El fracaso político del partido político organizado por los ex integrantes de las Farc es parte de la bancarrota general del Acuerdo de paz como consecuencia del objetivo político del actual gobierno de Iván Duque y del uribismo de hacer trizas los pactos alcanzados por el gobierno de Juan Manuel Santos con los dirigentes de dicha organización guerrillera en la Mesa de diálogos que funciono en La Habana desde el mes de agosto del año 2012. Por supuesto, en esa quiebra del Pacto también tienen su cuota tanto el anterior gobierno santista como un sector del cuerpo directivo de la guerrilla. El santismo por su poca voluntad política frente a los compromisos adquiridos y por la promoción en el segundo semestre del 2016 de un inconveniente e inoportuno Plebiscito que fue utilizado por la oposición de ultraderecha para exacerbar viejos odios y miedos políticos que a la postre facilitaron el triunfo del No y la deslegitimación de los textos consensuados; y el núcleo de las Farc, representado por Londoño, por su empeño en renunciar a un acumulado histórico de resistencia enlazado a un proyecto de cambios radicales de la sociedad y el poder político central construido pacientemente y con grandes sacrificios humanos durante casi 60 años por los campesinos liderados por Manuel Marulanda.
Así, es de público conocimiento, nacional e internacional, que la construcción de la paz mediante la implementación de los Acuerdos de la Habana prácticamente está paralizada en su componente de reforma rural integral, ampliación de la democracia, sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, su eje étnico y en la justicia transicional, que si bien presenta algunos avances en la justicia restaurativa, por su manipulación clientelar y desviación para favorecer la impunidad de connotados victimarios.
Lo poco que funciona tiene que ver con la Cooperación internacional y la operación del Fondo Multimodal de paz integrado por 20 países que aportan recursos para la “paz”, que de hecho han sido rapados por las elites políticas nacionales, regionales y locales para su provecho y enriquecimiento sin que se dé un cambio efectivo en las zonas donde persiste el conflicto por la acción del neoparamilitarismo y los grupos guerrilleros que se marginaron de la paz neoliberal del santismo [1]. Ya son bien conocidos y documentados los hechos de corrupción con esos dineros, tanto en la administración de Rafael Pardo [2] como en la actual de Emilio Arcila que ejecuta la política de “Paz con legalidad”, un eufemismo para encubrir el sabotaje a la pacificación nacional.
En Colombia se repite hoy la fracasada ruta de la paz en Guatemala[3]; y lo ocurrido en Irlanda con los acuerdos del viernes santo de 1998[4].
Establecer las dimensiones del fiasco político del “Partido” de Timochenko hace necesario ir a los fundamentos y pasos de su constitución.
Las bases.
El soporte de la organización del partido de las Farc se encuentra en el Punto 3 del Acuerdo de paz que se refiere al Fin del conflicto.
El texto[5] señala que “El Gobierno de la República de Colombia (Gobierno Nacional) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP); en desarrollo de los subpuntos 1: Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y 2: Dejación de las armas, del punto 3, Fin del Conflicto, del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado en la ciudad de La Habana, Cuba, el 26 de agosto de 2012, acuerdan:
“3.2.1. Reincorporación política. El tránsito de las FARC-EP, de organización en armas a un nuevo partido o movimiento político legal, que goce de los derechos y cumpla con las obligaciones y deberes propios del orden constitucional, es una condición necesaria para el fin del conflicto armado, la construcción de una paz estable y duradera y, en general, para el fortalecimiento de la democracia en Colombia. Con ese propósito, se adoptarán las garantías necesarias y condiciones que faciliten la creación y funcionamiento del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, tras la firma del Acuerdo Final y la dejación de las armas. En consideración de lo anterior y en desarrollo del componente político de la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil, según sus intereses, contemplado en el Acuerdo General, se acuerdan las siguientes reglas especiales:
“Garantías para el nuevo partido o movimiento político:
• Personería jurídica. A la firma del Acuerdo Final, el Consejo Nacional Electoral dará trámite a la solicitud de registro que le presente la agrupación política de ciudadanos en ejercicio que tenga por objeto promover la creación del futuro partido o movimiento político que surja de la transición de las FARC-EP a la vida política legal. Finalizado el proceso de dejación de las armas, los plenipotenciarios de las FARC-EP en la Mesa de Conversaciones manifestarán y registrarán formalmente ante el Consejo Nacional Electoral la decisión de su transformación en partido o movimiento político, el acta de constitución, sus estatutos, el código de ética, la plataforma ideológica y la designación de sus directivos. En virtud de este acto formal, el partido o movimiento político, con la denominación que adopte, será reconocido para todos los efectos y en igualdad de condiciones como un partido o movimiento político con personería jurídica, para lo cual el Gobierno Nacional tramitará previamente las reformas normativas a que hubiere lugar. El partido o movimiento político así reconocido deberá cumplir los requisitos de conservación de la personería jurídica y estará sujeto a las causales de pérdida de la misma previstas para los demás partidos y movimientos políticos de conformidad con la Constitución y la ley, salvo la acreditación de un determinado número de afiliados, la presentación a certámenes electorales y la obtención de un umbral de votación, durante el tiempo comprendido entre la fecha del registro y el 19 de julio de 2026.
• Financiación y asistencia técnica. Funcionamiento. Como una medida para facilitar el tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, el partido o movimiento político que constituyan recibirá anualmente, entre la fecha del registro y el 19 de julio de 2026, una suma equivalente al promedio que recibieron los partidos o movimientos políticos con personería jurídica para su funcionamiento en las elecciones previas a la firma previa del Acuerdo Final. El uso de estos recursos se hará acorde con las reglas que aplican a todos los partidos y movimientos políticos. Por otra parte, con el fin de contribuir a la financiación del Centro de pensamiento y formación política, así como a la difusión y divulgación de su plataforma ideológica y programática, se le asignará una suma equivalente al 7% anual de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos entre la fecha del registro y el 19 de julio de 2022. Las anteriores sumas no afectarán el monto a distribuir por parte del Fondo para los demás partidos y movimientos políticos con personería jurídica. El Gobierno promoverá que la cooperación internacional apoye, con las debidas garantías de transparencia, el desarrollo de la infraestructura necesaria para la constitución y el funcionamiento inicial del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, así como para la formación de sus dirigentes. Los recursos de cooperación no podrán utilizarse para campañas electorales.
• Campañas electorales. Las campañas de los candidatos a la Presidencia y al Senado de la República inscritos por el partido o movimiento político que surja de la transición de las FARC-EP a la actividad política legal para participar en las elecciones de 2018 y 2022, tendrán financiación preponderantemente estatal de conformidad con las siguientes reglas: i) En el caso de las campañas presidenciales se les reconocerá la financiación estatal que corresponda a los candidatos que reúnan los requisitos de ley, de conformidad con las disposiciones aplicables a dichas campañas; ii) En el caso de las campañas al Senado, recibirán financiación estatal anticipada equivalente al 10% del límite de gastos fijados por la autoridad electoral; iii) la financiación estatal previa no estará sujeta a devolución, siempre y cuando los recursos asignados hayan sido destinados a las finalidades establecidas en la ley.
• Acceso a medios. El partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal tendrá acceso a espacios en los medios de comunicación en las mismas condiciones que los demás partidos y movimientos políticos con personería jurídica, de acuerdo con la aplicación de las normas vigentes.
• Seguridad. El nuevo movimiento político, sus dirigentes y militantes, tendrán garantías especiales de seguridad en el marco del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política.
Representación política.
Congreso de la República.
Tras la firma del Acuerdo Final y luego de la dejación de las armas de las FARC-EP, y con el fin de facilitar su transición a la política legal y asegurar un escenario para la promoción de su plataforma ideológica, el Gobierno Nacional pondrá en marcha las reformas constitucionales y legales necesarias para garantizar, mediante una fórmula transitoria, la representación política en el Congreso de la República al nuevo partido o movimiento político, durante dos períodos constitucionales contados a partir del 20 de julio de 2018:
• Podrá inscribir listas únicas de candidatos propios o en coalición con otros partidos y/o movimientos políticos con personería jurídica para la circunscripción ordinaria del Senado de la República y para cada una de las circunscripciones territoriales ordinarias en que se elige la Cámara de Representantes.
• Estas listas competirán en igualdad de condiciones de conformidad con las reglas ordinarias por la totalidad de las curules que se eligen en cada circunscripción. En el Senado se garantizará un mínimo de 5 curules, incluidas las obtenidas de conformidad con las reglas ordinarias. En la Cámara de Representantes se garantizará un mínimo de 5 curules, incluidas las obtenidas de conformidad con las reglas ordinarias. Para este efecto, en la Cámara de Representantes se asignará una curul a cada una de las 5 listas que obtengan las mayores votaciones y que no hubieren obtenido curul.
Los voceros
A partir de la entrada en vigor del Acuerdo Final la agrupación política constituida con el objeto de promover la creación del futuro partido o movimiento político que surja de la transición de las FARCEP a la vida política legal, designará 3 voceros/as en cada una de las cámaras (Senado y Cámara de Representantes), quienes deberán ser ciudadanos/as en ejercicio, exclusivamente para que participen en el debate de los proyectos de reforma constitucional o legal que sean tramitados mediante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz de que trata el Acto Legislativo 01 de 2016. Estos voceros/as deberán ser citados/as a todas las sesiones en que se discutan los proyectos de acto legislativo o de ley correspondientes y podrán intervenir con las mismas facultades que tienen los Congresistas durante el trámite legislativo, salvo el voto. Los requerimientos para la realización de su trabajo serán definidos con el Ministerio del Interior.
Participación en el Consejo Nacional Electoral.
El partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal podrá designar de manera transitoria un delegado(a) ante el Consejo Nacional Electoral, quien tendrá voz pero no voto, y podrá participar en las deliberaciones de esa corporación.
Medidas complementarias.
Además, la constitución del nuevo partido político estaría acompañada de unas reformas de Apertura democrática para construir la paz. La realización de las reformas convenidas en el Acuerdo sobre “Participación política: Apertura democrática para construir la paz” constituye una condición necesaria para garantizar un proceso sostenible de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil en lo político. Dentro del procedimiento establecido en el Acto Legislativo 01 de 2016, se dará prelación a la presentación y aprobación del Estatuto de la Oposición y de la reforma al régimen electoral.
“El Gobierno Nacional, en cumplimiento y en los términos de lo acordado en el punto 2 “Participación política: Apertura democrática para construir la paz”, reafirma su compromiso con la implementación de medidas que conduzcan a una plena participación política y ciudadana de todos los sectores políticos y sociales, incluyendo medidas para garantizar la movilización y participación ciudadana en los asuntos de interés público, así como para facilitar la constitución de nuevos partidos y movimientos políticos con las debidas garantías de participación, en condiciones de seguridad.
Seguridad.
Así mismo, el Gobierno Nacional reafirmo su compromiso con lo acordado en los puntos 3.4. y 3.6. del punto 3 Fin del Conflicto, entre los que se encuentra la creación de un nuevo Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, en los términos acordados en el punto 2. Participación Política, como parte de una concepción moderna, cualitativamente nueva de la seguridad que, en el marco del fin del conflicto, se funda en el respeto de la dignidad humana, en la promoción y respeto de los derechos humanos y en la defensa de los valores democráticos, en particular en la protección de los derechos y libertades de quienes ejercen la política, especialmente de quienes luego de la terminación de la confrontación armada se transformen en movimiento político y que por tanto deben ser reconocidos y tratados como tales.
Una nueva cultura política.
Adicionalmente, el Gobierno Nacional y las FARC-EP expresaron su compromiso de contribuir al surgimiento de una nueva cultura que proscriba la utilización de las armas en el ejercicio de la política y de trabajar conjuntamente por lograr un consenso nacional en el que todos los sectores políticos, económicos y sociales, nos comprometamos con un ejercicio de la política en el que primen los valores de la democracia, el libre juego de las ideas y el debate civilizado; en el que no haya espacio para la intolerancia y la persecución por razones políticas”.
Para dar mayor solidez a esta hoja de ruta se previeron medidas de orden económico y social para garantizar la efectiva reincorporación de los ex integrantes de la guerrilla.
La constitución del partido.
Después de realizarse la Décima conferencia de la Farc en el Yari en el segundo semestre del 2016, se reunió en Bogotá en el mes de agosto del 2017 el primer Congreso para conformar el nuevo partido o movimiento político.
No obstante carecer del apoyo mayoritario de los delegados un grupo conformado por Timochenko, Losada, Alape, Catatumbo, Granda, Calarcá, Catatumbo, la viuda de Marulanda, Olga Marín y otros asumieron de manera fraudulenta y con delegados fantasmas, el control de la dirección de la nueva entidad política ignorando las mayorías alcanzadas por Márquez, Santrich, Gomez y Mendoza.
Si bien el nombre dado a la agrupación política recogía la denominación histórica de esta fuerza guerrillera, la nueva dirigencia profundizó un viraje hacia la derecha con la renuncia a los referentes ideológicos centrales de la izquierda y a la línea programática de la resistencia agraria. El oportunismo político y el pragmatismo se convirtieron en la norma de conducta de dicho núcleo empeñado en un transformismo a ultranza en abierta coincidencia con la elite santista y los generales afines al presidente de la Republica, precipitando la entrega de las armas, la desmovilización y la ubicación en unos territorios y zonas de transición adversas a la construcción geográfica histórica diseñada por Marulanda y sus compañeros.
El brusco e inesperado viraje de subordinación hacia las coordenadas del poder oligárquico propicio automáticamente fracturas y contradicciones en el seno del partido de la Rosa, pues un amplio sector de las bases y de líderes con amplio arraigo, si bien defendían lo pactado rechazaban la ruta de conciliación favorable a la dominación neoliberal de la que Santos era su más reconocido representante. En tales arreglos el papel de Lozada fue letal por su aceptación automática de las propuestas del General Flórez; conducta que ha repetido ahora como senador con sus aplausos, elogios y votos favorables a los altos mandos militares resaltando su patriotismo, humanismo, profesionalismo, no obstante que muchos de ellos están comprometidos con los miles de falsos positivos y el asesinato de lideres sociales.
Con ese panorama se asignaron después las 10 curules parlamentarias y se participó en los procesos electorales del 2018 alcanzando una exigua cifra equivalente a los 80 mil votos que puso en evidencia la nula convocatoria de la Fuerza Alternativa del Común representada por el señor Timochenko.
Un sector, el más coherente y consecuente con la herencia histórica de la resistencia agraria revolucionaria, seguidamente es objeto de una abierta presión y provocación judicial orquestada por el Fiscal Néstor Humberto Martínez quien organiza con la Dea un montaje judicial por narcotráfico contra Jesús Santrich quien es capturado y recluido por largos meses en la Cárcel la Picota de Bogotá con fines de extradición, de la que sale en libertad en el primer semestre del 2019 desplazándose ese mismo año a un lugar desconocido para posteriormente reaparecer como integrante de las Farc liderada por Márquez, Oscar Montero, Romaña, Mendoza y Aldinever. Fractura que ya tenía un recorrido con la oposición de Gentil Duarte e Iván Mordisco a los textos de La Habana.
Con ese cuadro el flamante nuevo partido político termino siendo una facción legislativa atrapada en el cretinismo parlamentario, convertida en una agencia de uso personal en la que sus principales directivos han priorizado la acumulación de privilegios (con ingresos individuales superiores a los 20 millones de pesos 6 mil dólares- de una grupo de 40 amigos e incondicionales de Londoño) dando la espalda a las bases sometidas al exterminio del neoparamilitarismo, con situaciones tan grotescas como el supuesto atentado a Timochenko en el municipio de Quimbaya (Quindío), que las investigaciones están indicando se trató de la validación del asesinato y tortura de dos ex guerrilleros que se presentaron como ultimados el día del atentado.
Lo evidente es que este seudo partido o remedo de partido no clasifica, ni en lo más mínimo, para entrar en la tipología de los partidos elaborada por M. Duverger como característica de las democracias liberales occidentales. Menos en los modelos de partidos políticos de estirpe marxista en la formula planteada por Marx en el Manifiesto Comunista, o por Lenin en el Que hacer o por Trosky en su abundante producción teórica, o por Colleti en sus largas reflexiones sobre el tema o por Mao en la construcción del Partido Comunista Chino.
El “partido político” de Timochencho es un club de amigos que bien puede definirse en los términos de Sartori como una facción conformada para el despojo y la infiltración del Estado neoliberal, mafioso y paramilitar como el colombiano.
Así, este nuevo partido quedo hecho humo por cuenta de la descomposición ética de sus actuales dueños y como consecuencia del asesinato sistemático de muchos de sus integrantes. Al día de hoy han sido ultimados más de 200 ex guerrilleros, situación que es condenada formalmente por Timochenko y su rosca politiquera.
Con este balance es previsible una degradación del conflicto armado colombiano hacia el inmediato futuro y en un contexto geopolítico bastante complicado dado el empeño del gobierno uribista de Duque por destruir el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro, como parte de una estrategia intervencionista de Donald Trump en la que participa también Bolsonaro, el jefe del fascismo brasilero.
Es por esa razón que el nuevo conflicto social y armado colombiano (Farc nueva Marquetalia, Farc Duarte y Eln) hay que analizarlo desde una perspectiva geopolítica la cual que sugiere que el “siglo XXI se caracteriza por una disputa y una transición hegemónica. En términos económicos ya es un siglo chino. Políticamente, las alianzas alrededor del eje Rusia/China van aglutinando fuerzas que aceleran la decadencia norteamericana.
“La salida de sus tropas de Afganistán representa….un símbolo marcante de la importancia norteamericana para seguir definiendo los rumbos del mundo. Irak, Siria, entre otros, son epicentros de otros tantos conflictos en que el siglo XXI tiende a confirmar la más importante transición hegemónica en el mundo desde hace más de dos siglos [6], pues la vieja potencia imperial que ahora quiere montar una guerra de drones en las fronteras de Venezuela está hundida en el pantano de sus contradicciones y debilidades.
Notas
[1] Sobre el papel de la cooperación internacional en la implementación de acuerdos de paz consultar el texto de Oscar Mateos Martin en el siguiente enlace electrónico consultado el 8 de marzo del 2020 https://bit.ly/2PVsrQk
[2] Ver al respecto la nota en el siguiente enlace electrónico consultado el 8 de marzo del 2020 https://bit.ly/2TODVGz
[3] Ver al respecto en el siguiente enlace electrónico consultado el 8 de marzo del 2020 https://bit.ly/2VWu6cu
[4] Ver al respecto el siguiente enlace electrónico consultado el 8 de marzo del 2020 https://bit.ly/2vSaKKT
[5] Ver dicho texto en la página 56 del Acuerdo de paz en el siguiente enlace electrónico consultado el 8 de marzo del 2020 https://bit.ly/3aABtu7
[6] Ver Emir Sader en el siguiente enlace electrónico consultado el 8 de marzo del 2020 https://bit.ly/3aE4d56