El reciente gobierno de Sebastián Piñera fue decisivo, en tanto se aprobó la ley de pesca,profundizando la política pesquera de los gobiernos anteriores, aunque en un escenario distinto, marcado por el colapso de casi la totalidad de las pesquerías producto de la sobreexplotación. Esta ley fue aprobada en medio del escándalo protagonizado por el gerente […]
El reciente gobierno de Sebastián Piñera fue decisivo, en tanto se aprobó la ley de pesca,profundizando la política pesquera de los gobiernos anteriores, aunque en un escenario distinto, marcado por el colapso de casi la totalidad de las pesquerías producto de la sobreexplotación.
Esta ley fue aprobada en medio del escándalo protagonizado por el gerente de la empresa CORPESCA de entonces y la diputada Marta Isasi, quien recibió el pago de 25 millones de pesos de parte de éste. Junto a ello, la ausencia de los pescadores en el diseño de sus cláusulas constituyó otro hecho que la invalida.
El bloqueo de la voz de los pescadores y de quienes buscan el desarrollo sustentable del trabajo pesquero fue la condición para imponer una serie de medidas funestas para la continuidad de la pesca artesanal y la seguridad alimentaria del país. Entre éstas pueden consignarse las siguientes:
-Se le permitió a CORPESCA capturar sardina española y anchoveta dentro de la franja reservada a la pesca artesanal entre las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Cabe destacar que toda esta pesca es reducida a harina.
-Se reconoció la soberanía sobre los recursos hidrobiológicos, sin que esto implique la propiedad del Estado sobre ellos. Para el caso de los peces, esto se justifica, pues su trayectoria no está determinada por los límites jurisdiccionales del país, por cuanto adquieren un propietario en tanto es pescado por quien tenga permiso para ello, es decir, por quienes controlen las cuotas de captura. Paralelamente, la ley estableció que la entrega de éstas fuera proporcional al promedio de captura de los últimos tres años, por cada armador (dueño de embarcación). Por lo tanto, los mismos que sobreexplotaron los peces durante los últimos años, quedaron con el derecho de pescar.
-Estos permisos de pesca son por 20 años renovables. Además, se puede hacer cualquier tipo de negocio jurídico con estos, pudiéndolos dividir hasta en cien mil partes y transarlos en el mercado financiero, adquiriendo un valor determinado por el propio juego especulativo de la bolsa, donde no es necesario que existan peces para hacer negocios.
-No se prohibió el uso de métodos de pesca no selectivos, tales como el arrastre y el cerco industrial.
-Tampoco se resguardó la seguridad alimentaria, pues, aparte de todas las medidas que atentan contra la sustentabilidad pesquera, no se prohibió la fabricación de harina con la pesca de sardina, anchoveta, jurel, caballa y otros peces muy rentables para este propósito. La crianza industrial de pollos, chanchos y salmones, con esta harina, representa una pérdida nutricional sólo explicable por el lucro de las empresas intervinientes en el negocio. Los peces contienen grandes cantidades de proteínas y ácidos grasos como el Omega 3, fundamental para el desarrollo y regeneración de funciones neurológicas y oculares en las personas.
La deslegitimación de esta ley fue motivo para que Bachelet, en su candidatura presidencial, se comprometiera ante pescadores a «revisarla». En conversación con Resumen, el pescador Cosme Caracciolo realizó un balance del comportamiento del presente Gobierno frente a este tema, junto con plantear medidas urgentes y fundamentales para la recuperación de las poblaciones de peces.
¿En qué se ha avanzado respecto a la revisión de la Ley de Pesca?
En el programa de la Nueva Mayoría se dice que se revisará la ley Longueira, y además se menciona que «los peces pertenecen a todos los chilenos». Estas dos cuestiones son contradictorias, pues por un lado se plantea revisar la ley Longueira que tiene como objetivo entregar la propiedad de los peces a un pequeño grupo de empresarios pesqueros y, por otra parte, el programa de la nueva mayoría reconoce que los peces son propiedad de todos los chilenos.
Esta ley hay que derogarla, no resiste «revisiones». Esperamos que el grupo gobernante asuma una posición clara, a pesar de que algunas señales nos indican que los empresarios pesqueros están poniendo sus intereses y su agenda como carta de navegación. Basta con mirar la designación del subsecretario de pesca, un reconocido lobista de la gran industria pesquera.
El subsecretario de pesca, Raúl Súnico, busca defender aspectos de esta Ley, diciendo que los pescadores artesanales controlan grandes proporciones de las cuotas de captura por especies. ¿Cuál es la veracidad de esta afirmación?
El subsecretario de pesca miente en forma descarada al asegurar que la pesca artesanal controla grandes proporciones de las cuotas de captura. Este señor miente, pues el sector pesquero artesanal está compuesto por pescadores propiamente tal (que son quienes efectivamente pescan) y los armadores artesanales (que son los dueños de las embarcaciones). Dentro de este último grupo, muchos de ellos no salen a la mar o sea no pescan, pero la asignación de cuotas está dada por la historia de desembarque, historia construida con el trabajo de los pescadores propiamente tal. Ahora, si consideramos que el grupo de los armadores representa aproximadamente sólo el 10% del registro pesquero artesanal, el 90% de los pescadores no tiene ningún derecho de pesca sobre las especies que históricamente han capturado.
Más todavía, si consideramos que muchos de estos armadores son representantes de la industria pesquera, la mentira del subsecretario se agrava.
¿Qué riesgos tiene la pesca artesanal, considerando el control ejercido por la industria sobre los recursos pesqueros?
Ellos quieren volver dinero todos los recursos pesqueros en el menor tiempo posible, lo que menos les preocupa es la sustentabilidad. Si la industria sigue teniendo el manejo de la pesca, los recursos se agotarán y la pesca artesanal pasará a la historia. Los empresarios y los políticos que les favorecen saben que están haciendo, pero no les interesa, porque si terminan con la pesca, sencillamente, buscarán otro rubro.
Este año, las cuotas de captura para diversas especies fueron menores que en los años anteriores. ¿Cuál es la repercusión de esta política en la recuperación de las pesquerías?
Sin duda que estas medidas están en la dirección correcta, sin embargo, el poder de la industria vuelve a opacar los buenos intentos, pues la industria, a través del Consejo Nacional de Pesca o argumentando que es para investigación, ampliaron las cuotas de captura de varias especies.
Además, es necesario que esta medida se acompañe de la eliminación de los artes de pesca no selectivos, como el cerco y el arrastre. En este sentido, el caso de la merluza común es paradigmático. Si bien, se redujo su cuota de captura, se permite que el 60% de ésta se capture con pesca de arrastre, eso no resiste ningún criterio.
Hace unos días se han movilizado trabajadores de la industria pesquera exigiendo la restitución del 20% de la cuota de captura de jibia para el sector, luego que se estableciera que la totalidad de ésta debía pescarse artesanalmente. ¿Cuál es tu propuesta, como pescador artesanal, hacia los trabajadores de la industria pesquera?
Primero hay que dejar claro que no somos enemigos de los trabajadores de la industria, al revés, somos hermanos. Debemos entender que la única manera de que su actividad sea permanente y continua en el largo plazo es que la jibia sea pescada con métodos artesanales. En este sentido debemos trabajar juntos para preservar los recursos pesqueros.
Ahora bien ¿Desde los pescadores artesanales existe la disposición de recibir a los tripulantes de la pesca industrial con el propósito de que toda la pesca se haga garantizando la conservación de los recursos?
Mira, para pescar el 60% de merluza común, a nivel nacional, la industria no requiere más de 54 tripulantes pesqueros. El sector artesanal no tiene ningún problema en recibirlos, es más, sería un gran logro para todos quienes vivimos del mar. Y con esto, los trabajadores de las plantas de proceso van a tener garantizada su fuente laboral.
En la región del Bío Bío, un porcentaje enorme de la gente que laboraba en la industria ahora está en la artesanal y no ha habido ningún problema en ello.
Hace unos meses finalizó la captura de sardina y anchoveta. Junto con ello, han habido denuncias de parte de trabajadores de la empresa Intertek, encargada de realizar los muestreos de las especies capturadas, de ser presionados por armadores y la propia empresa para falsear datos, clasificando por especie «mote» a la sardina común. La especie «mote» no tiene cuota de captura definida, por cuanto no está sujeta a fiscalización, por cuanto declarar a la sardina común como tal, les permite a los armadores no agotar la cuota asignada de ésta última y seguir pescando. Desde tu experiencia, ¿Qué aspectos de la institucionalidad pesquera permite esta corrupción y qué efectos tiene?
Este es un secreto a voces. Todos los armadores y la industria que pesca para fabricar harina han tratado de obtener más cuotas utilizando cualquier otra especie. Por ejemplo, en la región de Atacama se ha aprobado una cuota de caballa, pero en realidad lo que pescan es jurel, el cual lo declaran como caballa. El blanqueo de la pesca ha existido por mucho tiempo y en la región del Bío Bío es grosero, la industria lo promueve y los armadores que le entregan la pesca lo hacen sin importarle las consecuencias en el agotamiento de los recursos.
Respecto a la institucionalidad pesquera, no se puede esperar otra cosa. Tenemos un subsecretario de pesca que ha trabajado para la industria y la corrupción parte de ahí. Ahora, para eliminar toda esta corrupción se debe eliminar a la industria de la extracción pesquera, no hay otra alternativa.
En esta temporada la cuota de captura fue de 373.000 toneladas para la sardina común y de 42.200 toneladas para la anchoveta entre la región de Valparaíso y la de Los Lagos, marcando una ostensible disminución en comparación con las temporadas anteriores. No obstante, se ampliaron estas cuotas bajo el pretexto de ser necesario para la pesca de investigación. ¿Cómo puede interpretarse este argumento?
Este es un artilugio de la industria pesquera. Comenzó a usarse cuando colapsó el jurel y se otorgaron menores cuotas para su pesca, ante lo cual la industria y sus funcionarios serviles, comenzaron a solicitar la ampliación de la cuota para hacer «investigación». Tú no necesitas cien mil toneladas para investigar. Es similar al caso de Japón y la caza de ballenas, que la disfraza de investigación. Es una mentira.
Paradójicamente, el jurel, que está colapsado hace bastantes años, es la pesquería que acumula más investigación y todos los informes confirman su colapso. Ahora esto se hace con muchas pesquerías, entre ellas la sardina y la anchoveta.
Foto: radiodelmar.cl