Hace tiempo que se empezó a utilizar la expresión final del régimen de la transición para designar el fuerte desgaste de las principales instituciones y valores que quedaron establecidos en la que Vicenç Navarro ha denominado, acertadamente, como inmodélica transición. La base de esas instituciones está formada por la economía de mercado como sistema socioeconómico, […]
Hace tiempo que se empezó a utilizar la expresión final del régimen de la transición para designar el fuerte desgaste de las principales instituciones y valores que quedaron establecidos en la que Vicenç Navarro ha denominado, acertadamente, como inmodélica transición.
La base de esas instituciones está formada por la economía de mercado como sistema socioeconómico, la monarquía como forma de Estado y el Estado autonómico como modo de articulación territorial, por no hablar de otros aspectos, de carácter simbólico pero también importantes, como la bandera y el himno nacional. Estas instituciones se han apoyado en un sistema bipartidista como garantía de su funcionamiento y en la construcción de un imperfecto Estado de Bienestar como moneda de cambio para que las clases populares aceptasen la hegemonía del gran capital y renunciasen a la república y a un Estado federal basado en la libre adhesión de las distintas naciones que conforman el Estado español.
La insatisfacción y el rechazo a este conjunto de instituciones, y los valores que son portadoras, se ubicaban fundamentalmente en la izquierda, y en los nacionalistas periféricos mayoritarios para el tema concreto de la articulación territorial. La posibilidad de su extensión a capas amplias de las clases populares había sido contenida por una alianza entre los principales poderes políticos y económicos, un eficaz sistema de propaganda sustentado en un oligopólico sistema de comunicación, y la concesión de un imperfecto Estado de Bienestar, sostenido en tanto las condiciones de acumulación capitalista fuesen garantizadas. Sin embargo está situación empezó a modificarse con los efectos de la crisis económica y las brutales consecuencias que las políticas gubernamentales supusieron para las clases populares.
La pérdida de millones de puestos de trabajo, la rebaja de salarios, el desmantelamiento del imperfecto Estado de Bienestar (pensiones, educación, sanidad, etc.), la pérdida de la vivienda, junto con el multimillonario y escandaloso rescate bancario y la extensión de la corrupción entre la clase empresarial y política empezaron a inestabilizar el dominio del mercado como institución que domina la vida económica. El ataque más serio a la organización territorial establecida en la Constitución es la reivindicación catalana del derecho a decidir y las importantes posiciones independentistas que han crecido en un proceso sobre el que han tenido efectos importantes tanto la crisis económica como la deriva centralista del gobierno del PP. Finalmente, la institución más protegida, mimada y defendida por la clase política y los medios de comunicación, la monarquía, también entró en crisis por los casos de corrupción que la han salpicado y la propia actitud del monarca expresada en su gesto de irse de cacería de lujo mientras las clases populares sufrían los efectos de las políticas de austeridad impuestas por Bruselas y Rajoy, o su dedicación a promocionar en el extranjero los intereses de las grandes empresas españolas a la vez que se desentendía de los problemas de los desahuciados y parados, de la suerte de la generación juvenil pérdida y de los incapacitados.
Todo aprendizaje social suele ser doloroso, las clases populares algunas veces tienen que agotar todas las posibilidades antes de elegir el camino de defensa de sus propios intereses. En 2011 el malestar contra el giro neoliberal de Zapatero realizado en mayo de 2010 aún no expresó un cambio significativo en la actitud de las clases populares. Había tenido lugar una huelga general y el surgimiento del 15-M, pero el PP arrasó electoralmente. A partir de ese momento se aceleró el aprendizaje y el cambio social, se sucedieron miles de manifestaciones de todo tipo y en todo el Estado y se realizaron dos huelgas generales. Todo ello respondiendo a un grave ataque del gobierno Rajoy a las clases populares y en medio de una agravación de los casos de corrupción que salpicaron directamente al PP (Barcenas, etc.), al PSOE (EREs) y a la monarquía (Urdangarin).
El cambio se expresó claramente en los resultados de las elecciones europeas. Las dos principales formaciones que se identificaban y apoyaban las movilizaciones sociales anteriores, IU y Podemos, alcanzaron en conjunto un 18% de los votos, insuficiente aún, pero toda una expresión del cambio que se estaba produciendo.
El bipartidismo del PP y del PSOE, que actuaba como el garante del régimen de la transición, se desplomó en estas elecciones. El establishment económico y político se empezó a preparar para contraatacar e intentar frenar la ola que empezaba a amenazar a ese régimen de la transición. Y la decisión más inmediata tenía que ver con la monarquía.
El desprestigio de la monarquía se había profundizado y aún tendrá que soportar el juicio del caso Urdangarin, pero además la situación física del monarca se debilitaba. Hasta ahora la estrategia parecía haber sido la de hacer recaer el desgaste del caso Urdangarin sobre Juan Carlos y plantear la abdicación en Felipe una vez pasada la tormenta para que su prestigio fuese lo menos afectado posible. Pero los resultados de las elecciones europeas parecen haber trastocado esta estrategia. Si en las próximas elecciones al parlamento se mantienen o, incluso, crecen los resultados de la izquierda los apoyos a la ley orgánica que el parlamento debe aprobar para legalizar la abdicación pueden ser bastante inferiores a los actuales.
Hoy la monarquía y el gobierno cuentan con que el apoyo al traspaso de poderes reales tendría el apoyo de un 85% de los parlamentarios, sumando los del PP, PSOE, UPyD y parte del grupo mixto (CC, UPN, FA), en tanto que se opondrían la Izquierda Plural y la otra parte del grupo mixto (ERC, BNG, Compromís, Amaiur, Geroa Bai) y se abstendría el PNV, siendo dudosa la posición de CiU. Con este apoyo parlamentario la sucesión de la monarquía a Felipe VI siempre sería presentada como respaldada por un gran apoyo popular, la del 85% del cuerpo electoral que representan esos parlamentarios, pero esta es la representación que corresponde a noviembre de 2011, no a mayo de 2014. Si la abdicación se realizase después de unas nuevas elecciones generales ese apoyo seguramente bajaría de manera considerable y se acabaría el mito del monarca aceptado de manera ampliamente mayoritaria o, incluso, podría haber dificultades para la aprobación de la necesaria ley orgánica. También podría haberse pospuesto la decisión algunos meses, pero seguramente tampoco se ha querido ver mezclada la sucesión con el problema del referéndum catalán que podría provocar un coctel más explosivo.
En estas condiciones, el anuncio de la abdicación ha echado al pueblo a la calle para reivindicar la tercera república y exigir un referéndum que decida qué tipo de Estado se quieren dar los ciudadanos del Estado español. Esta exigencia engloba dos reivindicaciones populares a la vez, con la primera se trata enmendar la anomalía producida en la transición, cuando una determinada correlación de fuerzas bajo la amenaza del ruido de sables escamoteó al pueblo la posibilidad de pronunciarse por la forma de Estado, una legítima reivindicación de la izquierda y de amplias capas populares. La segunda es la aplicación del derecho a decidir del pueblo, esta vez aplicado a la forma de Estado con ocasión de la abdicación de Juan Carlos. Las luchas populares contra los efectos de la crisis han generado una mayor sensibilidad democrática y ya no se acepta pasivamente que las grandes decisiones se tomen por las élites políticas en contra de la voluntad del pueblo, e incluso en contra de los programas y promesas electorales de los partidos. La reivindicación de un referéndum para decidir la forma de Estado con ocasión de la abdicación de Juan Carlos es una muestra más del rechazo de las clases populares al cascarón vacío en que la clase política sostenedora del régimen ha convertido a la democracia, a su demagogia en presentar como democracia lo que deciden los mercados y los medios de comunicación.
Pero ésta también será una ocasión para testear algunas de las tendencias políticas en discusión en estos últimos meses. La primera, la convergencia del PSOE y el PP, más allá de las diferencias superficiales, por sostener el régimen de la transición. Hay una convergencia en las políticas económicas, el giro neoliberal de Zapatero fue un anticipo de las medidas de Rajoy, y ambos votaron la enmienda constitucional que ponía un techo al déficit. Hay una convergencia en el tema de la organización territorial, ambos rechazan el derecho a decidir en Cataluña y votaron en el parlamento español la negativa a que el parlamento catalán pudiese convocar la consulta. Y, ahora, hay una convergencia en el sostenimiento de la monarquía.
La segunda será la posición de CiU, abanderada desde la Generalitat del derecho a decidir en Cataluña, sería una incoherencia y una señal de su oportunismo que rechazase la posibilidad de celebrar un referéndum sobre la decisión entre monarquía o república absteniéndose o apoyando directamente la monarquía.
Así pues, hay una conexión clara entre los diversos aspectos de la crisis económica, social y política que se vive en el Estado español. Posiblemente las movilizaciones ciudadanas y las iniciativas políticas no consigan ahora que se celebre el referéndum sobre la monarquía o la república, pero las decisiones que se tomen tendrán consecuencias políticas de profundo calado, especialmente para los partidos que más incoherentes se muestren, es decir, para el PSOE y las fuerzas nacionalistas mayoritarias.
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