El nombramiento del abogado Iván Velásquez ha sido uno de los mayores aciertos del presidente Gustavo Petro.
El nombramiento del abogado Iván Velásquez ha sido uno de los mayores aciertos del presidente Gustavo Petro. Muchos pensaban que en ese cargo se ubicaría una mujer relacionada con la defensa de los Derechos Humanos y conocedora del Derecho Internacional Humanitario. Pero ahí, tienen, la decisión de Petro fue mucho más allá. Dio un paso trascendental y con profundo impacto en el tema militar y de los derechos humanos. Una verdadera carga de profundidad.
Iván Velásquez es un prestigioso jurista nacido en Medellín, con una sólida trayectoria como defensor de la legalidad frente a las mafias de la droga y de la delincuencia política asociada con las intrigas y crímenes de la ultraderecha fascista. En su actividad como juez se encargó de investigar la parapolítica uribista y de enviar a la cárcel a sus principales protagonistas. La reciedumbre de su personalidad sustentada en una sólida ética le permitió enfrentar las fechorías y acciones delincuenciales de Álvaro Uribe Veles y las mafias afines a este. Posición que le valió la persecución y el acoso permanente del régimen de la denominada seguridad democrática. Posteriormente, en Guatemala, coordino la comisión anticorrupción apoyada por Naciones Unidas que se encargó de destapar los grupos responsables del saqueo al Estado de dicha nación, actividad que le ocasiono retaliaciones, amenazas y persecución de las pandillas políticas delincuenciales vinculadas con el robo a los dineros públicos de una de las naciones más pobres de Centro américa.
Velásquez no es ningún Torquemada ni nada que se le parezca. Es un prestigioso jurista, con una consistente formación académica y científica, destacado por su inquebrantable defensa del estado de derecho y de las garantías ciudadanas.
Era la persona adecuada para encarar los graves problemas del aparato militar y policial del Estado oligárquico colombiano que ha sido secuestrado por bandas violentas de naturaleza fascista.
Esos problemas tienen que ver con el uso ilegal del monopolio de la violencia, con la organización de los grupos paramilitares, con las doctrinas militares, con el pentagonismo y con la corrupción en el manejo de los billonarios recursos presupuestales asignados a la rama militar que involucra casi medio millón de unidades.
Velásquez tiene como referente para iniciar labores el reciente Informe de la Comisión de la Verdad que entre sus conclusiones estableció que el principal responsable de la feraz violencia que ha azotado a Colombia en los últimos 60 años ha sido el Estado y sus fuerzas militares y policiales.
El presidente Gustavo Petro ha dicho que dicho Informe será la guía de su gobierno en el frente de los militares. Dicho eso, las tareas que se desprenden de allí son de enorme trascendencia y le corresponde a Iván Velásquez adelantarlas con tino y pies de plomo, sin ceder a las presiones mafiosas ni a las amenazas de las redes podridas que despojan los dineros públicos en el sector defensa, en las compras de armamento, de uniformes (donde se han presentado en días recientes grandes negociados), de alimentos y de otros recursos logístico.
Veamos entonces esas tareas.
La primera de ella es depurar las cúpulas militares y policiales de generales comprometidos con la vulneración de los derechos humanos, con la ejecución de los “falsos positivos”, con las masacres de campesinos, de menores y mujeres embarazadas, con la matanza de líderes sociales y de excombatientes de las Farc.
La segunda es acometer una profunda transformación de la Policía nacional, liquidando el tenebroso Esmad y trasladando la policía al nuevo Ministerio de la paz y seguridad que se ha anunciado. Por supuesto es necesaria una depuración del alto mando y de los cuerpos de inteligencia infiltrados por la criminalidad.
La tercera es suprimir la nefasta Doctrina de la seguridad nacional y del enemigo social interno que envenena la conciencia de los militares transformándola en un bloque de mercenarios que incluso es utilizada por la OTAN y los gringos en sus acciones intervencionistas por el mundo.
La cuarta es eliminar la pentagonista Fudra Omega que bajo el control del Comando sur de los Estados Unidos despliega una acción violenta sistemática contra los campesinos y colonos del Caquetá, el Guaviare y el Meta, para favorecer a las grandes multinacionales del petróleo, del extractivismo minero y del agro negocio.
La Quinta es eliminar las Fuerzas de tarea (vulcano, Hércules, etc.) que son el azote sangriento de regiones como el Cauca, Catatumbo, Tumaco, Choco, Sur de Córdoba y Arauca, anulando igualmente las denominadas Zonas futuro que militarizaron los 16 Pdet.
La sexta es eliminar el plan Artemisa que es una falsa estrategia ambientalista cuyo único objetivo es asesinar campesinos y colonos, para favorecer a grandes latifundistas y ganaderos, entre quienes se encuentran generales despojadores de tierras amparados por el uribismo.
Por supuesto que cada una de estas tareas va a requerir profundas transformaciones administrativas y la promoción de una nueva oficialidad comprometida con una filosofía alternativa sensible con la justicia social y la justicia ambiental, en los términos del nuevo Plan de desarrollo del gobierno del Pacto histórico.
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