Mientras que Alfonso Prada en su mundo de Winnie The Pooh anunció el 4 de noviembre de 2022, la modificación y prórroga de la ley 418 de la sonada Paz Total como el renovado motor legal para que no exista ni una sola muerte violenta en Colombia o ningún niño se acueste con hambre, el ex senador y cineasta Gustavo Bolívar, tan solo 4 meses después y entusado por el desamor que resultó de su relación política con el gobierno de Gustavo Petro, la considera un completo mierdero.[1]
La Paz Total pretende ser una política de Estado que no podrá ser modificada por gobiernos posteriores y que se erige como un nuevo contrato social fundamentado sobre el concepto de la seguridad humana con el objetivo principal de encontrar una solución definitiva a las violencias del conflicto armado colombiano y del crimen organizado. Otorga facultades al Presidente y su gobierno así como al Alto Comisionado de Paz, para desarmar a los actores armados ilegales bajo una serie de nuevas condiciones dependiendo de la clasificación que se le otorgue a cada grupo por parte de una nueva Comisión compuesta por el Ministro de Defensa, el Director Nacional de Inteligencia y el Alto Comisionado, donde se separarán los grupos armados que buscan estatus político de aquellos que pertenecen a la alta alcurnia criminal. Los primeros serán actores del diálogo nacional del proceso de paz mientras que los segundos se acogerán a los nuevos beneficios jurídicos ofrecidos dentro de la justicia ordinaria. La ley establece y prioriza regiones de paz para adelantar negociaciones sin despejar la zona del control de la Fuerza Pública. Igualmente busca continuar el cumplimiento de los Acuerdos del Teatro Colón con las Farc-EP, en especial, consolidando las bases para las garantías de la no repetición.[2]
Los Grupos Armados No Estatales (GANE) han mutado y se han reconfigurado a lo largo de la historia del conflicto armado colombiano. Así como ocurrió con los carteles de las drogas, las guerrillas y los grupos paramilitares, muchos se han escindido y reinventado. Pese a los avances en construcción de paz y de desarme, los nuevos actores armados y sus empresas subterráneas han permeado los baldíos criminales, que se asocian parcialmente con sectores legales, incrementando la violencia contra civiles indefensos. No cesan las masacres: fueron 92 las reportadas en 2022. Los desplazamientos y el confinamiento se incrementaron en un 47% frente a las cifras del 2021, focalizados en la Costa Pacífica, las zonas fronterizas y los departamentos del Centro-Sur del país, poniendo en riesgo a 7,2 millones de personas. Aunado a la incesante violencia sexual, el reclutamiento de menores, incluidos refugiados y migrantes, así como el uso de minas antipersonales, entre otras prácticas latentes en el marco del conflicto que involucra a civiles. En 2022, 15.5 millones de colombianos sufrieron inseguridad alimentaria, esto es, el 30% del país.[3] Los grupos ilegales quieren llegar bien armados a la negociación que se desprende de la necesidad de reducir los costos humanitarios de los colombianos con un sinnúmero de necesidades insatisfechas, que es la gran mayoría y que fungen como carne de cañón, especialmente en regiones como Arauca, Córdoba, Nariño, Cauca, entre los principales territorios más afectados por el recrudecimiento del conflicto armado y la mutación de las amenazas renovadas. Los GANE desean llegar más robustos y demostrando control territorial, jactándose de sus actos violentos, mediante los cuales paralizan con miedo a los pobladores. Ya no es necesario matarlos, sino dominarlos y en dado caso reclutarlos.
Los primeros meses de la Paz Total han sido un real mierdero. Pero es un mierdero chiquito en comparación con el gran mierdero que hemos soportado dentro y fuera del conflicto armado en razón de las diversas violencias sistemáticas, de las cuales el Estado y sus fuerzas de seguridad también han sido parte, al menos, de forma parcial. Aunque el mierdero es palpable, el mismo puede explayarse aún más. Por qué no nombrar a las víctimas de los Falsos Positivos y de múltiples masacres donde se ha condenado la responsabilidad del Estado colombiano en fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O los miles de asesinatos que cada año presenciamos en las calles de nuestro territorio.
El gobierno debe repeler las formas de violencia cuando el diálogo resulta retórico. Tampoco es que deba comportarse como un Nayib Bukele, conocido en Twitter como el dictador más cool de Latinoamérica, que se mofa en nombre de Dios de convertir el territorio salvadoreño en una réplica chimba de Guantánamo, extirpando los derechos humanos, bajo la estrategia que le afloja las naguas a la Cabal, de clasificar al crimen organizado como terrorismo.
La Paz Total es como tener un perfume excelso pero pequeño para disuadir el olor de la violencia de muchos bollos. Unos bollos más hediondos que otros; hedores provenientes de grupos de extrema derecha; de extrema izquierda; incluso narco bollos; bollos estatales; bollos mixtos. Imagine el lector habitar en un espacio limitado con todos esos bollos, y que tenga un escaso aroma que haga menguar la inmundicia de la violencia de la cloaca soberana. Lograr apaciguar la asquerosa sensación de quienes vivimos en medio de los nefastos olores de las violencias históricas. Para que el ambiente mejore sin duda el perfume contribuirá a sobrellevar la transición para que los GANE dejen de cagarla tanto y empecemos a descontaminar nuestra poluta exclusa, manchada por ríos de sangre, en ocasiones lideradas por actores estatales que justifican las cagadas de unos y no las de otros. Dichas alianzas que avalan la violencia o la impunidad, son las que extinguen el perfume de la paz y condenan a la muerte social propagando la peste negra de la corrupción y de los dineros ilícitos.
La Paz Total debe utilizar herramientas de resolución alternativa de conflictos con los actores violentos, pero no debe descartar utilizar el monopolio legítimo de la violencia en cabeza de la Fuerza Pública, dependiendo del comportamiento de los convocados en el nuevo escenario de construcción de paz. Incentivar los reales gestos de paz que demuestren avances en los diálogos manteniendo, por ejemplo, un cese de hostilidades. Pero debe reprimir militarmente a los actores armados, en especial, cuando se atenta contra la integridad de la población civil, generalmente atacada en donde el Estado no ejerce un dominio eminente.[4] Este ambicioso plan pretende desmantelar múltiples grupos armados ilegales al mismo tiempo, en lugar del enfoque anterior de desarrollar procesos particulares dado el efecto hydra, donde al cortarse una cabeza nacen siete nuevas. Petro está decidido desde la campaña presidencial en alinear el presupuesto nacional con los regionales e integrar a todos los gobiernos de las comunidades afectadas a un gran acuerdo nacional.[5]
La Paz Total ya está negociando con actores que buscan el estatus político como el ELN , sin embargo, para los grupos del crimen organizado el gobierno presentó proyecto de ley el 16 de marzo de 2023, donde establece las condiciones de sometimiento e insta a la confesión de delitos, entrega de bienes, información sobre patrones criminales y propuestas de reparación a sus víctimas. No es la primera vez que el Estado colombiano dará tratos penales más benignos a quienes se sometan, pues esto mismo sucedió en el gobierno de Álvaro Uribe a través de la famosa Ley de Justicia y Paz que otorgó penas hasta de 8 años de prisión a masacradores y descuartizadores de seres humanos, liderados por los hermanos Castaño que fundaron las Autodefensas Unidas de Colombia y que hicieron pasar entre sus filas a narcotraficantes puros para acceder a los beneficios jurídicos. Es decir, esta no es una estrategia nueva, incluso proviene del diseño de la ley 2272 y de los estándares de sometimiento mínimo regulados por el derecho internacional.
Ahora, las organizaciones criminales de alto impacto se componen por un número plural de personas; tienen estructura jerárquica y/o en red; cometen conductas punibles tipificadas en la Convención de Palermo; sus patrones criminales someten a la población civil rural y/o urbana; y cumplen funciones en una o más economías ilícitas. Quedan excluidos de la aplicación de este proyecto de ley los grupos rebeldes que pregonan carácter político, con las cuales el Gobierno adelanta diálogos de paz. Se propone pena privativa de libertad de 6 a 8 años sin derecho a detención domiciliaria u otros beneficios, sumado a un periodo de 4 años de componente restaurativo y de reintegración. Las penas impuestas con anterioridad a la sujeción serían acumuladas y sustituidas. El procedimiento de sujeción a la ley constará de 3 etapas: acercamiento, conversación y términos de sujeción; procesamiento; y, cumplimiento. Se perderán los beneficios si se retorna a las armas, a negocios ilegales o si se incumple las medidas restaurativas y de reintegración.[6]
Desde 1950, Colombia conoce las consecuencias acarreadas por diferentes negociaciones fallidas. Al romperse el intento de paz, la Fuerza Pública y los grupos al margen de la ley arrecian sus violencias, y la que queda tirada en la lona es la sociedad civil, en cuyos territorios se recrudecen los enfrentamientos. Que fallen las estrategias de la Paz Total, agravará la solución del abordaje de las economías subterráneas como el narcotráfico, enquistado en la sociedad colombiana, pero con excelentes perspectivas comerciales internacionales. Pues, mientras en el exterior haya un mercado rendido a las utilidades de la coca, siempre habrá una Cocacolombia necesitada y dispuesta a complacerlo.[7] Resultando incoherente el procesamiento penal especial ante el majestuoso discurso de Petro en la ONU sobre política antinarcótica en septiembre de 2022, pues la legalización disminuiría rápidamente la narcoviolencia y le quitaría combustible a muchos actores armados. Respecto a la producción de marihuana, los Estados Unidos ya se adueñaron del negocio.
Es indudable que la condición violenta de los colombianos es estructural pero también lo es que nuestro país ha avanzado en la construcción de paz en los últimos años. Pero si no se resuelven las condiciones de pobreza, respeto a los derechos humanos, educación y satisfacción de las necesidades humanitarias, será imposible frenar la violencia otorgando dádivas punitivas a los actores armados ilegales más letales y mejor organizados. Casi la mitad de los colombianos es pobre y al menos unos 8 millones de compatriotas viven en condiciones de miseria. Si bien el conflicto armado ha incidido en ello, no solo los GANE son los responsables, sino que las consecuencias se suman a un efecto dominó producto de emergencias ambientales, sanitarias, corrupción de actores estatales, impunidad judicial, desempleo, inflación de precios por factores endógenos y exógenos, debilidad estatal para la satisfacción de sus finalidades, entre otras variables, que generan rentabilidades ilegales que se empoderan generalmente usando una rica gama de violencias.
Sembrando más esperanza la boñiga que representa
el intento de la paz total,
que las consolidadas cosechas de la guerra.
Notas:
1 https://www.elcolombiano.com/colombia/gustavo-bolivar-dice-que-paz-total-del-gobierno-esta-entre-un-mierdero-ON20781359
2 https://www.mininterior.gov.co/presidente-gustavo-petro-sanciono-la-ley-de-la-paz-total/
3 OCHA. Colombia Panorama de las Necesidades Humanitarias 2023. https://reliefweb.int/report/colombia/colombia-panorama-de-las-necesidades-humanitarias-2023-marzo-2023
4 Dickinson, E. (2023). La paradoja de la paz total. https://razonpublica.com/la-paradoja-la-paz-total/.
5 WOLA.(2023). https://www.wola.org/es/events/que-exactamente-esfuerzo-paz-total-colombia-avanza/. 15 de marzo.
6 Presidencia de la República de Colombia. (16 de marzo de 2023) .https://petro.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Gobierno-radica-proyecto-de-ley-de-sujecion-a-la-justicia-ordinaria-y-desmantelamiento-de-estructuras-armadas-230316.aspx
7 Behar, Olga. (2022). https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2022/12/14/paz-total-gustavo-petro-colombia-ley/
Diana Patricia Arias Henao. Doctora en Relaciones Internacionales. Postdoctora en Derecho Público y Seguridad. Columnista de Viva la Ciudadanía. Semanario Virtual Caja de Herramientas. Miembro activo de Somos Ciudadanos. Red Democrática.
Twitter: @DianaAriasAjua
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