Un periódico global de referencia -El País- publicaba el 13 de octubre un cuaderno de 28 páginas sobre Vivienda. La gran crisis; el diagnóstico del sector incluía numerosas estadísticas; en el estado español, 115 personas se interesan por cada piso que se anuncia en alquiler en diez días; 362 por inmueble en Barcelona (Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro); según la asociación Provivienda, 5,5 millones de hogares en España se hallan en estado de exclusión residencial.
Las viviendas sociales en España son 452.040, lo que representa el 2,5% sobre el parque de viviendas principales; la media de la UE se sitúa en el 9,3%, en Países Bajos alcanza el 30% y en Suecia el 19% (Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda); además el 65% de los pisos en alquiler tiene un precio que supera el esfuerzo máximo recomendado para una familia de ingresos medios (Idealista.com).
Situados ante esta radiografía, colectivos como la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) se movilizan en la calle; el pasado 7 de octubre, los activistas convocaron a una concentración en las puertas de la Conselleria de Vivienda, en Valencia, en la que -entre otros puntos- reivindicaron la necesidad del programa LlogAD.
Tal como ha propuesto PAH-Valencia a los organismos públicos, LlogAD consiste en “firmar contrato de alquiler social y asequible con Fondos, siendo titular la Administración y que se subroguen las familias”.
La plataforma antidesahucios denuncia que los fondos buitre continúan expulsando a ciudadanos y “sin alternativa residencial”; por ejemplo, se movilizaron el pasado 14 de octubre con el fin de paralizar el desahucio de María, en la plaza Colonia Española de México en Valencia; el desalojo, a instancias de Promontoria Coliseum, logró detenerse.
Sin embargo, los activistas no consiguieron paralizar el desahucio de Óscar, ejecutado el 2 de octubre en la calle Llibertat del municipio de Picassent (22.200 habitantes, Valencia); promovía el desalojamiento Tempore Properties Socimi; un caso distinto es el de Raquel; PAH-València emplazó -el 10 de septiembre- a parar el desahucio de esta vecina de la calle Genaro Lahuerta de Valencia (la expulsión, instada por Promontoria Coliseum, fue suspendida durante 30 días).
Tal vez la realidad no coincida, en algunos casos, con los grandes titulares publicados por el Gobierno de España; así, en el Consejo de Ministros del 27 de diciembre de 2023: “El Gobierno prorroga hasta el 31 de diciembre de 2024 la suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional”.
Y unos meses después, la aprobación de un Real Decreto Ley que prorroga “las medidas de suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual para la protección de los colectivos vulnerables hasta el 15 de mayo de 2028”.
Según el balance del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el segundo trimestre de 2024 se realizaron 7.850 lanzamientos (desahucios) en el estado español, lo que supone un aumento del 7,8% respecto al mismo periodo de 2023; la mayor parte de los lanzamientos (74,8%) derivaban de la legislación de arrendamientos urbanos (LAU), mientras que el 18,7% era consecuencia de las ejecuciones hipotecarias.
En los dos apartados el País Valenciano ocupa un lugar destacado; 253 desahucios relacionados con las ejecuciones hipotecarias (la tercera autonomía en lanzamientos de estas características, tras Cataluña y Andalucía); y 705 en procedimientos que se siguieron de la LAU (en cuarto lugar, tras Cataluña, Andalucía y Madrid).
“La Administración no tiene viviendas públicas suficientes”, señala la PAH en un comunicado; el cuadro general de los hogares en el País Valenciano es, según el régimen de tenencia, el siguiente: 78,2% de viviendas en propiedad; 13,3% de alquiler a precio de mercado; 2,4% de alquiler inferior al precio de mercado y 6,1% en cesión gratuita (Observatorio de Vivienda y Suelo, Boletín 2023).
La citada fuente, con datos de 2019, señala que el País Valenciano cuenta con 10.020 viviendas sociales de titularidad pública (de la Administración autonómica) en régimen de alquiler (la población total del País Valenciano es de 5,3 millones de habitantes).
“Estamos aquí por las personas”, recordó uno de los portavoces de PAH-València, José Luis González, durante la rueda de prensa ante la Conselleria; intervinieron en el acto tres ciudadanos “que tienen fecha de desahucio inmediato, además todas las semanas hay expulsiones”, añadió González; por tanto, “no podemos permitir que el derecho a la vivienda se convierta en una lucha de estrategias partidistas”.
Ràdio y Televisió del Poble retransimitió el acto; Ramón tiene 80 años -su mujer 75-, y ha sido objeto de siete operaciones en dos años; “me hago diálisis, no tenemos dónde ir; llevamos así desde julio; a la hora de la verdad no sale nada por ningún sitio; por favor, extiendan su mano y ayúdennos”, explica Ramón.
En cuanto a María, lleva viviendo 25 años en la casa, actualmente con su hija y tres nietos (entre dos años y 16); le ofrecieron un alquiler social, estuvo durante cuatro años pagando todos los meses; pero, pasado este tiempo, “no quieren ponerme el alquiler social, ni quieren vender la vivienda: quieren que me vaya”.
“En cuestión de dos o tres semanas la jueza de Mislata va a poner fecha para tirarme”, cuenta María Luz; “está dispuesta a echarme a la calle porque el fondo buitre ha requerido la vivienda”, añade María Luz; esta vecina del municipio de Xirivella ha llegado a ofrecer hasta 600 euros de alquiler por una casa, en la que vive -actualmente sola- desde hace ocho años.
María Luz se encuentra enfema y vive de su pensión; en una vivienda “que está que se cae; no tiene cocina, ni cuarto de baño que me sirva y del que ni siquiera cae agua”.
En este contexto, PAH-València se ha sumado -junto a Psicólogos/as sin Fronteras- y numerosos colectivos sociales y vecinales de la ciudad, a la manifestación del próximo 20 de octubre que partirá de las Torres de Serranos de Valencia; con la consigna València s’ofega, se reivindicará el derecho a la vivienda, la defensa del territorio y el rechazo a la turistificación.
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