A escasos días de su posesión el presidente Gustavo Petro ha cogido “el toro por los cuernos” y le metió el diente a la “cuestión militar” con mano de cirujano de alta precisión.
Las determinaciones tomadas con su Ministro de la Defensa, Ivan Velásquez, están implicando un amplio remezón de la cúpula militar y policial al tiempo que se formaliza la política de seguridad humana y la paz recupera su ruta perdida con el anuncio de la instalación de la Mesa de diálogos y acuerdos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en la Habana, Cuba. Sobre los cambios militares, el criterio del presidente Petro ha sido acoger las recomendaciones de la Comisión de la Verdad para depurar las cúpulas militares de oficiales comprometidos en violaciones de los derechos humanos con masacres de indígenas, campesinos, menores de edad y mujeres embarazadas, con el exterminio de miles de líderes sociales y de ex combatientes guerrilleros de las Farc y en escándalos de corrupción que están siendo investigados lentamente por las autoridades judiciales; al tiempo nombrar nuevos comandantes militares y policiales sin antecedentes en atropellos y desfalcos de los recursos públicos en las compras militares de armamento, alimentos y dotaciones, algo bien difícil dada la degradación de los aparatos armados del Estado encuadrados en las doctrinas anticomunistas de la seguridad nacional, del enemigo interno y del mercado neoliberal como regulador del gasto de la defensa. Las decisiones presidenciales han dado con un nuevo cuerpo dirigente de las Fuerzas Militares integrado por los generales Luis Carlos Córdoba Avendaño, Luis Mauricio Ospina, Helder Fernán Giraldo Bonilla, vicealmirante José Joaquín Amézquita García y el general Henry Armando Sanabria Cely, en la policía. Con esta medida el presidente excluyo 55 generales para conformar el nuevo cuadro directivo militar y policial. Es la reestructuración más grande del generalato en la historia reciente del país. Lo que se quiere es una oficialidad que no esté manchada por la sangre de los humildes masacrados a mansalva y que no sean una gavilla de rateros. La cirugía petrista en la alta dirección militara se dio con rapidez. Para hacerse una idea, Duque tardó cuatro meses en aplicar sus ajustes militares para infiltrar unidades uribistas neonazis, en diciembre de 2018, mientras que Petro decide hacer esa intervención en el día seis de su administración. Nunca antes en la historia de Colombia se había dado una limpieza de generales tan masiva como la que hizo ayer Petro con su Ministro de Defensa. Los análisis iniciales sugieren que de la policía salen 28 generales; en el Ejercito, 18 tienen que colgar el uniforme; 8 en la Fuerza Aérea (los más involucrados con masacres en Putumayo, Caquetá, Guaviare y Arauca); 12 en la Armada. Lo anterior quiere decir que en la Policía solo queda un Mayor General, un Mayor General, Henry Armando Sanabria Cely, nombrado como director de la Policía. Los otros son brigadieres con cierto nivel de capacitación, pero con menos de un año de experiencia en la categoría de generales. Algo similar se da en el Ejército, donde se cuentan con los dedos de una mano los mayores generales con un cierto nivel de decencia y profesionalidad. Lo cierto es que el presidente Petro había advertido como candidato que iba a buscar nuevos liderazgos entre los más jóvenes y sin antecedentes criminales. Y cuando nombró a Ivan Velásquez quedo claro que llegaba a dejar por fuera a cualquiera que tuviera un mínimo indicio que lo comprometiera en alguna irregularidad. Y bien está establecido que, si alguien llega a comandante en alguna rama de la Fuerza Pública, todos los uniformados de su curso o más antiguos deben ser excluidos de la carrera militar y policial. En cuanto a los generales del Ejército que salieron, todos ellos habían sido señalados por denuncias contundentes en torno a graves violaciones a los Derechos Humanos –un punto de honor para Petro y su ministro–. Entre los que se fueron del Ejército está la General María Paulina Leguizamón, quien en octubre de 2021 justificó el bombardeo y asesinato del comandante “Fabián” del ELN, en el que luego se supo que habían fallecido varios menores de edad. Otro de ese grupo defenestrado es el mayor general Sergio Alberto Tafur, quien participó en lo que los ex combatientes de las Farc señalaron como un “ataque” a una caravana humanitaria de desmovilizados que ocurrió en diciembre de 2021. En el caso de la Policía se da una situación distinta. Para que el general Sanabria Cely llegara a la dirección debieron colgar el uniforme 15 generales más antiguos que él o de su generación. Pero el gran recorte se dio por el ascenso que hizo Petro de la segunda mujer que llega a la subdirección de la Policía. Estamos hablando de la brigadier generala Yackeline Navarro Ordóñez, que al llegar al nuevo cargo dejó tirados a 16 generales más antiguos que ella casi todos involucrados en masacres y robos a los presupuestos de Polinal. Quiere decir que en Polinal en total, sacaron a 27 generales fundamentalmente del siniestro sector de la inteligencia policial, verdadera alcantarilla de la ultraderecha uribista neonazi y de fichas de los carteles del narcotráfico. Para medir la dimensión de la barrida hecha por Petro, conviene recordar que la ocasión en la que más generales habían salido para darle paso a un nuevo director fue cuando Álvaro Uribe, de Presidente, y Juan Manuel Santos, de ministro de Defensa, eligieron al general Oscar Naranjo como Director, para incrustar en las Fuerzas Armadas a cientos de integrantes de los paramilitares recomendados por los parapolíticos uribistas. Pero en ese entonces la barrida ‘solo’ fue de 12 generales. Y en 1993 se dio una gran purga en la Policía. Al llegar a la dirección, el general Rosso José Serrano sacó a 5000 policías, pero no había tanto general para acomodar recomendados del partido conservador asociados con la tenebrosa chulavita de Laureano Gómez, organizada en los años 50 del siglo XX para asesinar a los liberales de izquierda gaitanista y a los comunistas. Con estos cambios, el presidente Gustavo Petro da los primeros pasos para implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad que propone organizar una nueva institución militar y policial, eliminando el Esmad, la Fudra Omega y las otras fuerzas conjuntas estructuradas en la línea del Comando sur de los Estados Unidos. Veamos quienes son los nuevos generales y oficiales. Uno de los nuevos nombres está en el Comando de las Fuerzas Militares, que quedó a cargo del general Helder Fernan Giraldo Bonilla. El otro está en el Ejército, que será comandado por el general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez; a la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) llegó el general Luis Carlos Córdoba Avendaño; y a la Armada, el vicealmirante Francisco Hernando Cubides Granados. Esta transformación –que Petro sustentó en su tesis de que quiere una renovación en todo el mando que garantiza, según él, un mayor cumplimiento de los Derechos Humanos– también llegó a la Policía. Como se dijo, ascendieron el general Henry Armando Sanabria, a la dirección general, y la brigadier general Yackeline Navarro Ordoñez, a la subdirección. A ellos les corresponde cumplir otra directriz clave para Petro: cero corrupción y robos en las Fuerzas Militares y de policía. Tal directriz ya lo había dado el presidente Petro con el nombramiento de Ivan Velásquez, un civil que en su trabajo como jurista siguió casos nacionales e internacionales de funcionarios públicos relacionados con la robadera de los dineros del Estado. Se tiene por cierto, incluso, que su examen (el del Ministro de la Defensa) a las hojas de vida de los entrantes y salientes oficiales fue clave para las decisiones presidenciales. El segundo indicador social es no tener violaciones a los Derechos Humanos, solicitándole a la sociedad civil adelantar la evaluación rigurosa de los nuevos integrantes del alto mando castrense que llega, cosa que haremos porque tenemos serias sospechas respecto del nuevo director de Polinal y de los generales del ejército, la fuerza aérea y la armada que han sido nombrados. El criterio es que a la nueva dirección militar le corresponde garantizar el camino hacia la paz, la disminución de la violencia y de la criminalidad, y en todo esto el control ciudadano es crucial. Lo que interesa es que la Fuerza Pública del gobierno del Pacto Histórico sea profesional en todo el sentido de la palabra. Petro ha dicho que quiere una política de dignificación y de mejoría de la calidad de vida de los soldados y los agentes de policía rasos. Con ese compromiso volvió poner en discusión otro asunto de la vida militar que esta entre sus prioridades para eliminar barreras entre oficiales (los que se forman para comandar) y suboficiales (quienes siguen las órdenes). Gustavo Petro quiere unas Fuerzas Militares democráticas y respetuosas de los derechos humanos, en la que el mérito sea el único criterio de ascenso y la educación guíe la profesionalización de sus integrantes. El nombramiento de la brigadier general Navarro Ordoñez como subdirectora de la Policía va en esa misma línea, dado que la oficial venía de hacer carrera en la formación de los nuevos uniformados y hasta fue la encargada de llamar al orden cuando en noviembre de 2021 la institución se vio comprometida por el escándalo neonazi de la escuela en Tuluá donde se imparten clases colocando como ejemplo a seguir a Hitler y a sus tropas genocidas. La alta cirugía de Petro a la Fuerza Pública trasciende los nombramientos, porque ahora él demanda una tropa que sirva para el desarrollo económico creando nuevas capacidades industriales y rurales. En otros discursos también planteó fortalecer sus labores humanitarias y de salud, lo que deja ver que serán más las transformaciones que se apliquen a los hombres y mujeres que tienen las armas del Estado. Desde luego estos cambios a cinco días de haber tomado posesión del cargo de Jefe del gobierno nacional, están dando inicio a una nueva doctrina de la seguridad que se está denominando “Seguridad humana”. Doctrina en la que se viene un cambio en el formato de los consejos de seguridad para que, más allá de la información operacional, se presenten datos sociales de las comunidades como si un pueblo tiene, o no, agua, vías terciarias, escuelas, centros de salud, internet. El éxito de los militares no debe estar en el número de muertos, sino en que se destierren las masacres, los falsos positivos y aumenten los derechos y las libertades de las personas, especialmente de las organizaciones democráticas del pueblo. En estos términos el presidente Gustavo Petro tiene una dirección militar elegida por él, pero esto es apenas el comienzo de un largo proceso de construcción de confianza desde los cuarteles a la Casa de Nariño, cuyo inquilino y su ministro de Defensa han sido de las voces más críticas con los crímenes de los militares, como los de Zapateiro y su gavilla encabezada por Diego Molano. El revolcón en el estamento castrense comenzó cuando aún el señor Duque estaba en la Casa de Nariño, con la salida de Eduardo Zapateiro, quien había protagonizado las peores embarradas durante el anterior cuatrenio Con la salida de Zapateiro el Ejército tuvo un jefe de transición con el mayor general Carlos Iván Moreno (de la asesina Fudra Omega), quien estuvo a cargo de la tropa terrestre durante menos de dos meses y ya venía de ser el segundo al mando de esa fuerza durante la administración de Zapateiro. Lo mismo sucedió con el mayor general Pablo García, quien en junio reemplazó al general Ramsés Rueda, encargado de comandar la Fuerza Aérea durante casi cuatro años y autor de numerosas masacres en Putumayo y Caquetá. En ese lapso la FAC construyó el Centro Aeroespacial. El almirante Gabriel Alfonso Pérez deja la Armada tras comandar la fuerza naval desde agosto de 2020, con graves denuncias por masacres; periodo en el que la Armada puso en servicio el primer buque completamente construido en Colombia, el ARC 20 de julio. Asimismo, en este listado está el general Luis Fernando Navarro, quien comandó las Fuerzas Militares desde diciembre de 2018 masacrando líderes sociales y excombatientes de las Farc, hasta este viernes cuando se hizo oficial su retiro. Sobre los cambios ordenados el presidente Petro consideró que no hay decisiones perfectas, siempre hay grados de injusticia. Y es que para celebrar los nuevos ascensos tuvo que aplicar una cirugía a la lista de generales que seguían en la línea de mando, por su antigüedad en la institución y experiencia al servicio de la patria. Obviamente todo este movimiento y ajuste militar está claramente articulado al proceso de paz que se ha iniciado en la Habana con el ELN. Proceso en el que el Gobierno nacional presente en Cuba, ha reconocido “legitimidad” de la comisión negociadora del Eln para retomar conversaciones de paz, coincidiendo las partes en la necesidad de reiniciar el diálogo suspendido arbitrariamente por el gobierno de Duque hace cuatro años. Los funcionarios del gobierno nacional, han señalado que ambas partes coinciden en la necesidad de reiniciar un proceso de diálogo con hechos que demuestren a la sociedad colombiana y al mundo que esta voluntad es real, ha dicho el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda. Frente a la comitiva del Eln, encabezada por Pablo Beltrán, jefe guerrillero para los diálogos durante las negociaciones interrumpidas en 2018, Rueda reconoció oficialmente la legitimidad de la delegación de diálogo del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en la búsqueda de la paz. La delegación del Gobierno nacional, acompañada por el canciller Álvaro Leyva, se reunió ya con integrantes de esta guerrilla radicados en La Habana desde 2018. Dicha comitiva gubernamental ha constatado que el Eln comparte la voluntad del gobierno colombiano y que escuchan a los sectores de la sociedad que claman por una solución dialogada al conflicto armado. Danilo Rueda dijo que el Ejecutivo adoptará todas las medidas jurídicas y políticas para garantizar las condiciones que permitan la vuelta a la mesa de negociaciones. Adicionalmente, Petro indico que el acercamiento al Eln en La Habana es un proceso de tanteo, de mirar lo que quedó hace 4 años, de ver qué se puede rescatar, procesos que ya había de negociaciones, de treguas, cosas por el estilo que hay que ver ya cuatro años después si son posibles, si se pueden rescatar. En estos encuentros en Cuan, han hecho presencia los garantes de las conversaciones, Noruega y Cuba, así como representantes del secretario general de la ONU y de la Conferencia Episcopal colombiana. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha hecho su aporte y se ha reunido con las dos partes para ratificar el invariable compromiso de Cuba y la inquebrantable voluntad de continuar contribuyendo al logro de la anhelada paz para Colombia. Tras el anuncio de la delegación en La Habana, el Gobierno nacional informó sobre la liberación de nueve personas que se encontraban en poder del Eln desde el 13 de julio en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela. El grupo retenido era de 11 personas, pero dos murieron durante el cautiverio, ente ellos un excombatiente de las Farc que se había acogido al pacto de paz. Monseñor Héctor Fabio Henao, encargado de las relaciones de la Iglesia con el Estado, dijo que el balance de los dos días en La Habana fue positivo y esperanzador, pues se pudo comprobar que tanto el Eln como el Gobierno tienen voluntad para retomar los diálogos. Esperemos que estos adelantos de la política de paz del gobierno nacional también involucren rápidamente a las Farc EP presente en el Cauca, Nariño, Catatumbo, Meta, Arauca, Guaviare, Putumayo, Caquetá, Vichada, Guainía y Vaupés; así como a la Nueva Marquetalia que lidera Ivan Márquez y al Ejército Popular de Liberación EPL, con presencia en el Catatumbo, Cauca, Nariño, Caldas y Putumayo.
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