La Casita, centro emblemático de cuidado de menores con graves enfermedades, cerró el pasado jueves. Es uno de los movimientos en el sistema de protección de menores llevado a cabo por la Consejería de Juventud, Familia y Política Social de Madrid, que supondrá también el cierre del centro de Acacias y el traslado de decenas de niños y niñas a espacios fuera de la ciudad.
Todo comenzó con la criminalización de los menores extranjeros no acompañados que residen en el centro de acogida de Casa de Campo. En diciembre de 2021, hace ya casi un año, la consejera de Familia, Juventud y Política Social en Madrid, Concepción Dancausa, anunció el cierre del centro y el traslado de estos niños a un nuevo espacio.
En mayo de este año, para cumplir esa promesa, la consejera, junto con la Dirección General de Infancia y la gerencia de la Agencia Madrileña de Atención Social, presentaron una serie de movimientos en el sistema de protección de menores que afectaban a seis de los trece centros públicos que se ubican en el municipio de Madrid y que, según las trabajadoras con las que El Salto ha hablado, tienen como intención desmantelar la red pública de centros de protección de menores para derivar este servicio a entidades concertadas.
En octubre, Dancausa admitía que no era posible realizar el traslado de los menores de Casa de Campo, que estaba programado para noviembre. Daba como razón la actual crisis migratoria y dejaba en el aire una nueva fecha para el traslado de los niños extranjeros no acompañados. Pero, las trabajadoras de estos centros advierten que el resto de movimientos sigue en marcha. Desde la Consejería de Juventud, Familia y Política Social señalan a El Salto que los cambios en las residencias de menores, a día de hoy, “se están ajustando”.
Menores extranjeros no acompañados: de Casa de Campo a Barajas. En suspenso
El albergue juvenil Richard Schirrmann, dependiente de la Consejería de Cultura, fue reconvertido en 2019 en centro para menores extranjeros no acompañados de 15 a 17 años. Pasó a depender entonces de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), que externalizó su gestión a Fundación Diagrama, sin sacar a concurso público la licitación del servicio.
El proyecto presentado en mayo por la consejería suponía que estos jóvenes abandonaran el centro de Casa de Campo para ser trasladados al Centro Ocupacional de Barajas, actualmente dedicado a personas con discapacidad intelectual. Un espacio ubicado en un polígono industrial, rodeado de naves de carga y descarga, cerca del aeropuerto Adolfo Suárez y donde no hay nada más que eso. “Estéticamente el edificio todo el mundo comenta que es como un CIE en toda regla, solo le faltan las concertinas”, destaca Díaz. El propio gerente de la AMAS, José Manuel Miranda de las Heras, describió el espacio, en una carta enviada a finales de julio como respuesta a las protestas por las consecuencias derivadas del resto de movimientos en el sistema de protección de infancia como “una zona aislada con polígonos industriales, cocheras de autobuses y dependencias de carga y parking del aeropuerto […] apartada de todo núcleo urbano, sin servicios comunitarios que permitieran la inclusión en la sociedad”. Aunque entonces lo hizo para justificar el traslado de los actuales usuarios del centro de Barajas.
En octubre, Dancausa afirmó en la Asamblea de Madrid, ante una pregunta lanzada por Vox, que el traslado, inicialmente programado para noviembre, se cancelaba, señalando que el cambio se llevará a cabo cuando haya una alternativa de espacio. Desde la Consejería de Juventud, Familia y Política Social confirman a El Salto, que los menores de Casa de Campo serán trasladados a otra ubicación, a día de hoy sin concretar. “Actualmente, por los compromisos exigidos por el Gobierno de España en cuanto al traslado de menores de Ceuta y Melilla, no se puede, también porque en este centro se están realizando distintos programas; la decisión se retrasa para cumplir los requisitos del gobierno”, afirman fuentes de la consejería.
“No sabemos nada, ni siquiera la dirección del centro lo sabe”, afirma a El Salto una educadora social en el albergue de Casa de Campo. Sobre el proyecto inicial de trasladarlos al centro de Barajas, esta trabajadora afirma que todos los trabajadores del centro estaban en contra. “Es un polígono industrial completamente alejado”, reitera sobre el centro de Barajas donde iban a ser inicialmente trasladados. “Si tienen que hacer trámites, si quieren salir con sus amigos, si quieren hacer cualquier cosa, se les pone muy complicado porque está muy mal comunicado, lo único que iban a conseguir con este traslado es marginales más, alejarles para que no molesten”, continúa la trabajadora, quien resalta que, frente a las quejas de los vecinos de Batán y Casa de Campo y la criminalización por parte de Vox, la realidad es que de los 50 chavales que viven en el albergue de Casa de Campo solo uno ha sido detenido. El resto está estudiando, intentando salir adelante, no se puede generalizar”, concluye.
El de los menores extranjeros no acompañados de Casa de Campo a Barajas fue el primer movimiento en el sistema de protección de menores madrileño anunciado por el PP en mayo y, aunque ha sido cancelado por el momento, los que le siguieron, cual fichas de dominó, siguen en marcha, según denuncian trabajadoras de estos centros. Desde la Consejería de Juventud, Familia y Autos Sociales afirman que son movimientos que tienen como objetivo “optimizar recursos siempre con el interés superior de los menores”. Las trabajadoras con las que ha hablado El Salto no lo tienen tan claro.
Personas con discapacidad: de Barajas al ICE
El traslado de los menores extranjeros no acompañados al Centro Ocupacional de Barajas suponía también el traslado de las personas con discapacidad intelectual de Barajas a otro espacio, un movimiento que se mantiene. El lugar elegido es el Centro de Primera Acogida Isabel Clara Eugenia (ICE), en Hortaleza. El ICE es una de las dos residencias de primera acogida de menores que hay en Madrid, excluyendo a los extranjeros no acompañados. Dedicada a la acogida urgente de niñas y niños de 0 a 14 años, cercana a la otra residencia de primera acogida, de 14 a 18 años.
En la carta, a la que ha tenido acceso El Salto, el gerente confirma el traslado de las personas con discapacidad desde el centro de Barajas al centro Clara Eugenia, en Hortaleza. “Un edificio emblemático de 9.400 metros construidos en cuatro plantas, lugar idóneo donde 130 personas adultas con discapacidad intelectual podrán disfrutar de la integración comunitaria que hasta ahora no han tenido, con centros comerciales, servicios, instalaciones deportivas, vida de barrio”, continúa el gerente en su carta. El cambio supondrá realizar obras en el edificio para adaptarlo a sus nuevos habitantes, según señalan las trabajadoras con las que ha hablado El Salto, que apuntan que, aunque es un cambio positivo para las personas que hoy siguen en Barajas, tiene, como consecuencia, una serie de cambios muy negativos.
Las niñas y niños del ICE, al centro Acacias y después a San Fernando
La llegada de las personas con discapacidad del centro de Barajas al ICE, supondrá, a su vez, el traslado de los niños y niñas que viven en este espacio. El plan inicial de la Consejería contempla que los menores del ICE, que tienen entre 0 y 14 años, sean trasladados inicialmente a la residencia infantil Acacias, en Carabanchel, en junio o julio de 2023, y, previsiblemente a mediados de 2024 a San Fernando, una vez finalicen las obras de remodelación y adaptación del edificio, según confirma la carta del gerente del AMAS. El edificio Residencia-Colegio San Fernando, en el Complejo San Fernando, actualmente sin uso, está situado en el kilómetro 13 de la carretera de Colmenar.
“Para un centro de primera acogida es tremendo”, alerta M.F., educadora en el ICE. “Aquí se atiende a niños que, por una razón urgente tienen que pasar a este tipo de centros; alejarlo tanto va a ser tremendo para las familias y para los niños”, continúa. M.F., quien destaca que frente a los recursos con los que cuentan en Hortaleza, donde los niños pueden realizar actividades de ocio, educativas y culturales, en San Fernando estos niños se van a encontrar en medio de la nada.
“Se va a impedir la inclusión social de estas niñas y niños. Se les va a obligar a romper con su núcleo vital: compañeros de clase, amigos del barrio, centros de salud, colegios… en un momento de especial y extrema vulnerabilidad. No olvidemos que hablamos de acogida de carácter urgente”, añade Díaz, que denuncia también el doble traslado planteado para estos niños, contario a la estabilidad residencial que las leyes exigen. Además, añade que “la ubicación en una zona aislada del norte de Madrid, alejada de núcleo urbano y mal comunicada, dificultará a las familias, generalmente del sur, el acceso al centro de acogida, tanto por el coste económico como por la distancia y tiempo a invertir, siendo imprescindible para estudiar y valorar la mejor solución para las niñas y niños”.
M.F. explica que la situación de las niñas y niños que pasan por el ICE es muy variada. En algunos casos son niños que, tras pasar allí una noche, al día siguiente vuelven con sus padres. En otros casos se quedan en el centro meses porque, a pesar de que una vez se hace el estudio sobre su caso deben ser derivados a un recurso concreto, en la práctica en estos no hay plazas suficientes, o en otros casos la mediación familiar realizada con el objeto de que vuelvan a su casa familiar no funciona.
Las niñas y niños de Acacias, a Vallehermoso y La Casita
La Residencia Infantil de Acacias acoge a niñas y niños de 3 a 18 años. Es un centro territorializado, es decir, da servicio a los menores de una zona o distrito concreto. Con la llegada provisional de los menores del centro de primera acogida, ICE, las niñas y niños de Acacias serán trasladados en el mes de abril a La Casa de los Niños, La Casita, tras remodelarse la misma para adaptarla a la nueva población.
“A nosotros nos convocaron el 26 de mayo y nos comunicaron que íbamos a ser trasladados temporalmente a Vallehermoso y después a lo que ha sido hasta ahora La Casita”, recuerda a El Salto una trabajadora del centro de Acacias que prefiere que no se publique su nombre. Finalmente, el paso por Vallehermoso se ha cancelado, pero su futuro traslado al edificio de La Casita sigue en marcha.
“Los niños se verán obligados a desplazarse muchos kilómetros del centro, a un sitio mal comunicado, sin los recursos médicos ni educativos que tenemos en Madrid capital”, destaca esta educadora social. Para estos niños “significa desarraigarles de su entorno, separarles de su familia, que tendrán que desplazarse hasta allí para verles, es abocarles al aislamiento total, y no vamos a poder fomentar su economía porque no se van a poder ir ni a comprar unas chuches solos”.
“Uno de los niños me preguntaba si se podía quedar aquí, en Acacias, si iba a poder seguir en su colegio, que él se quería quedar con sus amigos. A mi se me rompe el alma, les vamos a sacar de su entorno”, lamenta la trabajadora de Acacias, que señala que no saben qué va a pasar con ese centro en el que aún están, donde se están realizando obras. Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid de 2022 contemplaba un gasto de 19.000 euros en obras en el centro de Acacias a la misma vez que se organizaba su vaciado. “Tiene pinta de que lo van a sacar a gestión privada”, comenta la trabajadora.
Por su parte, el centro de destino de los niños, La Casita, está ubicada en un complejo educativo en medio de la carretera. “Te puedes tirar 20 minutos para llegar a la salida del complejo”, detalla Díaz, que trabaja desde hace 22 años en este centro. Una vez fuera del complejo, la única manera de llegar a Madrid además de en vehículo privado es cruzando la carretera por el puente en altura para llegar a la parada para coger los únicos autobuses que pasan que van a Plaza de Castilla. Entre semana es cansado, en fin de semana, cuando la frecuencia entre autobuses es de 45 minutos, es aún más difícil. “Como un niño quiera jugar con los vecinos de su barrio, para cuando llegue va a tener que volverse a cenar”, ironiza Díaz.
Las
trabajadoras también destacan los cambios estructurales que se tendrán
que hacer en el centro La Casita, que el pasado 24 de noviembre cerró
sus puertas para comenzar las obras con las que adaptar el edificio a
las necesidades de su nueva población. Si antes albergaba a niños y
niñas de entre 0 y 6 años, muchos de ellos con graves patologías y
necesidades especiales, ahora recibirá a los niños de entre 6 y 12 años
procedentes de Acacias.
La
Casita tiene dos plantas, con 40 plazas para bebés en la planta baja,
donde también viven los niños y niñas con problemas de movilidad, y de
más edad en la de arriba. “Es un complejo muy diferente a lo que debe
ser una casa de niños”, señala Díaz. Y es que, aunque La Casita es un
referente entre los centros de su clase, con unidades convivenciales de
cinco plazas con espacio propio de comidas, aseos o juegos, y un máximo
de cinco niños por educadora, “para edades superiores, aunque el sitio
es muy bonito, no es apropiado para que se puedan integrar, porque en
esas edades es importante que estén en un núcleo urbano”, subraya Díaz.
De
lo que ahora es La Casita quedarán poco más que las paredes, o ni
siquiera eso, cuando acaben las obras, cuyo plazo está fijado para abril
de 2023. “Tienen que demoler la casita, porque si van niños de 12 años
necesitan wc de su tamaño, camas de su tamaño. tendrán que demoler todo
el centro para llevar esas edades y dejarlas aisladas en medio de la
nada”. Por lo pronto los Presupuestos Generales de la Comunidad de
Madrid de 2022 recoge 5.600 para la redacción del proyecto de obra.
Y los de La Casita, a la Rosa y El Valle
La Casa de los Niños, conocida como La Casita, en la carretera Fuencarral-El Pardo, es un centro que, desde hace 40 años y hasta el pasado 24 de noviembre, estuvo especializado en el cuidado de niños con graves problemas de salud. También llevaban a cabo un programa de mediación familiar para ayudar a madres y padres en el cuidado de sus hijos y poder tenerlos en casa de nuevo.
Las trabajadoras no comprenden los motivos del cierre y subrayan que es “un centro de referencia” y que la propia Consejería ha felicitado en repetidas ocasiones la competencia de su equipo. “Éramos la única residencia de primera infancia de la Comunidad de Madrid que cumplía con las nuevas políticas y modelos de acogimiento residencial, basados en núcleos reducidos de menores que vivan en condiciones similares a las familiares”, señala Díaz, quien detalla que La Casita estaba organizada en unidades convivenciales, de cinco plazas máximo, cada una de ellas con su espacio propio para comer, su zona de aseo o baños, espacio o sala de juegos, dormitorios, jardines, terrazas. “No hay ninguna Residencia de Primera Infancia que mejore, ni siquiera que iguale, las infraestructuras, instalaciones, modelo residencial y entorno que tiene La Casita. Cualquier traslado a otro centro supondrá una merma en la calidad de atención que se prestará a los menores y resulta contrario a su interés y bienestar”, lamenta.
Las trabajadoras denunciaron ante el Defensor del Pueblo el cierre de La Casita y el resto de movimientos en el sistema de protección de la infancia y desde la institución dirigida por Ángel Gabilondo requirieron información al respecto a la consejería en noviembre. Sin embargo, como la propia consejería ha confirmado a la Agencia EFE, el gobierno madrileño ha decidido retrasar su respuesta al Defensor del Pueblo hasta que el cierre de La Casita estuviese realizado.
El motivo dado por la AMAS ara el cierra de La Casita es que no hay demanda para tres residencias de primera infancia, pero Díaz afirma que la demanda de plazas no se ha reducido, remitiendo al acta de la Conferencia Sectorial de Igualdad, Infancia y Política Social de mayo 2022. Añade que, mientras se cierran recursos públicos, la AMAS ha creado y mantenido otros recursos concertados para atender a menores de las mismas edades y características.
Con el cierre de La Casita, el pasado 24 de noviembre, las niñas y niños que vivían en el centro, en general, han sido trasladados a cuatro residencias, a pesar de que la Gerencia de la AMAS anunció que serían derivados exclusivamente a dos: al Rosa y al Valle. Y, uno de los centros de derivación ha sido un centro concertado. También en algunos casos han vuelto con sus familias o han sido acogidos por familia extensa o ajena.
Los
menores con alguna enfermedad o discapacidad, así como los niños y
niñas de tres a seis años han sido derivados a la Residencia Infantil
El Valle, en la avenida Valle, 22, en Madrid, junto al Hospital Clínico
San Carlos. Este centro, que antes acogía a menores de 0 a 12 años,
atenderá ahora a niños y niñas de 0 a 6 años y/o enfermos. Cambian la
tipología de la residencia que, pasa de ser infantil a ser de primera
infancia y ahora también especializada en atención de menores con
necesidades sanitarias especiales.
El
programa de mediación familiar, a su vez, ha sido trasladado a la
Residencia de Primera Infancia el Rosa, en Paseo de La Habana 173,
según confirma la carta enviada por el AMAS. A este centro han sido
trasladados también los niños sin problemas médicos de 0 a 3 años que
antes estaban atendidos en La Casita.
Acogimiento familiar, pero ¿dónde están las familias?
“No
hay justificación para esos movimientos ni para el cierre de La
Casita”, afirma Díaz. Esta educadora social resalta que con los
movimientos en el sistema de protección de menores se reducen las plazas
para niños de 0 a 6 años. “Dicen que se ha reducido la demanda
residencial en esas edades por el acogimiento familiar, que todos
pensamos que es lo mejor, pero no creo que realmente haya aumentado la
bolsa de familias de acogida”, denuncia. “Si me dicen que los niños van a
estar con familias de acogida, chapeau, pero no veo que sea así”, afirma por su parte la trabajadora del centro de Acacias.
Desde la Consejería de Juventud, Familia y Política Social afirman que hace un mes que comenzaron una campaña para fomentar el acogimiento familiar. Aunque advierten que aún es pronto para dar cifras, sí adelantan que el porcentaje de menores tutelados por la Comunidad de Madrid que viven en acogimiento familiar ha subido cinco puntos porcentuales desde principios de año, hasta superar el 80%, y que el número de reuniones con familias interesadas en dar acogimiento ha subido un 40%. Para ello han puesto en marcha varias medidas, como aumentar la ayuda económica a las familias acogedoras de los 216 a los 300 euros mensuales, promover programas con estancias más cortas para que las familias pierdan miedo a acoger a estos niños y niñas, dar más ayudas para gastos de los niños acogidos y para la compra de dispositivos electrónicos y firmar más convenios con organizaciones sociales que se encarguen de la búsqueda de familias interesadas. “Estamos notando mayor interés, más gente pregunta, porque funciona mucho el boca boca ya que es una realidad que es bastante desconocida en el fondo”, afirman desde la consejería.
Más
allá de Madrid, en mayo Gobierno central y comunidades autónomas
consensuaron un plan de choque contra la explotación sexual de menores
tuteladas que incluía como una de sus medidas que en 2026 no haya
menores de 6 años en centros, y para 2031 tampoco menores de 10 años.
Son visiones con buenas intenciones que, sin embargo, preocupan a las
educadoras por lo difícil que resulta convertirlas en realidad. “El
acogimiento familiar es bueno, pero hay casos en los que no es posible”,
señala Díaz, que pone varios ejemplos: “En casos en lo que sean cuatro
hermanos, no va a haber familias que puedan hacerse cargo de los cuatro,
y sería aún peor separarles; hay otros niños con graves problemas de
salud que necesitan cuidados sanitarios las 24 horas, solo un médico en
excedencia podría cuidarlo”.
“El acogimiento no es conveniente para unos niños y no es posible para otros, hay que fomentar el acogimiento familiar pero no hablar del acogimiento familiar pleno”, resalta Díaz. Siempre habrá niños que necesiten acogimiento residencial, ¿qué va a pasar con ellos? Se van a ir todos a la concertada”, concluye. Actualmente, frente a las 24 residencias públicas para menores en Madrid, se cuentan 77 concertadas.
“Lo que están haciendo es acabar con los centros públicos y dar contratos a entidades privadas; están haciendo un negocio del sistema de protección de la infancia”, coincide la trabajadora del centro Acacias, quien destaca que, a diferencia de los públicos, los centros privados no ofrecen garantías en cuanto los recursos humanos empleados, “que están en su mayoría explotados, con una persona para cuidar 20 niños”.
“Que no se fijen solo en las cuentas, porque por supuesto que el sistema de protección de la infancia es caro, pero es el futuro de esos niños, estamos invirtiendo en estos chavales para que sean personas que en el futuro tenga su trabajo, su familia, una vida tranquila y normal”, concluye esta trabajadora.