El 28 de junio de este mes fue asesinado Raúl Liponce compañero de Luis Naranjo, líder del Espacio Territorial de Capacitaciòn y Reincorporación (ETCR) Juan Carlos Castañeda, a 64 kilométros del municipio de Remedios (Antioquia), para quien estos hechos violentos provocan angustia entre los excombatientes y pérdida de credibilidad en el gobierno nacional.
El informe más reciente del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), componente FARC, este año han sido asesinados 31 excombatientes de las FARC, especialmente en los departamentos de Antioquia, Chocó, Putumayo y Cauca con cuatro asesinatos cada uno.
Juan Patiño responsable del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) nodo noroccidente, departamentos de Antioquia, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío, explica que faltan garantías de seguridad para la implementación de los acuerdos de paz. Bandas criminales, grupos armados organizados anexos a las mafias militarizadas de los urabeños y los caparrapos disputan el control de municipios como Ituango y Remedios (Antioquia) y en el departamento del Chocó.
En Colombia hay aproximadamente 3 mil reincorporados en los Espacios de Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), creados por decreto, a los que llegaron los desmovilizados en el año 2017 cuando dejaron las armas, tras la firma del Acuerdo de Paz, y alrededor 7 mil están en Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) donde se ubicaron espontáneamente, en ambos casos sobreviven con proyectos productivos y emprendimientos.
Uno de los firmantes de los acuerdos es Federico Montes quien vive en el ETCR Héctor Ramírez en la vereda Agua Bonita II, del municipio La Montañita (Caquetá), y para quien cada acto de violencia es sentido como propio. Así lo lo describe. https://soundcloud.com/user-812930324/federico-montes
Desde la firma del acuerdo de Paz hasta junio 28 de este año según cifras del CNR, componente FARC, han sido asesinados 214 firmantes de la paz. Donde vive Federico no han enterrado a ninguno de sus compañeros este año, pero sí cerca en el municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá).
Juan de Jesús Monroy Consejero de Reincorporación del Meta ubicado en la ETCR Darío Gutiérrez, que cumplirá tres años el 28 de agosto, cree que el número creciente de asesinatos obedece a la falta de voluntad política por parte del gobierno nacional y al incumplimiento del punto 3 del Acuerdo de Paz, el cual estableció que tras la dejación de las armas la reincorporación a la vida civil y la seguridad serían garantizadas para todos los excombatientes.
Monroy considera que el gobierno no está combatiendo suficientemente a los paramilitares y disidencias y simultáneamente persiste una campaña intentado estigmatizar a la población reincorporada vinculándola con reincidentes y disidentes.
“En el caso nuestro estamos en un área de reincorporación donde mostramos con hechos que la paz se construye con voluntad política y de acción. Más que condenar a los grupos que están matando a los firmantes de la paz, yo condenaría al gobierno nacional por falta de voluntad política y de implementación del acuerdo de la Habana. No hay reforma rural integral, no hay implementación de reincorporación digna no hay tierra ni vivienda para los excombatientes, no hay solución para las necesidades básicas de las comunidades, eso no garantiza la seguridad jurídica y física de quienes le apostamos a la paz”, afirma Juan*
Seguridad en terreno
En el marco de la implementación de los acuerdos, que aún no se materializa completamente, lapandemia representa otro desafío. Por esta razón los ETRC se cerraron a personas externas para apaliar la pandemia y recibieron kits de salud de parte del gobierno. Así lo ha expresado la ONU, el varios comunicados del 17 de abril la Comisión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el 9 de mayo reiteró su preocupación por estos asesinatos.
“La Misión reitera su preocupación, también expresada por el Secretario General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por los asesinatos contra exmiembros de FARC – EP que de buena fe dejaron las armas, de líderes sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos, así como las acciones violentas contra las comunidades en regiones afectadas por el conflicto”, ONU.
Para el Secretario General de las Naciones Unidas las tres prioridades en Colombia para este año son: 1) adoptar las medidas necesarias para poner fin al asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes; 2) fortalecer la sostenibilidad del proceso de reincorporación a la vida civil y asegura que los beneficios lleguen a todos los excombatientes y 3) asegurar que la comunidad, especialmente las víctimas, sea el centro de estos esfuerzos de la implementación.
Mientras se trabaja por alcanzar estos objetivos la violencia continúa. Por ello, los excombatientes adoptan medidas de control y cuidad en los territorios, por ejemplo, con respecto a quienes se relacionan con ellos en los ETCR y mantienen una interacción constante con las instituciones, la comunidad y las organizaciones de la sociedad, dedicadas a los derechos humanos, con el fin de mejorar el relacionamiento y minimizar la posibilidad de que atenten contra las vidas de quienes hacen parte del proceso de reincorporación.
El trabajo conjunto con actores sociales y comunitarios y mantener un comportamiento adecuado, porque que firmaron el Acuerdo de Paz con el propósito de construir un país distinto, son vitales para ellos desmovilizados.
En este punto, Monroy sostiene que falta pedagogía gubernamental sobre los acuerdos de paz para contrarrestar el mensaje de los medios que contribuye a hacer trizas los acuerdos. “Se infunde mucho odio y se presenta un genocidio parecido al de la Unión Patriótica”.
Las consecuencias de esta violencia son evidentes. Entre ellas, el impacto en los procesos comunitarios de los desmovilizados de las FARC y también: “El cercamiento de las posibilidades de tejido social y político en esos territorios, las amenazas. Muy grave es el caso del municipio de Ituango donde 200 familias de reincorporados tienen que desplazarse y están buscando predios para reubicarse. Antes Ituango estaba controlado por las FARC-EP, ahora penetran las bandas criminales y no el Estado, pese a la presencia militar entran los paramilitares urabeños y los caparrapos”, precisa Juan Patiño.
La situación de seguridad es crítica. El municipio de Ituango, precisa Patiño, es disputado porque es un corredor que va desde el Bajo cauca en Antioquia hacia el Chocó para sacar pasta de coca, para la producción de cocaína, por parte de los narcotraficantes.
Los firmantes de la paz estorban al avance delincuencial en los territorios, así lo explica Patiño. https://soundcloud.com/user-812930324/juan-patino-1
De este contexto de violencia se alejó Andrés Niño, un reincorporado que ahora estudia y trabaja en la ciudad de Cali. Niño salió de la Cárcel de Chiquinquirá directamente a la ETRC de la Elvira, en el departamento del Cauca, el 11 de mayo de 2017.
Él recuerda que, un pito o un radio eran la única protección durante las guardias que hacían por turnos. Junto a sus compañeros adelantaba labores de pedagogía para la paz y crecían los rumores de grupos armados a su alrededor. La gente, dice Niño, empezó a irse al comprender que no había garantías de seguridad y debido al incumplimiento de la implementación de los acuerdos.
Al finalizar este reportaje, los medios registraban nuevos asesinatos de firmantes de la paz. Carlos Alfonso Velásquez, coronel (r), magister en estudios políticos, profesor universitario y columnista, considera que la respuesta gubernamental es insuficiente.
“Su discurso se limita a decir que presuntamente fueron x o c delincuentes y que siempre que han conocido de amenazas reacciona desplegando miembros de la Fuerza Pública para prevenir. Sin embargo, no se conocen investigaciones concluyentes- más allá de una en el Meta y la de un desmovilizado en Santander, – sobre la autoría intelectual y ciertos rasgos de sistematicidad”, señaló Velásquez.
En su concepto, la escasa voluntad política se debe a la influencia del partido político del presidente Iván Duque, Centro Democrático porque dicha colectividad no estuvo de acuerdo con la firma del acuerdo de paz. “Para la sociedad colombiana lo anterior es un inequívoco retroceso, por cuanto quedamos ante el mundo como una especie de sociedad irremediablemente violenta”, añade.
Fernanda Sánchez Jaramillo. Comunicadora social y periodista, magister en relaciones internacionales y trabajadora comunitaria.
@Fernandareports