Estamos en una época histórica en que las utopías de los derechos humanos se han ubicado en el corazón mismo tanto de la política como de la ética.
La posibilidad de hacer y reconstruir nuestra ciudad y a nosotros por igual, es uno de nuestros derechos humanos mas esenciales, sin embargo, uno de los más descuidados.
El derecho a la ciudad va más allá de la libertad individual de recibir y acceder a los recursos urbanos: se trata del derecho a transformarnos a nosotros mismos cambiando la ciudad.
El derecho a la ciudad es mucho más que la libertad individual de acceder a los recursos urbanos: se trata del derecho a cambiarnos a nosotros mismos.
Se trata de un derecho común, más que individual, pues cambiar la ciudad depende mucho de una practica colectiva en la gestión del poder para resignificar y reformar los procesos de urbanización en su conjunto.
El tema de qué tipo de ciudad queremos no puede estar divorciado de aquel que plantea los tipos de lazos sociales/comunitarios, de las relaciones armónicas con la naturaleza, de modos de vida, de tecnologías y de valores estéticos que deseamos.
Sobre el derecho a la ciudad se ha hecho una gran cantidad de reflexión para fomentar su significado para construir mejores ciudades y entornos urbanos, aunque la mayoría de las teorías que circulan no afectan mucho las racionalidades del mercado liberal y neoliberal o los modos prevalecientes de legalidad y de gestión estatal.
Planteo las anteriores reflexiones a propósito de lo que esta sucediendo en la capital del departamento del Meta, la ciudad de Villavicencio.
En esta hermosa y cálida ciudad, que es la puerta de entrada a los Llanos Orientales, con una población cercana a los 600 mil habitantes, que bien pueden ser 1 millón 200 mil en el 2030, se está dando una experiencia muy importante en la materialización del derecho a la ciudad.
Téngase en cuenta que Villavicencio es cercana a Bogotá; ciudades que son conectadas por una vía moderna en construcción, con viaductos y puentes que facilitan el intercambio humano y económico en grandes dimensiones. Vía que, por supuesto, presenta dificultades (como los costosos peajes), ocasionando el malestar ciudadano de quienes utilizan la misma.
Desde el 2019 gobierna la ciudad el alcalde Ingeniero Felipe Harman, en representación de un movimiento alternativo que derroto la vieja, violenta y corrupta casta política que ha prevalecido con los peores sistemas en el ejercicio del poder local. Allí, en esta región, se dio desde los años 80 el peor exterminio de la Unión Patriótica y del Partido Comunista y de los sindicatos agrarios; se dio el predominio de sangrientos grupos paramilitares (Centauros, buitragueños, macacos, puntilleros y Carranceros); y la corrupción ha hecho su agosto con las regalías petroleras y los presupuestos locales, como lo comprueba el caso del ex gobernador Alan Jara, un ave de rapiña que se embolsillo millones en falsas refinerías y los dineros de las víctimas de la violencia.
Harman tiene una Hoja programática organizada en su Plan de Desarrollo “Villavicencio cambia contigo”, el cual esta organizado en los siguientes ejes programáticos: Villavicencio, capital del piedemonte; Villavicencio ciudad moderna y planificada; economía para el empleo y empleo para la economía; gobierno abierto y participativo; y ciudad garante de derechos.
Hay que resaltar que este Plan de desarrollo tiene como base el Acuerdo de paz firmado con las Farc y los Objetivos de desarrollo sostenible ODS.
En los mas de 18 meses de gestión, el Alcalde Harman, ha trabajado para ir haciendo una realidad el derecho a la ciudad con distintas estrategias como la legalización de casi 400 barrios, aunque se observan dificultades y retrasos propiciados por el aparato burocrático tradicional y la oposición de poderosos intereses inmobiliarios y de las viejas castas políticas afincadas en el Concejo municipal; si bien se expidió un nuevo reglamento para formalizar barrios, las comunidades se estrellan con la indolencia de las burocracias atrincheradas que obstaculizan la iniciativa ciudadana como en los casos de Portales del Llano, Villas de Alcaraván y Rincón de La María, por solo citar unos pocos casos que demandan la atención de Harman.
En el tema del derecho a la vivienda hay que destacar el proyecto para construir, en el refinado Barrio el Trapiche, una urbanización para población vulnerable, con 900 soluciones habitacionales modernas, en las que ojalá prevalezca el apoyo a los Acuerdos de paz y la atención de los derechos de la población reincorporada, especialmente las mujeres y la población discapacitada.
La defensa de los acueductos comunitarios y su apoyo; la construcción de un Parque ambiental metropolitano; el Malecón sobre el rio Guatiquia (Arpa de aguas); el apoyo a los educadores públicos con becas de maestrías y postgrados; el fomento de las veedurías ciudadanas y auditorias sociales; el apoyo a los campesinos del Guayabero; las garantías a la movilización social del Paro del 28 de abril; el respaldo a los proyectos productivos de los vendedores ambulantes; el reparcheo de las vías principales de barrios populares (Caso Porfía); la transparencia en la contratación y adquisición de servicios; la lucha contra la corrupción; la erradicación del clientelismo político; el respeto al pluralismo político; y la consistente defensa de los derechos humanos por parte de Harman y su equipo, son conquistas que deben ser valoradas por la ciudadanía.
Capitulo especial es la proyectada reforma o ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial del 2015 que se hizo para favorecer poderosos pulpos inmobiliarios que acaparan las mejores tierras urbanas de Villavicencio.
La reforma al POT debe hacerse en un ambiente de amplia participación ciudadana (con Veedurías y comités de control social actuando) y con el objetivo central de garantizar el derecho a la ciudad para todos. No ha de ser que el cambio que se adelante solo sea para favorecer el flujo y las inversiones de los excedentes financieros y bancarios, que es en ultimas lo que ha servido de soporte a los deformes e injustos desarrollos urbanísticos después de que se expidió la Ley 388 de 1987, con base en la cual se han aprobado dos Planes de Ordenamiento territorial en Villavicencio, que poco han servido para resolver el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda y la superación de la pobreza de miles de hogares.