El gobierno neoliberal de Claudia López articula con el gobierno de Duque y Uribe no sólo a nivel político, económico y social, sino también en la aplicación de la doctrina de seguridad, reprimiendo, persiguiendo y señalando con prácticas fascistas las protestas sociales que se han dado en la ciudad y apoyando la intervención militar dirigida por el pentágono contra la República Bolivariana de Venezuela.
También es un hecho que hace parte de un ejercicio integral de la denominada “colombianización” del continente o por lo menos, de algunas regiones, en este sentido valdría la pena analizar el papel de la oligarquía y aristocracia de Colombia en el desarrollo del denominado Plan Puebla Panamá, cuya infraestructura está siendo instalada principalmente por empresarios colombianos y la seguridad no es otra que la neofascista seguridad democrática, vale la pena destacar como asesores directos de este proceso a William Vélez y a Sergio Fajardo, candidato presidencial de la actual alcaldesa.
Por ello no extraña que el Plan de Desarrollo Distrital (PDD) 2020-2024 sea una continuidad de la administración de Peñalosa, aunque está cuidadosamente disfrazado en un discurso medioambiental y de inclusión social. Además, a pesar de haber asumido en campaña un “compromiso público con los maestr@s”, dejó por fuera cualquier escenario de participación con la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación – ADE, en la proyección y construcción del Plan Sectorial de Educación.
Esta situación se hace mucho más crítica para l@s docentes del distrito, si se tiene en cuenta que el pliego de peticiones radicado el pasado 28 de febrero en la alcaldía mayor, aún no tiene calendario para su negociación, situación que debió darse antes de la discusión y aprobación del PDD, pues el margen de maniobra de la negociación del pliego se reduce cuando ya todo está dicho y aprobado a este respecto.
Sabemos que nuestra posición hiere susceptibilidades, con relación al ejercicio hegemónico que imponen los sectores políticos que se alinean a favor de la administración de Claudia López en el Magisterio, y consideran que su política pública es distinta a la de su mentor y antecesor y a la del gobierno nacional. Sin embargo, el ejercicio engañoso y manipulador de esta nueva versión del neoliberalismo queda desenmascarado por lo menos para el Magisterio en esta imposición del PDD de la mano del Centro Democrático, Partido de la U, Cambio Radical y de cierta izquierda descafeinada que prefirieron los acomodos y la conveniencia que pensarse en esa ciudad distinta a la impuesta por los entes multilaterales y el modelo paisa de ciudad y región.
La participación del sector privado en el desarrollo de proyectos de interés público continuará a través de distintos procesos de privatización como son la tradicional modalidad de concesionar y las novedosas alianzas público-privadas (APP). De esta última figura, se genera una preocupación por la posible apropiación privada a largo plazo de la infraestructura estatal, mayor endeudamiento distrital con el sector financiero y la transformación de derechos fundamentales en servicios de consumo.
En otras palabras, el Estado puede apartarse de espacios públicos para que compañías y multinacionales ingresen a participar en el “diseño, construcción, restitución, mejora, remodelación, operación, dotación y prestación de servicios” de hospitales, escuelas, parques, carreteras, y entidades encargadas del agua, saneamiento y energía.
Vale la pena aclarar que, como parte de la Junta Directiva de la ADE, no se respaldó este tipo de proyectos, sin embargo, un concejal manifestó que contaba con el aval de la Junta, sería importante que esto se aclarara pues deja en entredicho nuestro real compromiso con el magisterio y una política que condene el manejo privado de la administración pública.
En cuanto al Plan Sectorial de Educación, se mantienen los colegios en concesión, aunque disfraza esta situación planteando que no generará nuevas concesiones en este periodo, además, se trazan otras formas de mercantilización de la educación como la creación de la Agencia de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. La agencia tiene como objetivo principal la promoción de 20.000 cupos gratuitos y recibirá más de 30.000 millones de pesos para articular la oferta educativa del nivel superior con las demandas del mercado laboral, priorizando las instituciones de educación superior públicas para brindar los nuevos cupos.
Sin embargo, ante la desfinanciación histórica de las universidades públicas en Colombia, despojadas de recursos para ofrecer contratos dignos para docentes y mejorar su propia infraestructura y equipamiento, resulta fácil inferir que el sector privado concentrará susodichos cupos, situación ya experimentada en el programa “Ser Pilo Paga”. Esta agencia solo es una nueva forma de burocratización de la educación distrital, con mayores gastos y cuotas políticas, que no pretende atender los problemas de raíz de la educación superior pública de la ciudad.
Finalmente, no queda claro cómo se implementarán otros aspectos del Plan Sectorial de Educación ante lo cual, dejamos formulados estos interrogantes:
¿Las estrategias en educación media y la orientación socio-ocupacional seguirán a través del SENA u otras modalidades de tercerización?
¿Cómo será la articulación de la “Cátedra para la Paz” con el proyecto “Escuela como Territorio de Paz”?
¿La formación docente es a nivel de posgrado o incluirán en ella la participación en redes y cursos?
¿Continuarán los mismos procesos de selección docente para l@s provisionales, a pesar de lo desiguales e injustos que han sido hasta ahora?
Más información en: www. tjer.org