina.
Caracas [1991] y Tlaxcala [1992] fracasaron porque, en vez de resolver los profundos problemas sociales que han generado la confrontación, el gobierno decidió atender al consenso de Washington y darle curso a la apertura económica neoliberal que profundizó las condiciones de miseria y desigualdad en Colombia.
Como lo confesó el propio presidente Pastrana en sus memorias del proceso, el gobierno no buscaba la reconciliación en el Caguán [1998-2002], sino ganar tiempo para la reingeniería del ejército. Necesitaba frenar la dinámica de derrotas sucesivas de ese ejército a manos de la guerrilla y eliminar cualquier expresión de inconformidad relacionada con la profundización del neoliberalismo. No había voluntad de paz en ese gobierno; de hecho, en pleno desarrollo de los diálogos toleró masacres paramilitares contra la población, y una vez los estrategas de Washington tuvieron listo el Plan Colombia, con cualquier pretexto rompió los diálogos y desencadenó la guerra.
A pesar de todo esto, persistimos en encontrar salidas políticas, porque la paz es nuestro propósito estratégico. Vemos que es posible convenir fórmulas para solucionar problemas esenciales sobre la tenencia y uso de la tierra, abrir las puertas a la participación política ciudadana, y generar cambios estructurales que favorezcan a las mayorías; por eso estamos en La Habana.
Si se observa bien, lo común que ha operado como factor de obstrucción y fracaso en los tres intentos de paz a través del diálogo, fue pretender la desmovilización de la insurgencia sin cambios en las injustas estructuras políticas, económicas y sociales.
La diferencia radica en que el gobierno tiene una experiencia; sabe que nunca hemos estado ni estaremos en plan de rendición, y eso le da elementos suficientes para entender que la única salida que queda es resolver los problemas que generaron el conflicto si se quiere edificar la paz sobre bases sólidas.
- Oscar Figuera, Secretario General del Partido Comunista de Venezuela e Iván Márquez, miembro del Secretariado del Estado Mayor de las FARC-EP
TP: El gobierno colombiano se ha negado a aceptar un cese al fuego bilateral y ha persistido en su línea militarista. ¿Piensan ustedes que tiene voluntad real de lograr acuerdos de paz?
-El militarismo es uno de los elementos que habría que eliminar de cualquier escenario de debate político. Cuando el gobierno resuelva dejar atrás el aspecto ya mencionado de la Doctrina de Seguridad Nacional, la concepción del enemigo interno y el paramilitarismo, es decir, la guerra sucia, podríamos decir que ha pasado de la retórica a la práctica en lo que concierne a una voluntad de paz cierta.
Entre tanto nosotros, con las declaratorias de tregua unilateral y muchas otras muestras de deseo de reconciliación, lo que hemos pretendido es contribuir a crear el mejor ambiente para los acercamientos y amainar para la población las duras consecuencias de la guerra. Ojalá el gobierno en algún momento asuma la misma actitud y abandone la vana idea que con presiones militares va a lograr ventajas en la mesa, pues aquí las ventajas no deben ser para ninguna de las partes en particular, sino para el conjunto de la sociedad.
TP: ¿Permitirá la oligarquía colombiana que avancen los esfuerzos de paz y las garantías de participación política democrática?
-La idea de dialogar es precisamente construir los espacios de participación democrática. Esto no es fácil, porque más allá de expresar disposición en el discurso, hay que expresarla en la práctica, y sobre este último aspecto es que estamos llamando la atención. Por eso hemos dicho que se requieren cambios fácticos que trasciendan la retórica gubernamental.
Hasta el momento los asesinatos no cesan, la persecución de los dirigentes populares, los encarcelamientos y la criminalización de la protesta social tampoco, así que nuestro optimismo es moderado porque la realidad, en la que con constancia asoman los dientes del militarismo, llena el camino de incertidumbres.
Nunca hemos olvidado que las élites colombianas son unas élites sanguinarias. Esperamos que la contraparte rectifique y que factores fascistas que atizan la guerra y la degradan, como el uribismo, se terminen de ahogar en su propio fango.
TP: El acuerdo suscrito establece que el Gobierno deberá combatir a las organizaciones criminales, pero son conocidos sus nexos históricos con el paramilitarismo. ¿Qué expectativas tienen de que cumpla este punto?
-Esto tiene que ver con el tema de la doctrina de Seguridad. Si ésta no cambia es imposible que el paramilitarismo o la denominación que le den, como la actual de bandas criminales (bacrim), culmine. Si no hay una decisión política tajante, sencillamente estaríamos abocados a un nuevo fracaso, porque la guerra sucia se erigiría, como lo prevé el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, en el principal obstáculo para la paz. Entonces este es un aspecto que implica no solamente expectativas.
En esto no podemos atenernos sólo a promesas, sino a hechos palpables. La desactivación del paramilitarismo tiene que estar a la vista de todos, y ello implica una depuración de la institucionalidad armada que incluya la desmilitarización del Estado y de la sociedad.
TP: ¿Tienen previsto el tiempo que podrá tomar la firma del acuerdo final?
-A este empeño hay que dedicarle todo el tiempo que se requiera sin ponerlo a depender de premuras electorales, legislativas o de cualquier otro tipo. Es más, la paz debe ser una política de Estado y no obedecer a intereses o caprichos de algún gobierno en particular, pues esta es una confrontación que ya completa medio siglo, y por eso mismo requiere de un análisis reposado de sus causas y soluciones. De nuestra parte, trabajamos incansablemente para que ello suceda en el menor tiempo posible.
TP: Para fortalecer el proceso de paz, ¿qué papel debe jugar el Congreso electo el pasado 9 de marzo?
-El Congreso de la República recién elegido, con pocas excepciones, es la reedición de una institución desprestigiada y corrupta con la que desafortunadamente habrá que contar para hacer cualquier acuerdo político en favor de la paz, pero no en cuanto a que es éste quien va hacer las transformaciones que se necesitan, pues ahí no hay autoridad ni voluntad para que esto sea posible.
No obstante, el mecanismo de refrendación para el proceso debe contar, si seguimos el camino de las formalidades, con el parlamento. Ya está claro que no será a través del referendo [propuesto por Santos el año pasado] que se pretendía imponer para realizarse en estas elecciones. Ese intento definitivamente se hundió. Pero de todas maneras hay que buscar una salida que concilie el sentir del gobierno y el de las FARC, pero sobre todo que abra amplios espacios de participación ciudadana.
Nuestra propuesta es la Constituyente, pero esto es algo para debatirlo, para hacerlo converger con lo que piensa el gobierno y cualquier otra iniciativa que pueda darle protagonismo al soberano, porque en definitiva es el pueblo quien debe sentar la última palabra.
TP: El próximo 25 de mayo son las elecciones presidenciales en Colombia. ¿Qué tanto depende de estas elecciones el proceso de paz?
-Como dijimos hace un rato, la paz como propósito superior debiera contar con una política de Estado y no depender de coyunturas legislativas o electorales o de caprichos de partidos o gobiernos. Todos los candidatos debieran estar comprometidos con el objetivo de sacar adelante los diálogos.
Esperamos que esto sea así, en el entendido que la paz no debe ser de derecha ni de izquierda, para liberales, conservadores, verdes o comunistas; la paz es un derecho de todos los colombianos. Y debe edificarse sobre bases de democracia verdadera, justicia social y soberanía.
TP: ¿Ya han definido la figura o el tipo de organización con el que actuarán políticamente en la vida civil? ¿Qué tácticas -distintas a la lucha guerrillera- se proponen desarrollar?
-El tránsito hacia formas de lucha que no requieran del uso de las armas depende de los cambios fácticos que se logren en materia de democracia y de redistribución de la riqueza; depende de que Colombia retome su independencia y soberanía y el gobierno que se establezca atienda los intereses populares.
Esto no se dará de un día para otro, pero sí implica que debamos experimentar, en medio de la tregua, de manera práctica, que el compromiso del Estado con la paz sea cierto. Para ello, sin duda, tendremos que actuar con los instrumentos de la lucha política abierta, en amplia convergencia con los sectores populares y democráticos del país que hasta ahora el sistema mantiene en situación de exclusión o marginalidad. En ese ejercicio, con seguridad el nombre histórico de las FARC mantendrá su presencia.
TP: ¿La perspectiva real de lograr el fin del conflicto ha incidido en la disposición combativa de la guerrillerada?
-En la conciencia de los guerrilleros de las FARC lo que se inculca, como constante, es que el propósito mayor de nuestra lucha es la paz con justicia social y que las armas son solamente un instrumento para lograrlo en unas circunstancias difíciles, de guerra sucia, de cierre de los espacios de participación, de terrorismo de Estado y asimetrías, pero las armas no son un fin en sí; lo más importante son los propósitos por los que lucha nuestra gente, de tal manera que hay preparación para actuar en cualquier campo, con armas o sin armas. Recuérdese que las FARC son un ejército, pero ante todo, son un partido político revolucionario.
TP: Tras 50 años de lucha, ¿el proyecto político de las FARC-EP sigue vigente y con perspectivas de futuro?
-El programa político de las FARC tiene absoluta vigencia, sobre todo si consideramos que las causas que engendraron la confrontación, en vez de resolverse, se han profundizado. Las razones para utilizar las armas se mantienen y aspiramos que estos diálogos coloquen las bases para convencernos de que a futuro ya no será necesario su uso, pero las banderas que levantamos por la tierra y el territorio, por la fundación de la democracia, el cambio de la política económica, la defensa de la soberanía, etc., están en el primer orden de la lucha política, porque son los anhelos principales de las mayorías.
Después de 50 años de lucha, nunca antes habían tenido tantas posibilidades de triunfo las banderas revolucionarias de las FARC.
TP: ¿Cómo garantizan las FARC-EP la continuidad político-militar en su Dirección?
-Esta es una organización político-militar bolivariana, con estructura leninista de organización, que implica dirección colectiva, acumulación ordenada de experiencias, permanencia de escuelas de formación de cuadros, existencia de estructuras centralizadas, una democracia interna fuerte, pero también con importantes niveles de compartimentación que permiten la preparación y la preservación de un componente humano de elevada moral, listo para asumir las responsabilidades que correspondan independientemente de que las circunstancias sean favorables o adversas.
La conducción de las FARC no es unipersonal en ninguno de los niveles, no se abrigan los caudillismos, y por eso en sus estructuras de dirección se logra una preparación adecuada de la militancia. Eso se proyecta hacia el conjunto de los combatientes, que además de actuar en escuadras, guerrillas, compañías y columnas militares, funcionan como células políticas que le dan vida a la existencia de un partido revolucionario que sobrepasa el componente estrictamente militar.
TP: ¿Cómo se conjugan el ideario bolivariano y la concepción marxista-leninista en las filas de las FARC-EP?
-Como marxistas y leninistas tenemos una formación que nos da convencimiento de la posibilidad real de lograr un mundo mejor. Creemos en la necesidad de superar el capitalismo como modo de producción, actualmente en crisis sistémica y decadencia, que está poniendo en riesgo la existencia misma del planeta.
Y tenemos la certeza de que la alternativa está en el socialismo como formación económica-social que acabe con la mercantilización de la existencia, con su cosificación y ponga en primer plano de sus preocupaciones al ser humano en armonía con sus congéneres y la naturaleza.
Este tipo de pensamiento coincide plenamente con lo que enseña el ideario del Libertador en el plano de la solidaridad humana, el sentido de patria y la sumatoria de felicidad.
La convergencia de estos dos pensamientos nos da el rumbo de lo que debe ser la unidad de Nuestra América en función de un nuevo orden social que beneficie a las mayorías, sobre todo a los oprimidos; por eso nuestra consigna de Patria Grande y Socialismo, en el mejor sentido bolivariano y marxista que puedan tener estas categorías.
