El consulado de Honduras pide la sanción de los policías y el archivo del procedimiento de expulsión de la víctima.
Un vídeo –de un minuto y 15 segundos- muestra el primer plano de tres agentes policiales, junto a un joven migrante retenido de madrugada en la puerta metálica de una edificación, en el municipio valenciano de Burjassot; a continuación, uno de los policías golpea al muchacho indefenso; éste pone de manifiesto su dolor tras la agresión. El vídeo fue difundido por la ONG València Acull el pasado 2 de diciembre, junto a un comunicado que agregaba detalles en el titular: se trataba de un chico hondureño a quien el policía espetó “vas de chulo, sois todos iguales, te voy a mandar a tu país”, antes de propinarle el puñetazo en el estómago.
En la grabación, realizada por los vecinos el 17 de octubre, puede constatarse que el joven centroamericano no muestra en ningún caso resistencia. Tras la agresión, la víctima comunicó lo sucedido al Programa de Trato y No Discriminación de València Acull.
La ONG informa de que la Policía abrió al joven golpeado un procedimiento sancionador por estancia irregular y una propuesta de sanción “por tenencia de drogas o abandono de instrumentos relacionados con las drogas”; el muchacho hondureño -que volvía a su domicilio en monopatín, tras pasar un rato con los amigos- negó estas acusaciones. Los fotogramas del momento de la agresión fueron adjuntados a la denuncia que J.E.CH. formuló –en el Juzgado de Guardia de Paterna- contra los agentes.
Sobre lo ocurrido después que los policías pararan al joven en un control, en la calle Mariano Ribera de Burjassot, la denuncia del agredido detalla: “Tenían (los guardias) un actitud bastante prepotente, de superioridad hacia mí; (…) un policía comenzó a empujarme hacia una esquina (…). Me puse contra la pared con los brazos cruzados y el mismo policía empezó a insultarme (…)”.
A continuación, antes de separarle los brazos y propinarle un “fuerte” puñetazo en el estómago, “(el agente) me preguntó por unos chicos hondureños con los que decía que habían tenido un problema el día anterior y yo le contesté que no los conocía. También me amenazó: ‘Si te pego una, no me la aguantas’”.
Unos minutos después, relata el chico hondureño en el escrito de denuncia, llegaron más policías al lugar de la acometida. Además le hicieron firmar un papel por el que se le citaba el mismo 17 de octubre en la comisaría de Burjassot. J.E.CH. se presentó de manera voluntaria en las dependencias policiales, donde se le asignó un abogado del turno de oficio y comunicó el inicio del procedimiento administrativo sancionador.
Respecto al proceder de los funcionarios policiales, los vecinos que grabaron lo sucedido señalaron al joven migrante cómo -en el mismo control- “antes que me pararan a mí, los mismos policías identificaron a un conductor con rasgos europeos con una elevada tasa de alcoholemia, lo trataron como es debido y lo acompañaron a su casa”.
A partir de la exposición del muchacho, València Acull concluye que hubo “racismo en la causa de su identificación y violencia en la actuación policial”; y en cuanto a las consecuencias de la retención en el control de las fuerzas de seguridad, la ONG enumera “haber sufrido violencia, la posibilidad de ser expulsado o de imponerle una cuantiosa multa (de 501 a 10.000 euros); la retención de su pasaporte, la obligación de presentarse en comisaría todos los meses y la propuesta de una sanción por su (supuesta) relación con drogas que no le comunicaron en el momento y que él niega”.
Asimismo el vicecónsul de Honduras en Valencia, Jorge Enrique Gálvez, remitió un escrito el 13 de diciembre al alcalde de Rocafort, Rafael Ferrando García, en el que solicitaba una reunión con el primer edil por el “abuso policial desmedido”, perpetrado contra el joven hondureño (los agentes están adscritos al cuerpo policial del municipio de Rocafort); el texto del consulado afirma que el único “aparente delito” es “tener el aspecto físico y la nacionalidad de ‘unos chicos hondureños’ (quienes en el día anterior habían tenido un problema con el agente) y que por tal condición debía conocerles e informar a los agentes cuando le preguntaron por Ellos”.
Una vez se produjo el puñetazo en la parte blanda del tórax, añade el relato consular, la víctima reaccionó con vómitos, pero los policías que acompañaban al guardia agresor le negaron asistencia. Otra circunstancia detallada es que cuando el muchacho pidió agua -para aliviar el vacío de aire- los policías le respondieron con “un ‘te descuidaste’ cargado de ironía”. Sin embargo, la consecuencia de la agresión es que actualmente “se le revictimiza desde Extranjería con un expediente de expulsión”, concluye el vicecónsul hondureño.
El texto suscrito por Jorge Gálvez Martínez finaliza con una condena de la agresión, una petición de sanción a los policías perpetradores y el acompañamiento del alcalde de Rocafort para detener la expulsión del joven.
València Acull difundió –el 14 de diciembre- el escrito presentado en el Ayuntamiento de Rocafort por la legación hondureña; asimismo la ONG informó de que los representantes consulares tenían previsto solicitar una reunión con la Delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, para informarle de la situación del chico y pedir el archivo del procedimiento de expulsión.
Además la organización de derechos humanos ha denunciado, en numerosas ocasiones, las “identificaciones racistas” por parte de las fuerzas policiales. Por ejemplo, las que afectaron el pasado 1 de febrero a los ciudadanos colombianos D.P. y J.C. en el barrio de Orriols (periferia norte de Valencia). Los dos hermanos fueron abordados por agentes de paisano cuando se disponían a tomar el autobús; los policías les requirieron la documentación y retuvieron los pasaportes, que no les fueron devueltos hasta que estuvieron en la comisaría de Paterna.
“Escucharon que les comunicaron que D.P. había solicitado el asilo y que se lo habían denegado”, prosigue el relato de la ONG; los migrantes colombianos salieron del centro policial a los 20 minutos. “En la comisaría les hicieron firmar un documento de salida obligatoria del país en cinco días. Ese documento no va firmado por ningún funcionario identificable, ni hay un expediente. Tampoco tuvieron ningún tipo de acceso a asistencia letrada”, concluye València Acull.
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