En la sanción de la Ley que contiene el Plan de Desarrollo “Colombia potencia mundial de la vida en el Resguardo el Remanoso, en el municipio de Inirida, departamento del Guainía, el presidente Gustavo Petro ha formulado la tesis mas audaz sobre el problema agrario colombiano –que es el corazón mismo de la violencia y la posibilidad de la paz– al indicar que hay que pasar por encima de los obstáculos –de los terratenientes y grandes hacendados–, saltar y seguir adelante porque el latifundismo hirsuto -y paramilitar- nos están obligando a formas mas contundentes para ir por la tierra –28 millones de hectáreas– para los campesinos, cuando todo pudo ser mas pacifico y tranquilo en momentos en que el gobierno ha ofrecido comprar las tierras más productivas del país a los grandes latifundistas –rancia aristocracia feudal– que convirtieron su monopolio en un instrumento intocable de poder y riqueza.
El Plan de desarrollo avanzo poco en ese sentido porque la casta de la tierra con mucho poder legislativo se las arregló para bloquear cualquier medida que permitiera agilizar la compra de las tierras y la expropiación en función de los intereses supremos de la paz y el desarrollo del país. En ese sabotaje también hizo su aporte la saliente ministra de Agricultura -una neoliberal edulcorada- que derrochó una verborrea agraria engañosa con la que enredó la verdadera reforma agraria democrática. Bien despachada desde el gabinete. Bienvenida la nueva ministra Jhénifer Mojica, una combativa líder de los derechos humanos y la restitución de tierras.
El problema agrario colombiano es gravísimo y no se resuelve con pañitos de agua tibia. La concentración de la tierra es monstruosa y el despojo de los campesinos es una constante desde finales del siglo XIX; en las ultimas dos décadas, específicamente en los gobiernos de Pastrana, Uribe, Santos y Duque, los poderosos dueños de la tierra, despojaron violentamente de casi 10 millones de hectáreas a otros 8 millones de campesinos, provocando su desplazamiento y nuevas fases de colonización armada hacia la Amazonia con la consiguiente ampliación de los cultivos de coca, única fuente de supervivencia de mas de 200 mil hogares sometidos a enormes riesgos y en estado de completa vulneración social.
Con su programa de gobierno, el presidente Petro prometió resolver esta situación y en desarrollo de su gestión ha planteado varias rutas de avance como la compra de tierras a Fedegan -tres millones de hectáreas-, la entrega a los campesinos de las grandes haciendas incautadas a la mafia en manos de la SAE y la entrega de tierras en poder de la Unidad de Víctimas.
Se esperaba incluir nuevos instrumentos en el Plan de Desarrollo, pero eso no fue posible, de ahí la airada queja de Petro en Inirida, que está plenamente justificada.
Por su lado, campesinos e indígenas, han adelantado justificadas tomas de tierra en el Cauca, Meta y Cesar, aunque han recibido el reproche de cierto progresismo inercial que confía en un aberrante gradualismo que deja todo en lo mismo de siempre. Para estas cándidas almas lo único que vale es rezar y esperar como los Santos “dorados” del medioevo a la bendición de Dios.
Con las categóricas aseveraciones del presidente Petro en Inirida podemos decir que se está configurando un nuevo agrarismo que debería converger para potenciar la democratización de la propiedad agraria y el desarrollo rural moderno.
Parte de ese agrarismo son los acuerdos con las Farc de Londoño que no se han implementado –tres millones de hectáreas a repartir, otras 7 para titular y el famoso catastro rural integral–; la formalización de los campesinos como sujetos de derechos; y la creación de la jurisdicción agraria –más legalismo–.
Sin embargo, hay un ingrediente crucial en todo esto. Me refiero a la constitución de una poderosa subjetividad que acelere el paso. En este campo hay varios hechos que se deben registrar como la realización de una Convención nacional campesina en Bogotá al finalizar el año anterior; la constitución de centenares de asociaciones agrarias en varios lugares del país como el Meta y Guaviare, el surgimiento de un Baluarte agrario y la conformación de cientos de sindicatos agrarios en el Cauca, Caquetá, Putumayo, Casanare, Cesar, Magdalena, Urabá, Choco y el Eje cafetero.
Pero esta subjetividad agraria en formación necesita escalar con el apoyo del gobierno que debe dar garantías para su movilización inmediata.
Las palabras del presidente e Inírida deben cobrar forma, en su trazo performativo (Austin), en una consistente movilización nacional que permita de verdad la reforma agraria democrática r integral con la entrega de 28 millones de hectáreas a 12 millones de campesinos en situación de aberrante pobreza, que la demandan de manera prioritaria.
Hay que conjugar todos estos elementos y entrar a la batalla sin más dilaciones para que este agrarismo popular petrista se convierta en realidad y le de soporte a la paz. Una paz sin reforma agraria es un fracaso cantado.
La reforma agraria ya no admite más excusas ni dilaciones. Manos a la obra directa con las tomas campesinas del latifundismo feudal y paramilitar.
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