Reviste singular relevancia que en uno de los municipios más violentos del departamento la ciudadanía haya optado por llevar a cabo un cabildo que indaga sobre la paz, los derechos humanos y las luchas que adelantan los campesinos y campesinas, máxime cuando se alcanzan terribles actos de inhumanidad como los acaecidos en el municipio en […]
Reviste singular relevancia que en uno de los municipios más violentos del departamento la ciudadanía haya optado por llevar a cabo un cabildo que indaga sobre la paz, los derechos humanos y las luchas que adelantan los campesinos y campesinas, máxime cuando se alcanzan terribles actos de inhumanidad como los acaecidos en el municipio en los últimos años, hechos que recuerdan la barbarie de León María Lozano, el cóndor, en la época de la Violencia, pájaro que asoló los campos de una buena parte del departamento y que tuvo como epicentro a nuestro querido municipio de Tuluá.
Esta violencia que produjo una catástrofe humanitaria de enormes proporciones en el país entero y que modificó la configuración del poblamiento en las zonas rurales, se extendió por todos los años cincuenta y sesenta, derivó en éxodos campesinos hacia tierras inexploradas, conllevando a la colonización de selvas y montañas y a la ampliación de la frontera agrícola, con las consecuencias ambientales y sociales que esto representa.
Hablar de paz, de derechos humanos y luchas campesinas implica entonces recordar que la Violencia y la subsiguiente violación a los derechos humanos en la historia de Colombia, tiene una tendencia a ser cíclica, cada cierto tiempo se acentúan los asesinatos, desapariciones, amenazas, persecuciones, detenciones arbitrarias, violación de los derechos de las comunidades. Desde los años cuarenta y hasta la actualidad, cada una de las décadas pasadas han dejado la imborrable huella de la violencia en la memoria de las comunidades. Así ocurrió a inicios del siglo XXI, cuando el proyecto paramilitar de las Autodefensas Campesinas de Colombia, AUC, del Bloque Calima, comandadas por el Sr. Ever Veloza o HH, que en su paso por Tuluá dejara un panorama de desolación, agravio, muerte, desplazamiento forzado, ruptura/desarraigo forzado del campesino con su tierra, los cultivos y los animales, vidas enteras dedicadas al trabajo que se esfuman en un segundo por acción de la violencia.
Violencia que en muchas ocasiones le es funcional a la planificación estratégica del Estado y a los intereses de las empresas por instalar inversión de capital en ciertos territorios o ampliar las inversiones existentes, así ocurrió en la cordillera central en los municipios de Tuluá, Buga, San Pedro y Palmira.
Las comunidades campesinas no olvidamos que tres años después de la desmovilización del Bloque Calima en 2004, entre los años 2007 y 2010 al mismo tiempo que EPSA y las empresas subsidiarias avanzaban en la construcción de las denominadas Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, paralelamente las comunidades campesinas sufríamos de un permanente hostigamiento físico y psicológico por parte de la fuerza pública, hurto de ganado, de gallinas, de alimentos, destrucción de cercos, ocupación de bienes protegidos de la comunidad, combates, allanamientos ilegales, aparición de hombres encapuchados patrullando conjuntamente con las Brigadas Móviles del Ejército, acoso a las jóvenes campesinas por parte de los soldados, intentos de violación, ametrallamientos aéreos de los cultivos, detenciones arbitrarias, montajes judiciales y el asesinato del Labriego Cesar Cuadros Leal en la vereda Culebras corregimiento de Monteloro en Julio de 2008 a manos de la Brigada Móvil No 20, son prueba suficiente de que un nuevo ciclo de violencia que provocó zozobra y temor en las comunidades se había instalado.
No ha sido sino por la valiente acción de las comunidades que se ha avanzado en materia de protección de los derechos humanos, proceso de denuncia que ha hecho eco en los organismos internacionales encargados de proteger los Derechos Humanos de las comunidades. No podemos negar del acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, como tampoco del papel importante del Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional, CICR; más sin embargo, si podemos decir, que en muchos casos nos hemos encontrado con funcionarios poco interesados en escucharnos, quienes a veces, con dolo actúan de manera poco diligente en los procesos de apoyo y seguimiento a las denuncias que formulamos como organizaciones campesinas, hechos violatorios con claros responsables que duermen plácidamente durante largos periodos en la Procuraduría y en la Fiscalía Nacional de la República, sin que se sancione Penal o disciplinariamente a los implicados, mientras que las víctimas son perseguidas, sus teléfonos chuzados, los seres queridos amenazados, los campesinos estigmatizados, las organizaciones campesinas y defensoras de derechos humanos señaladas incluso por altos mandos militares y políticos acomodados, quienes piensan más en sus bolsillos y estatus, antes que en corregir y sancionar a la tropa por los hechos violatorios cometidos.
Esta es una forma de violencia más sutil pero no por ello menos nociva; en efecto esta violencia genera impunidad. Impunidad que es muestra de la incapacidad y la falta de voluntad del Estado para identificar e individualizar a los responsables de las masacres, de los hechos violatorios, de las violaciones al Derecho Internacional Humanitario que a diario comete la Fuerza Pública en las regiones campesinas del municipio, del departamento y la nación entera. Impunidad que desgasta a las comunidades y a las organizaciones que ven a veces como inoficiosa la tarea de la denuncia, por cuanto saben que la denuncia será simplemente almacenada en anaqueles del olvido. Impunidad porque el victimario es juez y a la vez parte, en tanto los afectados son citados a las brigadas militares para «resolver» asuntos que debieran ser resueltos por medio de las entidades competentes, como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía. Impunidad porque las entidades competentes se han desacreditado por su propia mano, puesto han intentado favorecer intereses de victimarios acusados de delitos de lesa humanidad, como sucedió con el coronel Robinson Gonzáles del Río y el Magistrado Villaraga del Consejo Superior de la Judicatura, siendo este solo uno de cientos de casos similares. Intentos de generar impunidad como consecuencia de los distintos intentos del Ministerio de Defensa de tramitar en el Congreso de la República leyes para que los delitos de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Militares sean juzgados y sentenciados por la Justicia Penal Militar y no por la justicia ordinaria.
El Cabildo Abierto sobre la paz, los derechos humanos y la lucha campesina, pretende evitar que la violencia sea olvidada y las víctimas desahuciadas. Pretende evitar la desesperanza de comunidades enteras.
El sueño de la paz con justicia social no podrá ser materializado jamás si se mantienen intactas las estructuras del Estado encargadas de velar por la vida, la justicia, la verdad, la reparación, la reintegración y las garantías de no repetición. Verá la luz la paz con justicia social el día en que autoridades y la ciudadanía, puedan acordar con cordura los cambios que la sociedad necesita, siendo la realización de una Asamblea Nacional Constituyente el medio para lograr una nueva constitución que fortalezca los deberes y derechos de los ciudadanos para el beneficio de los pueblos de esta nación y que elimine los denominados «micos» que se le han colgado para el beneficio de unos cuantos.
Este Cabildo Abierto, es el necesario espacio de la ciudadanía que pretende que las entidades competentes se encarguen verdaderamente de hacer justicia, para que se garantice la verdad y para que los hechos que generan violencia no se repitan nunca más en las tierras del municipio, del departamento y por qué no, de la nación entera. De ahí deviene su trascendencia.
Consideramos finalmente proponer a la Mesa de Diálogos de La Habana – Cuba entre el Gobierno y las FARC-EP, promover este tipo de Cabildos Abiertos en cada uno de los municipios en donde ha campeado la violencia, como medio para hacer más eficaz la labor de las entidades competentes del Estado, pero fundamentalmente para que la ciudadanía ejerza el derecho y el deber de buscar la paz, derecho y deber que ha sido ratificado por el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia.
Los colombianos tenemos el derecho y el deber de promover los cambios necesarios para que esta Colombia patria querida pueda hacer verdadero el sueño de la paz con justicia social. Exigimos a las partes dialogantes que se comprometan a lograrlo.
Coordinación Campesina del Valle del Cauca, CCVC.
Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca, ASTRACAVA.
Fuente: http://www.marchapatrioticaenelvalle.blogspot.com.es/2014/10/declaracion-en-solidaridad-con-el.html