«La mayor campaña de desprestigio de la judicatura la están haciendo los propios jueces»

El profesor de Derecho Constitucional Joaquín Urías (Sevilla, 1968) presenta La justicia en el banquillo (Arpa, 2024) un pequeño manual para entender qué está pasando con un poder que parece haberse rebelado contra el poder ejecutivo y el legislativo en los últimos años. Exletrado del Tribunal Constitucional, Urías insiste a lo largo de la entrevista en que lo importante no es la ideología de las personas que administran la justicia, sino la ausencia de métodos para controlar su falta de imparcialidad.  

¿Son los jueces progresistas una especie en vías de extinción?
Cada vez hay menos jueces progresistas, eso es cierto. Pero no es que estén en vías de extinción. Es que, con el sistema que tenemos para llegar a convertirte en juez y con el ambiente que hay dentro de la magistratura en general, en España hoy, para ser juez y progresista tienes que ser casi un héroe, porque te arriesgas a quedarte fuera de tu grupo social, a no poder juntarte con casi nadie dentro de la carrera. Tienes que ser una persona muy fuerte a nivel personal. Hoy día, para ser juez progresista, tienes que ser alguien que antes de ser juez ya tenga un compromiso social fuerte. Pero la gente que entra en la judicatura tibia digamos —personas más o menos progresistas, pero que no son militantes— es muy difícil que se mantengan abiertos porque el sistema te obliga a cada vez más a derechizarte. 

Siempre se ha dicho que solo las familias de dinero pueden permitirse que un hijo o una hija pueda estar cuatro años sin producir para ser jueces. ¿Es así?
No, la judicatura española es cada vez menos elitista, al menos en el sentido de clase. Porque hoy día, en España, con el sistema de Bolonia desgraciadamente la mayoría de estudiantes que terminan la carrera, que son cuatro años, tienen que pasar otros cuantos estudiando un máster que tienen que pagar los padres. Entonces, lo que antes se le atribuía a los jueces, que se pasaban cuatro años después de acabar la carrera sin trabajar y con sus padres pagando para un preparador, hoy día le pasa a muchos otros estudiantes. En ese sentido hay cierta democratización del sistema de estudio. Pero eso no significa nada, porque al final el modo de ser de los jueces los mete en un proceso que es un cuello de botella. Tú entras de una forma y el proceso de estudiar, el preparador, la oposición, los compañeros… hay muchos mecanismos que te ahorman, como los zapatos, y te van convirtiendo en un juez como los demás. Hoy día la selección no es económica, la selección va por otro lado: la forma de hablar, de vestirte, de moverte, de estar en el mundo.

Desde la restauración democrática ha habido algunos ejemplos de jueces progresistas que han llegado a los grandes órganos jurisdiccionales (Supremo, Constitucional, etc), pero da la sensación de que eso hoy es más complicado.
De las cuatro grandes asociaciones judiciales, la progresista es la que menos afiliados tiene. Entonces, en un sistema que se basa muchas veces en la cooptación, en el que realmente el progreso en la carrera judicial depende de tus contactos, de tus amigos, de con quién te relaciones, de la asociación a la que pertenezcas, el hecho de que la asociación de jueces progresistas cada vez tenga menos menos afiliados hace también que tengan menos capacidad de que miembros de esas asociaciones se promocionen. Digamos que por ese mecanismo poco transparente de llegar a los tribunales superiores es evidente que en las circunstancias actuales no llegan mucho jueces progresistas. Pero insisto, lo que no tendríamos que saber si un juez es progresista o no.

¿Por qué?
En un sistema que funcionara bien yo no tendría que saber si un juez es progresista y si otro es conservador. Porque no me daría cuenta, porque aplicarían la ley limpiamente, sin mezclar su ideología y entonces no tendríamos esta discusión. Tú me haces la pregunta precisamente partiendo de un vicio de sistema, y es que los jueces en España están acostumbrados a no ser imparciales y a aplicar la norma por el filtro de su ideología. Entonces claro, en España sí que es relevante saber si un juez es de izquierdas o de derecha, cuando en otros países no lo es. 

Pero también la hago porque vivimos como una especie de auge del juez soldado del juez al servicio de una causa, en este caso, conservadora.
Te cuento algo que he descubierto con el libro. Siempre se dice que los jueces en España son franquistas, pero me he remontado un poco más atrás. Tuve curiosidad y dije “voy a ver cuántos jueces fueron depurados por Franco en el año 1940”. Sabemos que miles de maestros fueron depurados, profesores universitarios, policía, guardias de asalto depurados, funcionarios, etc. ¿Cuántos jueces tuvo que echar el franquismo? Tres.

Tres. 
Leyendo fuentes de la época vi que durante la Segunda República los jueces españoles eran una élite, una casta, que se opuso a la mayoría de reformas y que boicotearon muchas de las reformas. En 1931 hay un debate parlamentario en el que los diputados de izquierda decían que si querían alguna vez poder aplicar políticas de izquierda se debía acabar con la oposición judicial y buscar otro sistema de acceso. En ese momento, la derecha dijo: “no, la oposición es el sistema más transparente”. 

¿Eso qué implica?
Pues que el problema español de jueces-soldado se remonta mucho antes. La judicatura española viene siendo un factor conservador de defensa del statu quo prácticamente desde que se instaura el sistema de oposición. Tradicionalmente, a los jueces los nombraban los caudillos de cada pueblo. Llega un momento, en la dictadura de [Miguel] Primo de Rivera, en el que se crea un sistema nacional de oposiciones. Esa élite judicial, que se crea como un bloque, se opone a todos los cambios durante la Segunda República, y cuando llega el franquismo, este no tiene que echar a ningún juez. Entre el franquismo y los jueces hay una especie de alianza de intereses. Los jueces están muy cómodos en el franquismo y Franco está muy cómodo también. En todo el franquismo, ningún juez jamás se queja de que lo llame un ministro para pedirle que tome una decisión, cosa que pasaba. Pero los jueces no necesitaban independencia judicial porque estaban cómodos. Cuando acaba la dictadura hay un primer momento de confrontación en los años 80 con el PSOE. 

¿Por qué se produce?
En 1980 se elige por primera vez el Consejo General del Poder Judicial. Lo eligen los jueces. El 100% de los cargos los coge la Asociación Profesional de la Magistratura, de la que todos sus cargos habían sido altos cargos de Franco. Felipe González se da cuenta de que no puede gobernar con esos tipos en contra y entonces en el año 84 saca dos medidas: la primera es que reduce la edad de jubilación. La ponen en 65 años. Se quitan de en medio a 400-500 jueces que eran los más fachas. No era solamente que fuesen jueces franquistas, es que algunos venían de la División Azul. El PSOE tenía la esperanza de meter a 500 jueces nuevos, de rejuvenecer para que entrasen jóvenes demócratas. También cambiaron el sistema de Consejo General del Poder Judicial para poner el sistema actual elegido por las Cortes, para intentar que en el Consejo al menos haya pluralismo y la mitad por lo menos de los consejeros, sean progres. 

¿Qué pasó?
El mismo error que ahora está cometiendo la izquierda cuando cree que el problema es que los jueces son conservadores; el error es sistémico. Entre los 500 nuevos jueces que entraron a partir del año 84, los jóvenes eran igual de conservadores o más que los que se habían ido. Es un error de diagnóstico. No es que los jueces que entren jóvenes vayan a ser menos conservadores. No, es que es un sistema que promociona a los jueces con determinadas actitudes y además, después de que son jueces, los acostumbra a funcionar de una manera determinada: en esencia. A los jueces españoles los acostumbran a no tener imparcialidad, a no darle importancia a la imparcialidad. 

Entonces, ¿simplemente nos hemos despertado a esa realidad que ya existía a partir de 2017 o también ha habido un poco de viagra ideológica en ese periodo?
Ha habido mucha viagra ideológica como tú dices, pero con un matiz. Lo que ha pasado es que, hasta 2017, los jueces españoles traducían sus posicionamientos ideológicos, morales, religiosos, filosóficos en sus sentencias en temas cotidianos. Y a partir del Procés, a esos mismos jueces, que ya están acostumbrados a que su manera de pensar se manifieste en sus sentencias, se les permite hacer eso en política. Entonces, cuando decimos que ahora tenemos jueces-soldado la respuesta es que no, que los teníamos antes. Otro matiz es que no son soldados en el sentido de que no obedecen al partido. Yo a veces no sé si los jueces obedecen al PP o el PP obedece a los jueces.

Quizá al partido no, pero el retrato que cuelga en todos los juzgados es el de Felipe VI, que es el que emitió el discurso del 3 de octubre que se considera el inicio de la operación judicial contra el Procés.
Son el mismo grupo social, hay una coincidencia de intereses. Como colectivo político social, la judicatura, los militares, el rey, una parte de la empresa, son los mismos. Pero no hay un partido político dando órdenes. Es una clase social que es la que viene dominando en España desde hace mucho tiempo, tienen intereses comunes y los jueces forman parte de eso. El salto del Procés se produce porque ya tenemos jueces acostumbrados a hacerlo. Lo que pasa es que la gente en la calle no se preocupa, los abogados lo sabían. 

¿Qué sabían?
Todos los abogados de España saben que hay jueces que son ultracatólicos y que en sus sentencias eso se va a notar; que hay jueces que son ultraderechistas y se va a notar en sus sentencias, que hay jueces que odian a las feministas, etc. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora hemos permitido el salto a la política y de pronto la ciudadanía se escandaliza de que los jueces no son imparciales. Los casos “no políticos” nos explican lo político: por ejemplo, casos sobre temas religiosos. Hay sentencias donde un juez condena a alguien a pagar una multa porque en su escrito “ha ofendido a María santísima, madre de dios”. 

Madre de dios.
Otro ejemplo, para mí muy evidente. Murió un torero en Cataluña. Hubo gente en Twitter que empezó a escribir: “Me alegro, por una vez gana el toro”, etc. Y en la misma época, un preso de ETA se suicidó y otra gente escribió “una sabandija menos… me alegro”. Entonces, familiares del preso y familiares del torero fueron cada uno a distintos jueces, jueces del cotidiano. ¿Qué pasó? Que la mayoría de jueces que recibieron quejas de que alguien se había alegrado de la muerte de un torero dijeron “alegrarse de la muerte de alguien está prohibido por la ley”, porque era un torero y porque los jueces lo sentían de los suyos. Ahora bien, todos los jueces que recibieron queja de que alguien se había alegrado de la muerte de un etarra dijeron “alegrarse de la muerte de alguien no es delito”. ¿Qué es lo que hay detrás de esa divergente interpretación de la ley? Pues que los jueces están acostumbrados a decir: “Si yo me alegro de que muera el etarra, eso no puede ser delito, luego no es delito. Y en cambio el juez que es taurino dice “si a mí me parece indignante, tiene que ser delito”. Entonces tenemos jueces aplicando su ideología desde hace años, sin darnos cuenta, porque estos temas no son políticos. 

Más ejemplos.
El caso más evidente es el de los malos tratos policiales, algo que lleva años pasando ante la indiferencia de la sociedad. Yo he visto en persona a una jueza, en una vista que tenía que decidir si investigaba a guardias civiles a los que se denunció por pegar a un detenido, aparecer con una pulserita que ponía “Viva la Guardia Civil”. Tú imagina en un partido de fútbol Madrid-Barça, que el árbitro fuera con una pulserita que pusiera “Viva el Real Madrid”. Pues eso lo hacen los jueces desde hace años y no pasa nada. Al permitir eso, hemos creado una judicatura que no le da importancia ninguna a la apariencia de imparcialidad. 

Así llegamos a ese año 2017.
Con lo del Procés hay barbaridades. Para mí el caso más evidente es el de Josep Turull, que fue candidato a presidente de la Generalitat: le detuvieron y le pusieron en libertad en espera de juicio. Según la ley, solo te pueden meter en la cárcel cuando estás en espera de juicio si hay riesgo de fuga, porque vayas a repetir el delito o porque puedas destruir pruebas. No se daba ninguna de esas circunstancias. Turull es candidato a presidente. En la primera votación gana, pero no tiene mayoría absoluta. Un miércoles. El viernes tenía que ser elegido con mayoría simple. Y el viernes por la mañana el juez Pablo Llarena dice ”vuelve usted a entrar en prisión“. ¿Por qué? Porque sí. En el Procés valía todo. El Tribunal Supremo no era el tribunal competente para juzgar a esos señores, porque los delitos que se juzgaron habían tenido lugar en Cataluña, y tenía que haberlo asumido el TSJ. El Supremo lo asume. Nos saltamos la ley y lo metemos en la cárcel para que no los hagan presidente y nos saltamos la ley. Se les dijo “muy bien, porque usted tiene que hacer lo que haga falta para frenar el independentismo en la calle. Y si tienen que saltarse la ley, se la saltan”. 

El Consejo General del Poder Judicial ha tenido también sus propias dosis de imparcialidad.
Por ejemplo, amparó a los jueces a los que había criticado la ministra Teresa Ribera —y a algún político de Esquerra que dijo que había lawfare— pero cuando un senador del PP dijo que el juez [Ricardo de] Prada había hecho lawfare, el juez fue al Consejo pidiendo amparo y no se le dio. A mí no me preocupan los casos de jueces concretos. Me preocupa que toda la carrera judicial se lance a apoyar a ese partido. Cuando [Manuel] García Castellón, para boicotear la ley Amnistía, decide que “lo de Puigdemont” es terrorismo, toda España sabe que es una barbaridad. Todos sabemos lo que es el terrorismo: son los tipos que te dan un tiro en la nuca, que ponen una bomba, que matan gente, que tiran cócteles molotov… A nadie se le ocurre decir que el 1 de octubre, mover las banderas catalanas, sea terrorismo. Pudo ser inconstitucional, disturbios, lo que tú quieras. No fue terrorismo. Pero este señor debió razonar que el único delito que no cubre la amnistía es el terrorismo, y al decir que hay terrorismo podía boicotear la ley. Eso, que lo diga García Castellón… yo parto de que no tiene mala fe y que el hombre ve el mundo a través de su prisma ideológico y sin querer, pues lo ha visto así. Ea, mala suerte, el hombre se ha equivocado. Lo que me preocupa es que al día siguiente salgan miles de jueces en España diciendo: “yo también veo terrorismo”. Es lo mismo que el caso de la Ley Solo Sí es Sí. 

¿En qué sentido?
Yo creo que la Ley de Solo Sí es Sí tiene algunos errores, el Gobierno cometió errores también al presentarla. Hubo cosas mal hechas. Pero la respuesta de los jueces; que donde había un espacio de interpretación todos ellos —todos— interpretaran que era obligatorio rebajar las penas… En algunos casos sí lo eran y hay que decirlo, en otros casos no lo era, pero esa unanimidad en la carrera judicial para elegir determinada interpretación, creo que ahí hubo militancia contra la ley. 

En esa militancia hemos visto a jueces que se han convertido en portavoces de determinada ideología.
Insisto, mi problema no son los casos individuales. El problema es cuando tú ves a miles de jueces en España apoyando a un juez que claramente, como mínimo, se ha equivocado o se ha dejado influir por su sesgo. No tenemos que asustarnos de que haya un juez que diga un disparate. El sistema puede vivir con eso, pero cuando miles de jueces apoyan al juez que ha hecho una barbaridad es cuando empezamos a tener problemas sistémicos. Yo creo que España, está rozando un problema grave, sobre todo desde lo que pasó en noviembre-diciembre del año pasado, cuando los jueces se manifestaron en la calle, vestidos de jueces, contra la amnistía. Eso yo creo que ha estirado las costuras del sistema. Creo que hay muchos jueces que se han dado cuenta y están dando marcha atrás. 

El concepto de moda es lawfare. El jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni pone a los medios en primer plano, dice que lawfare es solo una rama de las fake news.En España tenemos un problema que es que hemos empezado a hablar de lawfare sin pararnos a definir de qué estamos hablando. Lawfare en sentido estricto es la utilización de la justicia para alterar los resultados políticos. Dentro del concepto hay varias tipologías. Hay cosas que se repiten en todos los casos y hay cosas que no. La utilización mediática y política es común a todos los casos de lawfare porque, muchas veces, a pesar de despertar dudas sobre la honorabilidad de alguien para tumbar un gobierno, hace falta que haya medios de comunicación que repitan esto y que lo amplifiquen. Eso siempre se da, lo que no se da siempre es la connivencia judicial. 

¿Cómo funciona?
Yo en el libro diferencio tres niveles: hay un nivel en que los jueces no hacen nada. El ejemplo de Ada Colau: si una empresa de aguas, que tiene miedo de que Colau municipalice el agua, se inventa pruebas falsas y le pone trece querellas, los jueces no tienen más remedio que tramitarlas. Si llega una querella con apariencia de veracidad, tú tienes que investigar y, como son trece, eso lleva un tiempo: resultado, durante tres años esta señora está sometida a que haya medios de comunicación, diciendo ”vuelven a investigar“ y al final le hacen un daño, pero los jueces no han hecho nada más que ser instrumentos. Hay un nivel dos, en el que los jueces hacen algo, pero poco. Son conscientes de que están siendo utilizados y hasta colaboran un poquito. Por ejemplo, alargan la instrucción. Lo vimos en el caso de Mónica Oltra. Llega una denuncia, un juez dice yo aquí no encuentro nada, quiero archivar, y llega el Tribunal Superior de Justicia de Valencia y dice “investigue usted que seguro que al final algo encuentra” y prolonga cinco años una investigación que tenía que haber durado un año. En el caso ahora de Begoña Gómez, aplicando la doctrina del Tribunal Supremo, el juez no podía más que desestimar la denuncia de plano porque se basaba en rumores, no en documentos, rumores difundidos por la prensa. El Tribunal Supremo dice que en estos casos se archiva, pero el juez dice ‘yo voy a investigar por si las moscas’. Estos jueces no están prevaricando, pero está, digamos, no están frenando el lawfare, están promocionándolo. 

¿Cuándo se produce la prevaricación?
El nivel tres son esos jueces que prevarican, como alguno que ha acabado en la cárcel porque se han inventado todo un caso. Como en el de Vicky Rosell. En algunos casos los jueces no intervienen, no les queda más remedio que actuar como tienen que actuar, hay otros que colaboran un poco y hay otros que se pringan.

El lawfare no es el único problema.
El lawfare es lo que más llama la atención, pero hay otras cosas que me preocupan más. Me preocupa más que no se persigan los abusos policiales, me preocupa que en España siempre que se castiga a alguien por una canción o por unos tuits, casualmente siempre son gente de izquierda o independentistas. Por una mera proporción si España está dividida en dos bandos ideológicamente, los delitos deben cometerse por los dos lados igual, que lo cometa siempre la gente de izquierda me preocupa. Que el delito de odio se esté utilizando para censurar las ideas disidentes de izquierda me preocupa, incluso más que que se vaya contra determinados políticos, que está mal y que es un atentado contra la democracia.

¿Si las actuaciones judiciales con relación al Procés hubieran tenido un desarrollo lógico no hubiera sido necesaria la Ley de Amnistía? ¿Se están matando moscas a cañonazos con esa ley?
A toro pasado es difícil decirlo. La sentencia del Supremo que condenó a los líderes independentistas es, como mínimo, discutible: se inventa un delito que nunca se había aplicado antes, que es el delito de sedición. Cuando dicen que la sedición consiste en una acción coordinada para que no se apliquen las leyes, eso se extiende a toda desobediencia civil. Cuando es un delito que nunca se había aplicado y se inventan una definición del delito para que una conducta entre en la nueva definición que te acabas de inventar, para casualmente aplicarlo en este caso, como mínimo es discutible. Pero bueno, me lo puedo tragar. Lo que no me trago es que cuando el Parlamento reformó la malversación y dijo: “Hay dos tipos de malversación, la que se castiga mucho cuando alguien utiliza mal el dinero público y se enriquece, y la otra, cuando no hay un enriquecimiento y esa se va a castigar mucho menos”. Es decir, se cambió la ley. Y, como el Supremo vio que eso va a beneficiar a algunos independentistas y no quiere que les beneficie, reinterpreta la ley en desobediencia al Parlamento. Y el Supremo dice entonces que va a entender a partir de ahora que cuando el delito lo cometa un político, siempre hay enriquecimiento, porque los políticos, aunque no se enriquezcan económicamente, si utilizan el dinero para su programa obtienen un enriquecimiento de “prestigio político”. Entonces, donde el Parlamento claramente ha querido decir una cosa, el Supremo cambia la ley. La ley en España no la hace el Supremo, ya que la democracia se basa en que la mayoría social elige a los diputados y los diputados que tienen el apoyo de la mayoría hacen las leyes. Entonces, si la mayoría social ha hecho una ley que quiere cambiar el delito de malversación, igual no te gusta, pero te aguantas y la aplicas. 

¿Qué hacen en lugar de eso?
En España si la ley que aprueba la mayoría social no le gusta a los magistrados del Supremo que están elegidos a dedo por un partido político, la cambian. Desobedecen. Yo tengo la impresión que después de aquello muchos diputados en el Parlamento han dicho “para pacificar Cataluña la opción que se barajó que era cambiar el Código Penal es inútil, porque si cambiamos las leyes hay jueces que no las van a aplicar y que van a boicotear los cambios”. Y entonces se optó por la amnistía. La opción amnistía ha venido determinada por la conciencia de que tenemos un grupo de jueces nombrados por un partido político que se resisten a aplicar la ley y que no quieren respetar la voluntad de la democracia. No queda más remedio que la amnistía. Entonces, yo no sé si es matar moscas a cañonazos. Yo sé que la amnistía tiene que aplicarse de manera muy excepcional. No nos podemos acostumbrar. Pero también tengo la impresión de que al Parlamento no le habían dado más opción que la única forma de pasar página era con una Ley de Amnistía que creo que no ha quedado más remedio que aprobar. 

En una respuesta anterior has dicho que estamos al borde de la crisis sistémica en este campo. ¿Qué consecuencias tiene esa crisis? 
El Poder Judicial tiene que tener apariencia de imparcialidad. La imparcialidad no existe o no se puede demostrar, pero la apariencia de ella sí. La sociedad tiene que percibir que los jueces cuando deciden, deciden simplemente aplicando la ley que ha aprobado el Parlamento y que la ideología del juez no determina las sentencias. Si la sociedad no percibe eso, entonces da igual aprobar leyes. Y entonces entramos en el caos. El final, no del Estado de derecho, sino el final de la democracia. Porque ¿de qué nos vale ganar las elecciones, aprobar leyes si al final no se van a aplicar? Entonces, la ciudadanía necesita saber que los jueces son imparciales. Lo que pasa en España es que tenemos jueces que dicen “hay una campaña en contra nuestra”. Es verdad. La mayor campaña de desprestigio de la judicatura la están haciendo los propios jueces cuando salen a manifestarse vestidos con la toga, cuando salen a apoyar a un tipo que ha dicho un disparate como García Castellón, cuando escriben en las redes sociales. 

En el libro hablas también de ese abuso de Twitter.
Lo que está pasando en España es terrible. Yo tengo una lista en la que sigo a casi 200 cuentas de jueces. Por las mañanas miro la lista y me encuentro una jueza que todos los días se levanta insultando: “hija de puta Irene Montero”, “cerdas las feministas” y así decenas de ellos. Todos los días me levanto, veo jueces diciendo burradas, insultando y además retuiteando con entusiasmo, con alegría, todo mensaje o de PP o de Vox. Es una espiral: los jueces pierden imparcialidad; como mayoritariamente son conservadores, empiezan a dictar resoluciones no imparciales, conservadoras. Entonces reacciona la izquierda. Como los jueces se sienten atacados por la izquierda social y política, se refugian en la derecha. Es un error. En vez de refugiarse en su autonomía, se refugian en la derecha. Entonces, cuando Ayuso sale a defender a los jueces, los jueces dicen, “qué buena es Ayuso que nos defiende”. Entonces la izquierda los ataca más y ellos se juntan más. Esa unión entre Abascal, Ayuso y la cúpula judicial, que dicen lo mismo, que se protegen unos a otros, da la imagen de que la judicatura solo defiende a la mitad del país. Aunque haya centenares de jueces, la capa más baja que intentan cada día ser imparciales, al menos políticamente, e intentan aparentar neutralidad, entre los jueces tuiteros y los jueces que se están refugiando cada vez más en Abascal y en Ayuso, pues empezamos a perder. 

Es un panorama difícil.
Va pasar que si llega un momento en que esos tipos siguen cada vez juntándose más —ya no se cortan en exhibir símbolos de estos dos partidos— la otra mitad de España va a perder la afección por la justicia y va a ser muy difícil que se mantenga el estado de derecho. No quiero ponerme apocalíptico, pero puede ser una crisis de consecuencias inesperadas. Me consta que cada vez hay más jueces que empiezan a decir que hay que dar marcha atrás, que cada vez hay más jueces que se molestan con los compañeros que están todo el día diciendo burradas en Twitter. La carrera judicial está dividida. Pero es verdad que hay unos que tienen mucha proyección. Entre los jueces con más seguidores en Twitter hay jueces de la cúpula, están los presidentes o los portavoces de algunas asociaciones que han decidido entregarle la justicia a una línea ideológica. O ellos mismos se alejan de eso aún sabiendo que van a ser insultados o vamos a acabar por no poder creernos a los jueces.

Da la sensación de que la izquierda no tiene ningún plan para la justicia.
En el tema de justicia la izquierda es muy cobarde. Igual que el gobierno de progreso no ha sido capaz en seis años de cambiar la Ley Mordaza, porque tienen miedo de qué va a decir la policía —y no han sido valientes para cambiar una ley que ha coartado el ejercicio de las libertades públicas—, tampoco han hecho una serie de reformas que son necesarias y no se están tomando porque la izquierda política tiene miedo de la crítica de los jueces. 

¿Como cuáles?
La más evidente, con la que todo el mundo está de acuerdo, es cambiar el modo de acceso a la judicatura. Lo cuentas por ahí Y la gente no se lo cree: en España para ser juez, lo que tienes que demostrar es que sabes cantar. Y no es una broma, no es una boutade. Tienes que aprenderte 300 temas teóricos de memoria. 300 temas amplios. Que por cierto, de los 300, solamente hay uno que habla de derechos fundamentales, y de Constitución, otro. Tienes que aprender esos temas de memoria y el que gana la oposición es el que mejor canta tres temas elegidos al azar en 45 minutos cada uno. Entonces lo que te miden es el contenido, lo bien que vocalizas, lo bien que te mueves, lo bien que te ajustas al tiempo. Yo pongo un ejemplo de broma: si tú pusieras un sistema de jueces contorsionistas, al final se pasarían cinco años estirando y entrarían los mejores contorsionistas. El sistema sería limpio, sería transparente, sería justo. Pero al final, ¿qué tendríamos? Jueces contorsionistas. Bueno, pues ahora tenemos jueces cantarines. No hay examen teórico. No hay examen práctico. No vigilamos si los jueces saben aplicar la ley. No, no, no: solo vigilamos si saben recitarla bien. En Alemania, para convertirse en juez tiene que pasar dos años trabajando de abogado. En España, si tú antes de presentarte a juez, en lugar de estar cuatro años en casa encerrado aprendiendo a cantar, te lo pasaras de abogado, en una sala de juicios, viendo a un juez cuando es arbitrario, viendo cuando el juez se pasa contigo, sintiendo lo que es que te humille el juez… si te pasaras cuatro años así, a lo mejor cuando tú seas juez igual te lo tomas de otra manera.

En lugar de eso…
No se pide experiencia, no se controla que sepan aplicar las leyes. No se forma a los jueces. Después de que aprueban se les manda a la escuela judicial, a hacer un cursillo tres meses y no pueden suspender. Faltan mecanismos para medir o enseñar la imparcialidad. Lo he hablado con psicólogos. La imparcialidad se aprende. Quizá no a ser imparcial, pero a intentar controlar los sesgos cognitivos que tenemos todos. En España eso se considera una locura. Los jueces en España te dicen: “yo soy imparcial desde el día que aprobé la oposición”. Es esperpéntico. Un buen juez sabe que no es imparcial, y tiene que esforzarse a escribir para parecer imparcial, porque si tú asumes tus sesgos, vas a intentar corregirlos. Como ellos no lo asumen, escriben diatribas morales. El típico ejemplo se dio cuando absolvieron a Willy Toledo porque se cagó en Dios. El juez dijo que no había cometido un delito, pero escribió: “las expresiones que ha vertido son malsonante, groseras, inadmisibles, pero no son delito”. ¿Tú te imaginas un árbitro de fútbol que dijera esta jugada es feísima, pero no es penalti? Si no es penalti te callas y dejas jugar.

¿Cómo se aprende a ser imparcial?
Se puede introducir en el modo de acceso: cursos de formación, controles psicotécnicos, se puede desarrollar la empatía. La empatía no significa que perdones a alguien porque te dé pena. Los jueces siempre me dicen “yo ¿para qué tengo que ser empático?, yo aplico la ley por igual”. Empático es que tú puedas entender el tema de género sin sufrirlo en tus carnes, es decir, que tú asumas que en España las mujeres sufren más violencia que los hombres aunque tú no la sufras. 

Más medidas.
Haría falta un gobierno que abra ya un grupo de trabajo que diga: se acabó la oposición, se acabaron los preparadores que cobran en negro. Tenemos jueces que no declaran a Hacienda todos los meses cientos y miles de euros. Quitamos los preparadores, quitamos las oposiciones de memoria, obligamos a que primero tengan un tiempo de práctica, después hagan un examen de aplicación, los obligamos a que reciban cursos, aprender de temas de empatía y de imparcialidad. Y ahí ya nos da igual que sean conservadores  o no. Porque si este juez al final va a aplicar la ley democráticamente y va a aplicar la ley de manera imparcial, yo no me voy a enterar si es de izquierda o de derecha. ¿Hay un gobierno dispuesto a hacerlo? No, porque cuando tú empieces a hacer esos cambios, lo primero que te van a decir los jueces es que lo quieres hacer para colar a los tuyos. Es mentira, porque además no tienen a nadie que quiera ser candidato a jueces, pero no importa, el gobierno no tiene narices de afrontar esa crisis. 

Con lo cual hay un poco de condena bíblica a que nada cambie.
A la derecha le va bien porque cuando un juez se escora, se escora para su lado. A la izquierda le va mal, pero no se atreve a cambiarlo. Por lo tanto estamos condenados. Nos quedan dos soluciones: una es aumentar la crítica en la calle. Que asumamos que los jueces no son infalibles y nos acostumbremos a criticar, con argumentos técnicos, las decisiones judiciales, que eso pasa también por simplificar el lenguaje. Y segundo, autocontención por su parte: el único sistema para controlar a un árbitro es otro árbitro y si no, que ellos mismos se limiten.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/justicia/joaquin-urias-problemas-justicia-espanola