Blanca Salinas Álvarez es miembro de la Plataforma STOP 5G Segovia, de Ecologistas en Acción (grupo de contaminación electromagnética), de Segovia en Transición y de la asociación Electro Químico Sensibles por el Derecho a la Salud.
Nos habíamos quedado en este punto. En un artículo suyo publicado en El Ecologista usted señala que el Defensor del Pueblo ha dado la razón a la Plataforma ciudadana STOP 5G Segovia que denunció falta de control detectado en el Plan Nacional 5G y en el proyecto piloto 5G que se lleva a cabo en esta ciudad”. ¿Nos explica las acciones y razones de existencia de esta plataforma?
Tuvimos noticia por los periódicos de que Segovia se iba a convertir una de las dos primeras Ciudades Piloto 5G de España mediante la firma de un convenio entre Telefónica y el Ayuntamiento. Sabíamos que había un llamamiento científico que pedía una moratoria de esta tecnología hasta no contar con pruebas de inocuidad. Se lo entregamos al Ayuntamiento. Le pedimos información y debate sobre lo que se iba a hacer, que pidiera a Telefónica un seguro de responsabilidad civil, que hiciera un mapa radioeléctrico y un seguimiento de efectos sobre la salud, que reservara zonas blancas. A todo nos contestó que no tenía competencias (pero sí las tuvo para firmar un convenio que escapaba a sus competencias). Trajimos, con ayuda de “Electro y Químico Sensibles por el Derecho a la Salud” científicos y abogados que explicaron los riesgos de estas tecnologías. Realizamos una cadena humana en la que participaron también esos científicos. Entregamos primero 819 firmas y luego 3.400 pidiendo información y garantías de seguridad. Presentamos dos preguntas al Pleno que fueron rechazadas. En una Pregunta Parlamentaria presentada por Unidos Podemos, el gobierno contestó que el Plan Piloto de Segovia no emanaba del Plan 5G del gobierno, es decir, había sido una decisión unilateral de un Ayuntamiento que había puesto a disposición de una empresa de telecomunicaciones una ciudad para hacer pruebas de una tecnología que no tiene garantías de inocuidad.
Como le decía antes, el Defensor del Pueblo emitió un informe de 17 páginas que se envió a los periódicos escritos locales y no salió ni una sola línea publicada sobre el tema. Ilustra muy bien el secuestro de la democracia que supone la manera en la que se están desplegando estas tecnologías, a escala local y a escala mundial.
¿Quiénes componen esa Plataforma? ¿Es cosa de una vanguardia muy comprometida e informada?
Muchos de los que iniciamos la Plataforma pertenecemos a un Movimiento llamado “Segovia en Transición”, integrado en un movimiento mundial de Transición que cree que otro sistema económico y social es posible. Hay personas en las Plataformas STOP 5G que llevan años en la lucha contra la contaminación electromagnética, y hay también muchas personas electrosensibles cuyos derechos humanos a la salud, a la vivienda y a la libre circulación se están viendo conculcados y lo estarán mucho más si se despliega la tecnología 5G.
En un informe, vuelvo a tomar pie en su nota y en su respuesta anterior, el Defensor del Pueblo concluye que existen irregularidades en el despliegue del Plan 5G y en los Proyectos Piloto 5G. No se ha realizado, afirma, evaluación ambiental, no se ha creado el Comité Interministerial sobre Radiofrecuencias y Salud, no hay un seguimiento de los efectos para la salud y no se ha atendido a las personas electrosensibles. ¿Qué es una persona electrosensible?
La electrosensibilidad es una enfermedad ambiental emergente que padecen millones de personas en el mundo. Muchas de ellas no lo saben, pues no es sencillo relacionar la contaminación electromagnética que no se percibe por los sentidos con los numerosos síntomas físicos que produce a largo plazo. Tampoco hay todavía muchos médicos formados que sepan diagnosticarla.
¿A qué enfermedades están expuestas esas personas?
Con frecuencia muchos afectados, como es mi caso, han recibido antes todos los diagnósticos de enfermedades de sensibilización central: fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple y por último el de electrosensibilidad, que es la que los médicos menos conocen. Y comprueban que, al evitar contaminación electromagnética, mejoran e incluso desaparecen los síntomas de las demás, con los que llevaban muchísimos años, y reaparecen cuando vuelven a sufrir exposiciones acumulativas. Cada vez más investigadores apuntan a que la causa de todas estas enfermedades emergentes, ya consideradas por muchos como ambientales, es la contaminación química y electromagnética a la que estamos expuestos. Y no es un tema baladí. Según datos recientes del INSS, hay en España cerca de 1.500.000 personas diagnosticadas de estas cuatro enfermedades, el 90% mujeres.
¿90% mujeres? ¿Y por qué ese porcentaje tan elevado?
Las investigaciones apuntan a que los químicos y las ondas interactúan. Muchos de los químicos que todos tenemos en sangre (la media es de 40 químicos, sólo el 2% de ellos estudiados antes de su introducción en el mercado) son xenoestrógenos, disruptores endocrinos que imitan a los estrógenos, hormona femenina por excelencia. Se acumulan en la grasa y las mujeres tenemos un 20% más de materia grasa, luego somos bioacumuladoras. Estas sustancias alteran todos los equilibrios hormonales femeninos y afectan también al sistema nervioso, inmunológico y celular. Estudios científicos apuntan a que las ondas electromagnéticas agravan el problema, pues entre otras cosas, abren la barrera hematoencefálica que protege al cerebro (lo que posibilita que esos químicos accedan a él) y abren excesivamente los canales iónicos celulares dependientes de voltaje, especialmente los canales de calcio, generando un fuerte estrés oxidativo y graves daños celulares y metabólicos.
¿Datos del INSS decía usted? ¡Un millón y medio de personas afectadas, más del 3% de la población española y silencio total en la prensa y en otros medios de información! ¿Cómo se digiere una cosa así?
La guía del INSS en la que se manejan esas cifras tan impresionantes insinúa que las enfermedades de sensibilización central estén relacionadas con los trastornos somatomorfos (un trastorno psiquiátrico cuyo antecedente según este documento del INSS se encuentra en la “histeria”). Mezcla todas ellas en un mismo documento dando a entender que puedan ser lo mismo. Y aconseja como tratamiento los antidepresivos, aun reconociendo que no hay base científica para ello (estudios científicos demuestran sin embargo que pueden producir graves efectos adversos en personas con estas enfermedades) y terapia cognitivo-conductual. Declara así mismo que no es conveniente que los enfermos eviten químicos y ondas. Eso ha suscitado la indignación y la movilización de las asociaciones de enfermos que han pedido la retirada del documento valorando incluso la vía judicial ¿Se daría ese tratamiento a estas enfermedades si los afectados fueran un 90% hombres?
Seguro que usted puede responder con mayor conocimiento de causa.
Curiosamente, la misma persona bajo cuya responsabilidad se fijaron los límites de emisión para las tecnologías inalámbricas en España fue creador del CCARS, un comité científico que depende del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones, que está vinculado a su vez con Telefónica, Vodafone y la red de Ciudades Inteligentes. No se le conoce declaración de conflicto de intereses. Hace informes de inocuidad sobre estas tecnologías y los presenta a los medios de comunicación en dependencias del gobierno (mientras han pasado más de cinco años sin crearse el comité oficial regulado por la ley de Telecomunicaciones de 2014 a pesar de reiterados requerimientos del Defensor del Pueblo). En esos informes se ha llegado a manipular el abstract de estudios científicos sobre electrosensibilidad cambiando el sentido de sus conclusiones, lo cual es gravísimo en ciencia. Esa misma persona ha trabajado para el SATI, financiado por compañías de telecomunicaciones. Sale en los medios de comunicación afirmando que las personas diagnosticadas de electrosensibilidad lo que tienen es un trastorno psiquiátrico. Aconseja a los jueces desde esos medios que no les concedan incapacidades laborales y lo que es todavía más increíble, esa misma persona, ha sido desde 2012 responsable del Ministerio de Sanidad de todas las enfermedades de sensibilización central, incluida la electrosensibilidad. Efectivamente todo ello es difícilmente digerible.
¿De quién está hablando? Lo de manipular los abstracts de estudios científicos me ha dejado sin habla.
Se trata de un hombre. El poder siempre ha tenido mitos de justificación: los esclavos no tenían alma, las mujeres carecíamos de mente racional y las enfermas medioambientales, además, “tenemos un problema psiquiátrico”. Y ser vistas de esa manera, por desgracia, en nuestra sociedad, nos hace perder la credibilidad. Muy cómodo para el sistema. Y muy hábil, culpabilizar a quien padece el daño para que quien lo produce no tenga que asumir responsabilidades.
¿Tienen ya nombre y apellidos las personas electrosensibles?
Sí, a pesar de ser una patología “socialmente invisible” y a que, por ello, son personas que deben enfrentarse a grandes dificultades hasta conseguir diagnósticos, muchas personas con nombres y apellidos pueden acreditar su enfermedad con certificados médicos. Los tribunales españoles y los de otros países ya han concedido varias sentencias de incapacidad laboral por electrosensibilidad e incluso la han reconocido como enfermedad laboral. En Suecia está reconocida como una discapacidad.
Vuelvo atrás. ¿Y por qué no se han realizado todos esos estudios que el Defensor del Pueblo señala muy sensatamente?
Eso mismo nos preguntamos nosotros y sólo se nos ocurre una respuesta: Por los enormes intereses económicos que están en juego. Este despliegue es una huida hacia delante. Si se cumplen todos los requisitos legales y se realizan todos los estudios pertinentes, podría peligrar. La tecnología que quiere poner en marcha las “ciudades inteligentes” está controlada en el mundo por muy pocas empresas que han invertido billones de dólares. Está habiendo una propaganda ingente que sólo informa de las ventajas, pero no de los riesgos. Y los gobiernos, por desgracia, quizás espoleados por la crisis, han decidido anteponer los “derechos de la tecnología” de la que esperan un “falso desarrollo” (si se cuantificaran previamente los riesgos y sus costos económicos frente a los beneficios quizá no sería ni siquiera rentable) a los “derechos de las personas y del medio ambiente”. En el fondo, a todo ello subyace una forma de violencia estructural y de corrupción. Pero también hay motivos para la esperanza. Muy recientemente, y esto lo añado ahora al revisar la entrevista, el gobierno ha aceptado las sugerencias del Defensor, ha anunciado la creación del Comité Interministerial sobre Radiofrecuencias y Salud y ha aceptado someter los planes y proyectos piloto 5G a estudio ambiental estratégico y estudio de impacto ambiental cuando se cumplan los requisitos regulados por ley. Esperemos que todo ello se lleve a cabo con seriedad y celeridad y que se garantice la independencia de ese comité.
No es una mala noticia. ¿Y todos o casi todos los gobiernos del mundo priorizan los falsos derechos de la tecnología a la salud de las personas y al cuidado del medio ambiente?
Digamos que sí, pero con matices y resistencias. Francia es puntera en Europa y tiene una ley de 2015 sobre la sobriedad, la transparencia, la información y la consulta en relación con la exposición a las ondas electromagnéticas. Ha prohibido el wifi en las guarderías y el móvil en las escuelas. Medidas similares han adoptado Israel o Chipre.
Recientemente ha salido una directiva europea que, para permitir el despliegue 5G, recomienda nuevos límites más altos en países en los que se habían regulado previamente límites de precaución más bajos, por ejemplo, en Italia y en Bélgica. En esos países, y en otros como Suiza, donde también había límites de precaución que las operadoras quieren subir, está habiendo una fuerte contestación ciudadana que está calando en los políticos. En el caso de Suiza, algunos gobiernos cantonales han bloqueado el despliegue 5G. Bruselas también. Eslovenia ha adoptado una moratoria. Cada vez más ayuntamientos se están oponiendo activamente al despliegue. En Silicon Valley algunos municipios han prohibido el 5G en zonas residenciales mediante ordenanzas municipales
Otro descanso si no le importa, el último.
De acuerdo, tomemos un respiro.
Fuente: El Viejo Topo, marzo de 2020
Primera parte de esta entrevista: Entrevista a Blanca Salinas Álvarez sobre la tecnología 5G (I). “Para que esta tecnología funcione serán necesarias millones de nuevas antenas y el lanzamiento de 20.000 satélites (previsión inicial)”. https://rebelion.org/para-que-esta-tecnologia-funcione-seran-necesarias-millones-de-nuevas-antenas-y-el-lanzamiento-de-20-000-satelites-prevision-inicial/