Martín, de 57 años, viudo y padre de dos hijos, falleció el pasado 19 de noviembre en Valencia, de madrugada y a la intemperie. Procedía de Ghana, tenía permiso de residencia y autorización para trabajar, informó la Asociación Apostolado de la Divina Misericordia de Valencia. Otras dos personas sin hogar –Richard y Abraham- murieron en la capital valenciana en 2022, también al raso de la noche.
En diciembre de 2021, el II Censo de Personas sin Hogar -realizado por 14 entidades sociales, el Ayuntamiento y el grupo GESiinN de la Universitat de València- detectó 754 personas sin hogar en Valencia (352 pernoctaban en la calle y 402 en albergues); con una edad media de 42,5 años, el 55% se hallaba sin alojamiento desde hacía menos de un año, el 61% tenía la nacionalidad extranjera y el 6% la condición de refugiado.
El II Censo apunta, asimismo, que el 41,3% de las personas fue objeto de robos; y el 28,3% trabajaba y tenía como fuente de ingresos principal su sueldo (datos difundidos en marzo de 2022).
¿Qué obstáculos afrontan las personas migrantes que se plantean el acceso a una vivienda? La aproximación a una respuesta se halla en el Estudio de València Acull sobre la exclusión residencial de colectivos vulnerables: población migrante y racializada en la Comunitat Valenciana (Octubre 2022), presentado por la ONG el pasado 14 de diciembre. Coordinado por Ana Fornés y Sara Verdú, el informe de 143 páginas está financiado por la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana.
A partir de la encuesta realizada, las investigadoras destacan que el 86,5% de los participantes afirman tener dificultades para el acceso a la vivienda: las personas de origen africano (también americano), y quienes están en situación administrativa oficialmente irregular, son las que se enfrentan a mayores obstáculos.
En el detalle de las barreras más relevantes, el reporte destaca el precio de la vivienda (33,9%), además de la falta de cumplimiento de las condiciones de acceso (27,7%) y la escasa oferta de pisos de alquiler (15,7); “el 14,5% afirma que ha tenido dificultades bien por su origen étnico, o bien por la negativa a alquilarle la vivienda pese a disponer de solvencia económica”, informa València Acull.
En cuanto a la metodología, se incluye la recopilación de datos mediante una encuesta a cerca de 400 personas de origen extranjero y residentes en el País Valenciano (150 telefónicas y 255 presenciales); el trabajo de campo se prolongó durante dos meses, entre febrero y marzo de 2022.
Otra conclusión de interés es que más de la mitad de la muestra –el 51,4%- señala el “ser extranjero” como un hándicap para el acceso a la vivienda, frente al 25,3% que considera que este hecho no implica una desventaja (“los motivos: requisitos de acceso complejos para ser cumplidos por las personas de origen extranjero, xenofobia y desconfianza”).
Además, el 41% de las personas migrantes ha destinado entre el 26% y el 50% de los gastos mensuales del hogar al pago de la vivienda.
Las autoras del Estudio constatan “una suerte de espiral infinita en la que la burorrepresión y los problemas de regulación de su estatus legal (de las personas migrantes) derivan a su vez en la aceptación de trabajos precarios y en la economía sumergida, lo que dificulta el acceso a la vivienda y con éste el registro en el padrón; esto determina la misma situación de irregularidad en la que se encontraban de partida (…)”.
Cuando las personas migrantes han podido acceder a una vivienda, algunas respuestas ponen de relieve elementos de precariedad; por ejemplo, el 57,4% no tiene disponibilidad de aire acondicionado; el 67,9% no cuenta con calefacción en el hogar; y el 45,5% no dispone de ascensor (el 32,5% valora el estado de la vivienda como “regular”, el 2,9% como “malo” y el mismo porcentaje como “muy malo”).
Cuestión diferente es el riesgo de retrasarse en el pago de los gastos de la vivienda; respondieron a la pregunta 345 de las 402 personas que participaron en la encuesta; 87 de ellas calificaron el riesgo como “medio”, y otras 49 como “alto” (el 40% de los encuestados afirma que la pandemia ha empeorado las condiciones para afrontar los gastos de la vivienda).
La muestra de València Acull ha analizado la distribución de los ingresos mensuales de los hogares; en los estratos inferiores y medios se detallan las siguientes cantidades; el 3,4% carece de ingresos; el 10,4% del total de hogares encuestados tiene ingresos inferiores a los 500 euros; el 29,3% de los hogares, entre 500 y 1.000 euros; y el 23%, entre 1.000 y 1.500 euros.
A partir de las entrevistas con “informantes clave”, el documento constata la existencia de los mecanismos de “racismo inmobiliario”. De este modo se califica la imposición de trabas “en exclusiva para las personas migradas”, y en las que cobra una especial importancia la “racialización de la pobreza”.
En concreto, agrega el documento de la ONG, se producen “filtros por parte de personas propietarias de viviendas y, por ende, de las inmobiliarias en las que depositan la selección de las personas arrendatarias, en función del origen étnico o racial de éstas, apoyando estos mecanismos de exclusión con requisitos difícilmente accesibles para las personas migrantes”.
Si se desciende al detalle de las cifras concretas, el 34,3% de las personas encuestadas afirma haber tenido algún tipo de discriminación por parte de los propietarios; el 23,8% por las inmobiliarias; y el 13%, de las entidades bancarias.
¿Cuál es el grado de satisfacción con la vivienda? “Poco”, respondió el 25,3% de los entrevistados; y “nada”, en un porcentaje del 8,2%.
València Acull concluye que el incremento del precio del alquiler en los últimos años (por el aumento de la demanda y reducción de la oferta), junto a los procesos de gentrificación, turistificación e inexistencia de un amplio parque de vivienda pública, “dificulta aún más el acceso a la vivienda de los colectivos vulnerables, como es el caso de las personas migrantes en condición de irregularidad”.
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