El 28 de octubre se cumplieron 40 años de la entrada en vigencia del Decreto de Ley 701, uno más de los emitidos por la Junta Militar y los civiles que otorgaron respaldo técnico. Éste consistió en el establecimiento de una bonificación para la plantación de árboles en suelos calificados como «de aptitud preferentemente forestal» […]
El 28 de octubre se cumplieron 40 años de la entrada en vigencia del Decreto de Ley 701, uno más de los emitidos por la Junta Militar y los civiles que otorgaron respaldo técnico. Éste consistió en el establecimiento de una bonificación para la plantación de árboles en suelos calificados como «de aptitud preferentemente forestal» junto a algunas exenciones tributarias para quienes se acogieran a este beneficio.
Según han expresado sus impulsores, el propósito de este instrumento fue favorecer la forestación en suelos requirentes de protección o de corrección, tales como los susceptibles a la formación de dunas o los que sufrían procesos de erosión. En su texto dejaba muy pocas posibilidades para considerar un terreno no apto para forestar, afirmando que lo podían ser «todos aquellos terrenos que técnicamente no sean arables, estén cubiertos o no de vegetación, excluyéndose los que sin sufrir degradación puedan ser utilizados en agricultura, fruticultura o ganadería intensiva». Es decir, si algún terreno utilizado intensivamente no sufriera erosión, podría ser de los pocos eximidos de ser clasificado como apto.
La forestación, cuando se orienta al restablecimiento boscoso de un lugar, puede aportar en la conservación y recuperación del suelo, prevención de la erosión y en el almacenamiento y provisión de agua. Sin embargo, cuando se ha orientado a producir madera y subproductos para satisfacer las expectativas financieras de algunos y no las necesidades de la comunidad, la forestación ha provocado efectos inversos y este ha sido el caso del Decreto 701.
Contrariamente a lo esgrimido por sus defensores, en documentos elaborados por el Estado se ha afirmado que el propósito de su implementación ha sido promover la producción de materia prima para la industria maderera y de pulpa de celulosa que, desde mediados de la década de 1960, ya no tenía al bosque nativo como su principal abastecedor, sino que ya lo eran los monocultivos forestales. Ahí está su origen.
Trayectoria
El Decreto inicialmente estableció una bonificación del 75% de los gastos que los particulares incurriesen al momento de plantar árboles. Según constata la Dirección de Presupuestos (DIPRES) entre 1974 y 1997, se plantaron más de 1.700.000 hectáreas, casi todas con pinos radiata y eucaliptos, de las cuales 822.248 fueron bonificadas.
Hasta 1997, grandes propietarios accedieron a la bonificación. La escasez de terrenos disponibles bajo propiedad de las empresas forestales indujo a una reorientación de la entrega de este fondo hacia pequeños propietarios, estableciéndose para éstos una bonificación del 90% de los gastos de forestación para las primeras 15 hectáreas forestadas y un 75% a las restantes, inaugurando una nueva fuente de insumos para las empresas sin cargar con los riesgos de incendios y plagas propios de un monocultivo.
Pero el negocio no concluyó en la compra de la cosecha, sino que se amplió al de la operación en las diversas faenas bonificadas a los pequeños propietarios. Este nuevo nicho se originó en la incapacidad de éstos de solventar los gastos que estos trabajos implicaban, mientras no recibían la bonificación entregada luego de la realización de estas labores. De este modo, las empresas comenzaron a ofrecer sus servicios a cambio de la entrega íntegra de la bonificación y gran parte de la venta de la plantación a punto de cosechar. En el caso de una de las empresas pioneras en este negocio, ligada a Forestal Mininco, cobraba la bonificación más el 90% del precio de venta para la cosecha, además de controlar indirectamente el precio de compra de la madera.
En el transcurso de los 15 años en que estuvo vigente esta nueva normativa sufrió modificaciones que apuntaron a facilitar el acceso a la bonificación de pequeños propietarios, y a incluir nuevas faenas en la lista de reembolsos. Algunos de estos cambios fueron:
-La acreditación por parte de CONAF de consultoras privadas para la clasificación de suelos de aptitud forestal y sujetos a la bonificación. Si bien, no se encontraron estudios sobre el desempeño de éstas, es razonable dudar sobre su imparcialidad en tanto su rentabilidad está determinada por la rotulación de los terrenos.
-El 2011 se crea la figura del «mediano propietario» y se establecen nuevos tipos de bonificaciones. Para los pequeños, se asigna un 90% (desde entonces, la totalidad de su forestación estará sujeta a ésta); para los medianos, un 75%; para los grandes, un 50%.
-El 2010, el Decreto 701 se prorrogó por dos años más, concluyendo su vigencia el último día de 2012, por lo cual Sebastían Piñera, en octubre del mismo año envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para «modificarlo y extenderlo» sin haberse aprobado durante su mandato. En el discurso del pasado 21 de mayo, Bachelet anunció una nueva prórroga del Decreto y las condiciones en que lo será se conversan actualmente en el parlamento.
Condescendencia institucional
En el informe emitido por la DIPRES el año 2006 sobre el impacto del Decreto 701 se constatan situaciones reprobatorias respecto a su implementación sin ser suficientes para reorientarla.
El documento consigna errores en la tabla de costos de los procesos propios de la forestación y el manejo, provocando el pago excesivo, por parte del Estado, hacia grandes propietarios. Esto se explica porque las faenas sujetas a bonificación tienen menores costos para éstos, sin embargo las diferencias no se ven expresadas en su pago, accediendo a los mismos valores que los pequeños propietarios. También en la tabla de costos se detectó que procedimientos como el «subsolado con camellón» y la preparación de «microterrazas con escarificado» están duplicadas, induciendo a un pago erróneo por la misma acción.
La evaluación general del programa de bonificación a través de la medición del «VAN (Valor Actual Neto) social» fue negativa, por la no constatación de beneficios sociales y de externalidades positivas, al contrario de externalidades negativas como la sustitución de bosque nativo que, entre 1980 y 1997, fue de 88.011 hectáreas avaluadas en 17.468 millones de pesos.
En la evaluación también se constata una «flexibilización de los criterios para calificar un suelo en condiciones de degradación, lo que implicó a partir del 2001 la ampliación de la superficie susceptible de bonificarse para todo tipo de propietarios. Esto en la práctica significa que, excepto los suelos de riego, todos los suelos de Chile son susceptibles de recibir la bonificación… favoreciendo en mayor medida los objetivos productivos que los ambientales…», consigna el estudio.
Los pretextos que han argüido los defensores de la industria forestal y no fueron refutados en este informe, han sido desmentidos por la realidad. La condición de nuestros territorios nos confirma que las plantaciones forestales bonificadas por el Estado no proveen ningún servicio ambiental propio del bosque, al contrario, los han hecho desaparecer acabando con la habitabilidad de los lugares que las soportan. En este sentido, puede concluirse que el propio Estado ha contribuido al agravamiento de la erosión, la pérdida y escasez de agua, el alza de la sensación térmica y disminución de la humedad donde se extienden monocultivos forestales, la pérdida de una fuente de alimentos o de provisión hídrica para su cultivo. O sea, ha auspiciado el empobrecimiento de la población.
Alto y reparación
El plan empresarial ya ha sido trazado y algunos de sus ejes, en la región del Bío Bío, son la remodelación de la Ruta 160 y la ampliación de la celulosa Arauco para producir dos millones cien mil toneladas de pulpa de celulosa, triplicando lo que hasta ahora se fabrica. Sin embargo, su concreción tiene cada vez más opositores amenazados en su sobrevivencia por esta industria.
Es urgente restringir la industria forestal y establecer mecanismos de reparación del daño causado por ésta en lo social y ambiental. Invalidar el permiso de ampliación de celulosa Arauco y ajustar la producción de celulosa a los requerimientos de la sociedad y a normas que garanticen la inocuidad ambiental en sus procesos, son medidas perentorias para cualquier proceso de este tipo. También es imperante restituir el bosque, para lo cual deben establecerse nuevos criterios de uso del suelo dirigidos a la conservación y al uso sustentable de éstos, poniendo fin a los monocultivos forestales. En cuanto a la bonificación que hasta ahora los incentivó debe reorientarse a promover la recuperación del bosque, estableciendo los intereses comunitarios como único indicador.
La aplicación de estas medidas no será un favor de quienes todo este tiempo han cabildeado en representación de la clase empresarial, sólo podrá ser producto de la lucha de las comunidades por su soberanía y su calidad de vida.
DOCUMENTAL
Plantar Pobreza. El negocio forestal en Chile
Próximamente se estrenará «Plantar Pobreza. El negocio forestal en Chile», un nuevo documental de Periódico Resumen que aborda el origen y las consecuencias de la expansión de la industria forestal en la zona centro sur del país.
Las plantaciones de pinos y eucaliptos, las plantas de celulosa y toda la infraestructura vial y portuaria a su servicio son elementos que, a la vez de constituir el engranaje de un sustancioso y exclusivo negocio, representa la explotación de los territorios que ocupan y el empobrecimiento de sus comunidades.
Actualmente, los lugares que soportan plantaciones y albergan plantas de celulosa no ofrecen condiciones de habitabilidad para su gente obligándola a emigrar, dejando a completa disposición del negocio forestal los espacios anteriormente usados en la producción o recolección de alimentos y en la conservación del bosque. Muestra de esta realidad es que las comunas presentadas como «de vocación forestal» alcanzan índices de migración y pobreza que superan la media nacional.
Sin embargo, todo este proceso se ha configurado ante la obsecuencia y el servilismo de las autoridades de turno. Desde la Dictadura Militar hasta los gobiernos civiles, todos han defendido este empresariado, llamando desarrollo a la apertura de nuevos focos de extracción y servicios para la industria forestal, llamando a las plantaciones forestales como bosques y llamando estado de derecho a la imposición de la voluntad empresarial a través de la represión y el terrorismo de Estado.
«Plantar Pobreza» tiene el propósito de contribuir con información veraz a entender el proceso en que se ha expandido esta industria y sus efectos a diferentes escalas. Sin quedarse en una constatación de desastres y miserias, «Plantar Pobreza» muestra la posibilidad de revertir las condiciones provocadas por el negocio forestal, a través del testimonio de comunidades invisibilizadas que realizan experiencias de recuperación del bosque, recuperación del agua y de la soberanía alimentaria.
A quienes vivimos en este territorio nos han intentado convencer de un falso dilema: «O hay forestales o hay pobreza». En realidad, hemos visto que nuestro empobrecimiento se ha agravado en tanto éstas se han expandido. Hoy, la recuperación de nuestro territorio se impone como condición necesaria para nuestra subsistencia y en esto no caben ambigüedades, la industria forestal debe irse y deben implementarse políticas de reparación ecosistémica y social. El documental «Plantar Pobreza», intenta contribuir a esta lucha.