Natalia Springer, columnista del diario El Tiempo, en su nota «Cómo acabar el proceso de paz», se ha referido a este desde una óptica difícil que no permite ver la luz de la reconciliación que muchos colombianos perciben en el horizonte como esperanza que no se puede dejar escapar. La paz, como cima de todos […]
Natalia Springer, columnista del diario El Tiempo, en su nota «Cómo acabar el proceso de paz», se ha referido a este desde una óptica difícil que no permite ver la luz de la reconciliación que muchos colombianos perciben en el horizonte como esperanza que no se puede dejar escapar.
La paz, como cima de todos los derechos y como anhelo creciente de las mayorías nacionales, no se puede enredar con los sentimientos de la mitad de los ciudadanos que votan en un país donde casi siempre triunfa la abstención; una abstención que atrae y congrega como bola de nieve el descreimiento y desencanto de mucha gente frente a sus gobernantes.
La amnistía y el indulto, aplicados a los delitos políticos y sus conexos no son una perversión, como cree Springer, sino el producto de siglos de jurisprudencia. La rebeliónes un derecho legítimo de los pueblos, consagrado desde 1948 en la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU. Doscientos años atrás el Libertador conceptuaba que «El hombre social puede conspirar contra toda ley positiva que tenga encorvada su cerviz, escudándose con la ley natural». En Colombia la rebelión es el delito político por excelencia, y precisamente el delito político concebido en su integralidad primigenia, es decir, con los denominados delitos conexos subsumidos en él, contiene los instrumentos jurídicos que pueden desbrozar el camino hacia la paz y la reconciliación, desde luego con el complemento necesario de la solución a las causas estructurales de la rebelión.
Por eso decimos que no hemos venido a La Habana a negociar impunidades. Las estadísticas de Naciones Unidas atribuyen al Estado y a sus paramilitares, la responsabilidad de más del 80 por ciento de las victimizaciones, en muchos casos a través de crímenes internacionales caracterizados por la sistematicidad y el cálculo, circunstancia que dificulta el acceso a beneficios jurídicos. Ahora, al hablar de máximos responsables, debemos afirmar claramente, que la cadena de mando no se agota en los Estados Mayores de Ejército y Policía, sino que va más allá y toca al Palacio de Nariño. El asunto no puede ser explicado por las élites como el comportamiento anómalo de unas manzanas podridas, cuando las órdenes a la institución armada partieron del libre albedrío y la premeditación de los poderosos. De verdad que el problema de las víctimas del conflicto es asunto complejo que no se puede despachar con argumentos livianos ni sofismas.
Por su parte Uribe Vélez, acercando su inmenso rabo de paja a la candela, posando de serafín totalmente ajeno de su condición de máximo responsable, estima que no puede haber paz con impunidad. Incurso en crímenes de lesa humanidad no solamente, se ha dedicado a obstruir la justicia sacando del país a sus alfiles de la delincuencia, Luis Carlos Restrepo, María del Pilar Hurtado y alias «Uribito» para evitar su encarcelamiento. Lo grave es que ante estos delitos notorios, la autoridad judicial, paralizada como estatua, no actúa. Es como si el promotor de los «falsos positivos» tuviese un pacto con el diablo en el que ninguna autoridad terrenal puede tocarlo. El mito de un Uribe-teflón tendrá que rodar por el suelo.
Es urgente poner en marcha la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas para esclarecer el asunto de las responsabilidades, para que su relato ilumine como faro la verdad que reclaman las víctimas del conflicto. Hay mucha «gente bien», y encopetada, que se lava las manos como Pilatos frente al desangre y la violencia nacional, aunque arrastren el pesado fardo invisibilizado de máximos responsables. Responsables son los partidos políticos, los ideólogos del paramilitarismo como estrategia contrainsurgente del Estado, los terratenientes, lo ganaderos, los generales, algunos bananeros y palmicultores, ciertos banqueros, la narco-para-política, los comandantes de las fuerzas, quienes idearon los «falsos positivos», la gran prensa instigadora de la guerra, connotados purpurados de la iglesia, los implementadores de la política neoliberal que ha producido miles y miles de muertos y millones de pobres, el gobierno de los Estados Unidos que ha intervenido desde el principio de manera directa en el conflicto, y también la insurgencia, pero en otro plano, que no es el de los que han generado esta guerra.
Natalia, «los responsables del horror son los que actualmente nos están representando como sociedad». No se horrorice por lo hipotético, sino por lo que tiene a su lado: un Estado capturado por poderes mafiosos y estructuras narco-paramilitares, el cangro de la corrupción, la impunidad, la exclusión política, la militarización de la sociedad, la intolerancia, la miseria y la desigualdad, la ocupación militar por una potencia extranjera, el saqueo de unas riquezas naturales que podrían utilizarse para la redención social del país…
Esta situación tiene que cambiar. A los colombianos no nos queda otro camino que el de la rectificación de tantas injusticias y la disposición del espíritu colectivo para la reconciliación, porque la guerra perpetua no puede ser nuestro destino. Para edificar la paz este país necesita bases consistentes de justicia social, democracia y soberanía. Sin que emerja el humano sentimiento de la comprensión y el perdón, no habrá paz. Tendremos que desterrar de los corazones la venganza y el odio, la exclusión y la intolerancia. A la paz deberemos consagrar nuestros mejores emprendimientos, para asirla con todas nuestras fuerzas y hacer que marche a nuestro lado durante los siglos futuros.
Fuente: http://pazfarc-ep.org/index.php/blogs/1996-debemos-alcanzar-la-paz.html