Después de la orden de la Corte Suprema de Justicia, a través de la cual se dicta medida de privación preventiva de la libertad, bajo la modalidad de casa por cárcel, contra el ex senador y ex presidente Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de manipulación de testigos, intento de soborno, amenazas contra declarantes, en el país se ha desatado una fuerte controversia política y jurídica, y no es para menos, pues se trata de una medida de aseguramiento contra un expresidente, un hecho sin precedentes en la historia jurídica del país. Las reacciones desatadas entre opositores y seguidores del ex presidente, así como también, la controversia jurídica desatada en favor y en contra de la Corte Suprema de Justicia, hechos todos que dan cuenta de la gran magnitud y el importante significado que tiene para el futuro de la democracia colombiana esta determinación, porque justo es reconocer que la figura de Álvaro Uribe Vélez juega un importante papel en la historia colombiana de los últimos 30 años. En medio de todo este marco de agitación política, se plantea la discusión sobre la continuidad del uribismo, con Uribe por fuera del escenario político.
Desde una perspectiva de las víctimas del conflicto armado en Colombia este tema es de palpitante actualidad, porque para nadie es un secreto, el ex Presidente Álvaro Uribe Vélez es actor de primera línea en el desarrollo y agudización de la guerra y confrontación interna que ha vivido el país en los últimos años y en ese sentido, el proceso adelantado por la CSJ, contra el ex Presidente, es a abrir la ventana para que también se hagan las investigaciones respectivas, por señalamientos en la que está comprometida su responsabilidad, tales como la conformación de grupos paramilitares, la promoción de seguimientos ilegales, narcotráfico, masacres, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, así como, la utilización de sus cargos públicos para favorecimiento personal y/o familiar y aunque habrá que esperar como terminan los vericuetos jurídicos a los que apelara la defensa del ex Presidente, lo cierto es que este debate polariza al país y reconociendo el enorme poder de intimidación e influencia, que tiene tanto el ex Presidente, como en general lo que se denomina uribismo, deberíamos prepararnos para un ajuste institucional, en favor del autoritarismo, la impunidad y el fortalecimiento de una expresión política de la ultraderecha en el país, estando Uribe a la cabeza y aún es posible que esto se presente, sin que él sea la cabeza visible de esta expresión política. En este sentido hay que reconocer que es tamos lejos de lo que podría denominarse “el fin de la era Uribe”.
Vale la pena realizar un rápido análisis de algunos acontecimientos que se han dado después de la orden de detención del ex presidente y ahora ex senador Álvaro Uribe Vélez:
La decisión de ordenar medida de privación de libertad, justificada en un conjunto de pruebas que tiene la corte suprema de justicia, de no ser así, no se habría adoptado esta medida, no obstante, llama la atención que el lugar que se ha definido para la detención sea la finca el Uberrimo una gigantesca extensión de terreno en la zona rural de Montería, dónde Álvaro Uribe Vélez se ha movido con facilidad durante muchos años y donde verificar el cumplimiento de la orden de privación de la libertad será casi imposible. Ahora bien la orden de privación de la libertad está sustentada en la presunción, que de buena manera tiene la Corte Suprema de Justicia, en que una figura como la del expresidente en libertad, significaría múltiples sabotajes al proceso de investigación, asimismo, pesan sobre el expresidente los antecedente que la justicia colombiana ha tenido con otros “ilustres” Uribistas que a la menor oportunidad salieron en fuga del país para evadir su responsabilidad por la comisión de múltiples delitos baste recordar el caso de la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado, o el consejero de paz Luis Carlos Restrepo, entre otros.
Asimismo y como era de esperarse los seguidores del expresidente, han salido hacer todo tipo de reproches, reclamos y propuestas, y es que jamás consideraron que su “ídolo” o “Mesías”, a quién consideraban “intocable”, fuese estar bajo la figura, de orden de detención por la comisión de algún delito, y es por esto qué surgen múltiples propuestas e iniciativas encaminadas a la reforma a la justicia y el anuncio de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, plebiscito y referéndum, con lo cual el Centro Democrático partido de gobierno que lidera el ex presidente Uribe, pretende movilizar la opinión pública en favor de reorganizar la estructura del estado colombiano para en todo caso favorecerse y de paso hacerlo con sus investigados escuderos. Eje principal de esta campaña mediática, es presentar la investigación contra el expresidente, como parte de una “conspiración” de una justicia tomada por la izquierda y el castrochavismo Comunista, de la cual Uribe es la víctima. Campaña que está agenciada por varios ministros del gobierno, el propio presidente Iván Duque y las principales figuras del Centro Democrático.
Todo este show es parte de la ambientación que hacen para la reedición de una propuesta extraordinariamente peligrosa como lo es la convocatoria de una Asamblea Constituyente, para reformar la justicia inicialmente, pero que sin duda será sólo el inicio de la liquidación de lo que queda de régimen democrático y completar la labor de la instauración de una dictadura civil, buscan modificar de conjunto la constitución, reiterar la propuesta de la reelección permanente, negar el acuerdo de paz, reformar la justicia para impedir un proceso contra ex presidente y aún para echar atrás las decisiones judiciales que han afectado a decenas de Uribistas que han sido condenados o están siendo investigados, en fin, buscan no solo hacer trizas el acuerdo de paz, si no acabar con lo que quede democracia en el país.
A los uribistas, parapetados hoy en el partido Centro Democrático, no les importa el fortalecimiento de la democracia, quieren un país, en el cual tengan control absoluto de las instituciones, el mejor ejemplo de ello, es lo que ha sucedido en los últimos días, donde han garantizado con sus mayorías en el parlamento elegir Defensor del Pueblo, Procurador General, Contralor y de esta manera completan el control de los poderes públicos y los entes de control, de los cuales ya tenían el manejo de la Fiscalía General de la Nación, quién ahora llevará el proceso de investigación, que tuvo que trasladar la CSJ, para que el fiscal Uribista, amigo de la causa del presidente, terminé absolviendo de todas las responsabilidades y dar por juzgadas y cerradas todas las investigaciones que cruzaban por la comisión de diversos delitos contra el ex presidente y ex senador. Y con ello quedaría reeditado y libre de “culpa” y con toda seguridad listo para lanzarse a una nueva campaña presidencial como salvador de la patria.
Y es que el peligro de una asamblea constituyente, es que en las condiciones actuales de la efervescencia y polarización política del país, resulta bastante inconveniente y pone en peligro la frágil institucionalidad, que intentan mantenerse dentro de los márgenes de la democracia restringida que se ha impuesto durante las últimas décadas, es bueno advertir que esta propuesta en medio de las ya múltiples demostraciones del partido Centro Democrático, no tiene la mejor de las intenciones, por esta razón es necesario recordar a los sectores democráticos y populares del país que aunque el país requiere con urgencia modificaciones estructurales que puedan enfrentar, la violencia política, la corrupción, la enorme y cabalgante impunidad, el negacionismo y el ocultamiento de la verdad frente a lo ocurrido en el conflicto, así como, una profunda estructuración del modelo económico que permita que el país se oriente por un modelo capaz de distribuir de mejor manera las riquezas económicas, y no se siga favoreciendo los intereses de los más privilegiados como acaba de suceder con el “préstamo” que el gobierno le ha hecho de manera extraordinariamente generosa a una multinacional cómo Avianca propiedad de empresarios corruptos que están siendo investigados por la justicia en otros países de América, igualmente se requiere una modificación estructural para que los gobernantes no vayan regalando la soberanía nacional como lo ha hecho el gobierno de Iván Duque, al permitir la presencia de tropas extranjeras en el territorio nacional con la excusa de lucha contra el narcotráfico pero que sin duda alguna, es la justificación para que desde nuestro territorio se organiza una escalada militar contra países hermanos como Venezuela. Se requiere sí una asamblea constituyente pero donde existan reales garantías para que la participación del pueblo en su discusión y en la elección de los constituyentes, no esté viciada de corrupción e injerencia de las plantas del narcotráfico, como ha sucedido con las elecciones de los últimos presidentes de nuestro país.
De esta manera podemos entonces a firmar de manera categórica, que estamos extraordinariamente lejos de poder hablar del “fin de la era de Uribe”, porque sin duda, estando él, al frente de la conducción de las riendas de su proyecto político y aun no estando visible, el propio movimiento tiene capacidad de relevo, entre otras cosas como una necesidad para renovar y proyectar una imagen de cambio, sin embargo, el ideario guerrerista y de ultraderecha que entraña el pensamiento del Uribismo permanecerán vigentes en la lucha política en nuestro país por muchos años.
Es por esto que se hace urgente seguir fortaleciendo escenarios de formación política, que conforme un amplio espectro político de sectores democráticos y populares en favor de las soluciones democráticas y progresistas que el país reclama desde hace tantos años, así como, el fortalecimiento de la capacidad de organización y movilización unitaria, que ha sido saboteada por la irrupción cada vez más creciente de este discurso guerrerista y de odio, qué ha alimentado el uribismo, con Uribe a la cabeza, pero que también reproducen fanáticamente muchos de sus seguidores, y algunos voceros, que a conveniencia están en el Uribismo para sustentar desde el discurso de la guerra y la confrontación, sus privilegios de clase conquistados a partir de la violencia y la explotación de los sectores más humildes del país.
Alfonso Castillo, Defensor de los Derechos Humanos.