“El total de la multa asciende a 11.000 euros, de la cartilla y las ayudas ya me han quitado 4.500, cuando mi pensión no alcanza los 700 euros”, afirma Amparo Molina en la rueda de prensa celebrada el 20 de abril –en la Sociedad Coral El Micalet de Valencia- por la plataforma solidaria que, en apoyo a su causa, fue impulsada hace unas semanas por más de una veintena de colectivos sociales.
“Estamos pidiendo el indulto”, detalla la activista, jubilada de 66 años, que percibe una pensión mínima por movilidad reducida; “hemos dirigido un escrito al Síndic de Greuges y el Defensor del Pueblo”, añade Amparo Molina.
Sus compañeras la definen como una militante de base, muy luchadora (pacífica) y combativa, especialmente en la defensa de las personas mayores. Prosigue con el relato en la conferencia de prensa, retransmitida por medios independientes como Radio Klara o Radio i Televisió del Poble (RTVP): “Están persiguiéndome por la vía penal; me han incluido en una lista negra; a cualquier manifestación a la que asisto, me ‘chequean’ como si fuera una delincuente… Les enseño el carné (de identidad) y es una multa que me llega, pero yo no tengo por qué esconderme”.
Un portavoz de la Plataforma explicó el origen de los hechos; en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia se organizó una concentración (comunicada) de apoyo a la población de Cataluña que trató de ejercer el derecho a la autodeterminación el 1 de octubre de 2017, durante la presidencia del derechista Mariano Rajoy. En ese contexto y el mismo día, se produjo un “incidente” verbal con un matrimonio que irrumpió en el acto con banderas españolas monárquicas e intención provocadora. La pareja presentó una denuncia -por presunta agresión- contra Amparo Molina.
El integrante de la Campaña subrayó la “discrepancia” de versiones, “incongruencias” y “falsedades” en el testimonio de la parte denunciante. También la falta de pruebas aportadas durante el juicio. Además destacó la importancia en el caso de la Reforma del Código Penal y la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (o Ley Mordaza), de 2015, que otorga prioridad -en los procedimientos sancionadores- a las denuncias, actas, atestados o testimonios de los agentes de la autoridad (Artículo 52).
Pepa, activista del 15-M y compañera de militancia de Amparo Molina, hizo referencia a la actitud de una mujer “que no se doblega, sobre todo cuando sabe que tiene razón”. ¿Cómo resumir la experiencia vital que implica la represión? “He visto a Amparo muy abatida, incluso se ha dado un maltrato psicológico; y mucho sufrimiento, porque batallear contra la denominada ‘justicia’ es muy duro; se ha sentido muy sola”.
En la rueda de prensa Pepa subraya el apoyo de la abogada, que de modo desinteresado ha llevado la causa durante cuatro años; “sobran los jueces arcaicos, franquistas, que hay demasiados…», concluye.
Ratificada por el Tribunal Supremo, la sentencia condenatoria, firme, de 11.000 euros a Amparo Molina incluye multas, indemnizaciones y gastos judiciales. “Le han sustraído de su libreta todos los ahorros, tiene una economía precaria y no puede pagar estas cantidades; en caso de no hacerlo, puede que –si el juez así lo determina- tenga que cumplir pena de prisión”, explica el comunicado de la Plataforma Solidaritat Amparo Molina.
Una de las posibles vías que plantean los colectivos es el recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), pero esta opción plantea dificultades económicas. Por esta razón han abierto una cuenta corriente a las contribuciones solidarias. Otro de los frentes es la Campaña para la recogida de firmas digitales. Y en las redes sociales Alerta Solidària –que estuvo presente en la mesa ante los periodistas- denunció el “fraude del proceso penal” y la celebración de un concierto el 10 de junio en Valencia.
Entre los primeros colectivos en manifestar su respaldo figuran Alerta Solidària (organización antirrepresiva de la izquierda independentista de los Països Catalans); el centro social y cultural Ca Revolta de Valencia; la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià; la Coordinadora Ciutat Vella de Valencia; Sillas contra el Hambre; Intersindical Valenciana; Familiares de las Fosas 128 y 115 de Paterna y la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de este municipio; o la Assemblea de Veïns de Benimaclet.
El manifiesto de apoyo, del 15 de marzo, destaca la participación de Amparo Molina en la fundación del colectivo Yayoflautas, en la denuncia de los abusos bancarios a los pensionistas y contra los desahucios. Se le detuvo y acusó de un supuesto delito de odio. El proceso judicial contra la luchadora -feminista y republicana- comenzó en 2018: fue condenada en 2020 por la Audiencia Provincial de Valencia (“Una Yayoflauta, a juicio. Amparo somos todas” fue el lema de la concentración organizada –el 18 de junio de 2020- en la Ciudad de la Justicia de Valencia).
El documento hace hincapié en “la posición totalmente politizada de la parte contraria, la fiscalía y el mismo juez (…); las únicas ‘pruebas’ que se han presentado son la declaración del matrimonio, la de un policía nacional, que no estuvo presencialmente en los hechos y un vídeo (en el canal) Youtube”. El Manifiesto resalta, por otra parte, la necesidad de que con “urgencia” la ministra de Justicia, Pilar Llop, apruebe la solicitud de indulto a favor de Amparo Molina.
Desde una perspectiva más amplia, la Plataforma subraya el contexto de “represión selectiva” en el estado español (por ejemplo, en 2017 Irídia, NOVACT, el Institut de Drets Humans de Catalunya, lafede.CAT y el Grup de Periodistes Ramon Barnils presentaron el informe Violación de derechos civiles y políticos. Septiembre-octubre -hasta el día 7- de 2017 en Cataluña. Hace referencia a “ataques a la integridad física y psíquica de las personas, así como trato inhumano y degradante con grave desproporción de utilización de la fuerza por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contra población civil pacífica y 893 personas que resultaron heridas”).
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.