No hay acuerdo para renovar el CGPJ, el rey es más cuestionado que nunca y crece la incertidumbre sobre Madrid
Cuando el PSOE y Unidas Podemos sellaron el acuerdo de coalición para formar su Gobierno progresista, muchos auguraron un fin de ciclo. La economía estaba estabilizada en el crecimiento, el partido que aspiraba a acabar con el régimen del 78 había pactado con uno de sus pilares y la Casa Real había logrado consolidar el reinado de Felipe VI tras la abdicación de Juan Carlos I. Tras el traumático 2017 catalán, parecía que se abría también una etapa de distensión. Sin embargo, la crisis de la covid-19 amenaza con ampliar la brecha económica, social e institucional que se abrió en 2008.
En medio de una crisis sanitaria, los ciudadanos miran a sus instituciones buscando certezas. Sin embargo, las polémicas no han parado de sucederse, desde la guerra que el Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso mantiene con el Gobierno central hasta la no renovación de una parte importante del poder judicial. No ha sucedido lo mismo en otros agentes, como la patronal y los sindicatos, que han logrado acuerdos en materias tan fundamentales como los ERTE o la legislación sobre el teletrabajo.
Catalunya, ‘sin president’
La Justicia muestra su cara más polémica cuando entra en juego la política. Este lunes, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de un año y medio de inhabilitación impuesta al president de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, por un delito de desobediencia. El origen de la sentencia es la negativa del president de retirar los símbolos independentistas durante el periodo electoral de las elecciones del 28 de abril de 2019.
La decisión del Poder Judicial de inhabilitar a un cargo electo no ha estado exenta de polémica y ha dado pie a que Torra plantee, de nuevo, las elecciones en Catalunya como un plebiscito. Sin embargo, los comicios autonómicos no están convocados. El PSOE y el PP ya ha expresado su interés en que se ponga fecha cuanto antes: «Tenemos que tener las instituciones lo más fortalecidas posible y estarían en una situación de debilidad», explicaba la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, sobre la sentencia.
En este caso, también ha habido voces discrepantes en el Gobierno. Horas antes de conocer la inhabilitación, el ministro de Universidades, Manuel Castells, ha calificado de «exagerada» esta petición para el president.
La Justicia, ¿caducada?
La Constitución obliga a la renovación de los órganos más importantes del poder judicial. Al Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, le da un periodo de cinco años tras los que sus miembros tienen que ser renovados, parte de ellos por el acuerdo de una mayoría de tres quintos en Congreso y Senado. Sin embargo, la ejecución de este mandato constitucional no ha sido posible sin el visto bueno del PP, que rompió las negociaciones con el PSOE para llevarlo a cabo este verano. Lo mismo ocurre con la renovación de otros órganos como el el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo.
Este domingo, el PSOE y el bloque de la investidura han pedido por carta a la oposición que colabore con esta renovación, advirtiendo que este incumplimiento «afecta gravemente a la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y deteriora los estándares democráticos».
La Corona, más cuestionada que nunca
Los últimos años del reinado de Juan Carlos I estuvieron marcados por los escándalos. En 2014, abdicó el favor de su hijo Felipe VI en una operación que trataba de desvincularle de los casos de corrupción. Si el 3 de octubre de 2017 , el actual rey dio su discurso más criticado sobre la situación en Catalunya, 2020 promete ser otro ‘annus horribilis’ para la Corona española después de que se esté investigando al emérito por presuntas comisiones. En esta ocasión, desvincular a Felipe VI está siendo más complicado, ya que aparecía como uno de los beneficiarios de la Fundación Lucum. Además, el rey emérito abandonó España el pasado agosto, estuvo varios días en paradero desconocido y finalmente apareció en Emiratos Árabes.
A pesar de que el PSOE y el PP se esfuercen en evitar comisiones de investigación en el Congreso o que el CIS pregunte por la monarquía, una obligación informativa que asumirán 16 medios independientes, el rey ha entrado definitivamente en el juego político. El pasado viernes, el Gobierno decidió que este año, el monarca no visitaría Barcelona para la entrega de los despachos a los jueces españoles, una decisión que no gustó al poder judicial, que en el acto acabó gritando «¡Viva el Rey!».
Sin embargo, en esta ocasión Felipe VI no actuó como mero espectador imparcial: llamó al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, para decirle que le «hubiese gustado» acudir al acto. Las reacciones no tardaron en llegar y esta vez las voces críticas se elevaron a miembros del Gobierno. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, acusó al monarca de «maniobrar contra el Gobierno democráticamente elegido». Finalmente, la Zarzuela tuvo que desmentir a Lesmes aclarando que fue una llamada «de cortesía» sin carácter institucional. Mientras el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, pidió «neutralidad política de la jefatura del Estado».
Madrid: la guerra de los Ejecutivos
En épocas de inseguridad como una pandemia, los ciudadanos buscar certidumbre. Sin embargo, esta semana los madrileños han recibido mensajes contradictorios por parte de las autoridades en algo tan básico como la salud. Mientras la Comunidad de Madrid afirmaba tener la pandemia controlada, el Gobierno central le animaba a tomar medidas más duras bajo amenaza de intervención.
La tensión ha ido creciendo. El 18 de septiembre, Ayuso decidía confinar 37 áreas de Madrid, provocando las protestas de los vecinos que aseguraban que los criterios no eran científicos sino políticos. El 21 de septiembre, Pedro Sánchez y Ayuso se reunieron para crear un grupo de cooperación con todas las florituras y una veintena de banderas. El 24 de septiembre, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunciaba «semanas duras» para los madrileños. El 25 de septiembre ya se escenificaba el desacuerdo con dos ruedas de prensa paralelas y Madrid anunciaba la incorporación de ocho zonas más a las restricciones. El 26 de septiembre, Illa advertía ya de un «riesgo serio» para los madrileños y dimitía el portavoz del Grupo Covid-19 en Madrid.
A pesar de que el Ejecutivo central sigue mandando el mensaje de que la pandemia sigue sin estar controlada en Madrid, evita dar fechas de cuándo la intervendrá el Gobierno central si la presidenta madrileña se niega a rectificar.
El Congreso de la bronca
El Congreso también ha protagonizado algunas broncas sonoras, incluso por la prórroga del estado de alarma, que duró hasta el 21 de junio. En la Comisión de reconstrucción que acabó el pasado julio, tres de cuatro dictámenes consiguieron luz verde. Mientras el documento sanitario, el europeo y el económico se consiguieron acuerdos, en materia social no. Aún así, la Cámara baja ha logrado aprobar medidas muy importantes, como el Ingreso Mínimo Vital.
La nueva legislatura prometía ser la del Congreso plural frente a un Gobierno en minoría. El Hemiciclo alberga 19 partidos, erigiéndose como el parlamento español más fragmentado de la democracia. El Ejecutivo tendrá que emplearse a fondo para negociar cada propuesta, lo que presuponía más diálogo entre formaciones. Sin embargo, dos años después de que Pedro Sánchez desbancara a Rajoy mediante una moción de censura es cuando comienza a desmontarse el legado del PP, como los Presupuestos Generales del Estado de 2018 diseñados por Cristóbal Montoro o la Ley Mordaza, que se debate este martes en el Congreso. En el Gobierno ultiman estos días el proyecto de borrador de presupuestos.