Las Fuerzas Militares de Colombia, inspiradas en la doctrina anticomunista de la seguridad nacional y del “enemigo interno” (campesinos, cocaleros, líderes sociales y dirigentes de izquierda) ejecutó ayer 9 de julio desde las 12 de la noche una nueva masacre contra inermes campesinos, menores de edad y mujeres embarazadas en la vereda Santa Rita del municipio de San Vicente del Caquetá, en el departamento amazónico del Caquetá.
Allí fueron asesinados más de 15 campesinos por parte de aeronaves de la Fuerza Aérea y de 4 batallones del ejercito con 450 soldados de contra guerrilla pertenecientes a la Fudra-Omega, que es un dispositivo monitoreado y controlado por el Comando sur de los Estados Unidos con varias bases militares en la región.
Esta masacre infame, igual a la ejecutada hace pocas semanas en Puerto Leguizamo (Putumayo) en la que murieron cerca de 20 indígenas, es presentada como una acción militar contra las neoinsurgencias de las Farc EP que ofrecen resistencia a los grandes terratenientes, a las multinacionales, a los neoparamilitares y a los socios de estos en los batallones del ejercito y los comandos de la policía plagados de asesinos y mercenarios.
Esta acción genocida es parte de los planes golpistas del Ministro de Defensa Diego Molano, la ficha estratégica del uribismo comprometida en la conspiración antidemocrática para impedir el acceso al poder del nuevo Presidente de Colombia Gustavo Petro, quien debe tomar las riendas del poder el próximo 7 de agosto; acción de la que participan todos los integrantes de la cúpula militar neonazi que encabeza el anterior comandante del Ejercito Eduardo Zapateiro, quien adelanto una abierta campaña contra el Pacto Histórico y su candidato presidencial Gustavo Petro y en favor de los representantes de la ultraderecha Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández.
La masacre ocurrida ayer exige del nuevo gobierno del Pacto Histórico la más profunda investigación para dar con los responsables de este cruel magnicidio de gente humilde que es sometida a la violencia de los aparatos armados estatales. Los asesinos de las Fuerzas Armadas que planifican y ejecutan estas masacres deben ser sometido a tribunales especiales que fijen las sanciones de rigor y que ordenen la reparación de las familias afectadas.
Esta masacre, por lo demás, le plantea serios retos a las nuevas autoridades apoyadas por los movimientos sociales y de izquierda para que se adelanten los cambios radicales que se necesitan en las Fuerzas Militares colombianas como la disolución del Esmad, el traslado de la policía a un Ministerio civil, la eliminación de la doctrina anticomunista de la seguridad nacional y la depuración del alto mando (Militar y policial) comprometido en estrategias de corte neonazi que atacan a punta de fusil y metralla las demandas populares y nacionales en favor de la justicia social, la paz y la justicia ambiental.
Si el nuevo gobierno del Presidente Gustavo Petro quiere concretar prontamente la paz completa con el ELN, las neoinsurgencias de las Farc-EP y con el EPL mediante un cese bilateral al juego, con acciones políticas para democratizar el régimen político, con medidas concretas de reforma agraria democrática que entregue 12 millones de hectáreas a los campesinos más pobres y con la protección de los recursos ambientales, lo que debe entender claramente es que con las actuales Fuerzas Militares no lo puede hacer, que se requiere adelantar, de manera urgente, una serie de cambios militares radicales como los que acaba de recomendar las Comisión de la Verdad, la que en su completo Informe ha señalado que el principal responsable de la violencia y el desangre colombiano es el Estado y sus tentáculos militares. Si esas reformas no se hacen olvídense de cambios reales en Colombia y preparémonos para nuevos estallidos sociales y para otros procesos insurreccionales que demuelan el régimen oligárquico neonazi dominante.
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