Mark Twain decía con mucha razón: “Es más fácil engañar a la gente, que convencerlos que han sido engañados”. Desgraciadamente, esta frase podría sintetizar la historia de Chile de estos últimos treinta años.
En efecto, la historia de la dictadura fue extremadamente violenta y terrible. Pero notablemente clara. Se trataba, en definitiva, de imponerle a la gran mayoría de la población un modelo, económico-social y cultural que responde a las aspiraciones e intereses de una pequeña minoría. Así, pese a la gigantesca manipulación informativa y el terror físico y sicológico de años, Pinochet fue derrotado en el plebiscito de 1988.
En cambio, nuestros treinta últimos años han estado completamente ensombrecidos por una opacidad y un engaño permanentes. ¿Cómo han hecho los líderes de la Concertación (y ex Concertación) para que una mayoría de la población casi siempre les renueve su confianza, pese a que en los hechos –particularmente en sus 20 primeros años ininterrumpidos de gobierno- legitimaron, consolidaron y perfeccionaron el modelo de sociedad que ellos combatieron durante la dictadura, y que se comprometieron a sustituir por una sociedad efectivamente democrática, donde sus instituciones respondieran a los derechos y legítimos intereses de la mayoría del pueblo?
Si vemos con algún rigor la historia reciente nos daremos cuenta que mientras seguían (¡y siguen!) voceando un rechazo al neoliberalismo; continuaron esencialmente con las mismas políticas económicas de la dictadura
en que el Estado abdicaba de un rol de estímulo económico a los productos con mayor valor agregado y de apoyo a inversiones significativas en ciencia y tecnología. Asimismo, dicho liderazgo conservó TODAS las instituciones y leyes fundamentales que estructuraron el sistema económico impuesto por la dictadura en lo laboral (“Plan Laboral”); previsional (AFP); salud (Isapres); minería (ley minera); universitario (universidades privadas con fines de lucro y muy poco apoyo a las universidades públicas); tributario (sistema que permite la elusión tributaria de las grandes empresas y fortunas); y social en general (irrelevancia de sindicatos, juntas de vecinos, colegios de profesionales y técnicos, y del movimiento cooperativo).
E incluso acentuaron diversas características del modelo económico heredado de la dictadura, a través de una mayor privatización o concesiones de servicios públicos; de una mayor concentración del poder económico en grandes grupos económicos; de una también mayor concentración de la propiedad de los medios de comunicación en manos de dichos grupos; de una privatización efectiva de más del 70% de la gran minería del cobre; y de una integración subordinada al mercado mundial a través de numerosos tratados bilaterales de libre comercio.
Todo ello quedó esclarecido en sus fundamentos por un libro (desgraciadamente muy poco leído) del considerado principal ideólogo de la transición –el ministro secretario general de la Presidencia de Aylwin, Edgardo Boeninger- publicado en 1997 (Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad; Edit. Andrés Bello); en el cual reconoció descarnadamente que a fines de los 80 se produjo una “convergencia” con la derecha en su pensamiento económico, “convergencia que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer” (p. 369).
Para que esta convergencia no quedara desnuda y reconocida, el liderazgo concertacionista procedió maquiavélicamente, ¡en 1989!, a efectuar una operación que debe ser inédita en términos mundiales: ¡Regalar –a través de una Reforma Constitucional concordada- la mayoría parlamentaria que la Concertación tenía virtualmente segura de acuerdo a los términos originales de la Constitución de 1980! Y ello para poder sostener plausiblemente que si no procedía a aplicar el Programa presidencial prometido aquel mismo año, era porque no tenía las mayorías parlamentarias para tal efecto. ¡Lo que era cierto, pero ocultando obviamente el hecho de que lo era porque la Concertación se había deshecho de esa muy incómoda mayoría!…
En efecto, la Constitución original del 80 estipulaba –obviamente pensando en que iba a favorecer a un Pinochet ratificado por ocho años más en la Presidencia- que al menos la mayoría parlamentaria simple se obtenía con sólo mayoría absoluta en una cámara y un tercio de la otra. Y dicho eventual gobierno de Pinochet habría tenido con toda seguridad mayoría absoluta en el Senado, gracias al sistema electoral binominal más los nueve senadores designados. Y fácilmente habría obtenido también más de un tercio de la Cámara de Diputados, dado el mismo sistema binominal.
El punto es que, luego de la derrota del Sí en el plebiscito, el seguro futuro presidente Aylwin también se vería beneficiado con esa disposición. Esto porque la Concertación obtendría mayoría absoluta en diputados al doblarle con toda seguridad a la derecha en su votación en varios distritos. ¡Y también obtendría con toda seguridad el tercio del Senado!, ya que su composición original era de 26 senadores electos (dos por cada una de las entonces trece regiones) y 9 designados; un total de 35. Y la Concertación al menos elegiría uno por cada región, esto es, trece; siendo el tercio de 35, doce…
Sin embargo, he aquí que la Concertación concordó con la dictadura y la derecha un “paquete” de 54 reformas constitucionales, sin siquiera especificarlas todas públicamente para someterlas a plebiscito, ya que hasta el “período permanente” de la Constitución del 80 (que empezaría en marzo de 1990) ese era el método de reforma estipulado. Solo algunas de las 54 reformas se especificaron en el corto período de “campaña” (¡de consenso!) plebiscitaria. Y entre ellas se mencionaron algunas que morigeraban el carácter autoritario de la Constitución, pero sin eliminar ninguna de sus principales disposiciones autoritarias. Pero lo peor fue que el liderazgo de la Concertación ¡aceptó cambiar aquel dispositivo que le aseguraba la mayoría parlamentaria, por otro que subía el quórum para aprobar las leyes a la mayoría absoluta en ambas cámaras, sin eliminar los senadores designados! Esto significaba lisa y llanamente regalar la mayoría parlamentaria. ¡Y no se dijo NADA de esto a los ciudadanos, de modo tal que los millones de personas que habían votado por rechazar a Pinochet y su dictadura en 1988, fueron, SIN SABERLO, a convalidar con su voto en 1989 tal cercenamiento de las posibilidades efectivas de que sus votos futuros pudiesen incidir en el cambio del conjunto de la legislación de la dictadura.
Y lo que ya supera todo límite, es que este desconocimiento generalizado subsiste hasta el día de hoy, dado el pétreo silencio que han guardado al respecto los líderes concertacionistas que acordaron esta gigantesca y vergonzosa renuncia. Obviamente la derecha -que se vio magníficamente beneficiada con ello- ha guardado también hasta hoy un gozoso silencio.
Y lo realmente escalofriante es que ESTA HISTORIA ESTÁ VOLVIENDO A REPETIRSE, con el acuerdo del 15 de noviembre del año pasado –como reacción al “estallido social” de octubre que demostró el hartazgo de la gran mayoría de la población con la continuación del modelo neoliberal- entre ambos liderazgos que se vio refrendado con la Reforma Constitucional concordada en enero pasado. A través de ésta, el liderazgo de la ex Concertación le está regalando a la derecha un virtual poder de veto en la aprobación de una “nueva” Constitución, al establecerse un antidemocrático quórum de 2/3 para ello. Esto, porque la derecha desde 1990 ha elegido siempre, lejos –con o sin sistema binominal- más de un tercio de los congresales electos. ¡Y lo casi increíble es que desde fines de noviembre ya ni siquiera se menciona el tema públicamente!
Es decir, así como en 1989, el liderazgo de la Concertación procedió solapadamente (a través de una Reforma Constitucional) a regalarle a la derecha la futura mayoría parlamentaria para poder plausiblemente “culpar” al hecho de no tener dicha mayoría el no aplicar su programa (en el que ya no creía) de sustitución del modelo neoliberal; ahora, en 2020, ha procedido a regalarle a la derecha el quórum que le permitirá controlar el resultado final respecto de una “nueva” Constitución. De tal manera que mañana el liderazgo de la ex Concertación podrá también “culpar” a la necesidad de contar con el consenso de la derecha, el que no pueda obtener una Constitución que establezca las bases que permitan construir una nueva sociedad que elimine la vigencia del modelo neoliberal.
Al menos, en el caso de 1989 la operación de “renuncia” pudo hacerse -¡y se mantiene!- en silencio y con el total desconocimiento de la ciudadanía. ¡Hoy se está haciendo con todo desparpajo!…