Cada vez está quedando más claro que la consolidación del modelo neoliberal impuesto por la dictadura respondió a una profunda y, a la vez, solapada derechización del liderazgo de la Concertación. No a un temor o a una imposibilidad político-jurídica de hacer los cambios.
Cada vez está quedando más claro que la consolidación del modelo neoliberal impuesto por la dictadura respondió a una profunda y, a la vez, solapada derechización del liderazgo de la Concertación. No a un temor o a una imposibilidad político-jurídica de hacer los cambios. Por lo demás, el orgullo finalmente expresado por aquel liderazgo en defensa de los “30 años” –luego de la revuelta o estallido social de 2019- lo demuestra sin lugar a dudas.
Lo que todavía permanece muy oculto es que tampoco hubo interés alguno en dicho liderazgo en una búsqueda de justicia respecto de las graves violaciones de derechos humanos. Lo que se estimó ingenuamente como una desafortunada o temerosa frase del presidente Aylwin de buscar “justicia en la medida de lo posible” (La Nación; 22-5-1990), no fue más que un eufemismo para conformarse con la verdad que se alcanzase con el Informe Rettig, que daría cuenta del número e identidad de las personas desaparecidas y ejecutadas por la dictadura. En efecto, es obvio que todo se logra “en la medida de lo posible”. De haber tenido una clara voluntad en esa búsqueda habría hablado de “la máxima justicia posible” o algo similar.
Pero quien reconoció explícitamente este abandono inicial de búsqueda de justicia fue el considerado por todos como máximo ideólogo de la “transición”: Edgardo Boeninger. Así, en un libro escrito en 1997 (Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad y que se encuentra en PDF) escribió: “En el marco de la estrategia del gobierno, una primera decisión fue no intentar la derogación o nulidad de la Ley de Amnistía de 1978, pese a que tal propósito estuvo incluido en el programa de la Concertación. Eso significaba aceptar que no habría castigo por condena penal de los responsables de los crímenes con anterioridad a su promulgación, con la sola excepción del asesinato de Orlando Letelier, explícitamente exceptuado de dicha ley por el propio gobierno de Pinochet” (p. 400).
Y, peor aún, los sucesivos gobiernos de la Concertación intentaron reiterada e infructuosamente lograr la aprobación de proyectos de leyes destinados a extender dicha amnistía de 1978 a 1990. Fueron los casos del Acuerdo-Marco (1990); el proyecto de ley Aylwin (1993); el proyecto de ley Frei (1995); el Acuerdo Figueroa-Otero (1996); un proyecto de ley generado en la Comisión de Derechos Humanos del Senado (1999); el proyecto de ley de inmunidad de Lagos (2003); y otro proyecto surgido de senadores gobiernistas y opositores en 2005; que además trató de ser “reflotado” en 2007. Afortunadamente, todos esos intentos fueron derrotados por la indignación moral suscitada por los cada vez mayores conocimientos de las atrocidades cometidas y por la fuerte presión contra ellos de las ONG de derechos humanos y particularmente de las agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura.
Asimismo, hubo también reiteradas declaraciones de diversos líderes de la Concertación que promovieron públicamente la impunidad de crímenes de lesa humanidad. Partiendo en 1990 con el presidente del Senado, Gabriel Valdés, quien, luego de descubrimientos de fosas comunes de ejecutados políticos a lo largo del país, llegó al extremo de ¡querer fijar plazos para terminar con dichas búsquedas!: “Pondría un plazo corto. Uno o dos meses más, máximo, y que hagamos un acto realmente generoso, donde todos contribuyan a dar información. No podemos seguir indefinidamente en la búsqueda de muertos. Este país no puede seguir en esas condiciones psicológicas, porque nos va a hacer daño a todos. Yo siempre pienso que la responsabilidad de los mayores es construir un país para los jóvenes: limpio, transparente (sic), decente y sin traumas. Sin odiosidades” (Paula; Agosto, 1990)…
Asimismo, en enero de 1991, poco antes de saberse el Informe Rettig, el mismo Valdés señaló que el conocimiento de dicha verdad “es un paso fundamental y después de eso vendrán los necesarios acuerdos. Porque este año tenemos que aclarar la verdad, pero también dentro del año poner punto final” (La Tercera; 4-1-1991). Con mayor sutileza, el ministro del Interior, Enrique Krauss, dijo que “entendiendo que la justicia representa básicamente un deber social primordial, es importante desechar la idea de que a través de ella lo que se pretende es la venganza. En el esquema natural de las relaciones entre los hombres no es la única forma de indemnizar los padecimientos de que se ha sido víctima reproducirlos en el ofensor (sic). El legislador, comprendiendo la necesidad de recomponer la trama de la relación entre los hombres, ha concebido formas indirectas que cumplen el mismo propósito. Se trata de reivindicaciones de orden moral, que se proyectan incluso al plano financiero, gracias a los cuales los ofendidos (sic) encuentran una satisfacción justificada, necesaria y respetable de los agravios soportados (…) En los momentos claves que se empiezan a vivir (…) en orden a generar las condiciones de reencuentro y reconciliación entre los chilenos, es conveniente recordar esta concepción elemental en virtud de la cual la justicia no tiene solamente un sesgo reivindicativo. La justicia también es alcanzable por vías reparadoras indirectas” (Las Ultimas Noticias; 17-2-1991). Es decir, solamente ¡por indemnizaciones pagadas por todos los chilenos a los familiares de las víctimas fatales!…
Más crudamente, el subsecretario del Interior, Belisario Velasco, dijo que “lo que el Gobierno espera, como conclusión de este informe, es que precisamente con el conocimiento de la verdad haya reconciliación en el país”; y que “Chile necesita un perdón generoso para que haya reconciliación” (La Epoca; 4-2-1991). Es decir, sin justicia alguna…
Y la extensión de la impunidad hasta 1990 la empezaron a promover desfachatadamente líderes de la Concertación como el presidente del Senado, Gabriel Valdés, y el presidente de la Cámara de Diputados, José Antonio Viera-Gallo. Así, el primero dijo en diciembre de 1991 que “la transición es un problema político y va a terminar el día que tengamos una situación que permita dictar una ley de amnistía general como se ha hecho en otros países, pero dejando al margen algunos casos que no fueron incluidos en la amnistía anterior y están en poder de la justicia, como el caso Letelier” (El Mercurio; 15-12-1991).
Al día siguiente, Viera-Gallo (en el contexto de que aún quedaban algunas decenas de “presos políticos” para ser indultados por Aylwin) se manifestó partidario de una amnistía en dos fases.
Primero a los presos políticos remanentes y luego e ex funcionarios de la DINA y la CNI con la excepción de “los asesinatos más graves (sic) cometidos en los últimos años, entre ellos, el caso Letelier, caso de los degollados, Operación Albania, Tucapel Jiménez y otros de similar magnitud” (El Mercurio; 17-12-1991).
¡Hasta la propia derecha se manifestó en contra de la idea! El presidente de RN, Andrés Allamand, dijo: “Así como defendemos en todas sus partes –y nos parece un elemento clave en la estabilidad política y la reconciliación- mantener la Ley de Amnistía de 1978, no nos hemos planteado en la hipótesis de una nueva ley de amnistía” (Ibid.). Y el diputado de la UDI, Andrés Chadwick, indicó que su partido “no promoverá una nueva ley de amnistía, porque no es indispensable ni urgente para la paz social” (Ibid.).
Posteriormente en 1993, en el contexto de un serio conflicto del gobierno con Pinochet (el “boinazo”), nuevamente el presidente de la Cámara de Diputados, José Antonio Viera-Gallo, propuso extender la amnistía a tal grado que “implicaría que en vez de 900 procesos por violaciones de derechos humanos, tendríamos sólo 20, que son los que realmente interesan al país (sic) y frente a los cuales no puede pensarse en la amnistía” (Rafael Otano.- Crónica de una transición; Edit. Planeta, 1995; p. 318).
Y el presidente del Senado, Gabriel Valdés, propuso “un rápido proceso de dos o tres meses para terminar con los juicios a los oficiales de las Fuerzas Armadas y, al mismo tiempo, con la búsqueda de personas detenidas-desaparecidas durante el régimen militar”. Específicamente, “haría un proceso corto en virtud del cual quienes saben dónde están los cuerpos lo pudieran decir –sin que ello implicara responsabilidades- al Arzobispo de Santiago y a los obispos de las diócesis del país u otra autoridad, sin otro propósito de que los chilenos no pisemos tierra bajo la cual hay cuerpos de nuestros compatriotas (sic)”; y esto “aun cuando no sean encontrados, porque muchos de ellos eventualmente pueden estar en el mar”; y “simultáneamente hay que terminar con los juicios”, ya que “si investigar (judicialmente) significa llegar al sobreseimiento, qué objeto tiene investigar cuando hay una ley de amnistía”. Y al mismo tiempo proponía extender la amnistía hasta 1990 con algunas excepciones: “Hay que terminar con esta situación, dejando excluidos algunos casos como el de Letelier, Prats, degollados y uno o dos más (sic)” (El Mercurio; 20-6-1993). Y en apoyo de lo anterior, el ya candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, dijo: “Creo que Gabriel Valdés formuló un conjunto de ideas muy importantes, que apuntan en el camino correcto de buscar la verdad, la justicia y la reconciliación en Chile” (La Segunda; 23-6 1993).