El Programa de Alimentación escolar PAE es una politica pública que en teoria debería ser una prioridad de los gobiernos municipales y departamentales. El Pae es fruto de las históricas movilizaciones de los educadores, padres de familia y comunidades en la periferia.
Millones de niños y jóvenes tienen acceso al mismo y recientemente se anunciaron medidas institucionales y fiscales para fortalecerlo. Se creó una Unidad Administrativa a nivel nacional y se plantean modelos de gestión con las asociaciones de padres, para descartar las cadenas delincuenciales de contratistas con empresas chimbas que salen favorecidas con licitaciones amañadas.
Pero como con todos los programas gubernamentales en el Pae la corrupción ha hecho su agosto. Alcaldes y gobernadores se las han arreglado para esquilmar sus presupuestos. Perniles a 70 mil pesos, como en Cartagena. Magras raciones de 700 pesos con costos estratosféricos. Robos descarados como el del ex alcalde Fernando Vargas en Bucaramanga; saqueos abiertos en el Quindío y Armenia.
Una alcantarilla publica sin parangón.
Hago esta breve aproximación para abordar el reciente manejo del Pae en la Secretaria de Educación de Cali, representada por el señor William García, una herencia del gobierno de Armitage y de doña Luz Elena Azcarate, la señorona caleña que, sin ser educadora, manejo a sus anchas la politica educativa entre 2016 y 2019, con un programa denominado “Mi comunidad es escuela” dotado de un multimillonario presupuesto (500 mil millones, que pagaremos todos con más impuestos) facilitado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con mediocres resultados en materia de infraestructura y de mejoramiento de la calidad de la educación pública de Cali, que según el Programa Cali como Vamos sigue con los peores niveles en matemáticas, lectura, física y competencias ciudadanas. Como dicen en las tertulias, esa plática se perdió porque se hizo una piñata entre las redes familiares de doña Luz Elena Azcarate, favorecidas con suculentas contrataciones para remodelar colegios y mejorar la calidad educativa, sin controles y auditorias independientes.
Rubén Darío Cárdenas, el Secretario de Educación nombrado en enero por Ospina, se apersono del asunto del Pae desde el primer momento para entregar desde el día inicial escolar las raciones correspondientes a más de 160 mil niños y jóvenes de Cali. La tarea lo desbordo. Una maraña oscura de intereses lo bloqueo. Entre viejos y nuevos “peces gordos” enquistados en la burocracia educativa y del despacho del Alcalde (Nora Mondragón, la Secretaria Privada y los murciélagos parentales de la contratación aviesa) orquestaron un escenario confuso para hacer que las cosas siguieran tal como estaban.
Cárdenas, un prominente educador, un pedagogo destacado en terreno como Rector de un Colegio en la Cumbre, intento poner orden en la materia pero pereció en el intento. Fue víctima del fuego cruzado de los tiburones a la caza de la contratación por 60 mil millones.
Fue manipulado con una licitación espuria, la 4143.010.32.001.2020, misma que se colocó en el Secop II con errores para endilgárselos a Cárdenas y facilitar la envenenada rectificación de Ospina ante el Departamento Administrativo de la Contratación pública, para quedar como puro Corazón por Cali.
La rosca del trust integrado por UT Protección, Cali 2019, Acción por Colombia, Consorcio nutriendo Cali 2019 y Ciudad sin fronteras, Consorcio Valle solidario, ampliado con los advenedizos de la nueva administración, los formales y los en la sombra, se las arreglaron a la velocidad de la luz para dejar las cosas tal cual.
Cárdenas quedo tirado en la lona. Prefirió renunciar ante las presiones emanadas sibilinamente desde el despacho del Alcalde y su Secretaria Privada. Se trataba de entregar una victoria a Ortiz y Rojas, pero en realidad el propósito era cuadrar mejor el negocio y la correspondiente comisión (6 mil millones?) simulando rectitud y transparencia. Pura película para la galería.
Todo pudo hacerse en orden y con trasparencia. Suficiente con utilizar los recursos heredados y girados por el Ministerio de Educación desde noviembre. Suficiente hacer una contratación excepcional en la continuidad mientras se convocaba la licitación con participación de las asociaciones de padres.
Pero no. El negocio, puro corazón por Cali, ya estaba perfilado. Este le pertenecía a UT Protección, Cali 2019, Acción por Colombia, Consorcio nutriendo Cali 2019 y Ciudad sin fronteras Consorcio Valle solidario. Con estos mercaderes todos quedaban a satisfacción. Empezando por el “Estado profundo” de la Secretaria de Educación, heredado desde hace muchos años y sembrado a perpetuidad.
El modelo se replicó en la contratación del transporte escolar. Entregado a los amigos del Despacho y Mondragón.
Para intentar desentrañar este doloso entuerto y como Veeduría y auditoria social educativa de Cali, hemos hecho varios Derechos de petición al señor William García, Secretario de Educación de Ospina con el fin de obtener copias de contratos y rutas licitatorias pero la gestión ha sido fallida. La respuesta ha sido el escupitajo insolente de quienes se creen amos y señores de la educación pública de Cali.
Actitud que nos obliga a la tarea de agotar las acciones judiciales correspondientes para tutelar nuestros derechos fundamentales ante el arrogante señor García, que simula de Inconformes.
Como expresión del interés comunitario no cederemos en nuestro empeño por dar transparencia a la gestión pública de Cali. Más en estos momentos en que las facultades extraordinarias se estan utilizando para repartir, a diestra y siniestra, contratos entre los amigotes del gobierno municipal de Ospina.
Igual a lo que acontece con Clara Luz Roldan en la Gobernación del Valle del Cauca, en donde de manera exprés se han repartido en pocos días cerca de 100 mil millones en contratos Covid-19 entre los amigotes del Clan mafioso de Doña Dilian Francisco Toro.
Roldan nos va a repetir la dosis de Coldeportes, donde hizo de la suyas despilfarrando millones en contratación directa para enriquecer a los miembros del Clan mafioso que domina la administración regional. Las investigaciones en la Procuraduría avanzan en ese sentido por más presiones de las señoras para echarle tierra a su ejercicio de corrupción descarada con los dineros públicos.
En la actual gobernación del Valle del Cauca más que el interés público predomina la cultura mafiosa del clientelismo y el amiguismo. La Secretaria de Paz Territorial en manos del angelinismo de Riascos, es un prototipo de lo que hace la repartija clientelar en nombre de la paz, tema que se abandonó completamente pues el Programa de paz territorial que se había construido y se prometió continuar murió hace rato en las lógicas de la codicia burocrática de Roldan y Riascos. Observatorio de paz desmantelado, Monitor de paz refundido, construcción de paz desintegrada, mientras las violencias en la region cobran auge. Qué vergüenza de funcionarios!!!!!!!!.