El regreso de la ultraderecha al poder del ejecutivo es una tendencia factible en este momento, la que en parte brota de las dificultades a las que ha sido enfrentado el gobierno de Petro. Tal posibilidad debe ser valorada permanentemente, en tanto podría darse un escenario más complicado que el de Brasil con Bolsonaro, o Miley en Argentina, al considerarse el creciente poder paramilitar en varias regiones del país, fuerza tendiente a reconstituir el viejo régimen, al estilo de Uribe y sus falsos positivos. Por eso, asistimos a un posible recambio que podría invertir la correlación de fuerzas consolidada en las protestas de 2019 y 2021, razón por la cual es necesario poner a consideración un rápido ajuste en la orientación de las luchas.
En el análisis, es importante recordar la tendencia de largo plazo en la que nos encontramos sumergidos. Se trata de la crisis del capitalismo colombiano que se alarga durante varias décadas y cobra formas como la de una democracia elitista y de papel, una guerra civil crónica de baja intensidad y la creciente degradación moral y cultural, condiciones convertidas en los medios extraordinarios y privilegiados bajo los cuales el gran capital, con sus partidos de ultraderecha y derecha, ejercen el poder. Esa permanente presión, que se descarga con violencias contra los trabajadores y demás sectores sociales del campo y la ciudad, terminó por generar una situación de agobio total, que fue respondida por medio de las protestas de 2019 y 2021, en claro reclamo de una salida a la crisis estructural que la supere.
Las protestas de 2019 y 2021 pusieron en evidencia que la ultraderecha perdía la dirección que venía ejerciendo en el país, debido al pleno fracaso de su programa político, dirigido a favorecer al gran capital y su libre movimiento para explotar. Esa pérdida de dirección política se consolidó cuando el gobierno de Duque cerró las puertas a los más mínimos cambios, al desestimar a las comisiones que acudieron a la Casa de Nariño para negociar el cese del paro y apuntalar a la policía y el ejército contra los manifestantes. En ese punto, la dirección política quedó abierta a la disputa, y las fuerzas del partido Colombia Humana fueron capaces de maniobrar y crecer sobre el descontento. En contraste, el resto de la izquierda no tuvo la suficiente iniciativa y capacidad para compaginarse con la situación, debido especialmente a su desconexión con el proletariado joven de las ciudades, que es el que más soporta la falta de empleo, educación o vivienda, llegando hasta el paradójico punto de negarse a asumir el papel de dirigencia, el que se supone han estado disputando desde hace varias décadas.
En esa significativa coyuntura, el partido de la Colombia Humana fue muy sagaz, de un lado Gustavo Bolívar acompañaba simbólicamente a los jóvenes en las calles, mientras Petro se resguardaba y construía la capacidad para encauzar el desbordado descontento social por el camino institucional-electoral. Esa perspectiva fue alentada por una parte de los partidos de izquierda institucional y las dirigencias del movimiento social, las que incluso propendieron por desactivar la movilización en favor de la posterior lucha electoral, mientras otra fracción bregó en el sustento de las luchas y su proyección hacia una fuerza política con autonomía de clase expresada mediante una Asamblea Nacional Popular, sin que pudiese tornarse mayoritaria. Entonces, la negativa del gobierno de Duque fue traducida en sentimiento de frustración y convertida en consiga para derrotar a la ultraderecha en las siguientes elecciones, como sucedió a fines de 2022. De esa manera el “petrismo”, ahora ampliado por medio de una alianza de pequeños partidos que representan la izquierda institucionalista, asumió la dirección intelectual y moral sobre los sectores proletarios y populares, los que pasaron a asimilar su programa de gobierno como la ruta de una potencial salida a la crisis.
Cerradas las protestas, la lucha se desplazó hacia la consolidación programática de propuestas que lograsen encauzar a las mayorías del país. En ese nuevo momento el petrismo tomó la delantera, mientras que las iniciativas del movimiento social sólo alcanzaron para una lista extendida de iniciativas sin llegar a perfilar un proyecto de alternativo. A su vez, la izquierda proletaria no contó con una iniciativa fuerte y coherente, de modo que una buena parte de ella asumió un lugar de subordinación, de acople programático y de acomodo al plano parlamentarista, promoviéndose una tendencia hacia su burocratización.
El programa de gobierno de Petro, en forma muy sintética, descansó en la figura de la transición, en la idea de avanzar hacia una situación de paz total que se soportase en un conjunto de reformas (salud, educación, pensiones, laboral, a la justicia, de participación política…), y en un cambio de matriz energética, productiva y exportadora. Es decir, apropió buena parte de las demandas del movimiento social y las orientó hacia una situación de conciliación de clases –acuerdo nacional- destinada a relanzar el capitalismo. Requiriéndose para su realización la desmovilización de grupos armados, el apoyo de los trabajadores y sectores sociales y el compromiso de cambio de la gran burguesía.
Frente a esa propuesta, aquellas que pudieron brotar desde los movimientos sociales y del resto de la izquierda fueron de menor envergadura, o simplemente balbuceantes o inexistentes, resultando inapropiadas frente a la nueva situación y develándose su incapacidad para disputar la dirección política. En consecuencia, como afirmaría Lenin, el proletariado y demás sectores y clases populares fueron puestos bajo la dirección de un programa característico de la pequeña burguesía, y por ese medio, en última instancia, de la burguesía nacional, en tanto que la transición no se plantea en ir más allá de las relaciones capitalistas, reales causantes de la crisis general en que está sumida nuestra sociedad.
Ahora bien, esa situación de relativa hegemonía política ha empezado nuevamente a “fracturarse” debido al fracaso de la salida mediante la conciliación de clases para relanzar el capitalismo. De un lado, las negociaciones de paz con los diferentes grupos armados no han avanzado, y más bien es notorio su fortalecimiento militar, especialmente de los grupos paramilitares y sus bandas urbanas. De otro, los partidos que conforman la ultraderecha lograron bloquear las reformas y cercar al gobierno mediante el destape de escándalos de corrupción e inefectividad en la ejecución de los programas de gobierno, condiciones que han sido amplificadas por sus empresas capitalistas de comunicación y convertidas en un medio que les permite ocupar las calles mediante importantes movilizaciones de masas.
En este momento, el gobierno aparece cercado y muy desgastado, siendo su política fundamentalmente defensiva al agitar la amenaza del golpe suave, a lo que se suman denuncias –creíbles- de intentos de magnicidio. Sus dos frentes de batalla están estancados, porque no hay resultado de paz y las reformas están en el límite de su hundimiento, y a la vez ha centrado su acción política en las zonas rurales alejadas donde los temas ambientales y de violencia son apremiantes, priorización que le ha llevado a descuidar y desconectarse de los sectores proletarios urbanos, en especial los jóvenes, quienes fueron fundamentales tanto en el momento de las protestas como en la victoria electoral. Por ello, la posibilidad de relanzar al capitalismo y reorganizar la sociedad por medio de la conciliación, como fórmula de salida de la crisis, queda obturada.
Llegados a este punto, es evidente que la situación política se caracteriza por una especie de nuevo quiebre, en el que nuevamente emerge la cuestión de qué clase y sector podrá asumir la dirección política, y hegemonizar los destinos del país.
De un lado, la ultraderecha ha logrado ganar posiciones al interior de las instituciones, los gremios, las empresas de comunicación, las regiones en abierto conflicto, y en las calles mediante movilización. Su fortalecimiento abre la posibilidad cierta de su regreso al ejecutivo, creando una situación algo comprable a la que vivió Brasil con Bolsonaro, o que enfrenta Argentina con Miley. Pero aquí, significa una vuelta en la relación de fuerzas abierta en 2019, que podría ser de una magnitud peor, debido a la ampliación territorial de las fuerzas de los paramilitares, tanto en regiones apartadas, como en las grandes ciudades, por medio de sus bandas.
Por su lado, el gobierno intenta salir lo menos mal librado en el tiempo que les resta de mandato, mediante el relanzamiento de su iniciativa de pacto inter-clasista. Para ello, procura mejorar su maniobrabilidad y gestión nombrando como su escudero al ministro de Interior a J. Fernando Cristo, un cuadro santista más cercano a los intereses de la burguesía. Y, a la vez, rehace su vínculo con las “mayorías populares” mediante el desarrollo de la Asamblea Nacional por las Reformas, desde la cual se emanó una clara agenda política para la acción, con el objetivo de consolidar al conjunto de la izquierda institucional y parlamentaria como un partido de peso permanente en el tablero de la política futura. Este intento apunta a neutralizar la ultraderecha mediante una alianza principal con los partidos que representan a la gran burguesía, en particular el santismo, pretendiendo funcionar como contrapeso hacia la izquierda, en caso de que termine por perder la capacidad de dirección y su fuerza electoral se mengue de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
Pero, en el marco de ese nuevo quiebre político, también vuelve a brotar la pregunta sobre cuál puede ser una senda de transformaciones posibles que permitan superar la profunda crisis en que estamos sumergidos. El que la propuesta diseñada por el actual gobierno haya fracasado virtualmente no implica que la necesidad sobre cómo encarar la crisis no siga permaneciendo en el orden del día, puesto que su vigencia brota de los problemas antes citados: un capitalismo que no se sostiene sobre sus pies y tampoco logra identificar medios para reactivarse (de allí las varias y crecientes manifestaciones de crisis: salud, educación, eléctrica, de las pensiones, ambiental, de desempleo, productiva, entre muchas), una democracia de papel y elitista, y una guerra civil crónica, como medio de control sobre la población inconforme. Por esto mismo, sigue siendo viable y necesario consolidar una salida proletaria y popular a la crisis, realidad que demanda identificar qué tipo de pasos, reformas y transformaciones estructurales son necesarias y mediante cuales formas y medios será posible hacerla realidad.
Es decir, el nuevo quiebre político abre posibilidades y retos para que la izquierda proletario-popular tome la iniciativa en dirección a posibilitar una salida real a la crisis. Pero, en la actual condición, la situación es más compleja porque un mayor desgaste del gobierno, o situaciones límites a su colapso, remozaría la tendencia de la ultraderecha, con las subsecuentes afecciones a los movimientos sociales y organizaciones de izquierda. Es por ello que se impone una capacidad de maniobra mediante la cual, por un lado, se constituyan apoyos a la coalición del gobierno, a fin de evitar que la derecha se fortalezca más. Pero, del otro, a su vez, se debe impedir la neutralización de la acción crítica por izquierda, y, sobre todo, la supeditación del acumulado de las luchas proletarias a la mera defensa abstracta de la democracia contra el fascismo, como recientemente ha sucedido en Brasil, Argentina o Francia.
En ese sentido, es importante impedir que los acumulados de las luchas proletario-populares sean colocados abiertamente al servicio de un gobierno de coalición con la derecha. Vale recordar que desde 2021 las protestas y movilizaciones han sido muy activas, pero en cuanto sus reivindicaciones aún carecen de horizonte estratégico resulta predominante el gremialismo, la particularidad y el economicismo, razón por la cual pierden efectividad y pueden ser manipuladas por quienes promueven la institucionalización, el acomodamiento y el oportunismo, características que anidan en buena parte de la dirigencia de los partidos de izquierda y del movimiento social. Es por tanto necesario luchar contra la tendencia que pretende reducir la política de alianzas y de lucha contra la ultraderecha a un medio para el mero acomodamiento al régimen político, es decir contra aquellos que hacen de la acción institucional y parlamentaria el centro de las luchas, como si los problemas y la crisis del país se redujesen a las formas de la política, pretendiendo con ello administrar y domesticar el agobio en que se desenvuelve la vida cotidiana de la población.
Se debe entonces evitar que el acumulado de fuerzas sociales sea reducido a la política conciliadora, que al fin de cuentas las doblega al mando del capital y de sus fracciones reformistas. Para ello, la política de apoyo al reformismo debe sostenerse en una postura con iniciativa, autonomía, capacidad de crítica y sobre todo de acción, que se traduzca en la neutralización del oportunismo y del acomodamiento que promueven las dirigencias y los nuevos funcionarios del Estado, como del avance de la ultraderecha. Por eso, a su vez, resulta decisivo consolidar y difundir la propuesta programática alternativa, pues es la manera concreta a través de la cual el proletariado –que en la actualidad engloba la gran mayoría de las masas populares y sociales– se disputa la dirección intelectual y moral.
Junto a ello, es necesario llevar el pulso sobre cómo se desenvuelven las luchas políticas en el periodo antecedente a las elecciones de 2026. Esto porque la ultraderecha se ha manifestado por un escenario en que logra sacar a Petro del gobierno, o cuando menos crea situaciones cercanas a su colapso, pues con ello propaga su discurso autoritario y anti-popular. Por lo pronto, los grandes capitales no parecen apoyar decididamente esa perspectiva, pues saben que la inestabilidad política acarrea grandes costos económicos, y su situación no da para tanto, debiéndose interpretar en esa dirección el tremendo espaldarazo del embajador de los EEUU al actual gobierno, mediante en entrevista con Caracol Radio, en temas como Venezuela, manejo anti-drogas y las amenazas reales de asesinato. No obstante, la tendencia al cerco y desgaste del gobierno se acentuará a medida que se acerquen las elecciones, momento en que la disputa se tornará más que agría, y en el cual será necesario ser certeros en lo que significa contener a la ultraderecha, mediante el apoyo al gobierno, pero en el propósito de avanzar en espacios, ganar posiciones y lograr que las masas proletarias retomen la iniciativa alcanzada en 2022, momento en que las protestas se mostraron como la vía más adecuada para imponerle ciertas condiciones a la burguesía, plantando con ello la bandera por construir una salida proletaria y popular a la crisis.
En esa dirección, el llamado de la Asamblea Nacional por las Reformas a constituir un Frente Amplio Social y Político, a partir de Coordinadoras por el Cambio en municipios y departamentos, genera un espacio para la batalla intelectual, moral y política, marco en el que es necesario ampliar el debate sobre la orientación general que debe tener la salida a la crisis, el modo en que las reformas logren un verdadero contenido transformador, y que la democracia pueda ser entendida más allá del elitismo y la representación. Todo esto, para que como lo afirma el manifiesto de la Asamblea, se potencie la organización y movilización y se fomente el Poder Popular. Es decir, si estas Coordinadoras lograsen abrirse y recoger las iniciativas y propuestas que se vienen impulsando desde varios sectores, por ejemplo, las asambleas que vienen propiciando las juventudes proletarias, se podría avanzar a una correlación en que la postura proletario-popular pasase a ser decisoria y orientadora de los escenarios futuros en la disputa con la burguesía.
Por tanto, en el marco del nuevo quiebre de dirección, la disputa por la orientación de las masas pasa por adecuar la acción inmediata, por saber posicionarse en las Coordinadoras desde su impulso inicial, para desde ellas disputar todo el enfoque programático, no sólo de cara a las lecciones de 2026, sino en una mirada puesta en la salida proletario-popular a la crisis. En ello, es importante que las Coordinadoras se conviertan en reales mecanismos de impulso de las asambleas populares -en fábricas, universidades, barrios, veredas- en medio de las cuales se discutan los problemas y salidas que requiere el país. Es decir, las asambleas populares son un espacio a privilegiar en la disputa por la dirección intelectual y política de las masas proletarias y populares, para que superen el actual dominio reformista mediante el cual se pretende que las luchas queden circunscritas a los estrechos límites que impone el decadente capitalismo y su desgastada democracia burguesa.
En esa dirección crítica es que, desde 2019 hemos propendido por una salida proletario-popular a la profunda crisis social del país, entendida como un proceso que va mucho más allá de las meras reformas. Por eso hemos planteado que inicialmente el conjunto de reformas sociales y económicas deben orientarse hacia una Economía de Fondos Públicos bajo la cual se constituyan no sólo Fondos de Inversión para el Desarrollo de las fuerzas productivas a fin de generar empleos productivos, con cobertura social universal y bien remunerados, sino que sustancialmente se diseñen e implementen Grupos Empresariales de Economía Social Pública caracterizados por la gestión popular de los trabajadores, para que pasen a cubrir áreas vitales como pensiones, salud, educación, ciencia y tecnología, insumos agropecuarios, transporte y distribución, sistema de comedores populares, producción de vivienda, explotación, aprovechamiento de recursos mineros y energéticos, entre otras muchas actividades. Siendo todo esto apenas la base material sobre la cual se pueda ir constituyendo una democracia proletario-popular cuyo sustrato fundamental sean los distintos modos de las asambleas populares que actualmente facilitan y vehiculizan la participación directa de los proletarios y demás sectores sociales fundamentales del país.
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