En solo seis meses han aparecido los cadáveres de cuatro mujeres estranguladas en el País Valencià. La Guardia Civil advierte que no hay evidencias que los relacionen, pero organizaciones de mujeres recuerdan que están «en continuo estado de alarma».
«Cuatro asesinatos de mujeres en seis meses, todas ellas muertes muy violentas. La guardia civil sigue investigando si guardan o no relación, pero en cualquier caso la pregunta es: ¿por qué nos siguen asesinando a las mujeres? ¿Qué tipo de sociedad tenemos? Una sociedad que gira la cara con demasiada rapidez y que mantiene su atención en otros asuntos», reflexiona Xelo Álvarez, de la asociación Alanna, de apoyo a las víctimas de la violencia machista.
La preocupación no es para menos. El pasado viernes 23 de abril aparecía en el municipio de Borriana (Castelló), el cuerpo sin vida de Johana Andrea A.G., de 41 años, madre de una hija y trabajadora en una cooperativa agrícola. Según la autopsia, A.G. fue estrangulada y luego abandonada en una zona de huertos en el Camí Vell de la Mar, donde fue encontrada al día siguiente por un hombre que paseaba por la zona. Por ahora los hechos están bajo investigación de la Guardia Civil y el juez ha decretado el secreto de sumario, pero la existencia de otros tres crímenes en situaciones muy parecidas desde noviembre han hecho saltar todas las alarmas.
Fuentes policiales y también de la Delegación del Gobierno, recuerdan que «no hay evidencias» que relacionen los diferentes crímenes y que «buscar conexiones entre estos sucesos es, ahora mismo, precipitado y alarmista, además de no ayudar a las investigaciones que dirigen juzgados diferentes de diversos partidos judiciales».
Ante esta tranquilidad oficial, Álvarez se pregunta «¿qué pasaría si esos asesinatos fuesen perpetrados contra otras personas o colectivos, como policías o políticos? ¿Reaccionaríamos de la misma forma? Creemos que no». Y es más, la activista recuerda que «estamos en un continuo estado de alarma por el hecho de haber nacido mujeres. Sin pretender crear alarma social, la realidad es que la inseguridad de salir solas a la calle es real».
Andrea Corrales, de la asociación Nómadas, que da apoyo a trabajadoras sexuales, pone el acento en la vulnerabilidad de este colectivo. Una de las víctimas es Florina Gogos, de nacionalidad rumana y 19 años que desapareció del polígono de Silla (València) donde trabajaba tras subirse al coche de un supuesto cliente. «Hay una gran cantidad de mujeres immigrantes y trans [que componen el grueso de las trabajadoras sexuales] que ni siquiera salen de casa por miedo, y cuando pasan estas cosas se reafirman en sus temores», explica Corrales, quien también alerta que el «peligro de trabajar en la calle o en un polígono es mucho mayor que hacerlo en una casa».
Esta activista reflexiona sobre las consecuencias indeseadas que pueden tener los cambios legislativos, como por ejemplo algunos artículos incluidos en el borrador de la Ley de Libertad Sexual –»un proyecto que en general apoyamos totalmente», matiza- que penalizan el alquiler de pisos donde después se ofrezcan servicios sexuales. «Situaciones como la de Florina pueden convertirse en más habituales si se dificulta a estas mujeres encontrar lugares seguros donde trabajar –añade Corrales- ya que no podemos olvidar que Florina se encontraba allí por ser mujer, trans, migrante y trabajadora sexual«.
Desde la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas avanzan a Público que se personarán como acusación particular en el caso de Gogos ya que «en este caso es evidente que entraría dentro de la casuística de violencia machista«. La Ley Integral contra la Violencia sobre la Mujer prevé este tipo de acciones en casos de violencia contra las mujeres previstos en el Convenio de Estambul, que es más amplio que las agresiones en manos de parejas o ex-parejas. Las mismas fuentes señalan que en caso que la Guardia Civil confirme que las otras víctimas también fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres para dar el mismo paso.
Alicia, Florina y Olga
Además de Johana Andrea y Florina, fueron asesinadas de forma muy similar, otras dos mujeres. La primera fue una funcionaria de justicia de 45 años y de nombre Alicia. Fue estrangulada el 6 de noviembre del 2020 a 200 metros de su casa, en Elx (Alacant), y su cuerpo se encontró en una acequia. Según se publicó en su momento, un testigo asegura que vio un hombre vestido con un chándal negro, con mascarilla, altura y complexión normal y que andaba con cierta cojera. A pesar de estos datos, la policía reconoce que seis meses después apenas ha avanzado en las investigaciones.
Semanas después, el 30 de enero, un cazador encontraba en un acequia cerca de la Albufera de València el cuerpo de Florina Gogos, que llevaba desaparecida des del 8 del mismo mes, cuando subió a un coche y nunca volvió a su lugar de trabajo habitual, en un polígono de la misma población. El tercer cadáver –también estrangulado y sumergido en una acequia– lo encontró un agricultor en Massarrojos, pedanía de València. Se trataba de Olga Pardo, de 43 años, había desaparecido tres días antes y los forenses calcularon que llevaba entre 24 y 36 hora bajo el agua.
Todos los casos se parecen en que las víctimas son mujeres, el motivo de la muerte y la forma de esconder los cadáveres, en acequias o zonas rurales. Por ahora no hay más indicios que vinculen los crímenes.