Vamos a seguir profundizando en el entramado de corrupción con los dineros de la paz en Nariño para pedir al presidente Gustavo Petro y a las autoridades nacionales su intervención para impedir la impunidad.
No obstante que en días recientes en la Cámara de Representantes se intentó un debate para esclarecer la red del despojo de los dineros de la paz administrados por el denominado OCAD-Paz, esta pieza de la macro corrupción en el Estado colombiano, durante el gobierno del señor Iván Duque, permanece en la más completa oscuridad, y existen poderosos intereses empeñados en echar tierra a esta nauseabunda cloaca de la administración pública que significó el más descarado robo de las partidas fiscales apropiadas para la implementación de los acuerdos de paz alcanzados con las Farc en el año 2016.
Toca seguir con las investigaciones y las pesquisas para establecer exactamente el tamaño del saqueo a la paz, ojalá con el apoyo de la Contraloría general de la república y su nuevo titular, el doctor Carlos Hernán Rodríguez.
En este punto se debe ser muy riguroso para determinar el papel asignado, en esta arquitectura de la corrupción, a entidades como el Fondo Mixto del Deporte de la Gobernación del Valle; la Asociación Regional de Municipios del Caribe; la empresa eléctrica del departamento del Guaviare, y la empresa de comunicaciones de Popayán.
Antes de focalizar el espantoso caso del departamento de Nariño, uno de los más afectados por la pobreza en el país, señalemos que el OCAD-Paz es un órgano del Sistema General de Regalías, creado por el Decreto 1534 de 2017 como órgano colegiado de decisión del Sistema General de Regalías (SGR), encargado de viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversión, para la implementación del Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, incluyendo la financiación de proyectos destinados a la reparación de las víctimas.
Los proyectos aprobados por este Ocad tienen estrecha relación con el Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, los cuales son verificados por el Departamento Nacional de Planeación, DNP, de acuerdo con los requisitos establecidos por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías.
Al mismo tiempo, sus decisiones se adoptan con un mínimo de dos votos favorables por cada nivel de gobierno: nacional, un voto; departamental, un voto; y municipal, un voto.
Digamos por ahora, que, de acuerdo a nuestras investigaciones para el departamento de Nariño, el OCAD Paz aprobó desde el año 2017 hasta el marzo de 2022 un total de 47 proyectos por un valor de $350 mil 200 millones de pesos.
El sector Transporte se posiciono, durante estos años, como el principal receptor de recursos, con un total de 280 mil 897 millones de pesos. Estas inversiones buscaban mejorar la infraestructura de las redes secundarias, terciarias y urbanas, con el fin de contribuir en la conectividad inter-municipal, departamental y regional del territorio de Nariño. Un ejemplo clave, es la Construcción del tramo vial Espriella – Río Mataje en el municipio de Tumaco por 16 mil 226 millones de pesos.
Para el sector de vías se aprobaron 42 iniciativas, de las cuales el 81,44 % de los recursos se enfocaron en la construcción y mejoramiento de las vías terciarias y secundarias.
El 87,5 % del total de los proyectos aprobados por el OCAD Paz han sido ejecutados por los municipios, con un costo de 192 mil 065 millones de pesos.
De los 67 municipios que comprende el departamento, solo el 35,82 % fueron favorecidos con proyectos del OCAD: Ancuya, Colón, Consacá, Cumbitara, El Peñol, El Tambo, La Florida, La Llanada, Los Andes, Magüí Payán, Barbacoas, Linares, San Andrés de Tumaco, El Tablón, Policarpa, Providencia, Puerres, Ricaurte, San Cruz y Tangua; municipios que tiene en promedio un Índice de Incidencia de Conflicto Armado medio o alto.
Al analizar el estado de los proyectos viales, se identifica que el 35 % está contratado sin acta de inicio, uno de mejoramiento de red urbana y 13 de la red terciaria; el 58,33 % se encuentra en ejecución, donde 13 son para el mejoramiento de la red terciaria y un proyecto de desarrollo rural; el 4,2 % en proceso de contratación, todos relacionadas con la red terciaria y el 12,5 % sin contratar, dos de red terciaria y uno de generación de energía eléctrica en las zonas no interconectadas de la costa pacífica.
Vinculados con los anteriores proyectos se encuentran 11 contratos sin ejecución por 23 mil 640 millones de pesos; ocho en ejecución por 28 mil 583 millones de pesos y 13 suspendidos por 43 mil 410 millones.
Entre ellos, aparece uno por 334 mil millones de pesos para la implementación de infraestructura eléctrica para las comunidades costeras rurales de los municipios de Tumaco, Santa Bárbara, Olaya Herrera, La Tola, Mosquera, Francisco Pizarro y El Charco, con lo que se buscaba brindarle el servicio de energía a 287 comunidades y 78 mil habitantes.
También está un proyecto por $10 mil 459 millones para sacar adelante, soluciones energéticas especiales para la población indígena Awá-Unipa, de los resguardos Gran Sábalo, Guyguay, Saude, Tronqueria, Palicito, Planadas, Telembí y Tortugaña Telembí.
Todos estos proyectos fueron entregados a cuestionados contratistas en el departamento de Nariño.
Veamos algunos casos:
A los contratistas John Jairo Galíndez Santander y Óscar Gómez Burgos, socios en el consorcio para construir unidades sanitarias en Policarpa (Nariño), les entregaron 6.336 millones. Ambos hicieron parte de un carrusel de contratación por 48 mil millones durante la pandemia.
El Fondo para la Paz entregó tres contratos de proyectos agropecuarios por 42 mil millones de pesos a corporaciones que hasta ese momento solo habían manejado proyectos por menos de mil millones de pesos.
Una de ellas es la Cooperativa Cooproesp Ltda que tuvo la mayor bonanza. Se quedó con un contrato para producir carne bovina en el municipio de Rosario por 13 mil 350 millones de pesos y con otro para producir cacao en el municipio Francisco Pizarro, por 21 mil 083 millones de pesos.
Con plata de regalías de la paz, Cooproesp se quedó con un contrato en 2021, de los municipios de Valle del Guamuez y San Miguel (Putumayo). La exigencia de experiencia en los pliegos de condiciones fue calcada de la que pidió Francisco Pizarro. También fue el único oferente.PA
Los rostros del desfalco a la paz
Entre los miembros del OCAD Paz que tuvieron responsabilidad sobre todos estos proyectos están: Emilio Archila; el contralor delegado para el posconflicto, Juan Carlos Gualdrón; el contralor delegado de la Unidad de Regalías, Aníbal Quiroz; quien fuera gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, enjuiciado por la firma de contratos ilegales. Además, los alcaldes Martín Zuleta de La Paz (Cesar) y Marcelino Chacón, de la Uribe (Meta).
Se menciona, además, a Álvaro Ávila que era el director del Sistema General de Regalías de la DNP y estaba en la secretaría técnica del OCAD Paz. Se encargaba de elegir los proyectos que se revisarían en las sesiones y se suponía que debía valorar el orden en el que los alcaldes inscribían sus proyectos.
Vamos a seguir profundizando en todo este entramado de corrupción con los dineros de la paz en Nariño para pedir al presidente Gustavo Petro y a las autoridades nacionales su estricta intervención para impedir la impunidad. En ese sentido estamos impulsando con la Contraloría General de la República una Audiencia pública en el municipio de Pasto en la tercera semana de octubre. El nuevo Contralor ha dicho que irá a fondo para esclarecer esta grave situación que afecta la paz en Colombia.
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