La coyuntura por la que actualmente atraviesa la economía nacional es probablemente una de las más duras en décadas.
De acuerdo a lo reportado por el Banco Central, durante el primer trimestre del año la actividad económica del país se expandió en apenas un 0,4% en comparación con igual período de 2019. Con esto, la economía chilena logró por poco sortear la recesión técnica –definida como la caída del producto por a lo menos dos trimestres consecutivos–. Esto porque en 2019 la economía chilena cerró con una caída anual de 2,1% en el último trimestre, totalizando una expansión de 1,1% en todo el año. De esta forma la actividad económica se encontraba en una situación de virtual estancamiento.
Ese era el escenario de una deteriorada economía posterior al estallido social de octubre y antes de que, a fines de marzo, se desatara la crisis sanitaria a causa de la pandemia del coronavirus.
No era de extrañar entonces que la crisis sanitaria golpeara con particular fuerza. En marzo, en los inicios de la crisis, el indicador mensual de actividad económica, IMACEC, anotaba una caída en doce meses de 3,1%, según lo reportado por el ente emisor. Posteriormente, en abril registró un hundimiento inédito de 14,1%. Así puestas las cosas, es altamente probable que el indicador vuelva a mostrar una fuerte caída en el mes de mayo, reafirmando la difícil situación por la que atraviesa la economía del país.
La pérdida de dinamismo de la economía impacta directamente sobre las finanzas públicas. Según la Dirección de Presupuestos, en abril los ingresos fiscales disminuyeron en un 35,8% con respecto a igual mes de 2019. El deterioro en este ámbito disminuye el margen de maniobra que tiene el gobierno para hacer frente a la crisis. Los gastos extraordinarios que esta demanda, especialmente en el ámbito social, solo pueden redundar en un empeoramiento de la situación de macroeconómica del país, especialmente en lo que a endeudamiento del fisco se refiere.
Sin embargo, donde con fuerza se evidencia la actual crisis es sobre el mercado laboral. A diferencia de los equilibrios macroeconómicos, el impacto aquí tiene una dimensión eminentemente social, con consecuencias inmediatas sobre las condiciones de vida de la población trabajadora.
La última cifra publicada por el INE, correspondiente al trimestre móvil febrero-abril, dio cuenta de una tasa de desocupación a nivel nacional de 9%, la más alta observada desde el trimestre marzo-mayo de 2010 (9,1%), cuando el país enfrentaba los efectos de la crisis subprime.
No obstante lo elevado de la cifra reportada por el ente estadístico, esta no logra dar cuenta a cabalidad de la extensión del desempleo que actualmente aqueja a las familias trabajadoras.
Una de las razones de aquello es que la metodología utilizada por el INE suaviza los efectos de los últimos meses sobre el mercado laboral, que es precisamente cuando con mayor fuerza la crisis ha golpeado. En efecto, la estimación del INE muestra un cuadro desfasado con respecto al real nivel del desempleo al considerar, junto a los datos de abril, los registros de los meses de febrero y marzo, cuando la crisis aún no se manifestaba, o solo lo hacía parcialmente.
En este sentido, vale la pena contrastar con las estimaciones realizadas por el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Si bien estas se refieren solo al Gran Santiago, dicho centro consignó para fines de marzo una tasa de desempleo de 15,6%, el registro más alto en 35 años, cuando en junio de 1985 marcó un 15,7%; mientras que la encuesta del INE, para la región Metropolitana, consigna una tasa de 8,7% en el trimestre enero-marzo y de 9,4% en febrero-abril.
Adicionalmente, otro factor que contribuyó a amortiguar la subida de la tasa de desempleo fue que, no obstante la fuerte caída del número de ocupados (-7,6%), se observó también una importante contracción de la fuerza de trabajo (-5,7%) en doce meses, razón por la cual el indicador no mostró un nivel aún más elevado. La cuestión es que tanto los trabajadores que quedan desocupados producto de la crisis, como aquellas personas que buscaban trabajo, están saliéndose del mercado laboral. Lo cual resulta lógico, ya que es extremadamente difícil encontrar un nuevo puesto de trabajo en las actuales circunstancias.
Un tercer factor viene dado por la denominada Ley de Protección del Empleo, que entró a regir a inicios de abril. Esta permite a la empresa suspender el vínculo laboral con sus empleados, en tanto que las remuneraciones corren a cargo del seguro de cesantía. En la estadística oficial los trabajadores acogidos a dicha ley son registrados dentro de la categoría de ocupados ausentes; esto a pesar de que en estricto rigor se trata de una forma encubierta de desempleo.
Al respecto, en su último reporte el INE consignó un fuerte aumento de esta categoría, la cual se expandió en un 44,2% en doce meses. Con esto, los ocupados ausentes aumentaron su peso dentro del total de ocupados a un 14,4%. Esta categoría mantiene una estrecha relación con la crisis sanitaria en curso, ya que el 80,7% de los trabajadores clasificados aquí debe su ausencia precisamente a los efectos de la pandemia.
La importancia de los ocupados ausentes para mantener a raya la desocupación en la estadística oficial es tal que algunos analistas estiman que esta hubiera rondado entre el 13 y el 14% de no haber mediado la Ley de Protección al Empleo. De todas formas se espera que la situación del empleo se deteriore aún más en los próximos meses, especialmente en consideración que los datos muestran que en mayo el número de trabajadores acogidos a la mencionada ley aumentó en 100 mil con respecto a los registrados en abril.
De este modo, producto de la crisis económico-sanitaria se ha constituido en Chile un verdadero ejército industrial de reserva, con toda la carga de miseria que este conlleva, y del cual la tasa de desocupación solo da cuenta parcialmente. No es de extrañar entonces que el hambre haya comenzado a instalarse con fuerza en extensos sectores populares de la población, situación que seguramente se agravará en los próximos meses.
Por si la situación del empleo fuera poco, las remuneraciones también han acusado el golpe de la crisis sanitaria. De acuerdo al INE, en abril el poder adquisitivo de las remuneraciones anotó una disminución de 0,8% con respecto a igual mes de 2019. Por otra parte, si bien la variación del IPC se ha mantenido a raya, la división de alimentos y bebidas no alcohólicas viene acumulando desde febrero alzas anuales por sobre el 6%, en fuerte contraste con las alzas inferiores al 2% que exhibía para los mismos meses de hace un año atrás.
A medida que vayan saliendo nuevos datos se podrá hacer un cuadro más completo de la sombría situación de la economía chilena y cómo esta golpea a las familias trabajadoras. Todo indica que la situación empeorará más en los próximos meses.