Y entonces las comunidades, olvidadas, empobrecidas, militarizadas, expropiadas y desplazadas, harta de promesas incumplidas, cansadas de la delincuencia de cuello blanco instalada desde décadas en el poder, decidieron parar el país en movilizaciones y huelgas, hasta tanto el gobierno no se dignara en atender y solucionar los pliegos: manifiestos de inconformidad, manifiestos de política pública […]
Y entonces las comunidades, olvidadas, empobrecidas, militarizadas, expropiadas y desplazadas, harta de promesas incumplidas, cansadas de la delincuencia de cuello blanco instalada desde décadas en el poder, decidieron parar el país en movilizaciones y huelgas, hasta tanto el gobierno no se dignara en atender y solucionar los pliegos: manifiestos de inconformidad, manifiestos de política pública agraria redactados por los campesinos, indios y negros ignorados por décadas sino centurias.
Soberbio como perro rabioso, el gobierno pretendió diluir las protestas a fuerza de detenciones y a balazos, provocando un efecto contrario al previsto, el crecimiento del paro, la solidaridad ciudadana, la ilegitimidad del fusil como medio para acallar la voz altiva del niño campesino; pero sobre todo, la comprensión de la ciudadanía de que los terribles impactos económicos, que llevaron a la pobreza a millones en la zona rural, son derivados de las políticas agrarias de los gobiernos, de la necesidad de la nación entera de proteger el agua y los territorios de la megaminería, del imperativo derecho a la tierra para los pobres del campo, como del verdadero apoyo para superar la condición de olvido; así también, entendieron que quienes se han lucrado de la usurpación del trabajo y la tierra ajena, deben devolverlos, para que el país entero prospere.
En este contexto de impopularidad sin precedentes del candidato – presidente Juan Manuel Santos, tras 22 días de paros en las carreteras y poblaciones de Colombia, se instala una mesa de negociación con la Mesa de Interlocución y Acuerdo Agropecuario y Popular, MIA, previamente el gobierno, había instalado otras con las demás plataformas hacedoras del paro, para negociar los pliegos de exigencias.
Paralelo a la instalación de mesas de negociación, con la MIA, con las Dignidades, con el movimiento indígena, con los campesinos del Catatumbo, el gobierno del presidente Santos, el 11 de septiembre de 2013, lanzó el «Pacto Nacional Agrario», un salvavidas de rescate para las naufragadas locomotoras agroindustriales, para sacar adelante la cien veces fallida política agraria gubernamental y de paso, hacerse a una histórica foto con los campesinos, indígenas y afros que hasta ese momento, había desconocido, ilegitimado, violentado, apaleado.
El Pacto Nacional Agrario convidó a escuchar el gubernamental recetario de mágicas soluciones a los históricos problemas del agro colombiano, sentando en la misma mesa a delegados del gobierno, empresarios agroindustriales hacedores de agronegocios y campesinos sin tierra.
Esto podría entenderse como un modesto gesto de «buena voluntad» si al menos, gobierno y empresarios, reconocieran la necesidad de desarrollar una NUEVA POLÍTICA AGRARIA DEMOCRÁTICA que renegocie los Tratados de Libre Comercio y, reconozca que el modelo agroindustrial de inmensos latifundios, ha sido rentable, sólo gracias a la concentración armada de la tierra y a las onerosas cuantías con que han sido financiados los empresarios, a costa del desplazamiento de millones quienes son en efecto marginados de la inversión social que debiera ser provista por las instituciones del Estado en favor de los productores más necesitados.
Y, sin embargo, este Estado siempre ha legislado bajo la ordenanza de las familias que lo controlan. No podría ser distinto, ahora. El Pacto Nacional Agrario, hasta la fecha, solo logró una foto, en la que la mirada incrédula de los campesinos, controvierte las sonrisas diseñadas en laboratorio de empresarios agroindustriales y tecnócratas del gobierno. Sonrisas, gesto simbólico, de quienes auguran felices, la desaparición del campesinado, como sujeto histórico olvidado de esta nación sudamericana. Si por pacto entendemos, el acuerdo -tras el paro- que se logra por parte del gobierno con las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas, que se eleva a Política de Estado para solucionar los históricos problemas agrarios sintetizados éstos en: garantías para la producción nacional de alimentos, abastecimiento del mercado y fortalecimiento de las economías rurales no agroindustriales; de reconocimiento de la territorialidad; de renegociación de los TLC y de apoyo a las comunidades agromineras en contra de la megaminería; de reconocimiento de derechos políticos y sociales de los pobladores del campo.
El Pacto del gobierno no solo no cumple con las condiciones expuestas, sino que además objeta aireadamente discutir siquiera cualquier punto de los pliegos, es fácil concluir que «¡el tal Pacto Nacional Agrario, NO EXISTE!«.
No existe pacto, porque el pacto se hace entre las partes que negocian. En este caso, el Pacto los suscriben empresarios y gobierno, gobierno y empresarios. Si el pacto es del tipo del «yo con yo», entonces no existe pacto, sino un rentable negocio, que hecho público verbigracia de los medios, se convierte por la repetición forzada de los medios en un «pacto», moldeado para calzar en la horma de subir la popularidad del candidato – presidente y reencauchar la desastrosa política agraria, esta vez con sumas inauditas de recursos, que lejos de invertirse en las marginadas zonas rurales, serán recursos ejecutados en los terrenos de aquéllas familias poderosas, que siempre se han lucrado de las finanzas del Estado.
Por esta razón, las organizaciones y plataformas que convergen en la Mesa de Interlocución y Acuerdo Agropecuario y Popular, en el Valle del Cauca, rechazamos la existencia del Pacto y manifestamos que no lo suscribimos, además de lo dicho, por las siguientes consideraciones:
1. Durante los 8 meses de duración de la mesa de negociación establecida entre el gobierno colombiano y la MIA, identificamos que no existe voluntad política por parte del gobierno para solucionar el pliego de exigencias; por el contrario existe un proceso de invisibilización del movimiento agrario y sus propuestas. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos, en su arrogancia, niega la discusión del problema agrario y en un ejercicio coercitivo obliga a las organizaciones a ratificar el Pacto Nacional Agrario, como el único medio para acceder a los recursos del Estado. Se ha demostrado la reticencia del gobierno a discutir el impacto de los Tratados de Libre Comercio o siquiera a estudiar los puntos en los que son lesivos.
2. El gobierno ha supeditado la suscripción del Pacto como la única instancia para promover acuerdos, siempre y cuando éstos, no se salgan del marco de las iniciativas planteadas en el Pacto. Si bien el campo necesita proyectos de inversión, éstos solos, no necesariamente solucionarán los problemas agrarios. No basta con asignar proyectos.
3. El Pacto no garantiza la democracia y mucho menos la participación efectiva de las comunidades; las decisiones al respecto de la política agraria e incluso aquellas relativas a ejecución de proyectos, son tomadas por los Consejos Departamentales, CONSEA, y por El Consejo Nacional por el Pacto Agrario, escenarios en donde los delegados de las comunidades son minoría absoluta. El Pacto, impuso un reglamento a los Consejos Municipales de Desarrollo Rural, obstaculizando su propio desarrollo y negando de facto lo reglamentado en la ley 160 de 1994, que a la fecha ha tenido un precario desarrollo.
4. El Pacto Nacional Agrario fue elaborado a la medida de los requerimientos de los empresarios del agro, ganaderos, terratenientes, agroindustriales de la palma, el banano, el azúcar, entre otros, de gremios como FEDEGAN y la SAC (que controlan el mercado, los subsidios, el crédito, la tierra, la infraestructura y el agua), que revive la aparcería como figura laboral, que refrenda los esquemas de producción de externalización de los costos de producción, siempre en favor de los empresarios y en perjuicio de los productores.
5. El Pacto Nacional Agrario es una política impuesta, una jugada clásica de gobiernos autoritarios que tienden al fascismo que, no solo, no reconoce los derechos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos de las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, sino que además niega de facto los convenios internacionales firmados por el Estado Colombiano, como el Convenio 169 de la OIT.
6. El Pacto Nacional Agrario, pretende refrendar el modelo agroexportador de materias primas para la agroindustria y de este modo profundizar el fallido modelo neoliberal que impide el desarrollo de la economía campesina, niega el deber del Estado de proteger la soberanía alimentaria de los colombianos y debilita la capacidad de autoabastecimiento alimentario.
7. El Pacto Nacional Agrario, pretende legalizar el despojo de siete millones de hectáreas usurpadas por el narcoparamilitarismo y viabilizar la concreción de mecanismos jurídicos para el acaparamiento ilegal de baldíos.
8. No tiene sentido vincularnos a un Pacto Nacional Agrario, que profundiza los desequilibrios que venimos denunciando como organizaciones campesinas desde hace décadas; incluirnos en el pacto agrario se constituye en una afrenta a la dignidad de los campesinos que fueron detenidos, heridos, mutiliados y asesinados desde que iniciamos las jornadas de paros y movilizaciones a mediados de la primera década del siglo XXI.
La MIA aclara que de no cambiar la caracterización definida en los documentos del Censo Nacional Agrario, las organizaciones que lo integran, se abstendrán de participar de este proceso. El Censo Nacional Agrario, se enmarca en la política estatal de invisibilización y negación del campesinado como sujeto de derechos; desconociendo el importante aporte que hace el campesinado a la economía nacional y a la conservación de los frágiles ecosistemas que vienen siendo destruidos por los megaproyectos minero – energéticos, agroindustriales y de infraestructura.
De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. En este caso, el gobierno ni siquiera ha tenido «buenas intenciones». De tenerlas debe hacerlas manifiestas solucionando el Pliego Nacional de Exigencias, emanado por la Gran Cumbre Nacional Agropecuaria.
Lo contrario será generar las condiciones para un próximo paro. Más fuerte y contundente que aquél en que la necesidad nos condujo a entregar la vida, la libertad y la integridad física de compañeros y compañeras, quienes serán reivindicados en semillas, en territorios, en tierras cultivadas para el futuro de los hijos e hijas de la nación entera. La vida, la honra, la sangre derramada, no han sido y no serán en vano.
Tenemos en nuestras manos la historia y esta vez hemos decidido transformarla, en bien de todos, en bien de todas. Sembremos unidos la tierra, rechacemos el Pacto Nacional Agrario, porque éste: no existe.
COORDINACIÓN CAMPESINA DEL VALLE DEL CAUCA
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