Con ocasión de la grave crisis social ocasionada por la propagación del covid 19 (2020) y la aguda recesión económica (2019), el tema de una Renta básica para las familias golpeadas por el hambre y la miseria fue priorizado como un punto central en la agenda pública de muchos estados, y Colombia no fue la excepción.
La agitación de los “trapos rojos” desde los primeros meses de la peste y las cuarentenas, hicieron que la demanda por un ingreso básico cobrara mucha fuerza y se convirtiera en una de las más importantes demandas de los movimientos sociales y populares en las poderosas movilizaciones que ocurrieron en el 2020 y el 2121.
Presionado por los pliegos y reivindicaciones de los movimientos populares organizados, el gobierno del señor Duque estableció mediante el decreto 518 del 4 de abril del 2020 (https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20518%20DEL%204%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf ) el Programa Ingreso Solidario para atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado en ese momento.
Tal aporte monetario equivalente a 160 mil pesos mensuales (40 dólares) inicialmente se otorgó a 3 millones de hogares, (un total de 12 millones de personas), sin embargo se trató de una cifra exigua sin mayor impacto en la situación adversa de esas personas; se trató de una limosna que además cayó en las garras del clietelismo corruptor de los agentes políticos del gobierno, entre quienes se incluyen directivos uribistas del Centro Democrático y la red de operadores y contratistas enchufados en las esferas estatales.
De la distribución y reparto de tales dineros se encargó el denominado Sector de la Inclusión Social que encabeza el Departamento para la Prosperidad Social de la Presidencia de la Republica DPS creado por el Decreto 1084 DE 2015 (ver https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77715 )
La operación técnico administrativa de este subsidio esta cargo de la “Mesa de equidad” creada por el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, como un espacio de alto nivel, de carácter estratégico y decisorio, presidida y convocada por el Presidente de la República con el objetivo de establecer directrices para los sectores y entidades del Gobierno nacional para la reducción de la pobreza. Dicha Mesa fue reglamentada por el Decreto 111 del mes de agosto del 2020 (ver https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30039703 )
La Mesa, además de hacer seguimiento a las acciones del Gobierno nacional, se organizó como un mecanismo de rendición de cuentas para supuestamente asegurar la atención prioritaria a la población en condición de pobreza y el cumplimiento de las metas trazadas en esta materia. La Mesa de Equidad coordina y concerta con los sectores y entidades del Gobierno nacional los planes y proyectos destinados a la reducción de la pobreza en el país a través del diseño e implementación de la Ruta para la Superación de la Pobreza. También trabaja en el diseño de implementación de acciones y estrategias para reducir otras desigualdades de resultados e inequidades en oportunidades que limitan la inclusión social y productiva de la población.
La Mesa de Equidad tiene una instancia ejecutiva y una instancia técnica. La primera es liderada por la Presidencia, y participan los ministros y ministras de Hacienda, Agricultura, Salud, Trabajo, Comercio, Educación, Vivienda y los directores y directoras del Departamento Nacional de Planeación, Prosperidad Social y del Departamento de Estadística.
El segundo nivel recibe el nombre de Mesa Técnica Nacional, en la que participan viceministros, directores técnicos y equipos de las entidades. Esta Mesa tiene el objetivo de desarrollar las decisiones que se tomen, hacer seguimiento al cumplimiento de las metas de pobreza, e identificar alertas y cuellos de botella que impidan el adecuado desarrollo de los programas de las entidades del Gobierno nacional asociados a la reducción de la pobreza y reducción de las inequidades.
Ambas instancias son coordinadas por la Secretaría Técnica compuesta por el Departamento Nacional de Planeación y Prosperidad Social, y por la Alta Consejería para la Gestión del Cumplimiento de la Presidencia de la República.
La función principal de la Secretaría Técnica es la de convocar a sesiones de la Mesa de Equidad, hacer las preparaciones de temas y seguimiento, así como proponer diseños, ajustes y adecuación de políticas, o lineamientos orientados al acceso de la población a la oferta social.
La Mesa de Equidad trabaja alrededor del Tablero de Control que es el principal instrumento de seguimiento y monitoreo de los indicadores de reducción de la pobreza y de otras desigualdades.
El Ingreso Solidario inicialmente fue diseñado para operar por tres meses, pero gracias a la Ley de Inversión Social (reforma tributaria) aprobada por el Congreso, Prosperidad Social podrá ejecutar el programa hasta 2022. Dicha Ley aumenta la cobertura del programa, pasando de 3 millones a 4 millones 85 mil hogares beneficiarios, a partir de marzo y abril de 2022, esto es casi 16 millones de personas.
En reciente reunión de la Mesa Técnica se determinó incrementar tal Ingreso hasta los 190 mil pesos que se entregaran cada dos meses a partir de la primera semana de marzo precisamente en vísperas de las elecciones parlamentarias lo que está siendo utilizado para la compra de votos por parte de los operadores políticos ligados al régimen uribista del señor Iván Duque.
Este Ingreso solidario es un derecho de las gentes y su rediseño para convertirlo en un Ingreso vital, es una tarea que se ha colocado el candidato presidencial Gustavo Petro, quien ha dicho que de ser elegido Presidente lo elevara hasta medio salario mínimo (125 dólares) para 4 millones 500 mil hogares y a un millón de pesos (250 dólares) para mujeres cabeza de hogar y para adultos mayores.
Ojala esta propuesta se haga realidad y se convierta en un ingreso permanente para que deje de ser manipulado por los gamonales del clientelismo político imperante en el gobierno.
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