La tasa de pobreza en estado español se situó –en 2022, entre las personas de 16 años o más- en el 19,1%, pero se ponen de manifiesto los contrastes; así, mientras que en la población española se cifraba en el 16,2%, entre los extranjeros (de la UE) escalaba al 35,2%; y al 52,6% entre las personas extranjeras que no provenían de la Unión Europea (44,3% en 2008).
Publicado en 2024, el Informe del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social sobre la Situación de las personas migrantes y refugiadas en España recoge, en 130 páginas, numerosos ejemplos de discriminación.
Por ejemplo, “las personas extranjeras sin autorización de residencia o estancia están excluidas de de esta prestación (Ingreso Mínimo Vital), que incluye como requisito la residencia legal durante un año”.
O también, en el caso del Derecho a la Sanidad, “la exigencia a las personas extranjeras de empadronamiento previo y por determinados meses para acceder al sistema sanitario con cargo a fondos públicos. Quienes no cumplen este requisito acceden a través de las urgencias, lo que no impide que después les notifiquen facturas que son impagables e inasumibles (…)”.
Tal vez el reverso se halle en episodios que se han documentado –a partir del 29 de octubre- durante la gran riada en el País Valenciano (222 personas muertas e identificadas, según el Centro de Integración de Datos –CID-).
València Acull dio a conocer –el 27 de noviembre- el ejemplo de un joven marroquí de 20 años y vecino del Parque Alcosa (barrio del municipio de Alfafar, 21.900 habitantes), Mehdi El Khaif: arriesgó su vida el 29 de octubre para salvar del agua a otro vecino, de 73 años, quien estuvo a punto de ser arrastrado por la corriente.
Ante estas circunstancias, la ONG ha anunciado que solicitará a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana que regularice la situación del muchacho migrante por las circunstancias excepcionales incluidas en la legislación.
Mehdi El Khaif carece de papeles; su travesía migratoria comenzó a los 17 años en Marruecos, transitó por buena parte de Europa y “padeció todo tipo de penalidades”; ya en el Parque Alcosa, donde reside desde hace un año y medio, ha trabajado como soldador, mecánico de motos, en las obras y en mudanzas.
València Acull detalla el contexto del salvamento; el joven se había dirigido, la noche del 29 de octubre, a comprar en un supermercado del Parque Alcosa; pero al no poder retornar a su domicilio, se cobijó en un establecimiento de ventas mediante máquinas; allí se habían refugiado otros vecinos, entre otros la persona rescatada.
“Se reventaron las persianas de los bajos cercanos y comenzaron a salir electrodomésticos, que se los llevaba la corriente junto a los coches; la situación fue empeorando”, añade la organización, a partir del testimonio de un vecino –colombiano-, que también se había refugiado en el punto de ventas.
Dañada por la exclusión social y la pobreza, en esta barriada de L’Horta Sud –en el área metropolitana de Valencia- tienen lugar -desde hace cuatro décadas- diferentes iniciativas comunitarias, como las desarrolladas por la Koordinadora de kol·lectius Parke.
Ante la situación de emergencia por la DANA, el barrio ha sido objeto de donaciones solidarias; por ejemplo, CGT-València informó el 2 de noviembre que había realizado su primera entrega de material de primera necesidad al Parque Alcosa.
A partir del dinero recaudado en la caja de resistencia, la organización anarcosindicalista hizo entrega de productos de alimentación básicos (no perecederos); material de higiene y limpieza; mascarillas, pañales, linternas o baterías.
A principios de noviembre, IzquierdaDiario.es, el periódico Levante-EMV (Violeta Peraita) y el periodista Fonsi Loaiza se hicieron eco de otro ejemplo de cooperación; un grupo de personas procedentes de Afganistán, Siria, Georgia y Venezuela -alojadas en el municipio de Picanya (11.700 habitantes)- cocinaron y repartieron alimentos entre las personas damnificadas.
En el vídeo publicado por Levante-EMV (J.M. López), puede observarse –en un primer plano- a dos mujeres de nacionalidad afgana y sira, distinguibles por el hiyab, mientras pelan los comestibles.
“Esto es una experiencia a la que hemos sobrevivido, lo mejor que nos ha podido pasar…Es posible que mucha gente se haya quedado sin nada”, cuenta uno de los migrantes en el audiovisual.
Otro vecino, de origen latinoamericano, añade: “Necesitamos un motor hidráulico para sacar toda el agua del parking; no tenemos luz ni agua; estamos cocinando en el fogón, necesitamos ayuda”.
El CID detalló el 27 de noviembre un análisis de las víctimas mortales por la DANA; una decena en Picanya, cinco hombres y cinco mujeres, principalmente en residencia (6), pero también en almacenes, garajes, calles y árboles; de las 221 personas fallecidas e identificadas en el País Valenciano, 65 tienen entre 85 y 100 años (41 mujeres y 24 hombres).
La DANA ha afectado, asimismo, a Castilla-La Mancha y Andalucía; el periódico El País difundió un vídeo –el pasado 13 de noviembre- con las imágenes de un joven migrante, de origen africano, que auxilió durante las inundaciones a una mujer de edad avanzada en Málaga.
En el audiovisual aparece el joven, con camiseta deportiva y pantalones cortos, cruzando la calle anegada; en algún momento el agua le llegaba casi al nivel de la rodilla; cogió en brazos a la anciana –quien llevaba entre las manos un paraguas- y de fondo se escuchaba a los vecinos que aplaudían y exclamaban: “¡Qué grande hermano!; “¡qué heroico!”; “¡bravo!
El texto de El País subraya que el 13 de noviembre la provincia de Málaga se hallaba en alerta roja ante las precipitaciones muy intensas y la llegada de una nueva DANA: cerca de 3.000 personas fueron desalojadas la noche anterior.
Mientras se producían estas muestras de apoyo mutuo, organizaciones sociales enviaron un documento de propuestas –el 29 de noviembre- a las Secretarías de Estado de Migraciones y de Trabajo, en que alertaban sobre la “exclusión social de muchas personas migrantes” perjudicadas por la DANA.
Andalucía Acoge; la Asociación Rumiñahi; la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR); Convive/Fundación Cepaim; la Red Acoge y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) exponían:
“Resulta especialmente preocupante la desprotección de quienes trabajan en la economía sumergida, sin contrato de trabajo, que no podrán acogerse a ninguna de las ayudas establecidas para proteger a las trabajadoras y trabajadores”.
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