El libro «La plata para los cambios está en el cobre» de la autoría de Jorge Lavandero y Daniel Yáñez, relata de qué manera un Bien Público, que por tanto pertenece a todos los chilenos, ha sido dilapidado por la clase política con la complicidad de los principales directivos de Codelco. Ambos autores inician el […]
El libro «La plata para los cambios está en el cobre» de la autoría de Jorge Lavandero y Daniel Yáñez, relata de qué manera un Bien Público, que por tanto pertenece a todos los chilenos, ha sido dilapidado por la clase política con la complicidad de los principales directivos de Codelco. Ambos autores inician el libro con una requisitoria a los actuales parlamentarios para hacerse cargo del conjunto de situaciones que deben ser corregidas en interés del país.
La primera parte del libro pertenece a Daniel Yáñez. El relato de un itinerario de corrupción y estulticia es realmente impresionante. Denuncias realizadas en el Parlamento y a través del Comité de Defensa del Cobre han permitido desentrañar oscuros manejos como la negociación entre Codelco y MinM℮tals por créditos destinados a financiar las faenas del proyecto Gaby. Esta negociación se hizo a fines del gobierno de Ricardo Lagos, cuando Juan Villarzú era el presidente ejecutivo de Codelco. Mediante dicha negociación se creó una empresa de papel perteneciente a Codelco y a Copper Partners Investment Company Limited [CUPIC] con un 50% de participación cada uno, -, joint venture registrado en Las Bermudas.
El acuerdo estipulaba que Codelco le vendería a CUPIC 836.250 toneladas de cátodos de cobre en un período de 180 meses, con vencimiento en mayo de 2021, a precios de entre US$ 1,03 y US$ 1,05 la libra. La operación pactada estipula que MinM℮tals compra a CUPIC, a precio corriente del mercado vigente al momento de embarque [spot], la misma cantidad de cátodos de cobre y por el mismo período de duración del contrato.
En marzo de 2006, CUPIC hizo un pago anticipado por US$ 550 millones a Codelco a cuenta de las entregas futuras de cobre. Según fuentes ligadas a CUPIC, es decir a Codelco [en su 50%], el acuerdo le significó de dejar de ganar unos US $ 1200 millones a la fecha por el diferencial entre el precio del cobre pactado y el efectivo al momento de la liquidación de las ventas, los que se podrían incrementar a unos US$ 2000 millones si el precio del cobre se mantiene en US $ 3 la libra promedio de aquí a 2021, cuando expira el acuerdo.
Interrogado Villarzú acerca de este contrato, respondió: «Nunca se nos pasó por la cabeza que el precio se iba a triplicar». Revisando este contrato y las operaciones a futuro involucradas el ministro de Minería del anterior gobierno comentó: … «el resultado es bastante negativo por sus consecuencias económicas».
En relación a estas operaciones el libro agrega otra grave acusación. En 2008 CUPIC compró a Codelco, 10 mil toneladas de cobre a 1,16 dólares la libra y revendió a 3,87 dólares la libra a MiniM℮tals. ¿Dónde fueron a parar los millones de dólares que encajó CUPIC en Las Bermudas? En las memorias de Codelco no se registra el ingreso de esos dineros que en un 50% le correspondieron a Codelco.
Estas ventas a futuro han significado cuantiosas pérdidas para el erario fiscal. Entre 2004 y 2005 Codelco firmó una serie de contratos de ventas físicas y operaciones financieras a futuro a precios menores que los alcanzados en los ejercicios posteriores por el m℮tal en el mercado. Sin embargo, la libra de cobre que en 2005 promedió US$ 1,67 la libra pasó al año siguiente a US$ 3,05 y en 2011 alcanzó un peak promedio de US $ 3,99. Según estimaciones Codelco dejó de percibir en estas operaciones US$ 4000 millones.
Yáñez concluye, los «honorables» -entre comillas en el texto- de la Cámara de Diputados, el 23 de Enero del 2013, dictaminaron en una encuesta parlamentaria que «no había nada que investigar» sobre el escándalo de los mercados de futuro.
Yáñez menciona la importancia del control del Estado sobre los concentrados de cobre provenientes principalmente de la Gran Minería del Cobre. Baste mencionar la cantidad y calidad de otros minerales asociados a las exportaciones de concentrados: oro, plata, molibdeno…20 en total. Nada se ha avanzado en esto. En las políticas de capitalización de Codelco, incluye una propuesta del economista Juan Aninat que se refiere a la inversión de las AFP en Bonos con 10% de rentabilidad asegurada, en lugar de tomar créditos en el extranjero pagando intereses que bien podrían quedar en el país. Se cita además el escándalo ocurrido en 1993, cuando el ejecutivo Juan Pablo Dávila «¿burlando?» la confianza del Directorio, hizo operaciones en los Mercados de Futuro, que le significaron 170 millones de dólares de pérdida a Codelco. Como lo relata el autor el «Davilazo» significó la renuncia del Presidente de Codelco Alejandro Noemí. Los escándalos de la época de la Concertación abundan como fue el caso de un ministro, Juan Hamilton, que cae en el gobierno de Aylwin por el hecho de exigir la refinación del cobre en Chile. Operación montada por dos ministros de la Concertación: Alejandro Foxley y Carlos Ominami.
En fin, texto pleno en denuncias que harán meditar a la ciudadanía de cómo el patrimonio nacional estuvo entregado a grupos y políticos cuya búsqueda principal fue su propio lucro y poder en desmedro de los bienes públicos que hoy exige la ciudadanía, por educación, salud, vivienda, agua, energía, seguridad y previsión social, medio ambiente…. El cobre es un bien público que una vez extraído nunca más volverá a reconstituirse como bien explotable. Administrarlo es un desafío de proporciones del cual no estoy seguro estamos plenamente conscientes. …………… ………………….. ……………
La segunda parte del libro escrita por Jorge Lavandero parte de la afirmación que el cobre es un bien público. Afirmación avalada por la resolución 1803 de Naciones Unidas en 1962. Por ello la tarea clara y precisa para la Nación es la de recuperar una riqueza que ha sido entregada a las transnacionales extranjeras en concesión plena. Es decir en propiedad. El autor se pregunta ¿Cómo deshacer esta trama? Cita a Eduardo Novoa redactor del proyecto de La Nacionalización de 1971, que escribe que la reforma constitucional es la única manera de desconocer los contratos leyes y, en caso de hacerlo, si fuere necesario o no, que el estado pagare una indemnización al particular afectado, al margen de la Nacionalización…»
El dominio del Estado, sobre los yacimientos mineros es ‘absoluto y exclusivo’ refrenda esto, señala el autor, el artículo 19 N° 24, agregando los términos de ‘inalienable e imprescriptible’.
Concuerdo con la propuesta del autor acerca de una Reforma Constitucional y el mecanismo plebiscitario para recuperar esta riqueza enajenada por la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras [LOCCM], dictada por la dictadura. Este engendro jurídico vació de contenido el artículo 19 N° 24 al proclamar el concepto de «dominio subsidiario del Estado» que no es otra cosa que el dominio eminente en la versión sui géneris chilena. Esta tesis nunca fue compartida por don Andrés Bello como se desprende del artículo del proyecto original del Código Civil en 1853, Artículo 719 idéntico al artículo 591 [reproducido en todos los Códigos de Minería como Art. 1°] que en su inciso 1° establece que «El Estado es dueño de todas las minas…» Si nuestra lucha es por la nacionalización habrá que hacerse cargo del dominio eminente del Estado consagrado en la LOCCM -, controversia perdida por Andrés Bello en la modificación posterior a su artículo 591, consagrado desde 1874, pasando por los Códigos de 1888 y 1932 y el actual. Esta es una controversia sustantiva por cuanto el Art. 19 n° 24 inc. 6° consagra el dominio soberano del Estado sobre los recursos naturales mineros, por lo cual la LOCCM es inconstitucional. Nótese que en la versión final del Artículo 591 se introdujo en el inc. 2°, al establecer las facultades del concesionario sobre las minas concedidas, luego de enumerar varias de ellas, la expresión «y la de disponer de ellas como dueños» [yo subrayo -HV].
En conclusión. La dictadura convirtió a los concesionarios en dueños de los minerales. La Concertación, en 20 años, nunca dijo nada sobre esos minerales que pertenecen a la Nación. Hizo la vista gorda. Por eso nuestra gran tarea cuando hablamos de renacionalización es la de restituir esa enorme riqueza al pueblo de Chile. Y que los concesionarios sean, como en todas partes del mundo, concesionarios y no dueños. Es una tarea formidable la que tenemos por delante.
En relación al pago indemnizatorio por expropiación la LOCCM y su artículo 11 n° 3 tiene tal intencionalidad de despojo que meses más tarde de su publicación, el Washington Post publicó en un artículo la opinión de una de las tantas transnacionales a cuya intención se dictó esta ley: «it is too good to be true» [¡demasiado bueno para ser cierto!].
El trabajo de Jorge Lavandero abunda acerca del tipo de indemnizaciones a que tendrían lugar las transnacionales una vez iniciados los procedimientos de nacionalización. Este tema fue reconocido como trascendental por los legisladores de 1971 pues la fijación de la indemnización reconoce como base del cálculo el valor de libro de las inversiones y los montos retenidos en el caso de las compañías mineras expropiadas. Esta Resolución seguida escrupulosamente por el gobierno de Salvador Allende se basa jurídicamente en el Artículo 10 N° 10 de la Constitución de 1925 en sus incisos no modificados [ver especialmente inciso 4°] referentes a la expropiación y al «derecho del expropiado que tendrá siempre derecho a indemnización cuyo monto y condiciones, etcétera….». La indemnización ha sido la piedra de tope de todos los procesos indemnizatorios siendo, en mi opinión, uno de los fraudes mayores el que se estableció con la chilenización de Frei Montalva. Método absolutamente lesivo para los intereses de Chile. Tesis que tengo entendido siempre sostuvo Radomiro Tomic.
Cuando el Presidente Allende nacionalizó el cobre, se ofreció como compensación a las compañías concesionarias, lo que habían sacado de las entrañas de la tierra y que estaba en cancha, más los equipos, los edificios que se habían construido etcétera, menos las deudas [amortizaciones], depreciaciones, castigos, agotamiento de minas y desvalorizaciones por obsolescencia….En todo eso iban incluidas las rentabilidades excesivas. De las 5 minas que se expropiaron, incluida la Andina, El Teniente, Chuquicamata, El Salvador y Exótica sólo 3, después de las deducciones recibieron indemnizaciones: Exótica, El Teniente y Andina. Pero aún en ese caso se dejó constancia que esos montos estaban sujetos a compensaciones y deducciones. En ese acto de nacionalización se declaró que no procedía el pago de indemnización ni a las minas de Chuquicamata, ni a El Salvador.
Queda claro que no podemos hacer abstracción de la LOCCM ni de las reglas de indemnización que establece. Por eso pienso que el proceso de renacionalización del cobre debe darse dentro del contexto de la declaración de inconstitucionalidad de la LOCCM, situando la argumentación en el terreno de la LOCCM pues no se puede hacer abstracción del cambio de sistema que ésta consagra -, sistema por el cual transita la sociedad chilena desde hace más de 40 años. Veinte de los cuales corren por cuenta de la Concertación en el período pos Pinochet cuya práctica no hizo sino refrendar lo que estaba establecido en los textos de la dictadura. El alegato de inconstitucionalidad no es sino la afirmación del principio de la concesión dentro del derecho de dominio soberano del Estado para enseguida señalar el absurdo del cálculo de las expropiaciones.
Sintomáticamente los jóvenes estudiantes nos iluminan con su propio movimiento acerca de la metodología a seguir. Lo que para el gobierno son transformaciones técnicas dentro de un sistema [no transable], para los estudiantes se trata de transformar el sistema para que, y desde ese nuevo sistema, surjan las modificaciones técnicas que lo harán funcionar.
En síntesis, no podemos hacer abstracción de una pelea política encarnizada donde se juegan sistemas de poder transnacionales y actores locales que los sostienen, y hacer como que no hemos visto ni los textos ni las intenciones que esconden las acciones formalmente jurídicas de los actores del debate. Lo nuestro es una lucha política que tarde o temprano abrirá el paso a la interpretación correcta en los alegatos. Nuestra pelea es muy difícil porque se sitúa dentro del cambio de sistema y eso no pasa por los tribunales. Quiero decir que esto es más que hacer revivir dos cláusulas transitorias en dos constituciones [1925 y 1980]. De eso no se engaña ni la oligarquía de negocios ni la clase política chilena. De allí nuestra dificultad pero también nuestra fortaleza. Eso ya lo vimos en los juicios de derechos humanos. Durante 16 años 7 meses los tribunales chilenos, salvo honrosas excepciones, se negaron a ver las violaciones a los derechos humanos. Sólo el cambio político, primero «en la medida de lo posible» [Aylwin], llevó a nuevas interpretaciones por los jueces. Eso con el tiempo ha ido progresando y ya, en comparación con el pasado, es un ancho cauce por el cual la sociedad transita en pro de los derechos humanos.
También hemos visto hasta dónde puede llegar la clase política [Concertación y Alianza] en defensa de aquellos que financian sus campañas políticas, el ejemplo de mayor entidad es el caso de Jorge Lavandero, incansable defensor para abrir espacios en esta lucha por la renacionalización del cobre. La clase política en Chile es culpable de un asesinato político ante la impasibilidad de la población. Eso fue artillado con la astucia propia de la clase política que no vacila en sustentar las peores patrañas…muchas veces con el aplauso de la multitud.
Sin embargo, esto también está cambiando, pero no porque ha cambiado la percepción de la sociedad chilena sobre el cobre sino por hechos políticos tan importantes como la formación de un frente social amplio donde la lucha de los estudiantes es uno de los eslabones mayores. Hidroaysén, el medio ambiente, es otro. La asamblea constituyente dejó de ser un debate de entendidos. Dentro de ese frente social ya se habla de la renacionalización del cobre…Hoy esos y otros temas ya se instalaron en la calle.
Si para muchos resulta inquietante pienso que la evaluación de los costos de la expropiación será muy diferente cuando habremos abordado y asumido la convocatoria de un Frente Social Amplio por el rescate de nuestra Soberanía.
Pienso que las tesis sostenidas por Jorge Lavandero, y su práctica parlamentaria y actual en la política chilena, van en la dirección aquí sostenida pues corresponderá a la acción de la ciudadanía transitar un camino que la «clase política binominal» se ha negado sistemáticamente a reconocer.
* Director de Fortín Mapocho.com