El mandato popular conferido en las urnas a Gustavo Petro y Francia Márquez para llevar a cabo un amplio programa de reformas para superar las crisis generadas por la violencia armada en los territorios, los elevados niveles de exclusión y desigualdad, y el deterioro de las condiciones ambientales más las originadas por el calentamiento global, ha encontrado enormes resistencias en las élites económicas, en los poderes mediáticos
y en los partidos tradicionales que controlan las mayorías en el Congreso.
Sin embargo, el propósito de revertir las políticas neoliberales y sustituirlas por reformas progresistas en materia social, económica, política y ambiental, ha tenido también en el poder judicial una activa resistencia a este mandato popular, y ha evidenciado en las altas cortes una actitud alineada con las fuerzas más conservadoras del establecimiento y los partidos tradicionales, y en favor de los sectores que detentan el poder económico.
El poder judicial, en este sentido, evidencia una actitud cada vez más politizada en pro de los intereses de los más privilegiados y de los sectores dominantes, con la cual las Cortes vienen abandonando el rol de garantes de derechos de la mayoría y de la dignificación de los sectores excluidos y vulnerados, y priorizado una recortada e interesada visión de la
democracia.
Artículo sobre el Golpe Blando, el Bloqueo Judicial al Mandato Popular y la Politización de las Altas Cortes en Colombia, elaborado por la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos para el balance de los dos años de gobierno de Gustavo Petro, presentado por las Plataformas nacionales de Derechos Humanos
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