Ninguna de las hipótesis sobre los móviles y autores de la muerte de Álvaro Gómez Hurtado eran ciertas, y ninguno de los que de una u otra manera habían sido implicados tenían que ver con tal suceso. Falsas, entonces, eran las versiones de paramilitares como Éver Veloza (alias HH, de narcos como Santa Lopesierra y Luis Hernando Gómez Bustamante (alias Rasguño), que pretendieron incriminar, por ejemplo, al expresidente Ernesto Samper Pizano, seguramente con la premeditada determinación de sacar sucios dividendos políticos.
Por otro lado, definitivamente, de ninguna manera el hecho, por trágico que sea, constituye un crimen de Estado. Ningún piso tiene la argumentación dada el 19 de diciembre de 2017 por la Fiscalía General de la Nación para declarar el ajusticiamiento de Gómez Hurtado como crimen de lesa humanidad, cuando considera que fue una forma «política de exterminio o aniquilamiento de personas que se convertían en adversarios por las posturas que asumían frente al fenómeno del narcotráfico o por la defensa de la extradición» para la época de los hechos. Y esto, sencillamente por que la acción contra Álvaro Gómez Hurtado, derivó única y exclusivamente de su condición de artífice de la instigación de los crímenes que cometió el régimen contra los campesinos de Marquetalia, de su pertinaz y tenebrosa persecución, de sus muertes y lutos, como de la confrontación fratricida que se desató y aun no culmina.
La eliminación de uno de los principales agitadores de la guerra a muerte contra los campesinos de Marquetalia en los años sesenta, fue decidida por la Dirección de las FARC-EP desde la Séptima Conferencia realizada en el Departamento del Meta en mayo 4 al 14 de 1982.
Ampliando los argumentos sobre las razones políticas y militares que condujeron a tomar tan delicada determinación, tenemos que, al menos desde en 1961, por tomar un punto de referencia, Álvaro Gómez Hurtado -hijo de uno de los responsables del exterminio de los gaitanistas, y él mismo responsable de tales crímenes- desde el Congreso de la República, fue el primero en promover la idea de la liquidación militar de los campesinos perseguidos por la violencia de los años 40 y 50, ubicados en la región de Marquetalia, en el sur del Tolima. La operación militar desde el Estado, movida por la doctrina contrainsurgente Latin American Security Operation o Plan LASO se inició en 1962, en el marco de una visión de SEGURIDAD NACIONAL que ya había decidido la criminalización de toda acción de masas, trátese de una huelga obrera, una protesta estudiantil o campesina, una marcha de desempleados, etc. El tratamiento militar de la protesta y del disenso social estaba al orden del día y en manos de un ejército desnacionalizado con 46.982 efectivos ya embebidos por la doctrina contrainsurgente de «seguridad interna», a quienes la tristemente recordada Misión Yarborough dirigida por el general del ejército yanqui William Yarborough, en febrero de 1962, terminó de moldear en las prácticas de la guerra sucia, psicológica, de baja intensidad y paramilitarismo, convirtiendo a las fuerzas armadas en «ejército de ocupación» al servicio del poder financiero y político estadounidense. Por otro lado, aparte de agitar la animadversión contra lo que llamó Repúblicas Independientes, Álvaro Gómez Hurtado fue uno de los enemigos más acérrimos de la reforma agraria impulsada mediante el Frente Nacional.
Hasta el presente, nadie del establecimiento ha pedido perdón u oficiado siquiera una misa, por aquellas víctimas del terrorismo de Estado de los años sesenta, ni lo han hecho por la guerra que desataron y todavía no culmina.
Por fin se había hecho justicia revolucionaria por la muerte de tanto campesino y población inocente sacrificada como consecuencia de la guerra alentada especialmente por este oscuro personaje de la historia de violencia que padece Colombia.
FARC-EP Segunda Marquetalia